En un histórico encuentro sostenido entre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos y el Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, se anunció que se llegará a un convenio de paz “a más tardar en seis meses”, al firmar un acuerdo sobre “justicia transicional” aplicado a todos aquellos involucrados en el conflicto armado.
La magnitud de la noticia sólo puede ser comparada al anuncio de reestablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, o la elección del cardenal argentino Francisco Bergoglio como Papa de la Iglesia Católica. Cobertura especial con todos los elementos y antecedentes para cmprender la trscendencia del acuerdo.
El comunicado conjunto de las FARC-EP y el Gobierno de Santos, leído en la Ceremonia por los garantes de Cuba y Noruega, prevé la forma en que se aplicará la justicia una vez concluido el conflicto armado de medio siglo.
En ese sentido, acordaron que el Estado otorgará “la amnistía mas amplia posible por delitos políticos y conexos”, pero excluyendo los delitos de lesa humanidad como el genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual, entre otras”.
Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cinco años y un máximo de ocho “de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”; mientras que quienes admitan su responsabilidad “de manera tardía” cumplirán penas de entre 5 y 8 años en “condiciones ordinarias”.
“Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad”, aclara el comunicado.
Aquellos que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables, serán condenados a penas de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.
Santos, en una breve alocución luego de la firma del documento por las partes, aseguró que se alcanzó un logro mayor, en el que se comprende la mayor satisfacción posible para las víctimas del conflicto colombiano.
Además, reconoció el paso que ha dado las FARC, aludiendo que junto al Gobierno avanza en el camino más noble que puede tener cualquier nación, que es el de garantizar la paz.
“Esto demuestra la madurez que ha alcanzado este proceso. El Jefe de las FARC y yo hemos acordado que a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final. El 23 de marzo de 2016 será la fecha límite para terminar el conflicto”, recalcó Santos.
Por su parte, Timoleón Jiménez mostró su satisfacción por los términos del acuerdo, que satisface a todos los involucrados en el conflicto, sobre bases restaurativas y no punitivas, que ayude a la reconstrucción de la sociedad colombiana.
“Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto: combatientes y no combatientes. Desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa abre las posibilidades de ofrecer verdades halladas y plena”, sentenció el líder de las FARC-EP.
Así mismo se dio a conocer que luego de la rúbrica del acuerdo final se dispondrán de 60 días para hacer dejación de las armas.
Ambas partes agradecieron al gobierno de Cuba, por su compromiso con la paz de Colombia, a Noruega, como garante, a Venezuela y Chile, “como países acompañantes” y a otros actores en el proceso durante los últimos tres años.
“Quiero agradecer al presidente Raúl Castro, al gobierno de Cuba por su magnífica hospitalidad y sobre todo por su compromiso por la paz de Colombia”, agregó el presidente colombiano.
También hizo uso de la palabra el presidente cubano Raúl Castro, quien felicitó a las partes por los acuerdos logrados, los cuales calificó de importantes pasos de avance para lograr la paz que “anhela y merece el pueblo” de Colombia.
“Aun quedan dificultades enormes por superar, pero tenemos la certeza de que serán vencidas. La paz en Colombia no solo es posible; es indispensable”, dijo Raúl, y aseguró que Cuba continuará siendo garante del diálogo entre las FARC-EP y el Gobierno.
Participaron además en el encuentro Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba; los garantes de Cuba y Noruega para el proceso de paz, así como los representantes por Venezuela y Chile quienes fungen como países acompañantes.
Este es el cuarto acuerdo que se alcanza en la capital cubana de una agenda de seis puntos que se discute desde el 19 de noviembre del 2012. Ya han sido finiquitados los temas de solución al problema de la tierra, drogas ilícitas y participación política.
Raúl Castro: La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable
Palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el acto para la firma de Acuerdos sobre la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, en el Salón de Protocolo de Cubanacán, el 23 de septiembre de 2015.
