El Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile –máxima instancia de definición, que congrega a los presidentes regionales de Arica a Punta Arenas- en reunión sostenida este sábado en Santiago, acordó desarrollar una agenda de acciones tendientes a convertir en una oportunidad para el país la controversia suscitada por las publicaciones de revista Qué Pasa que derivaron en una querella de la Presidenta Michelle Bachelet.
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El objetivo es fortalecer las libertades de expresión y prensa, junto al derecho a la información y el rol social de los medios de comunicación.
En la ocasión además se expresó el completo respaldo a las acciones realizadas hasta hoy por la mesa directiva nacional y su Presidenta.
De esta forma, se mandató a la mesa directiva, presidida por Javiera Olivares, para que junto a la Bancada Transversal por la Democratización de las Comunicaciones lidere la presentación de una iniciativa que permita eliminar de la legislación chilena, tanto de la Ley de Prensa como del Código Penal, las leyes que establecen penas corporales (de presidio) para infracciones vinculadas con la libertad de expresión.
Esto, en coherencia con la jurisprudencia internacional y los tratados suscritos por Chile en la materia.
A esta acción se sumará el reimpulso, también junto al grupo de diputados y senadores que conforman la bancada, del proyecto de ley que buscaba la recuperación de la tuición ética de los colegios profesionales, que permitiría dirimir este tipo de situaciones sin judicialización penal y que hoy se mantiene en el parlamento sin urgencia, desde el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Por último, el consejo que reúne a la mesa directiva nacional y a los presidentes regionales de todo el país, acordó requerir a la Fiscalía Nacional Económica que publique un informe sobre el mapa de concentración mediática en Chile, para determinar si se ajusta a estándares internacionales en la materia.
Al respecto, Olivares indicó que “como Colegio de Periodistas de Chile, con el respaldo de todos los dirigentes nacionales, hemos decidido convertir lo que ha ocurrido en una oportunidad política para el país, en aras de avanzar no sólo en la resolución de caso Qué Pasa, sino también en más democracia para nuestro sistema de medios.
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Por ello, hacemos un emplazamiento público a las autoridades gubernamentales y a todos aquellos que en estos días han alzado su voz para defender la libre expresión, a sumarse a avanzar en más pluralismo y dar muestras claras de su voluntad por luchar contra la concentración de la propiedad y el ejercicio de una prensa ética, que es lo que hemos venido planteando desde hace años y particularmente ahora, en el marco del proceso constituyente, con la necesidad de instituir en la nueva Constitución el Derecho a la Comunicación».
