Luego de concluída la segunda jornada de la audiencia de formalización del caso Penta, quedó aún más firme la conclusión de la primera: los antecedentes entregados por el Ministerio Público fueron tan sólidos e irrebatibles, que a las defensas no les quedó otra opción que asilarse en tecnicismos legales, si es que no lanzar la pelota hacia la galería. De hecho, la audiencia estuvo cruzada por el brillante, por lo conciso, cierre de la exposición del Fiscal Carlos Gajardo: en empresas Penta se generó una cultura de la evasión, prácticada desde sus principales controladores y ejecutivos, hasta el último de los funcionarios, y que se convirtió en una máquina de defraudar al Fisco. La audiencia se prorrogó para mañana, cuando se escuchará la defensa de cuatro de los imputados, luego de lo cual se abrirá el espacio para las réplicas del Ministerio Público y demás querellantes. Los cinco pentapersonanes de la foto están con solicitud de presión preventiva. Muy difícil que el magistrado no la conceda.
A principios de la audiencia, Carlos Alberto Délano leyó una declaración en respuesta al aludido cierre del Fiscal Gajardo, lo cual instaló en el caso en la dimensión política, donde en realidad corresponde, sin perjuicio de que invocó el típico lugar común del discurso neoliberal, en el sentido de que «Penta es una máquina para dar trabajo y aportar al progreso».
En su declaración, el controlador del holding señaló:
«Quiero referirme al desmedido y alejado de la realidad eslogan publicitario del señor fiscal. Y esto se lo quiero decir a los más de 30 mil empleados de Penta y sus familias y cuyo lugar de trabajo ha sido ofendido públicamente ayer en la audiencia. Quiero decir que empresas Penta es una máquina cuyo corazón ha latido para crear empleo, emprendimiento, educación, salud, banco, pensiones, seguros, proyectos inmobiliarios para miles de personas. Quiero decir que empresas Penta es una máquina para dar trabajo y aportar al progreso de Chile».
Su socio, Carlos Eugenio Lavín, sostuvo que la formalización «la veo complicada por supuesto, pero más que todo la veo de una injusticia realmente impresionante.
Que después de 50 años de trabajo y de formar empresas en Chile termine uno acusado porque le miraron el basurero de la casa». Al ser consultado por la prensa sobre la investigación de la Fiscalía, Lavín contestó: «No sé si llamarla persecución, pero…»
La respuesta provino de la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, en otro de los momentos más álgidos y polémicos de la audiencia de formalización:
«El señor Délano dice que empresas Penta ha dado grandes trabajos al país. Bueno, las organizaciones de tráfico de drogas también crean trabajos, también generan impuestos, empleos y riqueza». .
Luego, agregó:
Despues de recordar que los autores de las maniobras ilícitas que condujero a la crisis económica de 1982 invocaron ese mismo argumentos, y que quedaron en la impunidad, agregó:
«¿No entienden acaso que la legalidad es para todos y qué si hay normas que los obligan a seguirlas respecto a su conducta como contribuyentes en un Estado democrático, tienen que seguirlas? ¿Es algo que no se entiende?. ¿De qué estamos hablando? ¿Hay personas que deben seguir las normas y otras no por ser empresarios emprendedores?. No sé si estas personas creen que los chilenos somos tontos al decir argumentos pueriles».
La audiencia propiamente tal se inició con la exposición del Fiscal Pablo Norambuena, acerca de responsabilidad de Pablo Wagner, cuyo grado de compromiso, a juzgar por los hechos expuestos hasta acá, es una de las más comprometidas, junto con la de Hugo Bravo, que además recibió nutrido fuego «amigo», como se verá luego.
El Fiscal detalló cómo Pablo Wagner se apropioó de $42 millones de manera fraudulenta, tras lo cual lo imputó por los delitos de cohecho, fraude tributario y lavado de activos, y solicitó ña medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo a la exposición de Norambuena, Wagner recibió un pago de $3 millones cada dos meses, de parte de las empresas Penta, durante los dos años y 3 meses en que se desempeñó en el gobierno de Sebastián Piñera.
Esa es la principal imputación que la Fiscalía le atribuyó al ingeniero comercial, a quien sindica como autor de cohecho, fraude tributario y lavado de activos en el marco de la investigación que dirige el fiscal nacional Sabas Chahuán.
Durante la extensa audiencia de formalización que se inició ayer y que se espera se prolongue hasta mañana, cuando el juez del 8º Juzgado de Garantía Juan Manuel Escobar dicte las medidas cautelares para cada uno de los diez encausados, el fiscal Pablo Norambuena detalló cómo Wagner –representado por el abogado Gonzalo Medina- se embolsó un total de $42 millones de pesos de manera fraudulenta.