Excelentísimo señor Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia;
Comandante Timoleón Jiménez, Jefe del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo;
Delegados del gobierno de Colombia y las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones de La Habana;
Distinguidos representantes de Noruega, País Garante junto a Cuba, de Venezuela y Chile, países Acompañantes.
Estimados participantes en este acto:
Seré muy breve.
Ante todo, felicitaciones al Presidente Santos y al Comandante Timochenko y sus respectivas delegaciones, por los importantes acuerdos anunciados hoy.
Las conversaciones marchan por buen camino. Estos acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance. Estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano.
La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable. Pero requiere gran esfuerzo y voluntad, como el que están demostrando las dos partes.
Mucho se ha avanzado. Mucho más lejos que nunca antes. Aún quedan dificultades enormes por superar, pero tenemos la certeza de que serán vencidas.
El profundo respeto a las posiciones de las dos partes, la absoluta imparcialidad, la discreción y el apoyo firme, consistente y solidario, continuarán caracterizando la modesta contribución de Cuba al proceso de paz. Es nuestro deber.
No descansaremos en nuestros esfuerzos hasta que se logre el ansiado objetivo de la paz estable y duradera para la querida Colombia. Se hará realidad, en este caso, el compromiso que asumimos los Jefes de Estado y de Gobierno, en la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) cuando firmamos la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
Muchas gracias.
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Juan Manuel Santos: “No vamos a fracasar, ha llegado la hora de la paz”
Palabras de Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, en el acto para la firma de Acuerdos sobre la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, en el Salón de Protocolo de Cubanacán, el 23 de septiembre de 2015.
Muy buenas noches:
En este mismo salón el año pasado los delegados de mi gobierno y de las FARC recibieron a 60 víctimas del conflicto armado y expresaron aquí todo su dolor, y también sus anhelos de paz.
Hoy he venido a La Habana, en primer lugar, para anunciarles a mis compatriotas, a los colombianos, al mundo entero, pero en especial a las víctimas, que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción, que vamos a lograr máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos.
Hemos acordado, como acaban de oír, crear una Jurisdicción Especial para la Paz que nos va a garantizar que los crímenes cometidos en ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos, no quedarán en la impunidad.
La Jurisdicción constatará de un tribunal y una sala de justicia que van a investigar, juzgar e impondrán sanciones por estos delitos. Este es un logro mayor.
Ya habíamos acordado la creación de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, y estamos muy avanzados en los acuerdos en materia de reparación.
El tribunal cierra entonces el círculo de un sistema de rendición de cuentas que no es impuesto con posterioridad, sino que surge de un acuerdo, como tal vez no se haya hecho en ninguna negociación de paz. Esto demuestra la madurez que ha alcanzado este proceso.
Desde la orilla de las instituciones quiero reconocer y valorar el paso que hoy han dado las FARC. Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, en esa dirección más noble que puede tener cualquier sociedad, que es la de la paz.
He venido a La Habana también para hablar con Timoleón Jiménez, jefe del Secretariado de las FARC. Tan importante como satisfacer los derechos de las víctimas, es asegurar que no haya nuevas víctimas, que se acabe definitivamente el conflicto armado en Colombia.
El Jefe del Secretariado de las FARC y yo hemos acordado que a más tardar en seis meses, ¡seis meses!, debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final. No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar, pero esa es la instrucción que les hemos dado a nuestras delegaciones, que terminen el acuerdo lo más pronto posible. Un acuerdo que no es cualquier acuerdo, es el fin de una guerra de 60 años, la más larga de nuestro continente, la única de nuestro continente; un acuerdo que debe sentar las bases de una paz que verdaderamente sea estable y duradera, que cierre definitivamente los ciclos históricos de violencia y que responda a las expectativas de los colombianos de una paz con justicia; un acuerdo que todo los colombianos tendrán la oportunidad de refrendar, de decir sí o no.
Y también acordamos, como se acaba de anunciar, que las FARC comenzarán a dejar las armas más tardar a los 60 días después de la firma del acuerdo final.
