·El martes 1 de marzo la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados continuó la tramitación del proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales, luego que en enero de este año sus pares de la Comisión de Recursos Hídricos despacharan el nuevo texto legal.
La iniciativa, que permitirá que las organizaciones de agua potable rural (APR) tengan una normativa específica, ha seguido avanzando a siete años de haber sido presentada a su tramitación inicial ante el Senado.
Durante las últimas sesiones de la Comisión de Recursos Hídricos, la presidenta de la comisión Yasna Provoste (DC) junto a la diputada Cristina Girardi (PPD) propusieron agregar un artículo 56 bis para asegurar capacitación permanente a los dirigentes de APR y así mejorar su gestión.
“Capacitación de dirigentes: La subdirección (de Servicios Sanitarios Rurales del MOP, que se crea por esta ley) deberá realizar una capacitación de los dirigentes de los servicios sanitarios rurales a través de un programa de capacitación de frecuencia anual, el cual podrá ser ejecutado directamente por la subdirección o a través de terceros”.
Sin embargo, el gobierno presentó reparos ante la indicación. Junto con señalar que esta era de iniciativa exclusiva del Ejecutivo (entrega atribuciones al Estado), argumentó que al imponer obligaciones financieras al Estado y conllevar la figura de capacitación y, por ende, el involucramiento de las autoridades educativa y laboral, este artículo debía ser revisado por las comisiones de Hacienda, Educación y Trabajo.
Además, implicaría adecuar otras normas legales lo cual podría alargar la plena aplicación de la nueva ley.
Por ello, la autoridad propuso (logrando la aprobación de la comisión) agregar al Artículo 2 sobre definiciones el concepto de “gestión comunitaria” (que la ley establece como una facultad de la subdirección de SSR) como “aquellas acciones destinadas a apoyar y acompañar a los licenciatarios en el proceso de funcionamiento, tales como capacitación continua de dirigentes y trabajadores, apoyo en el financiamiento de obras de mejoras del sistema y asesoría continua de comités y cooperativas”.
Provoste y Girardi también plantearon que la tarificación de cada APR se realice cada 5 años y no 10 como proponía el gobierno. Ante esto el Ejecutivo apuntó que esta indicación forma parte de sus perrogativas exclusivas y que un período menor presentaría varios inconvenientes: que al ser un proceso individual sería muy complejo para la autoridad renovar cada quinquenio las tarifas de cada uno de los casi dos mil sistemas que se proyectan para los próximos años; que de todas formas se incluye un reajuste automático anual acorde al IPC por tanto nunca debieran quedar muy desfasadas aunque sean lapsos de una década; y que, por último, existe la posibilidad excepcional de cambiar las tarifas de común acuerdo entre la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el operador APR cuando se produzcan cambios de supuestos importantes que se tuvieron para el cálculo original.
Luego de un debate en la comisión, se acordó aprobar el siguiente inciso segundo al artículo 60, que mantiene los 10 años pero incluye la posibilidad de revisión entre períodos a solicitud de los propios operadores de APR y no como una figura excepcional: “A solicitud de los comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales, podrán modificarse las tarifas, antes del término del periodo de su vigencia, cuando existan razones fundadas y demostrables de cambios importantes en los supuestos bajo los cuales éstas se han fijado. Las tarifas resultantes de dicha modificación tendrán, a su vez, una duración de 10 años”.
Fluido avance
La Comisión de Recursos Hídricos tramitó el proyecto en forma expedita, toda vez que el periodo de audiencias y la votación en particular se desarrolló en un plazo acotado de menos de tres meses. Esto, entendiendo la urgencia de regulación para el sector.
Por este motivo, tanto el gobierno como los dirigentes de las APR, agrupados en la Federación Nacional de Agua Potable Rural, solicitaron el martes a la Comision de Obras Publicas, que preside la diputada Jenny Álvarez (PS), una revisión rápida de la iniciativa a la luz que esta fue despachada desde Recursos Hídricos con múltiples cambios positivos, lo cual es reconocido por parlamentarios, el Ejecutivo y representantes de organizaciones del área. Ante esto, los legisladores se comprometieron a sesionar el 8 de marzo, evaluando la posibilidad de votar solo aquellos artículos en que los integrantes de la comisión sugieran indicaciones.