Según detalló el persecutor, antes de asumir el cargo en el gobierno, el imputado se desempeñó durante 12 años en el holding con una remuneración mensual de $10 millones. Su llegada al servicio público, sin embargo, le significó una notoria disminución en sus ingresos, razón por la cual Wagner decidió no cesar sus actividades con el grupo y llegar a «un acuerdo entre caballeros».
Lo anterior comenzó a ser negociado en la víspera de asumir en La Moneda a través de correos electrónicos intercambiados entre el ingeniero y los controladores del holding Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. En ellos, Wagner explicaba que su llegada al servicio público se traducía en una baja en su ingreso mensual, por lo que «cualquier ayuda mi familia se lo agradecerá».
El vínculo entre los controladores de Penta y la ex autoridad se mantuvo a tal punto que el ingeniero propuso para el directorio de Codelco al entonces ministro de Minería, Laurence Golborne, a su ex empleador Carlos Eugenio Lavín. En este escenario, Wagner siguió recibiendo en su cuenta corriente una serie de pagos de parte del holding, los cuales «sólo cesaron una vez que el señor Pablo Wagner dejó su cargo público debido a una situación con el litio donde él presenta su renuncia a partir del 4 de octubre de 2012», detalló el fiscal.
De acuerdo a lo expuesto por el persecutor, lo anterior acredita además que el ex subsecretario intentó ocultar estos pagos, hechos que revisten el carácter del delito de lavado de activos. «Los beneficios económicos que él recibió son sobre la base de la corrupción», agregó, enfatizando que las maniobras que realizó el imputado para esconder dichas utilidades «dicen relación con utilizar a un tercero, que en este caso es María Carolina de la Cerda, su cuñada, para que emitiera boletas a nombre de las distintas empresas Penta que le fueron disponiendo las personas que lo sobornaron con el objeto de que se colocara un manto que tapara esta corrupción y estos dineros».
Por estos actos, en tanto, la Fiscalía pidió su prisión preventiva, argumentando que la libertad del ex subsecretario representa un peligro para la seguridad de la sociedad:
«En cuanto a la necesidad de cautela nos parece que se debe tener presente que, en nuestro concepto, la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, fundamentalmente por la gravedad de las penas que enfrenta, dada la reiteración, por lo tanto, nos parece que el imputado Wagner puede enfrentar penas efectivas».
Agregó:
«Acá hay ataques a bienes jurídicos relevantes, como la probidad pública, se afectó el correcto desempeño de la administración del Estado, un funcionario de la más alta jerarquía, ya no estamos hablando de la corruptela que hubo en Impuestos Internos, estamos hablando de la corrupción que ocurrió en el seno de la Subsecretaría de Minería.
«La gravedad de las conductas y el carácter de las mismas, también es un elemento a considerar para la necesidad de la cautela. Hay que ser implacables, hay que ser severos con la corrupción y nos parece que la medida cautelar más intensa es la que corresponde», añadió Norambuena, quién resaltó que «Wagner viene delinquiendo por años, hay peligro de reiteración, hay una conducta reiterada. Entonces, si nos preguntan ¿quién es el señor Wagner para efectos del arraigo?, yo tengo que responder de acuerdo a la investigación. Es una persona vinculada al servicio público, pero que recibió pagos, dineros y sobornos durante toda su actividad».
Norambuena, además, enfatizó que el ex subsecretario «cuando dejó de ser funcionario público y durante su permanencia como funcionario público comete delitos tributarios, además realiza maniobras de ocultamiento del origen ilícito de esos dineros».
«También hay conductas de lavados de activos que también entran a poner en crisis la situación procesal del señor Pablo Wagner: número de delitos, carácter de los mismos, penas efectivas sin beneficios, actuó concertadamente en grupo o pandilla, por lo tanto, nos parece que cualquier atenuante que pudiera tener queda compensada y queda en un piso de presidio mayor en su grado medio, sin pena sustitutiva», destacó.
El fiscal precisó que «el delito tributario de fraude es uno de los delitos más graves que contempla la legislación, porque no deja de pagar impuestos, sino que obtiene devoluciones indebidas, y tiene pena de tres años y un día a presidio mayor en su grado medio».
«Estamos hablando de penas que aparecen como altísimas y nos hace que la necesidad de cautela se desarrolle mayormente, puesto que también existe un peligro de fuga, necesitamos asegurar al imputado para los actos del procedimiento, para el juicio oral y para el cumplimiento de la sentencia condenatoria», concluyó Norambuena en su justificación.
