El ministro de Defensa confirmó que el Gobierno planea derogar la legislación, tras los escándalos que la rodearon, para lo cual está en conversaciones con su par de Hacienda. De otra parte, el grupo transversal de diputados que entabló una moción para redistribuir los fondos de la Ley Reservada del Cobre en salud y educación, solicitó al Gobierno ponerle urgencia a su trámite legislativo.
El proyecto está pensado presentarse en 2016 y está enmarcado en el programa de Gobierno de Michelle Bachelet. El fin es crear un plan que contemple un presupuesto seguro para las Fuerzas Armadas (FF.AA), pero no como se estaba haciendo hasta ahora.
El titular de Defensa, aseguró que “el sistema de financiamiento requiere una modificación. El país necesita un financiamiento asegurado para la Defensa.”
Frente a esta posible nueva forma de dirigir los dineros, el Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, manifestó que “a mí no me corresponde defender una forma de financiamiento, pero puedo decir con firmeza que debemos ser muy cuidadosos con la mantención de la capacidad militar”.
“Me parece que cualquier sistema de financiamiento que se resuelva no puede poner en peligro la capacidad militar del país para su defensa. Debemos tener los recursos para que lo que definidos como capacidad militar pueda estar operativa y vigente, bien entrenada y con capacidad de actuar”, destacó.
Una de las características principales de la ley es su secretismo, lo que significa que la aprobación y fiscalización de los dineros no pasa por la Contraloría ni por el Congreso. Esto, para el diputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, es en gran parte el origen de los malos usos.
Señaló que “acá lo peor que podemos hacer mantener en secreto o reserva la información que es relevante, porque justamente cuando se mantienen estas cosas en la oscuridad es que los frescos, como estos militares, hacen lo que quieren.”
“El fraude al fisco cometido por funcionarios del ejército da cuenta de la carencia de transparencia que existe en esta legislación y que permite que ocurran estos ilícitos. La comisión Engel recomendó mayor transparencia, información y control del gasto militar, pues esta ley se presta para la corrupción, malversación, y fraude fiscal”, sostuvo.
Son miles de millones de dólares los que reciben las FF.AA para la compra de material bélico, dineros que podrían ser utilizados en otras necesidades del Estado y de la ciudadanía.
Proponen redistribuir fondos de la Ley Reservada del Cobre en Educación y Salud
Una lista de transversal de parlamentarios firmó una petición que invita a rediseñar la dirección de los fondos, apuntándolos a salud, educación y defensa; iniciativa que en primera instancia presentaron los diputados; Giorgio Jackson de Revolución Democrática (RD) y las militantes del PC Camila Vallejo y Karol Cariola.
Camila Vallejo, señaló que “hoy lo fundamental, más que invertir o gastar en armas y privilegios, a propósito de este caso de corrupción en las fuerzas armadas con el uso de los recursos de la ley reservada del cobre, creemos que es más prioritario invertir mucho más en salud y educación.”
Asimismo Karol Cariola intensificó su prioridad frente a la cartera de Salud, indicó que “no puede ser que lo que hoy día nos estamos gastando en armas no se pueda entregar para poder desarrollar mejores condiciones para la salud, que es una necesidad urgente sobre todo cuando la propia ministra ha reconocido que estamos en una crisis profunda grave y compleja”.
Opinión compartida por el legislativo, Hugo Gutiérrez, quien apuntó que “los fondos deben ser utilizados en algo que sea para el disfrute de todos quienes habitamos el territorio de la Nación.
En ese caso sin duda que tienen que ser destinados principalmente a la salud, la educación, la vivienda y la previsión social, creo que por ahí tienen que ir esos recursos de manera igualitaria.”
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Comisión investigadora
Después que se descubrieron las miles (2.500) de boletas ideológicamente falsas presentadas por la institución para justificar gastos, fuera de regla, de algunos uniformados. La Cámara Baja indaga, a través, de una Comisión Investigadora las responsabilidades políticas y administrativas de personeros del Ejército involucrados en el desfalco.
Esta semana con el fin de seguir ayudando en el esclarecimiento del fraude, asistieron a la comisión, el Comandante en Jefe del Ejército y el ministro de Defensa. El General Oviedo declaró que “no vengo a defender a delincuentes y tampoco he venido a defender los ilícitos repudiables que la opinión pública ha podido conocer.”
En tanto el ministro Gómez, explicó que “si hay criminales al interior del Ejército, que ya han sido despedidos, y si es necesario seguir la investigación a fondo, así se va a hacer”.
Por otra parte el diputado, miembro de la comisión y presidente del PC, Guillermo Teillier, mostró su disconformidad frente a la poca claridad de las respuestas de las autoridades de Defensa. Sostuvo que “lo que le hemos preguntado al Comandante en Jefe, es cómo explica él que durante casi siete años se produjeran estos ilícitos y que de ninguna manera se pudo detectar. La respuesta clara a eso no se pudo concretar.”
El próximo 6 de enero se realizará la próxima sesión donde además participará el ex ministro de Defensa Jorge Burgos.
