La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados detectó severas irregularidades en la contratación de Espacio Riesco, además de derroche de recursos, ineficiencia e ineficacia de quienes decidieron el contrato, es decir Piñera, Mañalich y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
Por 70 votos favor, 53 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora de todos los actos de gobierno relacionados con la estrategia del Ministerio de Salud en torno a la habilitación de inmuebles para la atención de enfermos Covid-19, en especial, la contratación del Centro de Eventos Espacio Riesco, o como pomposamente lo anunció el gobierno, “Centro Hospitalario Huechuraba”.
Según el informe, dado a conocer a la Sala por la diputada presidenta de la Comisión, Karol Cariola (PC), la habilitación de Espacio Riesco como recinto de salud para descongestionar, principalmente, el Hospital San José, no cumplió su objetivo.
Con el desarrollo de la Pandemia, el criterio de atención de Espacio Riesco, cambió ya que en un primer momento estaba constituido por pacientes con patologías básicas no covid-19, mientras que con el correr de los meses se hospitalizó a pacientes covid de muy baja complejidad.
Según los trabajadores del Hospital San José, estas camas adicionales no ayudaron a disminuir el colapso permanente que vive el Servicio de Urgencia, ni la falta de camas al interior del hospital.
La Comisión Investigadora concluyó que las autoridades sanitarias, prefirieron “todo tipo de alternativas tendientes a otorgar prestaciones a recintos privados transitorios, no habilitados debidamente para la atención de la población, en vez de invertir en el reacondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura pública con que cuenta el Ministerio de Salud”.
Esto implicó un elevado gasto, sin considerar que estando en vigencia la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe el Presidente de la República quedaba expresamente autorizado para establecer todo tipo de limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
La Comisión constató además que, la contratación de funcionarios y trabajadores que se desempeñaron en el centro hospitalario Huechuraba, se hizo a través de empresas externas, como Medical Care, que si bien, se encontraban bajo la tutela de la autoridad sanitaria y del servicio de salud, no tenían ningún tipo de responsabilidad administrativa.
La Comisión se formó la convicción de que se cometieron irregularidades y vulneraciones de los derechos laborales de las y los trabajadores, contratándose personal transitorio y despidiéndolos apenas se terminó el uso del espacio arrendado, conclusión que fue aprobada finalmente por la sala
Contratos y Valores
La Comisión llegó a la convicción de que la contratación del centro Espacio Riesco como recinto hospitalario, adoleció de severas irregularidades:
“En ningún momento de la investigación aparecieron antecedentes que justifiquen los altos precios pagados por el recinto; no se aprecian mecanismos que hubiesen permitido garantizar la entrega oportuna de las prestaciones, no se establecen multas ni amonestaciones que sirvan para que el arrendador cumpla”.
Agrega que el contrato contiene una cláusula de renovación automática sin motivo fundado.
Según el informe, el Servicio de Salud no ha aportado antecedentes que sustenten los valores que se asignan a las distintas prestaciones. De esta forma, se pone en tela de juicio que los precios acordados sean justos y adecuados, acarreando, con esto, un perjuicio fiscal.
La Comisión Investigadora constató que en la firma del contrato de arriendo de “Espacio Riesco”, como el de prestación de servicios de “Centro Hospitalario Huechuraba”, la autoridad sanitaria actuó de manera contraria a derecho, causando perjuicio al Estado y a todos los chilenos.
Con la firma de estos documentos se estableció además un acuerdo vía doble contrato, “abusando así, de la facultad de trato directo por el arriendo de una bodega, por el cual se terminó pagando dos veces lo mismo”.
El informe aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados solicita la instrucción de sumarios e investigaciones administrativas en el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Servicio de Salud Metropolitano Norte.
También pide al Tribunal de la Contratación Pública, su más pronto pronunciamiento respecto de la legalidad de contratos y del proceder de las autoridades involucradas.
Diputada Karol Cariola: Hay perjuicio fiscal y faltas a la probidad y transparencia
La Diputada Karol Cariola, presidenta de la Comisión Investigadora, sostiene que los antecedentes recabados durante los meses de investigación permiten concluir que existió “un derroche de recursos de todos los chilenos y chilenas”, en la contratación del centro de eventos Espacio Riesco como residencia sanitaria.
La parlamentaria- quien presidió la instancia en la Cámara de Diputados- indicó que se pudo concluir que se realizaron dobles pagos, que existen responsabilidades administrativas en lo que calificó como “un derroche de recursos de todos los chilenos y chilenas”, además de evidenciar que la empresa desconoció los acuerdos establecidos con el MINSAL.
“La forma de resumir los resultados de esta investigación es que estamos frente a un claro perjuicio fiscal , a una falta a la transparencia y a la probidad lamentable por parte del Ministerio de Salud porque acá se han provocado dobles pagos a través de contratos establecidos entre Espacio Riesco y el Ministerio de Salud , de que existen claras responsabilidades administrativas en relación al derroche de recursos de todos los chilenos y chilenas y que por lo demás, se ha demostrado una ineficiencia y una ineficacia total y absoluta por parte de quienes han llevado adelante la contratación de este espacio”, indicó la parlamentaria.
