Según trascendidos de prensa, a esta altura insoslayables, las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema Previsional, más conocida como Comisión Bravo, no sólo no apuntan hacia un cambio de paradigma, como hasta el sentido común aconseja, sino que por el contrario, harán el sistema todavía más oneroso para los sufridos usuarios, por la vía de aumentar tanto la edad de jubilación, como la tasa de cotización. Para decirlo en corto, eso no representa ninguna solución, sino por el contrario, se limita a endosarle a los afil(i)ados del sistema el costo de sus irreparables y multidimensionales ineficiencias e iniquidades.
En primer lugar, siempre de acuerdo a esos trascendidos, la comisión no sólo no recomendará el retorno a un sistema de reparto, y ni siqueira a uno mixto, sino que a contrapelo de la evidencia disponible, se inclinará por mantener el sistema de capitalización individual, pero, conforme a la jerga neoliberal, con «ajustes».
El primero de estos «ajustes» consistirían, también en argot neoliberal, en «aumentar la competencia», lo cual estaría dado principalmente por la creación de una AFP estatal.
El segundo, lugar, se plantea ampliar la cobertura del pilar solidario desde los tres a los cuatro primeros quintiles de ingreso, lo cual significa aumentar el gasto público. A la inversa, nada se dice de reducir las comisiones cobradas por las AFP, ni de regulaciones a sus ganancias, ni menos, hacerlas responsables de las pérdidas, las que invariablemente reducen el fondo de jubilación del impo(t)nente.
Pero, en lo principal, el mayor «ajuste» concebido por estos «expertos» consiste en trasferirle los costos del mismo a los afil(i)ados, por la vía de aumentar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, y de incrementar la tasa de cotización, desde el 10% del ingreso imponible al 13%.
Para esa «solución», no hace falta una comisión de expertos. Basta que lo imponga por decreto un eventual próximo gobierno de derecha.
Para que no le embolinen la perdiz, usted tiene que tener clara la siguiente ecuación:
Si le extienden la edad de jubilación, quiere decir que le roban, alicoutamente, años de merecido descando, después de una vida dedicada a engrosarle la faltriquera al capital.
Si le aumentan la tasa de cotización, significa que le meten la mano al bolsillo por la vía de reducirle el ingreso en una proporción inversamente proporcional: mientras mayor es el incremento de la cotización, menor es su ingreso disponible.
En síntesis, más que mejorar el sistema o proteger al imponente, las propuestas de la Comisión Bravo, constituida por «expertos» o tecnócratas o neoliberales, van en dirección a consolidar uno de los principales mecanismos de acumulación del capital, es decir, la apropiación del ahorro forzoso de los trabajadores.
Por fortuna, hoy existe un factor cualitativamente distinto: una ciudadanía empoderada, capaz de impedir barbaridades como las que, de acuerdo dichos trascendidos de prensa, propondrá la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema Previsional.
Ahora, revisemos esos trascendidos.
Comisión Bravo: mayoría se inclina por sistema sin reparto y con ajuste a actual modelo de AFP
Doce de los 24 expertos -incluido el presidente de la instancia, David Bravo- apoyaron mantener el actual mecanismo de capitalización individual. Proponen elevar la tasa de cotización y la edad de jubilación.
KHARLA CANIUPÁN y DAVID LEFIN
Determinar un conjunto de perfeccionamientos para mejorar el sistema de pensiones chileno fue el mandato que le entregó la Presidenta Michelle Bachelet, en abril del año pasado, a una comisión de 24 expertos locales e internacionales, liderados por el economista David Bravo.
Y parte sustancial de esa tarea se concretó hace una semana, cuando se realizó la cuarta reunión ampliada de la «Comisión Bravo», instancia en la que se conocieron los detalles de los tres grupos de propuestas que estuvieron arriba de la mesa: mantener el actual sistema de capitalización individual, pero con ajustes sustanciales; avanzar hacia un sistema mixto, que incluyera una fórmula de reparto; o emigrar completamente a un mecanismo de reparto.
