El nuevo caso de colusión del papel, sumado los casos de los pollos, farmacias y otros, de empresas controlados por los principales grupos económicos de nuestro país, demuestra que los acuerdos de cartel en una economía monopólica y oligopólica como la chilena, no son ni la excepción ni una falla de mercado, sino una exigencia para mantener los abusivos márgenes de rentabilidad.
Además del historial de abusos por asimetría de información y de posición dominante en supermercados y cadenas de retail -por mencionar sólo algunos-estos abusos ponen de manifiesto la gran brecha entre los paradigmas del libre mercado y lo que pasa en la realidad; más aún cuando estos excesos –particularmente los de colusión-confirman que en los mercados oligopolios es donde se crean las mejores condiciones para el abuso de poder monopólico contra consumidores, competidores y la sociedad en general.
A estas alturas para nadie es un misterio las limitaciones inherentes al “libre mercado”, que contradicen sus bases fundacionales: los mercados no son perfectos, tienen fallas y hay externalidades; no hay simetría de información entre los participantes; las personas no tienen una racionalidad perfecta, ya que presentan niveles cognitivos diferentes; las posiciones relativas de las partes no son equivalentes, hay problemas de desigualdad, especialmente de poder económico entre ellas; etc.
Además, hay bienes que tienen valor y carecen de precio (como el medio ambiente), o hay bienes públicos que no responden a lógicas mercado y donde tienen sentido lógicas más colectivas, como la educación, la salud y otros.
Todo esto lleva a concluir que el simplismo rampante con que algunos sectores políticos asumen el mercado y su regulación -e incluso tienden a proponer su autorregulación- dista mucho de las auténticas necesidades de regulación del mercado real, un problema complejo que requiere de un rol activo del Estado, para garantizar el bienestar de la sociedad y que realmente las empresas compitan.
Esto, por cierto, es lo que intenta ocultar el comportamiento poco éticos, de empresarios rentistas, que intentan vía prácticas anticompetitivas, abusivas e ilegales lograr utilidades desmedidas, dañando a consumidores, competidores y a la sociedad en su conjunto.
En los últimos años hemos sido testigos de importantes casos de colusión en nuestro país. Lo más destacados: farmacias, pollos y papel tissue tienen como común denominador que impactan directamente en componentes sustantivos de la Canasta básica Familiar (IPC) y por lo tanto, afectan en forma generalizada al grueso de la población chilena.
Más aún, inciden significativamente en el consumo de las familias vulnerables de nuestro país. Además, impactan directamente en los fondos de pensiones de los trabajadores, por la baja del valor bursátil de las acciones.
Emblemático ha sido el caso de los pollos en que el daño a los consumidores por parte de las empresas se estima en US$ 1500 millones y la multa asciende sólo a US$ 60 millones, resultando un excelente negocio para las empresas coludidas, lo que señala que algo no anda bien con la regulación.
La colusión en nuestro país, que virtualmente es un robo directo a la sociedad, germina en un determinado contexto cultural, de exacerbado individualismo, egoísmo y afán de lucro que ha permeado a sectores de la sociedad chilena y en particular, a cierta elite empresarial y ejecutivos de nuestro país, derivado del neoliberalismo, su ideología y contravalores.
El rasgo predominante del cambio cultural que impuso la dictadura fue privilegiar el éxito individual, a costa de lo colectivo, anulando el carácter social de la vida de los ciudadanos con una pérdida de lo ético, anulando el traspaso entre generaciones, especialmente de valores y tradiciones republicanas.
Se tiene así generaciones de ejecutivos, donde el éxito económico respalda conductas del tipo“el fin justifica los medios” los cuales impulsados por la obtención de sustantivo sin incentivos bonos, o compelidos por la obtención de metas irracionales impuestas por directorios, traspasan des prejuiciadamente los límites de la ética, incluso despreciando a los que no se suman.
Asimismo, se percibe un deterioro moral del empresariado que no duda en recurrir a mecanismos ilegales para obtener utilidades, en lugar de arriesgarse, innovar y desarrollarse. Todo eso afecta profundamente las formas de relacionarse, de construir sociedad y de llevar a cabo en la actividad empresarial.
La empresa más importante de la colusión pertenece al grupo Matte, una de las mayores fortunas del país, actores clave de la dirigencia empresarial chilena, además con gran ascendiente intelectual -a través del CEP-y moral, muy ligada a la Iglesia y al mundo de la educación.
Al respecto cabe preguntarse ¿Qué sentido tiene que empresas y grupos tan poderosos defrauden en forma deliberada a sectores tan amplios de la población? o¿ Qué sentido tiene que grupos empresarial están emblemáticos, sin mayores escrúpulos contravengan las reglas del modelo al cual reclaman adhesión? ¿qué relevancia tienen el daño, las multas y la delación compensada?
