Más de cien facturas a nombre del Ejército de Chile por servicios informáticos que nunca se habrían prestado, ascendentes a $6 mil millones aproximadamente (unos US$ 9,63 millones); dos licitaciones de plataformas digitales en que se detectaron anomalías, y el presunto pago de $200 millones en coimas al ex jefe de Informática del Comando de Bienestar de la institución, el mayor (r) Mauricio Lazcano Silva, en la foto. Por esos delitos, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte lo formalizó por estafa y servicios inexistentes prestados al Ejército de Chile, junto a dos ejecutivos de la empresa Power-Ti S.A.
Todo eso investiga la Fiscalía Centro Norte luego que la propia institución realizara en sus dependencias una denuncia, que tiene como fecha el 19 de enero pasado. Los antecedentes también están en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y del Servicio de Impuestos Internos (SII) ante la posible aparición de facturas ideológicamente falsas.
Horas después de que el Ejército estampara la acusación en el Ministerio Público, el propio denunciado -hoy ex miembro de la institución- acudió junto a su abogado Ángel Valencia para “autodenunciarse” y entregar todos los antecedentes por los cuales hoy es indagado.
En esa oportunidad, el mayor (r) explicó que en marzo de 2013, cuando estaba a cargo de Informática del Comando de Bienestar, conoció a Eduardo Olmedo, representante de la empresa Power-Ti. Dicha firma había participado de licitaciones anteriores sobre softwares para esta repartición del Ejército.
En esa época, la Contraloría le había ordenado a la institución unificar los sistemas informáticos del comando, y fue en ese momento cuando empezó, según su declaración, una relación irregular con ese oferente.
Desde entonces habría recibido nueve pagos de $8 millones de parte de Power-Ti contra boleta ideológicamente falsa de familiares suyos.
Antecedentes y facturas
A dichos pagos, de $72 millones, que están siendo analizados por la policía, se suma la confesión del propio mayor (r) Lazcano, quien aseguró haber recibido $200 millones que utilizó para pagar deudas. Por tal motivo se abrió la indagatoria por cohecho.
De acuerdo con la investigación, Power-Ti hizo durante casi dos años facturas a nombre del Ejército por sumas de entre $400 y $500 millones por servicios informáticos ficticios. Luego -con la firma concedida por el jefe de Informática del comando, es decir, Lazcano- iba a seis distintos factorings de entidades bancarias como Scotiabank y Bci para que le pagaran.
Estos a su vez llamaban o notificaban al Ejército para que la institución señalara si era real esta deuda con la empresa de Olmedo, y como el encargado de visar esos pagos era Lazcano, la estafa se concretaba.
El Ministerio Público cuenta con cientos de facturas que está por analizar; 46 de ellas fueron recuperadas desde los factorings , pero aún hay decenas que están en manos de bancos y en que el Ejército aparece como deudor.
En su confesión, el ex oficial -quien se acogió a retiro el 30 de noviembre pasado- dijo que durante dos licitaciones en que él preparó las bases asesoró a Power-Ti infringiendo sus deberes como funcionario público, de no revelar información de procesos de licitación.
Consultado al respecto, el Ejército confirmó la denuncia ante el Ministerio Público y el envío de antecedentes al CDE.
Fuente: El Patagónico
Investigan a mayor (r) del Ejército de Chile por estafa cercana a los $6 mil millones
La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte formalizó a un ex militar y dos ejecutivos de la empresa Power-Ti S.A. por servicios inexistentes prestados al Ejército de Chile.
Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal jefe de Alta complejidad Centro Norte, José Morales, detalló que en fechas indeterminadas entre el año 2013 y 2014, el imputado Mauricio Lazcano, en su calidad de teniente coronel del Comando de Bienestar del Ejército y actuando como jefe informática, aceptó recibir beneficios económicos de la empresa Power-Ti S.A.
Al ex militar se le acusa de los delitos de cohecho, al favorecer en proceso de licitación a la empresa por servicios informáticos que en definitiva no habrían sido prestados.
A su vez, el fiscal comunicó cargos en calidad de co-imputados para Eduardo Olmedo Prado y Claudia Marín Aguilera, quienes consintieron dar un beneficio económico. A los tres encausados se les añade los cargos de negociación incompatible y estafa. En tanto, Lazcano quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El persecutor penal explicó que “para las licitaciones se reunía Lazcano con Olmedo, para participar de una licitación de la empresa de su familia, del dinero que recibió Olmedo se le entregaba para sus beneficios”.
Morales detalló que “inventaban una factura de la empresa Power-Ti, para luego trasladarlas a dependencias del Ejército, donde Lazcano las validaba como servicio prestado. Con ellas iban a los factoring, como servicios que había prestado el Ejército y esos dineros nunca iban a ser devueltos, ya que eran servicios que nunca habían comprometido”.
Por su parte, el defensor del militar en retiro, Ángel Valencia aseguró que nunca su representado negó de los pagos:
“Colaboró con unas personas que perjudicaron con los factoring está acreditado. No ha negado recibir dinero”.
Por último, el Ministerio Público estableció que era la gerente de Power-TI, Claudia Marín, la encargada de concurrir a las empresas de factoring donde se suscribían los contratos, mediante los cuales se cedía el servicio de cobranza futura de dichas facturas a estas empresas, recibiendo los pagos adelantados con el respectivo descuento que asciende a más de $6 mil millones de pesos.
Fuente: Radio Bío Bío