En este encuentro -que duró cuatro días- también se realizó una votación clave para cumplir con la misión que les entregó la Presidenta. En esta, la propuesta que mejora el actual sistema de capitalización individual se impuso con 12 votos de los comisionados, por sobre la idea de un sistema de semirreparto, que tuvo 11 apoyos. Mientras, solo un comisionado -la economista polaca Leokadia Oreziak- apoyó la fórmula de volver a un esquema de reparto como el europeo.
Entre quienes apoyaron el esquema de la mayoría estuvieron el presidente de la instancia, David Bravo, Carmelo Mesa-Lagos -reconocido mentor del ex ministro de Hacienda Alberto Arenas en la Universidad de Pittsburgh- y Nicholas Barr, economista del London School of Economics, quien también ha sido crítico del actual sistema. También Costas Meghir, Orazio Attanasio y Olivia Mitchell, entre otros de los extranjeros.
Sin embargo, conocedores del trabajo de la comisión aclaran que aún falta por definir los detalles específicos de la propuesta, con miras al informe que entregarán el próximo 26 de agosto a la Mandataria. Incluso no está definido si se presentará solo el esquema que obtuvo mayoría o también los otros dos, similar a la propuesta con votos de mayoría y minoría de la comisión presidencial para la reforma al sistema de salud privado (Isapres).
En concreto, la propuesta principal contempla amplios ajustes en el funcionamiento de las AFP, en particular en temas de competencia.
Además, se plantea ampliar la cobertura del pilar solidario (primer nivel del sistema) a los cuatro primeros quintiles, desde los tres primeros que cubre hoy.
En los parámetros vinculados al pilar obligatorio, la propuesta busca aumentar gradualmente la edad de jubilación e igualarla entre hombres y mujeres, pero procurando que no tenga efecto sobre quienes están próximos a pensionarse. Por ahora, se baraja una edad de retiro en torno a los 67 años.
Respecto de la tasa de cotización -porcentaje del sueldo imponible que se ahorra en la AFP, y que hoy llega al 10%- aún no está definido su incremento, aunque se analiza que el alza sea gradual y, eventualmente, que se agreguen tres puntos porcentuales, pasando al 13%.
Semirreparto tuvo más apoyo local que extranjero
La propuesta que busca que parte de la cotización obligatoria se destine a pagar pensiones a los actuales jubilados fue apoyada por Andras Uthoff (U. de Chile), el argentino Fabio Bertranou (OIT), y el sueco Joakim Palme, entre otros expertos.
Este esquema plantea una pensión base a todos quienes alcanzaran la edad de jubilación, con aportes no sólo del Estado, sino también de los actuales trabajadores. Y sobre ello, se adicionan los ahorros de su cuenta de capitalización individual.
En esta propuesta no se acaban las AFP, sino que los ahorros que se hacen en la cuenta de capitalización individual pasan a ser un complemento del «seguro social».
Por otra parte, en los sistemas con más votos está considerada la creación de una AFP estatal. .
Aunque por ahora no están contempladas nuevas reuniones ampliadas de la comisión, el trabajo de detalles continúa. El contacto será permanente para aterrizar el documento final.
Luego será el Gobierno el que decida qué aspectos del informe tomará y si habrá una reforma.
La Presidenta Michelle Bachelet convocó inicialmente a un grupo de 25 expertos para realizar un diagnóstico y encontrar soluciones con viabilidad política y financiera, que permitan mejorar el sistema de pensiones. Durante el proceso hubo dos deserciones, debido a motivos personales: Mario Marcel e Igal Magendzo. Pero se sumó José Luis Ruiz.
