Una deuda de $2.400 millones; una Dirección de Administración de Educación Municipal técnicamente quebrada; la posibilidad cierta de que el alcalde de Copiapó sea detenido por no poder pagar la deuda, profesores en paro indefinido y más de 21 mil alumnos están sin clases. Ese es el actual escenario de crisis de la educación municipal de Copiapó, cuya solución requerirá, necesariamente, la voluntad constructiva de las partes.
Los profesores de colegios municipales de Tierra Amarilla y Copiapó, está en paro indefinido desde el martes, por el conflicto del pago del Bono de Subvención Adicional Especial (SAE), que sendos fallos del Juzgado de Letras de Copiapó, imponen a los municipios su cancerlación.
En el caso de Tierra Amarilla el monto adeudado asciende a los 123 millones de pesos; mientras que en el de Copiapó a 2.440 millones.
El alcalde Marcos López, reconoció la deuda, propuso una fórmula de pago consistente en 70 cuotas, la que fue naturalmente rechazada, y aseguró que está dispuesto a ir a la cárcel, porque los fondos para pagar esa deuda no existen, y no está dispuesto a firmar ningún documento sin respaldo.
En un nuevo intento de construir una solución, los actores del conflicto y diversas autoridades se reunieron en la Escuela Bernardo O’Higgins, en una nueva asamblea presidida por el presidente del Colegio de Profesores de la comuna de Copiapó, Carlos Rodríguez; a la que asistió la gobernadora de la provincia, Ericka Portilla; la seremi (s) de Educación, Gladys Cortés; el presidente del Consejo Regional, Francisco Madero; los concejales Rosa Ahumada, Wilson Chinga y Paloma Fernández y el diputado (PC) Lautaro Carmona, quienes presentaron sus posturas frente a los profesores asistentes de los distintos establecimientos paralizados.
Desde el Ministerio de Educación la seremi (s) indicó que están abiertos a dialogar, pero que «el ministerio no puede pagar algo que ya pagó». En otras palabras, la solución al conflicto no podría llegar desde el MINEDUC.
La solución más a la mano parece consistir en la venta de un terreno municipal a la Universidad de Atacama, donde se instalaría la Facultad de Medicina, vía que ya cuenta con el asentimiento del Consejo Municipal, y también del Consejo Regional.
«Nos falta que la universidad (UDA) tenga que, de alguna manera cambiar el proyecto y priorizar la compra y el diseño para efectos de que ese proyecto, tenga RS del Gobierno regional, pase al Core y se le dé la solución política que espera el profesorado», explicó Francisco Madero.
El representante de los docentes, abogado Patricio Bell, dijo en la asamblea con respecto a la venta del terreno del CEIA; que el municipio tiene otros terrenos»:
«Tenemos por ejemplo el de la pista atlética, donde el Gobierno Regional en conjunto con el gobierno central van a invertir una gran cantidad de dinero en la construcción de un espacio público; en un terreno que es municipal», indicó el abogado. Continuó con la pregunta «¿se imaginan lo triste que sería que en este proceso judicial, ese terreno fuera embargado y ese espacio se perdiera y el trabajo técnico y los recursos destinados para eso, no pudieran ser utilizados? Sería triste».
El presidente del Core, Francisco Madero, respondió:
«Los abogados siempre recurren a todos los recursos necesarios para lograr sus cometidos; más que a un abogado vi a un candidato, pero sería una pésima solución que el Colegio de Profesores avale el embargo de bienes que el Gobierno Regional, ha destinado para resolver el problema de los deportistas de Atacama».
Antecedentes
El Juzgado de Letras de Copiapó falló a favor de los profesores que acumulan una deuda de $2.440 millones por parte de las municipalidades por el bono con cargo a la Subvención Adicional Especial (SAE).
El presidente del Colegio de Profesores de Copiapó, Carlos Rodríguez, señaló que se encuentran en paro desde comienzos de semana, y que mantendrán la movilización hasta que se les pague la deuda:
“El juez no puede obligar a hacer el pago que no sea por el monto total. En diciembre sabíamos el resultado y nos acercamos a la municipalidad los primeros días de enero para tratar de buscar una advenimiento. Si teníamos una negociación extra judicial podíamos evitar el cobro adicional de $300 millones”.
El dirigente dice comprender que las municipalidad no tenga los recursos, pero propone hipotecar patrimonios. En su opinión el pago, que es anual, se detuvo porque “este dinero empezó a llegar a las municipalidades, pero el reglamento no definió la fórmula de pago y esta ley venía estipulada para remuneración docente, donde te permite reclamar y no se procedió a cancelarla. Hay varios años que no vamos a poder recuperar, porque después de dos años prescribe”.