La condición fundamental de este proceso es que tenemos que romper de una vez por todas y para siempre cualquier vínculo entre política y armas, por eso el proceso de dejación de armas debe culminar a la mayor brevedad. Y a nosotros, como gobierno, nos corresponde dar todas, todas las garantías de seguridad a las FARC y emplearnos a fondo en la implementación de los acuerdos, para poner en marcha las transformaciones que hemos pactado: la reforma rural integral, la nueva apertura democrática, la solución al problema de las drogas ilícitas, y ahora los acuerdos sobre víctimas.
Esto nos debe llevar a garantizar más participación, más bienestar y más equidad, porque de eso se trata este proceso, de poner fin al largo conflicto armado que ha vivido Colombia y de hacer las transformaciones necesarias para que nunca más, ¡nunca más!, se vuelva a repetir.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer, en primer lugar, al presidente Raúl Castro, al gobierno de Cuba, por su magnífica hospitalidad y, sobre todo, por su compromiso con la paz de Colombia.
Agradezco igualmente al gobierno de Noruega que, como País Garante, ha sido espléndido, su apoyo ha sido fundamental.
Le agradezco a Venezuela y a Chile que han servido como Países Acompañantes.
También al Enviado Especial de Estados Unidos, Bernard Aronson, le agradecemos toda su ayuda.
Agradezco también al grupo de juristas que ha trabajado arduamente en este acuerdo para la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Finalmente quiero agradecerles a los miembros de la delegación del gobierno por todo el trabajo que han hecho durante estos últimos tres años. Si podemos hoy anunciar que en seis meses concluirá el proceso, es por los avances que con tanto sacrificio ustedes han logrado.
Y quisiera, para terminar, retomar las palabras y las oraciones del Papa Francisco que nos deben inspirar en este camino; él dijo hace unos pocos días aquí, en La Habana que hacía votos porque se sostuvieran todos los esfuerzos que se están haciendo en esta bella isla para una definitiva reconciliación. Y dijo también: No podemos permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. No vamos a fracasar, ha llegado la hora de la paz.
Muchas gracias
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Timoleón Jiménez: Ahora construir consensos que nos aproximen al cese del fuego bilateral
Palabras del Comandante Timoleón Jiménez, Jefe del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en el acto para la firma de Acuerdos sobre la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, en el Salón de Protocolo de Cubanacán, el 23 de septiembre de 2015.
Para todos muy buenas noches.
Señor presidente de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz;
Señor presidente de Colombia, Juan Manuel Santos;
Señor canciller de Cuba, Bruno Rodríguez;
Señores Garantes, de Noruega Dag Nylander y de Cuba Rodolfo Benítez;
Señores acompañantes, Roy Chaderton, de la República Bolivariana de Venezuela y Luis Maira, de Chile;
Señores y señoras plenipotenciarios del gobierno;
Compañeros de la delegación de paz de las FARC-EP:
Permítanme expresar nuestra gran satisfacción por el cierre exitoso del Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, trabajado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP que, sin duda, generara ambiente propicio para avanzar en convenios sobre las restantes temáticas de la agenda.
Nos complace anunciar que esta Jurisdicción Especial para la Paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto —combatientes y no combatientes— y no solo para una de las partes, desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa, abre la posibilidad de ofrecer verdad detallada y plena para sentar bases para la reparación y no repetición, que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad.
La Jurisdicción Especial de Paz que establece un modelo absolutamente respetuoso con las obligaciones internacionales de Colombia y de las normas humanitarias, seguramente será observado y tenido muy en cuenta en otros procesos de paz.
Corresponde a las partes ahora multiplicar los esfuerzos dirigidos a la construcción de consensos que nos aproximen al cese al fuego bilateral, a definiciones sobre dejación de las armas y la transformación de las FARC-EP en movimiento político legal, generando condiciones específicas como las del desmonte del paramilitarismo.