CMPC a los tres meses de iniciada la investigación usó el mecanismo de la delación compensada que lo liberó del pago de multa, por un máximo US$ 23 millones). Varios meses después también utilizó este mismo mecanismo, lo que le significa rebajar la multa a US$ 15 millones.
Diferentes estimaciones preliminares señalan que a lo menos el daño a los consumidores es del orden de US$ 600 millones. Por lo que nuevamente nos encontramos ante una situación de una multa de US$ 15 millones por un daño aproximadamente 40 veces mayor.
No cabe duda que el mercado accionario temporalmente castigará el precio de la acción de ambas empresas y también, la sanción social de sus pares y de la sociedad, pero todo esto es coyuntural.
Desde 1974 que (decreto ley) el DL-701 subsidia las plantaciones de eucaliptus y pino radiata. Actualmente se discute su prórroga en el Congreso. Por esta vía la CMPC recibió más de US$ 870 millones del Estado de Chile.
Cabe preguntarse ¿tiene sentido que el Estado subsidie directa o indirectamente a empresas que se han coludido?
Ellos tienen que tener multas proporcionales al daño causado. La sanción a las empresas debe ser proporcional al daño cometido (doble del beneficio económico de la infracción o 30% de las ventas del período de infracción). Pero el proyecto de ley establece montos máximos de las multas, no establece mínimos y estimamos son necesarios.
Este es un punto importante frente a la figura de delación compensada u otras situaciones. La colusión es un hecho criminal.
Concordamos plenamente con establecer un tipo penal especial para el caso de colusión contemplado en el Código Penal que vaya entre 5 y 10 años de cárcel para los responsables involucrados. Pero en particular, nos interesa que a lo menos un año sea pena de cárcel efectiva.
Asimismo, la inhabilitación para ejercer cargos en el sector público, en directorios de empresas, directivas gremiales, por lo menos por cinco años, a los directamente involucrados. Si a la Delación compensada pero no impunidad.
El proyecto de ley fortalece la figura de la delación compensada, reconociendo en ella un instrumento muy eficaz en la investigación de la FNE, haciendo exención de las sanciones penales y multas al primero que aporte antecedentes; y rebajando, al resto de los ejecutores que aporten antecedentes, as multas en una proporción que estime la FNE.
Nuestra posición es que hay que cuidar la eficacia de la delación compensada resguardando que no haya impunidad.
Si bien el que delata (persona natural) queda exento de la sanción penal, a la empresa sólo se le debiera reducir parcialmente la multa. Temas que hay que evaluar es la oportunidad de la delación, respecto al inicio de la investigación; la relevancia de la información entregada; y la cantidad de directivos del total de directivos involucrados que han cooperado aportando antecedentes relevantes.
Por otra parte, una empresa al acogerse a la delación compensada está reconociendo su culpabilidad en los hechos y por lo tanto debiera simultáneamente compensar a los consumidores o afectados por el ilícito.
Sobre los precios, se hace necesario establecer la prohibición a las empresas proveedoras para sugerir o condicionar que se establezcan precios de venta al consumidor final.
Sobre los subsidios y las relaciones con el Estado, estimamos que se debe ser bastante drástico en la sanción de estas empresas infractoras y los involucrados en sus relaciones con el Estado.
Eso debe darse en varios ámbitos: participación en licitaciones de entidades públicas; utilización de subsidios; participación en cargos públicos y en directorios de empresas del Estado. Naturalmente que todo lo anterior debe estar acotado a un período de tiempo determinado.
Con gran preocupación hemos visto que no son precisamente los empresarios innovadores, que asumen riesgos, responsables con los consumidores, el medio ambiente, sus proveedores y la comunidad, los que lideran la economía de nuestro país (los hay, pero son pocos).
Son más bien empresarios rentistas, los que hacen profuso uso de la ingeniería tributaria y mal uso del FUT,( A los que tantos defendió la derecha en torno a la Reforma Tributaria es así como se hace mal uso del FUT) de la relación entre política y negocios, del tráfico de influencias, de uso de información privilegiada, de prácticas anticompetitivas, los que se destacan en los primeros lugares del ranking.
Eso es competitividad espuria. Debemos promover un clima en nuestro país, que desincentive de raíz las malas conductas tanto entre empresarios como entre empresarios y políticos, no dejando por cierto por fuera a los profesionales que se desempeñan en las empresas en altos cargos ejecutivos, y que el costo reputacional o pecuniario del mal comportamiento y de las malas prácticas sea muy elevado.
Es preciso que en ese clima se pueda potenciar una empresa más sana, sostenible y mercados más competitivos y buenos emprendedores. Como sociedad es urgente asumir esta tarea y la capacidad regulatoria del Estado y su real convicción y poder para aplicarla está en el centro de la misma.
Fuente: Documento de Trabajo del Partido Comunista