Situación de Juan Martínez
El fiscal Pablo Norambuena detalló que Juan Martínez es acusado de cohecho pasivo ya que «acepta recibir de Hugo Bravo directamente, o a través de Jorge Valdivia, distintas cantidades de dinero» y además solicitó una beca para su hijo médico en alguno de los centros de salud del grupo Penta, gestión que se realizó a través del fallecido ex martillero.
El persecutor señaló que «lo más grave que nos parece en la situación de Juan Martínez es que está sentado acá, pero también está sentado en su oficina de Impuestos Internos, él no ha sido suspendido de su cargo», por lo que reafirmó su petición de prisión preventiva para el imputado.
«Él sigue manejando información, él sigue teniendo acceso a la información, sigue teniendo una clave, hasta donde nosotros sabemos, él sigue teniendo la posibilidad de cometer más delitos, de reiterar las conductas, pero lo que es más grave, obstaculizar la investigación, destruir antecedentes», concluyó en su alocución el fiscal Norambuena.
Sin embargo, reanudada la audiencia de este jueves tras un breve receso, el persecutor aclaró que desde el SII le informaron que Juan Martínez está «suspendido provisionalmente» de sus funciones en el organismo público.
En su exposición mostró antecedentes que vinculan a Martínez, fundamentalemente con Hugo Bravo, con empresas Penta, en una relación de por lo menos 2007 hasta ahora, y que suministraba información sobre contribuyentes vinculados al grupo, y que en al menos una ocasión le prestó colaboración remunerada a Bravo.
Por su condición de funcionario público, Norambuena pidió para él la medida cautelar de prisión preventiva.
Consejo de Defensa del Estado
Enseguida vino el turno del Consejo de Defensa del Estado, representado por su propio Presidente, Juan Ignacio Piña, otro indicio de la gravedad de los delitos materia de la formalización.
Si bien respecto del resto de los imputados coincidió en la solicitud de medidas cautelares, se mostró en desacuerdo con las peticiones de la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos y solicitó prisión preventiva los ex gerentes del holding Hugo Bravo y Marcos Castro.
Piña manifestó que «hay una muy falsa dicotomía entre la posibilidad de ser una empresa que genera trabajo, genera empleo y que incluso trata bien a sus empleados, y que eso tenga que ver con la posibilidad o no de la comisión de delitos».
«El juego en el que se quiso entrar diciendo que prácticamente por el hecho de generar empleo y ser una de las empresas relevantes no podemos poner los ojos ahí donde los estamos poniendo, donde hay una multiplicidad de delitos que han sido cometidos y que han sido muy adecuadamente investigados por el Ministerio Público es una falacia de la que hay que escapar».
Agregó
«A eso quiso salir al atajo la consejera Horvitz -creo- de un modo muy adecuado. Ésta es una discusión que se puede reducir al absurdo. Si nosotros vamos a estimar que por el hecho de generar trabajo tenemos que hacer vista gorda de los delitos que se cometen estamos cometiendo un error fundamental, y a ese error hay que salir al atajo».
«La analogía respecto del narcotráfico puede parecer violenta, pero en el fondo es correcta, porque estamos haciendo una falacia de la cual hay que escapar (…) Es perfectamente posible que una empresa que genera muchos beneficios, que incluso genera empleo y ayuda al crecimiento, en el marco de su operación cometa muchos delitos, y eso no es óbice a que esos delitos se persigan», concluyó el presidente del CDE.
Servicio de Impuestos Internos
La intervención del Servicio de Impuestos Internos, querellante en la causa, fue asumida por el abogado Benjamín Ríos, cuyas primeras palabras fueron para ratificar la suspensión de Juan Martínez, y defender la actuación del servicio, en el sentido de que si ha obrado en forma pausada, ha sido para presentar el caso de una manera responsable.
Luego, dio cuenta que Samuel Irarrázaval Larraín, representante legal de la inmobiliaria Los Estancieros, emitió 72 boletas falsas:
«Durante seis años no hubo un mes en que no incluyera boletas falsas».
Luego, demostró que la Inmobiliaria Los Estancieros emitió boletas falsas, incluidas de las cónyuges de Délano y Lavín, por 872 millones de pesos.
Refutó la atenuante de reparación con celo del mal causado, al señalar la imposibilidad de que el perjuicio fiscal esté siendo resarcido, porque «siguen surgiendo nuevos delitos».
Ríos destacó la «gravedad» de la actuación de Wagner.
«La facilitación de boletas de Wagner posibilita el delito propio y el de la empresa destinataria. Luego, mete la mano al bolsillo del Fisco y obtiene una devolución indebida de impuestos. Las conductas de Wagner son reiteradas, los delitos múltiples y ameritan la máxima pena que la ley establece.