Finalmente, se definió que las distintas propuestas serían debatidas e, idealmente, consensuadas entre 24 integrantes, liderados por el presidente de la comisión y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo. Este también fue parte de la Comisión Marcel, grupo asesor presidencial convocado en el primer mandato de Michelle Bachelet por el mismo tema.
Los integrantes nacionales del grupo son Cecilia Albala, Hugo Cifuentes, Regina Clark, Martín Costabal, Carlos Díaz, Christian Larraín, José Luis Ruiz, Ricardo Paredes, Marcela Ríos, Claudia Robles, Claudia Sanhueza, Jorge Tarziján, Sergio Urzúa y Andras Uthoff.
En los expertos internacionales están los académicos Orazio Attanasio (University College London); Nicholas Barr (London School of Economics); Fabio Bertranou, especialista argentino en mercado del trabajo y protección social de la OIT; los economistas Costas Meghir (griego), Carmelo Mesa-Lago (cubano), Olivia Mitchell (estadounidense), Joakim Palme (sueco) y Leokandia Oreziak (polaca). Completa la lista la socióloga chilena radicada en Pennsylvania Verónica Montecinos.
Informe final de la instancia recomendaría creación de polémica administradora estatal
Mientras para algunos la creación de una AFP estatal es una forma de validar el modelo de capitalización individual -ya que el Estado competiría en esta industria-, para otros es una opción atractiva para que este se involucre activamente en el sistema de pensiones, más allá del rol que ya juega a través del pilar solidario.
La mayoría de los integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema de Pensiones apoya la creación de una AFP estatal. Por eso, este tema sería abordado en un anexo de los resultados que entregará el grupo asesor a la Presidenta Bachelet, el próximo 26 de agosto.
Este insumo serviría para reimpulsar el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso y que crea una administradora del Estado. Esta iniciativa ingresó el 16 de junio del año pasado a la Cámara de Diputados, pero el Gobierno lo frenó en la comisión de Trabajo, a la espera de recibir el informe final de la comisión Bravo.
Esta iniciativa generó un arduo debate en 2014. Mientras la industria de AFP advirtió que el proyecto contiene riesgos que podrían potenciar conductas anticompetitivas -fijación de precios predatorios, elección de tecnologías ineficientes y/o beneficios de subsidios cruzados-, desde el Ejecutivo defendieron su creación, porque sus objetivos eran ampliar la cobertura del sistema de AFP, promover la competencia y la calidad de servicio.
Dentro de las preguntas realizadas por un estudio de opinión encargado por la comisión Bravo, el 53% de los encuestados -del 80% de quienes tuvieron una postura al respecto- apoyaron la creación de una AFP estatal.
Presidenta Bachelet pidió propuestas que tengan viabilidad financiera y política
La Presidenta Michelle Bachelet convocó a esta comisión para realizar un diagnóstico acerca del funcionamiento del sistema de pensiones. En concreto, la mandató para «elaborar alternativas de solución frente a las deficiencias que se encuentren, con especial énfasis en mejorar la cobertura -afiliación y densidad de cotizaciones-, la calidad de las pensiones, la equidad de género y las condiciones de ahorro en el sistema contributivo».
No obstante, puso límites, explicitando que las propuestas sean «relevantes, concretas, eficaces, eficientes y viables», recalcando la necesidad de que también sean coherentes y graduales en su implementación. Además, pidió que las ideas «tengan viabilidad financiera, política e institucional».
Fuente: El Mercurio
Felices y Forrados: «La comisión Bravo y el futuro de Chile»
Por Gino Lorenzini.
Este 26 de agosto la llamada Comisión Bravo, por fin entregará sus conclusiones con respecto a cómo mejorar el Sistema de Pensiones de nuestro país. Tras un año y medio de trabajo consistente en escuchar diferentes puntos de vista al respecto del tema, hay quienes desde ya adelantan cuáles serían las «evoluciones» que necesita el actual sistema.