El actual proceso de paz es el único en el mundo que ha acordado un sistema integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: los de verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Aspiramos a que nada detenga ahora el raudal de un pueblo que exige paz y desea fundirse a perpetuidad en un abrazo de reconciliación, un pueblo que quiere palpar con sus propias manos las bondades desconocidas de la justicia social y sentir con el advenimiento de la democracia verdadera que la exclusión y la desigualdad empiezan a convertirse en un brumoso presente que se aleja.
Con la creación de esta Jurisdicción Especial para la Paz, hacemos realidad lo reiterado en la mesa de conversaciones en cuanto a que las víctimas del conflicto están en el centro del acuerdo. La jurisdicción de la que informamos examinará los hechos ocurridos durante el conflicto armado, establecerá responsabilidades y procederá a sancionar a quienes incurrieron en graves infracciones contra los derechos humanos, infracciones al DIH y crímenes de lesa humanidad.
Hemos buscado que con la creación de esta Jurisdicción Especial para la Paz se satisfagan en el campo de la justicia las aspiraciones del pueblo colombiano, de las víctimas, de los defensores de los derechos humanos y de la comunidad internacional.
Las partes en las conversaciones procuraron conjugar el derecho a la paz como el derecho síntesis de todos los derechos humanos —civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales— con la lucha contra la impunidad que carcome a Colombia desde hace décadas y que ha permitido que las agresiones contra el pueblo no sean nunca debidamente castigadas, siendo ello otro impedimento para la paz.
El sistema está diseñado para que todas las partes involucradas en el conflicto —combatientes y no combatientes— tengan oportunidad de ofrecer verdad exhaustiva, detallada y plena, lo que puede permitirles acceder a medidas sancionadoras de carácter restaurativo de reparación para las víctimas. Y las sanciones serán alternativas para quienes únicamente ofrezcan una parte de la verdad y retributivas para quienes negándose a ofrecer verdad sean condenados en juicio. En uno u otro caso, para los responsables las penas pueden alcanzar hasta 20 años de cárcel, es decir, 12 años más de prisión que lo establecido en la última Ley de Justicia Transicional, la 975 de 2005, aprobada por el Estado colombiano.
En tanto los acuerdos respetan el ordenamiento jurídico internacional, contemplan la aplicación del Artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte y que dispone: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.” Es obvio entonces que no será amnistiable ninguna infracción que sea considerada crimen internacional, según las leyes y tratados internacionales.
Además del componente de justicia, el sistema está integrado por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ya acordada por una política de reparación integral a víctimas y por medidas que garanticen la no repetición.
Las FARC-EP ya han ofrecido este tipo de garantías al tomar la determinación de pactar la dejación de armas y convertirse en organización legal. De su parte, el Estado deberá ofrecer medidas efectivas de no repetición, como la eliminación de cualquier vestigio de la Doctrina de Seguridad Nacional, la dedicación del Ejército a defender las fronteras y la soberanía nacional, la destinación de la policía a mantener el orden público y la erradicación del fenómeno del paramilitarismo.
La Jurisdicción Especial para la Paz dispone de un mecanismo judicial de ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades de carácter voluntario y un tribunal para la paz que juzgará a quienes se nieguen a ofrecer verdad y reconocer responsabilidades.
Resaltemos que, aun habiendo pagado un alto costo por rebelarnos contra la injusticia, sufriendo también nuestros familiares y allegados las consecuencias de la represión, poniendo en peligro hasta sus vidas. Como insurgentes estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios sin ningún fundamento ni fórmula de juicio. Como se refleja en el último informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia, la insurgencia ha sido perseguida implacablemente, con todo tipo de medidas y procedimientos; no han sido las organizaciones guerrilleras las que han disfrutado de impunidad, sino los agentes del Estado y los grupos paramilitares.
Creemos imprescindible entonces que el resto de actores del conflicto, tanto los que han combatido como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad, y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano sin escatimar un ápice de verdad.