Agregó que es una situación grave que no se haya podido explicar ante la comisión por qué se tomó la decisión de esta contratación y tampoco cuál fue el criterio para cancelar los altos montos de arrendamiento:
“La Contraloría General de la República declaró ilegal uno de los dos contratos donde se establecían dobles pagos y la última información que tuvimos por parte de la Comisión fue que además, la empresa estaba desconociendo los acuerdos previamente establecidos con el Ministerio de Salud, jamás se nos logró entregar un criterio básico de por qué se habían establecido esos montos de pago”.
Luego, rechazó uno de los mayores gastos en los que ha incurrido el Ministerio de Salud en el contexto de pandemia haya sido a un centro de eventos:
“Acá se atendieron solo 700 pacientes que por lo demás, inicialmente estaba abocado fundamentalmente a pacientes de baja complejidad para descongestionar el Hospital San José , pero que sin embargo, y de manera improvisada se terminó transformando en un Centro COVID, con trabajadores y trabajadoras contratados de forma externa a través de una empresa a la cual se les entregó un contrato directo obviando la responsabilidad administrativa que deben tener los funcionarios de salud cuando se trata de atender a personas que no vienen del mundo privado, sino que probablemente a los pacientes más pobres de nuestro país que tuvieron que llegar a esa residencia desde todo Chile, porque fue un centro de residencia nacional”.
Afirmó que esta situación es una muestra más de la irresponsabilidad y falta de transparencia con que el gobierno ha tratado la pandemia y es por eso que se instruyeron sumarios e investigaciones administrativas que permitan establecer responsabilidades por estas graves anomalías:
“Estamos frente a una situación que da cuenta y que refleja de cuerpo completo la ineficiencia, la irresponsabilidad , la falta de transparencia que ha tenido este gobierno para tratar la pandemia y particularmente, para establecer las relaciones entre los pacientes y los espacios de atención pública, por eso es que lo que hemos sugerido es instruir sumarios e investigaciones administrativas al MINSAL, a la Subsecretaría de Redes y al Servicio de Salud Metropolitano Norte, además, estamos muy atentos y atentas a lo que resuelva finalmente la Contraloría en esta investigación que se ha complejizado por cada uno de los hechos que estamos mencionando”.
Dijo esperar que el Tribunal de Contratación pública se pronuncie a la brevedad:
“un negocio tan rentable como lo fue el negocio de Espacio Riesco para quienes llevaron adelante el proceso de arrendamiento, me parece que no se condice con tener que enfrentar la pandemia, menos cuando el gobierno tenía y tiene en estado de excepción la potestad de utilizar recintos privados a favor de la salud pública sin tener que pagar los precios que aquí se pagaron”.
Los subsidiados por Piñera
El Centro de Eventos Espacio Riesco es controlado por la familia Torres Riesco, conformada por María Gloria Riesco Larraín (79), fundadora de la sociedad dueña del centro de eventos, llamada Centro de Convenciones Santiago S.A., junto a sus hijos, Bernardita Torres Riesco y Edmundo Torres Riesco, quien ejerce como presidente de la sociedad.
El clan creó esta empresa en enero de 2001, con el propósito de utilizar parte de los terrenos familiares en la zona de Huechuraba. Ese mismo año terminaron la construcción del centro de convenciones de 10.000 metros cuadrados, al que luego sumaron un Expocenter y un pabellón ferial. Inversiones donde los Torres Riesco declaran un patrimonio de US$ 19 millones.
Claro que el negocio no salió como esperaban
El tiro por la culata
La familia Torres Riesco reclamó que el Ministerio de Salud tiene una abultada deuda con la sociedad.
Pero resulta que el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, determinó que mientras no se aclaren los contratos no es posible pagarlos:
.
«Nosotros ya cumplimos con nuestra función que consistió en examinar la legalidad de los contratos con Espacio Riesco. En uno de ellos había inconsistencia desde el punto de vista de los servicios por los cuales se estaba pagando, que eventualmente estaba duplicado. Este contrato fue representado, es decir declarado ilegal».
Agregó:
«Mientras eso no se aclare por parte del servicio de salud y la Subsecretaría de Redes, no es posible cursado y pagar ese contrato. Hasta esta hora, no ha reingresado ese contrato a Contraloría, no es una cosa que este pendiente en Contraloría. Para nosotros el tema en realidad no es un tema, porque nosotros ya dijimos que ese contrato era ilegal».
Bermúdez precisó:
«Se trata de dos contratos sobre el mismo espacio: uno de arriendo y otro de puesta en operación de ese espacio como una especie de hospital o centro de apoyo hospitalario, y abía prestaciones que ya estaban pagadas en un contrato que luego aparecían de nuevo en el segundo contrato. Eso fue lo que observó Contraloría y que hay que aclarar».
Al anunciar el contrato, el gobierno se ufanó de que iba a atender a tres mil pacientes. En su momento de máxima utilización, nunca pasó de 700.
Otro de los misterios del peor gobierno de la historia.
