Presidenta Constituyó Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción

En un acto realizado esta noche en el Patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda la Presidenta Michelle Bachelet presentó formalmente la «Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción». Realizará sus propuestas recogiendo las mejores prácticas a nivel mundial y escuchando a la ciudadanía, expertos y organismos internacionales mediante audiencias, para entregar su informe en un máximo de 45 días.

La creación del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción responde al compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet de tomar medidas institucionales que regulen las relaciones entre el dinero y la política, tanto en el ámbito público como en el de los negocios.

15 personas de reconocida e intachable trayectoria pública y privada, diversos en sus pensamientos y especialidades, además de un equipo de Secretaría Ejecutiva serán los integrantes de esta comisión. Este grupo de trabajo contará con plena autonomía para desplegar su función, la que desarrollará en La Moneda, para resaltar la importancia de su trabajo.
Integrantes

El Consejo Asesor buscará perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico con el fin de que:

– Ninguna persona pueda verse beneficiada por contar con información privilegiada o contactos políticos;
– Los servidores públicos no se vean expuestos al poder del dinero;
– El abuso de poder no sea más una práctica
– Los culpables de estos hechos tengan sanciones efectivas y ejemplares.

Acciones del Consejo

Proponer medidas en el plano administrativo, legal y ético, de aplicación inmediata y de mediano plazo, para el ámbito público y privado, así como para las relaciones entre ellos, con el fin de hacer la legislación existente más efectiva y dotar a las instituciones de poder real para hacer valer sus controles y sanciones.

Definirá las sanciones a aquellos que han accedido a cargos de representación popular mediante prácticas ilegítimas y las inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de esos cargos -o del servicio público en general-, tanto a nivel central como en los gobiernos locales; y mecanismos accesibles y eficaces de defensoría a los ciudadanos contra los actos arbitrarios y de corrupción que puedan afectarles.

Elaborará un estricto código de prácticas y criterios éticos, que oriente las decisiones en el ámbito de la política, los negocios y el servicio público, más allá de sus tipificaciones y sanciones legales, el cual se buscará que forme parte de los programas educacionales, especialmente en la educación superior. Esto, con el fin de desarrollar una cultura y una ética de la transparencia.

El Consejo realizará sus propuestas recogiendo las mejores prácticas a nivel mundial y escuchando a la ciudadanía, expertos y organismos internacionales mediante audiencias. Asimismo, considerando que en el ámbito legislativo existen actualmente propuestas en tramitación, se le solicitará al Consejo revisarlas, para proponer indicaciones inmediatas.
Plazos

Desde hoy, la Comisión dispondrá de un máximo de 45 días para entregar sus propuestas. Por su parte, el Gobierno dictará los instructivos administrativos en un plazo de 15 días, después de recibidas las propuestas. Para el envío de los proyectos de ley correspondientes, el plazo no será mayor a 40 días.

Respecto de los proyectos nuevos, las proposiciones del consejo deberán materializarse en un plazo no superior a 30 días.

La creación de la instancia fue anunciada el pasado 25 de febrero, dos días después de que Bachelet retornara de sus vacaciones en un mes marcado por el escándalo que generó el llamado caso Caval: el millonario préstamo que dio el Banco de Chile a la empresa de propiedad de su nuera, tras una reunión personal de ésta y Sebastián Dávalos Bachelet con Andrónico Luksic.

Según explicó la Mandataria tras aludir -sin nombrarlos- tanto al caso Caval como al caso Penta-, el objetivo de la Comisión será «proponer medidas en el plano administrativo, legal y ético, de aplicación inmediata y de mediano plazo, tanto para el ámbito de los negocios y el servicio público, como para las relaciones entre ellos».

Esto apunta a perfeccionar el ordenamiento institucional, «para que ninguna persona pueda verse beneficiada por contar con información privilegiada o contactos políticos, que los servidores públicos no se vean expuestos al poder del dinero, que el abuso de poder no sea más una práctica y que los culpables de estos hechos tengan sanciones efectivas y ejemplares», dijo la Jefa de Estado.

Bachelet precisó que la instancia deberá proponer, además, «mecanismos accesibles y eficaces de defensoría a los ciudadanos contra los actos arbitrarios y de corrupción que puedan afectarles».

También tendrá por tarea la elaboración de un «estricto código de prácticas y criterios éticos que oriente las decisiones en el ámbito de la política, los negocios y el servicio público», con la intención de que a futuro «forme parte de los programas educacionales, especialmente en la educación superior».

Para el desarrollo de sus propuestas el grupo recogerá «las mejores prácticas a nivel mundial, escuchando a la ciudadanía, a expertos y organismos internacionales mediante audiencias», dijo Bachelet, que prometió «un diálogo franco y sin cortapisas, abierto a todos, de cara al país».

Composición

La Comisión será presidida por el economista Eduardo Engel.

La Comisión está conformada por «destacadas personalidades del país, de reconocida e intachable trayectoria pública y privada, diversos en sus pensamientos y especialidades», señaló la Mandataria antes de anunciar a los 16 miembros del organismo, que será presidido por el economista Eduardo Engel Goetz.

El resto de los miembros son Rossana Costa Costa, Benito Baranda Ferrán, Vittorio Corbo Lioi, Álvaro Castañón Cuevas, Alfredo Etcheberry Othusteguy, Olga Feliú Segovia, Claudio Fuentes Saavedra, José Andrés Murillo Urrutia, Andrea Repetto Lisboa, Manuel Riesco Larraín, Marcela Ríos Tobar, Lucas Sierra Iribarren, Agustín Squella Narducci, Paulina Veloso Valenzuela, Daniel Zovatto Garetto.

Plazos

Bachelet indicó que, «para resaltar la importancia de su trabajo», el Consejo sesionará en el propio Palacio de La Moneda, -«casa de los Presidentes y símbolo de lo público en Chile»- aunque ello no obstará a que cuente «con plena autonomía para desplegar su función».

La Mandataria afirmó que, en consideración de la demanda ciudadana por «soluciones oportunas», y dado que «el diagnóstico ya lo tenemos- decidió imponer «un plazo muy acotado» para el funcionamiento de la instancia.

«Desde hoy el Consejo dispondrá de un máximo de 45 días para entregar sus propuestas», adelantó.

Asimismo, comprometió que desde el Gobierno «los instructivos administrativos se dictarán en no más de 15 días después de recibidas las propuestas, y los proyectos de ley serán enviados en el plazo de 40 días».

«En el ámbito legislativo existen actualmente propuestas en tramitación y le pedimos al Consejo que las revise para proponer indicaciones inmediatas. Respecto de los proyectos nuevos, las proposiciones del Consejo deberán materializarse en un plazo no superior a 30 días», sentenció la Jefa de Estado.

Al acto oficial asistieron los ex Presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, ministros y presidentes de los partidos del oficialismo y la oposición.