La fiscal Ximena Chong, que investiga los delitos de los que está acusado el senador Jaime Orpis, recientemente desaforado, recibió el miércoles un informe policial elaborado por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI donde se entregan datos de pagos ejecutados por cuatro empresas al parlamentario.
El informe incluye el testimonio de Cristian Maturana jefe jurídico de Entel, que reconoce la entrega de recursos a Orpis, a través de gente ligada a su entorno. De esta manera aparece Lorena Lara, ex nuera de la asesora del parlamentario, Viviana Quiroz.
Lara emitió dos boletas por $5 millones en 2009 por «servicios de arquitectura» los cuales queda por determinar si fueron prestados. Estos pagos fueron cargados a los centros de costos de la gerencia de finanzas que a esa fecha era ocupada por Felipe Ureta y a la gerencia general que al momento de la emisión la ocupaba el actual director de la empresa Richard Buchi, hermano del ex candidato presidencial Hernán Buchi.
Junto con Entel, en el informe de la PDI aparecen otras tres empresas pagando sumas a Orpis a través de boletas a gente de su círculo. Por ejemplo un documento por $2 millones extendido a nombre de Bárbara Molina, asesora de Orpis por Agrícola Tarapacá, ligada al grupo Ariztía.
En un caso similar está la empresa de comunicaciones GTD que aparece pagando $5 millones a Carolina Gacitúa, en 2010. Esta asesora de Orpis también es investigada en relación a Corpesca.
En el caso de Costanera S.A. el informe detalla un pago por $1 millón 800 mil a Bárbara Molina.
Del “centro de costos” del ex gerente general de Entel, hoy director de la empresa, Richard Buchi Buc, habría salido uno de los aportes ilegales por $5 millones a la campaña del UDI Jaime Orpis de 2009.
La información consta en la declaración entregada por el abogado de Entel, Carlos Maturana Miquel, a los detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) el pasado 28 de diciembre, en el marco de la investigación que lleva la fiscal Centro Norte Ximena Chong, por los pagos de Corpesca al senador gremialista.
Existe otro documento tributario, también de $5 millones, fechado el 26 de agosto de 2009 que contablemente fue adscrito al centro de costos del entonces y actual gerente de finanzas y control de gestión de Entel, Felipe Ureta Prieto.
Las boletas fueeron emitidas por Lorena Lara, nuera de Viviana Quiroz, ex jefa de gabinete de Orpis, el 26 de agosto y el 13 de octubre de 2009, es decir, en plena campaña senatorial por la circunscripción Arica-Parinacota, donde Orpis fue elegido. Según consta en la carpeta, Quiroz habría utilizado los documentos de Lara, que contemplan la glosa de “servicios de arquitectura”, sin su autorización.
Maturana indicó que tomo conocimiento de los hechos en septiembre de 2015, luego de que este diario revelara la existencia de las boletas de Lara a la compañía. De inmediato, que inició una indagatoria interna, pero al respecto aseveró que no pudo encontrar a las personas que habrían efectuado los pagos, aun cuando los jefes de finanzas y y gerencia general tenían en control de los centros de costos.
Según Maturana, Entel rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) estas boletas, ya que no existían trabajos efectivamente prestados. El pago incluye multas, intereses y reajustes.
Desde Entel explicaron que “los antecedentes que teníamos como empresa fueron aportados a la investigación correspondiente”.
Actualmente, Orpis espera los alegatos en la Corte Suprema, luego que el tribunal de alzada capitalino resolviera desaforarlo por su responsabilidad en delitos de lavado de activos, cohecho y malversación imputados por la fiscal Chong. Esto por la recepción a través de sus boleteros por cerca de $ 300 millones.
En este mismo caso, la fiscal Centro Norte, a través de la PDI, descubrió una boleta pagada a la ex asesora de Orpis, Bárbara Molina por la firma Agrícola Tarapacá, perteneciente al grupo de empresas Ariztía.
Se trata de un documento tributario fechado en diciembre de 2009 por $ 2 millones, que fueron a parar a la campaña del senador gremialista.
En esta indagatoria Ariztía nunca había sido mencionada. La firma entregó información a los detectives de la Bridec a través del contador general Jaime Pérez, como da cuenta la carpeta de investigación.
En esa línea, también la PDI interrogó en calidad de testigo a Enzo Prada, actual administrativo de Agrícola Tarapacá.
De acuerdo a su testimonio, carecía de la información de las oficinas de Arica, donde se ubica la sociedad mencionada, ya que las bodegas donde se guardaba documentación fueron arrasadas por un incendio.
