El jueves 17 y el viernes 18 de diciembre, la sargento Millaray Simunovic -con especialidad de comando y paracaidista- se sentó frente del ministro en visita civil de la Corte Marcial, Omar Astudillo, quien investiga el millonario desfalco en el Ejército conocido como el “milicogate”, que suma hasta ahora más de US$ 10 millones de la Ley Reservada del Cobre desde 2010 a 2014.
De esta manera, la uniformada hasta ahora detenida en el Comando de Telecomunicaciones y procesada por la justicia militar, modificó su primer testimonio prestado el 6 de octubre donde aseguró ser inocente y haberse enterado del caso en la revista “The Clinic”. En efecto, dijeron fuentes allegadas al caso, le relató al juez Astudillo que independiente de la cifra, ella no habría recibido para su beneficio personal más de $ 3 millones.
La mujer, otrora mano derecha del recién retirado general Héctor Ureta en la División de Mantenimiento, donde se centra la investigación, confesó -a manera de “colaboración sustancial” y en un extenso testimonio- su participación en calidad de autora en el fraude al fisco sólo por una suma de $ 700 millones a través de facturas irregulares pagadas a una serie de proveedores.
La uniformada, quien está inculpada por la fiscalía castrense como responsable del fraude en poco más de 2.000 millones entre 2010 a 2013, circunscribió su responsabilidad sólo a 2012, dejando fuera el resto de los años y abriéndose a que la justicia revise lo que estime pertinente para verificar sus dichos.
Según supo este diario, la mujer reveló todo el mecanismo del uso de facturas y las identidades de al menos nueve involucrados desconocidos, entre oficiales y suboficiales, quienes actuaban como células compartimentadas sin que necesariamente se conocieran entre sí.
Sin embargo,, aseguró carecer de información respecto a la participación de miembros del alto mando del Ejército, aludiendo a que desde su puesto no manejaba “hacia arriba” de la institución.
Las veredas
Más allá de si la comando Simunovic lo supo o no, constan en la causa una serie de antecedentes que demuestran lo contrario.
Uno de ellos es el testimonio prestado por el armero y proveedor del Ejército Waldo Pinto, quien aseguró que debía pagarle coimas a Ureta -a fines de 2000- cuando fungía como coronel, es decir, quien fue hasta hace poco el jefe de Simunovic.
Otro que recibió los dineros de Pinto fue Juan Carlos Guerra, ascendido hace pocos meses a general, pero cuyo decreto no fue cursado por el Ministerio de Defensa, a raíz de que también está involucrado en los hechos.
Junto a lo anterior, la semana pasada, el propio Ejército dio de baja al coronel Guillermo Oliver, luego que descubriera que .presumiblemente- podría estar ligado como autor de fraude al fisco en más de $ 30 millones, con los fondos de la tesorería del Estado Mayor General.
Hay que recordar que hasta antes que Astudillo asumiera como ministro en visita en noviembre pasado, la justicia castrense no sólo encausó a Simunovic, sino también al coronel Clovis Montero, los suboficiales Claudio González y Miguel Escobar y el cabo Juan Carlos Cruz. Este último gastó $ 2.400 millones en los tragamonedas del casino Monticello entre 2008 y 2014. La sospecha es que se trataría de platas obtenidas a través de este aparato de corrupción militar.
Tanto González como Escobar también reconocieron a Simunovic en la operatoria, que era sabida al interior del Ejército desde 2011, según da cuenta un documento preparado por el coronel de inteligencia militar Miguel Cantallopts, revelado por este diario. Respecto de ella, el oficial concluyó que debía ser relevada de su puesto, que no debía “contar con la confianza del mando”, ya que seguirían teniendo acceso a “documentación contable valiosa”. El documento llegó recién a la fiscalía militar hace poco más de dos meses.
En cualquier caso, el patrocinante de Simunovic, el abogado Carlos Cortés, fue quien solicitó el nombramiento del ministro en visita al Pleno de la Corte Suprema en noviembre pasado. Independiente de lo anterior, el profesional pidió la libertad provisional de su cliente al ministro Astudillo, quien la rechazó, dijeron fuentes allegadas al caso, atendido a que no es el momento procesal para concederla. Este criterio, ha primado también para los otros detenidos en la Corte Marcial.
El peso de la prueba
Desde que Astudillo asumió el caso el pasado 13 de noviembre, encomendó a un equipo especial de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) reordenar las facturas que constan en el expediente, entre las que cuentan las ideológicamente falsas e incluso algunas que no tenían existencia en el SII, que junto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) son parte en el caso .
El alcance de este trabajo, se debe a que los documentos tributarios estaban repartidos en la causa de una manera en que no ayudaba a determinar las operaciones comerciales de manera global y puntualizarlas por cada uno de los inculpados.
Asimismo, Astudillo privó del conocimiento al sumario tanto a querellantes como a defensores con miras a terminar una serie de diligencias y preparar nuevos autos de procesamiento, los que serían citados a declarar en enero próximo, dijeron fuentes del caso.
Fuente:The Clinic
Fiscal Chong envía antecedentes al SII por el millonario robo al Fondo Reservado del Cobre
Además el SII tendría que analizar si en las próximas semanas presenta querella o no en este caso por los civiles metidos en el fraude al Ejército bajo la Ley Reservada del Cobre. Cabe decir que la justicia se encuentra investigando supuestos ilícitos cometidos con boletas y facturas ideológicamente truchas por trabajos no realizados, además de proveedores que no declararon impuestos. El fraude en el que participaron oficiales y suboficiales del Ejército, y que fue destapado y explicado por la revista The Clinic en más diez entregas.
La fiscal metropolitana Centro Norte Ximena Chong, encargada de indagar en el bullado caso del Milicogate, envió todos los antecedentes que posee de la investigación al Servicio de Impuestos Internos con el fin de que el organismo aclare si es que hubo o no delitos tributarios.
Según lo publicado con el diario El Mercurio, con eso además el SII tendría que analizar si en las próximas semanas presenta querella o no en este caso por los civiles metidos en el fraude al Ejército bajo la Ley Reservada del Cobre.
Cabe decir que la justicia se encuentra investigando supuestos ilícitos cometidos con boletas y facturas ideológicamente truchas por trabajos no realizados, además de proveedores que no declararon impuestos. El fraude en el que participaron oficiales y suboficiales del Ejército, y que fue destapado y explicado por la revista The Clinic en más diez entregas.
Oficiales de alto rango y suboficiales son los caídos por esta trama, que este medio reveló a través de los documentos secretos y los audios de las conversaciones de quienes cometieron el ilícito.
El coronel Clovis Montero es el principal imputado, y junto con él aparecieron los nombres del general Héctor Ureta, el cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer.
Los últimos en caer fueron los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y la cabo primero Millaray Simunovic Bustamente.
Los hechos destapados por este medio provocaron que el Ejército anunciara que por primera vez en 205 años se someterá a una revisión externa, encargada a la auditora Surlatina.
Tal como reveló The Clinic, la trama detrás de los millonarios desfalcos partió en el año 2010, durante los albores del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y no cesó hasta marzo de 2014, al tomar el mando de su segunda admistración Michelle Bachelet.
El hecho fue reconocido por el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien admitió al entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, que su institución pagó cientos de facturas falsas.
“Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”, tal como dijo el coronel Clovis Montero en entrevista con este medio.
Dentro de lo más llamativo se encuentra el caso del cabo Cruz, quien entre 2008 y 2014 desembolsó 2.368 millones de pesos en máquinas tragamonedas, adquirió un fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja. “Le perdí sentido al dinero”, declaró en abril de este año.