Hubo quienes se atrevieron a conjeturar que entre las posibles medidas se barajaría la opción de volver a un Sistema de Reparto, lo que al largo plazo sería insustentable dado que en el Chile del 2050, por cada 2 trabajadores habrá 1 jubilado, por ende tendría que descontarse el 50% del sueldo de cada trabajador para financiar una pensión. Otro grupo, basándose en estadísticas un poco sesgadas y estudios que más bien huelen a «trajes a la medida», proponen que el sistema de AFP funciona muy bien y que no requeriría mayores cambios, «salvo» aumentar la edad de jubilación, así como también el porcentaje de sueldo ahorrado mes a mes.
Independiente de los puntos de vista de unos u otros, parece ser que nadie se detuvo en uno de los puntos clave: hoy en día las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no se hacen responsables de las pérdidas en caso de que nuestros fondos sean mal invertidos (por ellas mismas). Seamos claros: aumentar el porcentaje de sueldo mensual a ahorrar y la edad de jubilación no sirven de nada, si previamente no se devuelve la responsabilidad por las pérdidas a las AFP, como lo era antes del año 1999, donde, si en un año calendario la AFP tenía pérdidas, debía compensar con el encaje.
Para explicarlo de manera sencilla, imaginémonos que tenemos un auto con una fuga en el estanque de bencina por la que nadie se hace responsable ¿De qué sirve echarle más bencina o echarle bencina por más tiempo? De nada. Lo único que se estaría consiguiendo al aplicar estas medidas sería facilitar a las AFP más dinero (bencina) para financiar empresas de manera indirecta a través de los fondos de pensión.
Porque mientras las AFP no tengan incentivos claros para evitar pérdidas, perfectamente pueden jugarse todos nuestros ahorros en la ruleta y perder un 40% de lo ahorrado en años, tal cual ocurrió en el año 20008, pues con la ley actual, ninguna AFP debe hacerse responsable en tal escenario, debido a que si todas las AFP pierden lo mismo en promedio, nunca compensarán por pérdidas.
Por esto, antes de aumentar el ahorro mensual o postergar la edad de jubilación, primero se deben devolver los artículos 37 al 42 del DL 3.500 a su versión de antes del año 1999. Así, los chilenos nunca más perderemos ahorros en un año y en caso de que se produzca una nueva crisis, las AFP tendrán los incentivos claros para proteger nuestros ahorros.
Cuando tuvimos la oportunidad de presentarnos ante la Comisión Bravo le hicimos saber que nuestra propuesta para mejorar el Sistema sería la creación de un «Sistema Mixto» que rescate los mejores elementos del Sistema de Reparto con los buenos elementos existentes en el Sistema de capitalización individual.
En resumen, que el Estado realice un préstamo de reconocimiento para que, si tú hoy te jubilaste con $100.000, te preste $30 millones, y tu puedas subir tu jubilación a un piso de $250.000 mensuales (usufructuando de la rentabilidad de este fondo); pero al fallecer automáticamente devuelves los $30 millones prestados al Estado. Así lograríamos solucionar hoy el problema y brindar una jubilación piso de $250.000 a todos los chilenos, aliviando a millones de adultos mayores para recuperar el significado de la palabra jubilación, que proviene de júbilo: alegría.
Fuente: Diario Pyme
Las principales propuestas de los expertos a la Comisión Bravo
Aumentar la tasa de cotización, colocar incentivos para retrasar la jubilación, cambiar el régimen de inversión, seguros contra cesantía, aportes del Estado o simplemente volver al sistema de reparto, son parte de las propuestas que en estos meses ha recibido la Comisión Asesora Previsional, más conocida como “Comisión Bravo”.
El miércoles, luego que la semana anterior terminaran las audiciencias con diversos expertos nacionales en más de 78 citas, comenzó la etapa de elaboración del diagnóstico sobre el sistema previsional, que se extenderá hasta octubre para luego formular propuestas y el Informe Final que se entregará a la Presidenta Michelle Bachelet en enero de 2015.
