La creación de una nueva comisión para construir una propuesta que modifique la relación entre la política y los negocios, ha vuelto a poner en el debate público la ausencia de la ciudadanía en los espacios deliberativos de la política pública. Un hecho complejo tomando en cuenta que esta comisión tiene como tarea generar una propuesta que sea aceptada por una sociedad que se siente cada vez más ajena a la política.
¿Cómo dotar entonces de legitimidad a un proceso de “saneamiento” de la política, que recomponga la deteriorada relación entre lo político y lo social, sin participación de lo social? Esa ha sido una de las grandes paradojas del actual gobierno de la Nueva Mayoría, que a pesar de sus intenciones reformistas no ha logrado dinamizar los procesos de reforma a través de una participación ciudadana más activa, reproduciendo (con diversos matices) la matriz participativa de la transición.
El mismo hecho de la creación de Comisiones Asesoras Presidenciales ha demostrado a lo largo de la transición la creciente debilidad de las instituciones tradicionales a cargo de los intereses de la sociedad (partidos políticos y Congreso). Ya sean de carácter transitorio o permanente, y con o sin inclusión de actores sociales, las Comisiones han sido un lugar común a partir del término de la dictadura (hasta el día de hoy se han creado cerca de 40, es decir, casi 2 por año).
La mayoría de estas ha surgido principalmente frente a períodos de crisis y de deslegitimidad de una determinada política pública. Así es como se han creado comisiones para discutir la subcontratación laboral, el sistema de pensiones, la descentralización, derechos humanos, educación, salud, transparencia y probidad, etc.
Muchas de estas Comisiones han sido publicitadas como un mecanismo de participación, como una forma de promover un diálogo entre distintos actores sociales y políticos. Sin embargo, los hechos dan cuenta de una tendencia a sobrevalorar el papel de técnicos y especialistas sectoriales, por sobre las organizaciones sociales vinculadas a los temas. Y una de sus principales limitaciones ha sido la falta de articulación con las instancias de formulación y ejecución de las políticas públicas.
En definitiva, más que instrumentos de participación, estas comisiones han sido una respuesta a conflictos políticos, que han buscado ampliar la interlocución con el fin de preparar condiciones para un acuerdo político. Por ello han utilizado la metodología de “participación por invitación”, sin establecer criterios públicos para su integración. Tampoco se precisa exactamente el destino de las propuestas que han elaborado y cada una de ellas establece su modo de funcionar y la apertura de sus deliberaciones, sin que existan estándares que garanticen la participación. En definitiva, creemos que la conformación de comisiones para resolver crisis políticas es hacer de la necesidad una virtud.
La Comisión anticorrupción creada recientemente no escapa a esta lógica característica del proceso democrático chileno. Creada a raíz de los bullados casos de vinculación entre la política y los negocios. La composición de esta comisión es de tipo estrictamente académico, excluyendo no solamente a actores políticos y del mundo productivo (una suerte de castigo a la mal llamada “clase política y económica”), sino a los actores sociales.
Esta comisión busca solucionar un problema que para muchos no tiene que ver solamente la corrupción y los conflictos de intereses, sino que con un mal endémico que afecta a nuestra democracia: el estar construida para sostener un determinado orden social y económico. Precisamente esa democracia es la que ha posibilitado durante años una relación íntima entre la política y los negocios, permitiendo a unos llegar al poder de manera irregular y a otros enriquecerse desde el poder de manera irregular.
Por eso creemos que es necesario y urgente modificar transversalmente la relación entre estado y ciudadanía que ha predominado en la democracia chilena desde el fin de la dictadura.
Una democracia en que la sociedad no solamente participe a través de elecciones para elegir a nuestros representantes como únicos protagonistas de las decisiones públicas. Sino también que fomente una sociedad con capacidad de exigibilidad de derechos, con más espacios de participación real, y con un mayor control de las decisiones públicas.
Esta reconstrucción de la democracia evidentemente no puede realizarse sin la participación de la ciudadanía. No hay ninguna posibilidad de que las tareas democráticas queden exclusivamente a cargo de la sociedad política, precisamente por el descrédito en que esta se encuentra.
Así, la única forma de dotar de legitimidad a cualquier proceso de reconstrucción democrática es a través de una participación que rebase la institucionalidad actual heredada de la dictadura, ya que esta misma arquitectura es la que niega al pueblo la posibilidad de darse un momento constituyente.
En definitiva, por más que se sigan creando comisiones asesoras presidenciales (con o sin participación de actores sociales), la mejor forma de recomponer las relaciones entre lo político y lo social (resquebrajadas desde la dictadura) es, como lo hemos planteado desde un principio en ICAL, una Asamblea Constituyente.
Solo de esta forma podremos avanzar hacia aquello de socializar lo político y politizar lo social.
(*) Encargado Área Desarrollo Social y Participación. ICAL
Fuente: ICAL
