La Policía de Investigaciones, PDI, confirmó del llamado a retiro por parte de la institución del actual subprefecto, Sandro Gaete, quien fue el fundador de la Brigada de Derechos Humanos, donde encabezó numerosas detenciones a personas vinculadas a los delitos de lesa humanidad como fue el caso del ex director de la Dina, Manuel Contreras. Asombrosamente, quién firmó la baja, el subdirector operativo de la PDI, ahora en situación de retiro, Juan Baeza Maturana, estuvo vinculado a la CNI.

Tanto abogados, parlamentarios, como agrupaciones que defienden los derechos humanos, acusaron un intento de “desmantelar” el departamento de Derechos Humanos por parte de la misma institución, al asegurar que Gaete se encontraba con licencia médica al momento de su desvinculación.

El Subprefecto de la Policía de Investigaciones, PDI, Sandro Gaete, está a la espera de conocer si la institución donde ha trabajado por más de 20 años considerará la apelación administrativa que presentó para volver a la institución.

Esto, luego de ser desvinculado por tener una salud incompatible para continuar en sus labores, como lo confirmó por medio de un comunicado a la Radio, la misma institución.

El Jefe de la bancada del Partido Socialista, diputado Fidel Espinoza, afirmó que las verdaderas razones del despido de Gaete van más allá del ámbito de la salud.

Espinoza afirmó que el funcionario, si bien está con licencia médica a causa de una lesión que tiene en su rodilla, la PDI por medio de esta actitud muestra un intento de desmantelamiento de la Brigada de los Derechos Humanos, por lo que llamó a las autoridades a reconsiderar la dada de baja.

Expulsión del detective que arrestó a Manuel Contreras fue firmada por ex colaborador de la CNI

La PDI asegura que el llamado a retiro de Gaete se debe a “razones de salud”, pero todo apunta a que las diligencias que éste encabezó desde la Brigada de Derechos Humanos incomodaban desde hace mucho tiempo a importantes jefes policiales.

La baja del prefecto genera una serie de suspicacias, toda vez que la resolución está firmada por el subdirector operativo de la PDI – ahora en situación de retiro – Juan Baeza Maturana, quien subrogaba al director Marcos Vásquez Meza.

En febrero de 2013, Verdad Ahora denunció a Baeza como un ex colaborador de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

El hecho que oscurece el pasado de Baeza ocurrió el 8 de septiembre de 1986, un día después del fallido atentado contra el general Augusto Pinochet, cuando participó en el secuestro de cuatro estudiantes desde el interior de un vehículo diplomático de Holanda.

A Baeza también se le conoció por participar en las torturas de Vasili Carrillo, ex vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Secuestro de estudiantes: Baeza colabora con la CNI

El trabajo investigativo de Gaete permitió que conocidos miembros de la CNI, la DINA y el Ejército terminaran en la cárcel. Por esta razón, sus choques con el Alto Mando de la PDI fueron constantes.

Uno de los mayores momentos de fricción los tuvo en 2005, cuando Arturo Herrera Verdugo – en ese entonces director de la institución y que veraneaba en Papudo muy cerca del “Mamo” – ordenó cambiar un informe policial que inculpaba al Comandante de la II División del Ejército de la Guarnición de Santiago, general Miguel Trincado Araneda, en la Operación Retiro de Televisores, la exhumación ilegal, destrucción y desaparecimiento de los restos de 26 ejecutados políticos de Calama.

Esta información se desprende de las declaraciones judiciales entregadas por Sandro Gaete y el comisario de la Brigada de DD.HH., Abel Lizama, sobre el contenido del informe elaborado y las presiones recibidas del mando para modificarlo a través del jefe de gabinete del Director, Claudio Preller.

El conflicto se agudizó cuando Gaete, Lizama y otros policías, fueron amenazados vía correo electrónico con un mensaje enviado desde la cuenta personalpich@gmail.com, que rezaba: “Los funcionarios de la Policía de Investigaciones están observando a los traidores Rafael Castillo, Sandro Gaete, Abel Lizama y Mario Zelada”.