El alcalde, Marcos López, arriesga cárcel si no efectúa el pago de la deuda en los próximos cinco días. El Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó ordenó el pago del total de la deuda del municipio de la capital regional con los profesores por el Bono de Subvención Adicional Especial (SAE) en cinco días hábiles. La cifra asciende a 2.440 millones de pesos y en caso de no cumplir el tribunal ordenará arresto al alcalde Marcos López.
Cabe recordar que los profesores iniciaron el pasado martes un paro indefinido tras rechazar la propuesta entregada por el municipio. Esta oferta consistía en el pago de la deuda en 70 cuotas a partir de enero del 2018 y reconociendo una mora solo de 2.069 millones de pesos para los 969 profesores demandantes.
El bono (SAE) o compensatorio tenía como objetivo mejorar las remuneraciones de los profesores establecido en la ley 19.933 y que durante años no fue pagado por los municipios según los docentes y que obligó a acciones judiciales contra todas las municipalidades.
El alcalde reconoció que fue notificado del dictamen del tribunal:
«Lo que estamos haciendo por ahora es tratar de resolver el problema, pero no en el corto, sino en el mediano plazo».
Lopez se refiere a la venta de los terrenos en donde se impartiría la Carrera de Medicina de la Universidad de Atacama y espera que se llegue a algún acuerdo con el Gobierno Regional para recibir entre 3 mil a 5 mil millones de pesos.
En cuanto a la posibilidad de ir preso, López dijo:
«Yo me lo suponía y tengo la tranquilidad más absoluta de que yo he hecho todos los esfuerzos para reunir los recursos y yo he sido claro que el Ministerio de Educación no puede seguir con este sistema en las cuales hay déficit y los municipios deben sacrificar sus recursos».
«La ciudadanía sabe perfectamente lo que ha ocurrido con el municipio y me hago cargo con sus virtudes y defectos. Pagaré las consecuencias que sean necesarias para cautelar el orden interno del municipio en términos financieros y no cometer errores que me cuesten más caro», agregó.
Y recordó que el municipio tiene compromisos por más de 200 millones de pesos mensuales para el pago de la repactación de las deudas con las empresas Siglo Verde y Cosemar, correspondientes a la deuda global de más de siete mil millones de pesos contaída por la administración del ex alcalde Maglio Ciccardini.
Diputado Carmona se la juega por mesa de trabajo entre Colegio de Profesores y municipio
Partidario de constituir una mesa de trabajo entre los profesores y el municipio, se mostró el diputado Lautaro Carmona, con el fin de buscar salidas a través del diálogo que permitan solucionar el conflicto por el pago del bono SAE que mantiene al gremio de Copiapó en un paro de carácter indefinido, luego que el tribunal decretara el pago de los 2.400 millones de pesos y el Municipio ofreciera cancelarlos en 70 cuotas mensuales, propuesta rechazada por los docentes.
«Uno puede contribuir a que se establezca una mesa de trabajo entre las partes, los profesores y el municipio, ser intermediario, representar, pero no suplantar a los titulares de este debate. Yo haría muy mal si pasara por sobre el municipio» señaló el parlamentario, considerando que le han planteado a ministerios nacionales la problemática de la zona, esperando soluciones «hemos creado las condiciones para ver este tema en específico, se reúnan con el municipio en la perspectiva de construir la solución que demandan los maestros», puntualizó.
El parlamentario solicitó que el gobierno se haga parte activa en la solución del conflicto, considerando la gran cantidad de estudiantes que están perdiendo clases, y la necesidad de los profesores de recibir los recursos, ya que el Municipio reconoce la deuda pero indica que no cuenta con los dineros para cancelarla a la brevedad.
El parlamentario recordó que esta morosidad tiene su origen en el período del Alcalde Cicardini, y añadió que «hay que hacer un cambio a la legislación para que quienes sean responsables directos de construir una deuda al erario fiscal sean hasta el final titulares de la responsabilidad y cualquier acción penal recaiga sobre ellos, de lo contrario vivimos la esquizofrenia en que efectivamente hay gestiones municipales que construyen deuda con abuso evidente y sin embargo terminan su gestión y no responden por nada», propuso Carmona.
Una de la soluciones más citadas es la venta del terreno frente al Hospital, al Estado, con el fin de que allí se construya la futura facultad de Medicina, lo que sin embargo no resulta ser una salida rápida «he acompañado al Alcalde a los trámites con el Ministro del Interior, para que tenga vínculos con la dirección de presupuesto con el fin de enajenar, ha hecho las presentaciones de las tres tasaciones y todo lo que desde el municipio hay que hacer para enajenar ese terreno que tendría de por medio un gran destino», indicó.
Escuche al diputado Carmona