Aporte obligatorio
El presidente de Cuprum, Hugo Lavados, presentó ante la comisión tres ejes para mejorar la jubilación: aumentar el ahorro, ampliar cobertura y mayor educación y vínculo con el afiliado. Además, la propuesta incluye, entre otros, un aumento de la tasa de cotización a niveles de 16%, pero hasta 13% de manera obligatoria, pudiendo ser esta alza de cargo del empleador.
En esa línea, la CPC expuso que es necesario aumentar la cotización con aporte compartido entre trabajador y empleador. El presidente de la multigremial, Andrés Santa Cruz, propuso elevar la tasa de cotización previsional obligatoria del 10% actual, a una tasa entre 13% y 15%.
Por su parte, la Centra Unitaria de Trabajadores (CUT) planteó una cotización bipartita con aportes del trabajador y el empleador, donde el total de cotizaciones a cargo de los asalariados protegidos no podrá exceder el 50% de los recursos; y recalcó la idea de establecer un sistema Previsional Público, que además garantice una tasa de reemplazo de 70%.
La Fundación Sol solicitó construir un modelo que incorpore el análisis de microdatos para explorar la viabilidad de establecer un Sistema de Reparto como eje central del sistema pensiones.
Por su parte, Habitat propuso crear una nueva modalidad de pensión que permita compartir voluntariamente, entre grupos de pensionados, el riesgo de longevidad y hacer imponible la indemnización por años de servicios.
Multifondos, aportes estatales y ahorro voluntario
Respecto a los multifondos, una de las ideas más audaces provino de la ex superintendenta de Pensiones, Solange Berstein, quien comentó que es necesario volver a revisar los multifondos existentes así como los rangos de edades; y en esa línea indicó, por ejemplo, que el fondo A sólo debiera ser accequible para ahorro voluntario.
Econsult planteó la necesidad de ampliar el espectro de instrumentos restringidos para aumentar el retorno; algo en lo que también coincidió AFP Capital.
Habitat indicó que se debe aumentar la variedad de inversiones posibles de realizar en forma directa por los fondos de pensiones; y coincidió con la Asociación de AFP en devolver el impuesto de primera categoría correspondiente a los fondos por sus inversiones en acciones locales.
Sobre el ahorro voluntario, la Asociación de Fondos Mutuos, pidió potenciar el APVC mediante incentivos tributarios, mientras las Cajas de Compensación plantearon un cambio que les permita abrir y mantener cuentas de APV.
En tanto, Felices y Forrados propuso que el Estado deposite $ 1 millón en cuentas APV por cada Chileno recién nacido, algo que a la larga permitiría entregar $250.000 de pensión. Asimismo, propuso un seguro anti lagunas, donde el Estado deposita $10.000 mensuales a toda persona afiliada al sistema de AFP, que no genere ingresos a partir de los 18 años.
En tanto, AFP Capital señaló que se podría garantizar una pensión básica solidaria al 60% más pobre de la población, independiente del nivel de ahorro.
Edad de jubilación
La Asociación de AFP apuntó a la necesidad aumentar el incentivo que retrase la edad de jubilación, como por ejemplo que las gestoras no cobren comisión cuando el afiliado siga cotizando a pesar de estar en edad de pensionarse.
Por su parte, Berstein indicó que es necesario aumentar la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años; e indexar la edad de retiro legal a las expectativas de vida.
La misma ex superintendenta afirmó que se puede avanzar en potenciar la licitación de cartera de nuevos afiliados abriendo una ventana para la inscripción de voluntarios.
Por su parte, Habitat planteó la posibilidad de reembolsar las comisiones en caso de rentabilidad negativa.
Las AFP expresaron, además, que para alinear los intereses de las gestoras con el retorno de los fondos, se debe avanzar hacia una comisión por saldo, en lugar del actual cobro por flujo.
Fuente: Pulso