El Superintendente General del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil, CADE señaló que «existe evidencia sólida de que la conducta contraria a la competencia contó con la participación de las empresas de transporte marítimo más grandes del mundo». Entre las navieras sorprendidas en falta, no podía estar ausente la muy criolla y monopólica Compañía Sudamericana de Vapores, CSAV.
Hace más de un año, la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento acusando colusión de seis navieras, entre 2000 y 2012, donde pidió multas por US$ 75 millones en total.
Sin embargo, una nueva investigación internacional se sumó hoy luego de que el Superintendente General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), abriera un proceso administrativo contra la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) y otras ocho empresas extranjeras.
Según explicó el organismo, “existe evidencia sólida de que la conducta contraria a la competencia contó con la participación de las empresas de transporte marítimo más grandes del mundo“.
“La colusión tendría como propósitos básicos asignarse los clientes, con el fin de mantener la posición establecida para cada empresa junto con su principal cliente, y mantener o aumentar los precios, incluyendo la resistencia conjunta a las solicitudes de clientes por reducciones de valor”, agregó. .
La investigación que se abrió hoy en Brasil es un proceso internacional en contra de empresas navieras que partió en Europa, Estados Unidos y Japón, pero que también se desarrolla en Chile.
Navieras
Además de la CSAV, las otras empresas investigadas son Eukor Car Carriers Inc., Grimaldi Group SpA, Hoegh Autoliners Holdings AS, Kawasaki Kisen Kaisha, Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha, Nissan Motor Car Carriers Co, Ltd, y Wallenius Wilhelmsen Logistics.
La Superintendencia local explicó que estas prácticas colusiorias en Brasil, “se llevaron a cabo por lo menos por 80 individuos relacionados con las empresas investigadas y se pusieron en marcha por medio de las reuniones personales, llamadas telefónicas y el intercambio de correos electrónicos“.
Agregaron que, además, se “abrían comenzado en 1978, pero la mayoría de las actividades del presunto cártel se habrían producido a partir del año 2000 hasta posiblemente 2012, cuando la División Antimonopolio del Departamento de Justicia del Estados Unidos, la Comisión Europea y las autoridades de defensa de la competencia japonesas, llevaron a cabo operaciones de búsqueda y captura en la sede de algunas compañías involucradas”, consignó La Tercera.
Cabe destacar que en el caso de las empresas Vapores, Nippon, Kawasaki y otras 13 personas de esas firmas, la Superintendencia informó que el 25 de noviembre pasado llegó a un acuerdo con ellas. De esta manera, implicaría el pago de 29 millones de reales, unos US$ 7,2 millones, y que el proceso administrativo queda suspendido contra quienes lo firmaron, hasta el final del juicio.
Fuente: El Dínamo
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