Todo se lo debemos a los colombianos y a las colombianas y en especial es nuestra obligación, respecto a las futuras generaciones, para que nadie vuelva a padecer lo que hemos vivido. Por ello pensamos en que es necesaria una gran jornada de contrición en la que se pueda juntar el universo de la gente involucrada en el conflicto —combatientes y no combatientes— para limpiar las conciencias, ofrecer verdad y asumir responsabilidades.
La jurisdicción especial de paz que hemos creado, debe inspirarnos a mirar hacia adelante, a acordar sobre el futuro de nuestra patria y dejar de confrontar por el pasado. Debe ser un paso que ayude a impulsar las grandes transformaciones sociales y políticas que deben surgir del acuerdo de paz que estamos empeñados en alcanzar, porque no podemos permitir que, al igual que en anteriores intentos de diálogo sucedidos en nuestro país o en distintos lugares del mundo, no se acometan los cambios estructurales que sirvan como la mayor garantía de no repetición de lo ocurrido.
Hoy anunciamos al país que haremos todo lo que esté a nuestro alcance por lograr en pocos meses el acuerdo final de paz, y exhortamos a nuestra contraparte en la mesa a hacer lo mismo, levantando la voz del NUNCA MÁS sobre los cimientos de la verdad, la justicia y la reparación como un inmenso farallón andino que detenga para siempre la confrontación armada entre colombianos, favoreciendo la concordia en la América nuestra.
Solo nos resta expresar gratitud por su esmero y profesionalismo a los juristas Manuel José Cepeda, Álvaro Leyva Durán, Juan Carlos Henao, Enrique Santiago, Douglas Cassel y Diego Martínez.
Gracias al presidente Raúl Castro, al Comandante Fidel y al pueblo de Cuba por su solidaridad y altruismo.
Gracias a la República Bolivariana de Venezuela por su apoyo incondicional a la paz de Colombia.
Gracias países garantes de los diálogos: Noruega y Cuba y gracias Chile por su acompañamiento.
“El que siembra amor, cosecha amor, y el que siembra amor, amor tendrá.”
Coincidiendo con el Papa Francisco, debemos insistir en que: “No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación.”
Esta victoria no le podrá ser arrebatada al pueblo de Colombia.
Hasta ahí, compañeros presentes, nuestra posición frente al hecho histórico que se ha dado hoy en esta isla de la libertad.
Simplemente me queda reiterarles que, desde que iniciamos este proceso estamos buscando la paz que nos lleve a la reconciliación y que nos garantice a los colombianos la reconstrucción de nuestra patria sobre parámetros nuevos.
Pensamos que marchamos en la dirección correcta, pero quiero aprovechar la ocasión para llamar a toda la sociedad colombiana a que aunemos esfuerzos para neutralizar el odio y la retaliación. Creo que debe ser la tarea número uno a partir de este momento, y seguro que si generamos este ambiente, vamos a avanzar mucho más rápido de lo que acordamos hoy con el presidente Santos.
Es más, la orientación que tiene nuestra delegación es hacer el máximo esfuerzo por tratar de cumplir llegar a un acuerdo final antes de los seis meses.
Si hay voluntad política, si no se atraviesan escollos en el camino, si no se ponen impedimentos, están dadas las condiciones. Hemos superado uno de los temas más complejos, complejos por todas las trabas que se pusieron desde un principio, pero que con paciencia, con ponderación, con mucha discusión, con mucha consulta con todos los sectores de la sociedad colombiana y en especial con las víctimas, logramos encontrar una fórmula aceptable por ambas partes, y eso después de despejar el camino. Pero si se sigue manteniendo, de parte de algunos sectores, el odio y la retaliación, vamos a encontrar dificultades en el camino que estamos dispuestos a buscar superarlas, pero si toda la sociedad se unifica alrededor de este objetivo común de la paz con justicia social, señor presidente Santos, de seguro que antes de los seis meses, estaremos dando el anuncio al país de esta buena nueva.
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Muchas gracias a todos y a todas.
Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz
La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015
1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.
3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.
4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprom
eta a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.