El Alto Mando logró deshacerse medianamente de Gaete en 2011, cuando lo trasladó a Aysén de forma abrupta. Allí quedó designado a una unidad ligada a la indagatoria de delitos medioambientales. La decisión del mando fue interpretada por diversas organizaciones sociales como un intento de desarticular la emblemática Brigada de DD.HH., desde la cual Gaete había hecho importantes avances en la investigación del asesinato de Victor Jara, ocurrido el 16 de septiembre de 1973 en el Estado Nacional, y en otras causas vinculadas a la dictadura.

Muy cerca de esas fechas, el inspector Guido Mora y el comisario Ángel Lazcano de la Brigada de DD.HH. habían interrogado al administrador del Club de Campo de la PDI, Hugo Guzmán, quien se encontraba condenado en calidad de cómplice de homicidio por la Operación Albania. El entonces jefe de Bienestar de Investigaciones, Jorge Caradeux, explicó al diario El Mostrador que contrató a Guzmán porque “fue su compañero de promoción”, y que su condición de ex CNI no lo limitaba para trabajar en la institución.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, aseguró que esta es una “pasada de cuenta” por parte de la llamada familia militar hacia Gaete.

Según la abogada especializada en temas vinculados a los derechos humanos, Carmen Hertz, el historial de detenciones que encabezó Sandro Gaete, como es el caso de quien fue director de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, Manuel Contreras, ha provocado una especie de “revanchismo” en contra del Subprefecto, lo que a su juicio, se tradujo en un acoso laboral constante.

Además, Carmen Hertz, agregó que otra de las razones que causaron el despido de Gaete tiene relación con el caso Retiro de Televisores, donde fueron desenterrados cadáveres de prisioneros políticos de la dictadura, y donde Gaete se negó a rehacer un informe que desligaba de esta situación al general Manuel Trincado.Lo anterior agravó los roces entre Gaete y el Alto Mando de Investigaciones.

Baeza y el narcotráfico

La expulsión de Sandro Gaete visibiliza el modus operandi empleado por altos jefes policiales para sacar del camino a incómodos funcionarios que denuncian actos de corrupción institucional o cuestionan la probidad de sus superiores. En este nuevo caso de matonaje laboral es necesario detenerse en la figura del ex subdirector de la PDI, Juan Baeza Maturana, signatario de la resolución que llama a retiro a Gaete.

Baeza abandonó la institución este mes, al igual que otros nefastos personajes como Augusto Briceño, ex prefecto inspector de Coquimbo. El 16 de diciembre pasado, Briceño negó públicamente las denuncias de abusos laborales y uso ilegal de recursos fiscales denunciados por Verdad Ahora a mediados de este año. El alto funcionario declaró al diario El Día que “fue una medida mediática nada más, solamente para enlodar el prestigio de la institución… No ha habido ninguna situación de maltrato al personal”.

La impunidad también rodea a Juan Baeza. En la institución se le recuerda por dar pasada y protección a un conocido narcotraficante apodado “El Condorito”, cuando era jefe de la Comisaría Investigadora de Asaltos de San Miguel en Santiago durante la década de los ‘90. Pero quizás más interesante fue su relación con el prefecto Sergio “Chueco” Oviedo, acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, y de quien Baeza mantenía una fotografía en su oficina.

En mayo de 1991, las autoridades norteamericanas pidieron la extradición de Oviedo por haber facilitado la salida de Chile de la “correo” Jael Joely Marchant, evitando que fuera controlada en el aeropuerto de Santiago. La periodista Alejandra Matus cuenta en El Libro Negro de la Justicia Chilena que la mujer llegó con medio kilo de cocaína a Miami. Los funcionarios de la DEA atestiguaron que Jael ingresó con un pasaporte falso y portando un papel que tenía anotados el nombre y número personal del ex jefe policial.

La extradición de Oviedo fue rechazada por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por Marcos Aburto, Servando Jordán, Osvaldo Faúndez y Enrique Zurita. En otro de sus polémicos fallos, la sala había ordenado la reincorporación de 17 detectives de Temuco dados de baja por su participación en operaciones de narcotráfico, extorsión, complicidad en fraudes tributarios y comercialización de cheques robados.

Fuente: con información de Radio Bío Bío y Verdad Ahora