Por otra parte, señaló que del ex subsecretario tampoco ha habido ninguna colaboración con la investigación, con lo que descartó que en su caso concurran atenuantes.
Enseguida, destacó que los delitos imputados a Bravo «son graves», pero su colaboración y el pago realizado ya al SII ameritan el arresto domiciliario.
Le correspondió luego el turno al abogado Enrique Aldunate, querellante por el Partido Socialista. En términos suscintos, respaldó en todas sus partes la solicitud de medidas cautelares del Ministerio Público y el SII, y argumentó que le parece dudoso que «sólo por consignar un pago exista una reparación».
En su intervención, el abogado Pedro Orthusteguy, querellante por la Fundación Ciudadano Inteligente, sostuvo que Pablo Wagner cometió delitos con pena de crimen, por lo que no puede corresponder otra medida cautelar que la prisión preventiva. Informó que en la querella presentada contra los responsables de la arista SQM, solicitaron al Ministerio Público la incautación de la contabilidad de SQM, con el fin de precisar esas responsabilidades.
Cerró el turno de los acusadores el abogado Alejandro Peña, representante de Jorge Charbín, ex propietario de Vidrierías La Argentina, quién levantó tesis de «asociación ilícita criminal»
Peña, ex jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, afirmó que los antecedentes planteados durante la formalización de cargos contra los diez primeros imputados del caso Penta permiten dar por acreditada la existencia de una «asociación ilícita criminal», delito que no ha sido consignado en la causa.
Peña participa en la formalización como representante del empresario Jorge Charbin Lautaris, quien se querelló contra los dueños de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, acusándolos por los delitos de estafa y apropiación indebida a propósito de la absorción de la Vidriería La Argentina, de la que era dueño y terminó perdiendo tras asociarse con Penta Capital de Riesgo.
«Estos hechos son parte de la misma máquina de defraudar que hemos conocido y por los cuales los imputados fueron formalizados (por la Fiscalía). Sin embargo, a nuestro juicio, los hechos de los que da cuenta la formalización configuran -además de los delitos signados- el delito previsto y sancionado en artículo 292 (del Código Penal)», afirmó Peña, apuntando a la existencia de una gran «cantidad de indicios que dan cuenta de una asociación ilícita».
«Desde el punto de vista jurídico la asociación ilícita es un conjunto de personas que se organizan en torno a un objetivo común que comprende la finalidad de cometer delitos (…) Cabe considerar que se ha formalizado por 18 delitos a los imputados, muchos de los cuales son reiterados», dijo el ex persecutor.
«A nuestro juicio, de los hechos que son materia de la formalización se reúnen todos los requisitos que la jurisprudencia y la doctrina han señalado para que se pueda dar por configurado este delito: primero, pluralidad de personas –son 10 los imputados-; un centro de poder: El Bosque 0440, donde está el edificio de Penta; distintos niveles jerárquicos: en primera línea, Délano y Lavín, luego, en las funciones operativas, Bravo y Tocornal, más abajo Álvarez y Martínez, todos ellos –otro requisito- con distintas tareas o misiones», argumentó Peña.
El ex fiscal mencionó además «la actuación profesionalizada para la producción de la documentación que les brinde un manto de impunidad; apariencia, giros de fachada, enriquecimiento ilícito proveniente de los delitos imputados, producción de redes de apoyo para el cumplimiento e impunidad del actuar criminal».
Por último, destacó que «los imputados procuraron penetrar y corromper diversos organismos públicos: en el SII a Álvarez y Martínez (…), en el Poder Ejecutivo le pagaban nada menos que a un subsecretario (Pablo Wagner), y para el Congreso pretendían valerse (…) de Felipe de Mussy, de Pablo Zalaquett, de Iván Moreira, de Laurence Golborne, de Ena von Baer, de Andrés Velasco, de Jovino Novoa».
«Vuestra señoría podrá advertir que los antecedentes que se han vertido en esta prolongada audiencia para justificar los delitos imputados deben servir además para tener por justificada la existencia de esta asociación ilícita criminal, según dan cuenta los mismos hechos formalizados», declamó ante el juez Juan Manuel Escobar.
«Si tiene cuatro patas, una cola y da leche es una vaca. Magistrado: si hay pluralidad, permanencia en el tiempo, un centro de poder, jerarquía, mando, diversos delitos cometidos para el logro de sus fines, hay un plan criminal y resulta en enriquecimiento ilícito es, pues, una asociación ilícita, prevista y sancionada en el artículo 162», sentenció el querellante.
Tras el receso del mediodía, la audiencia se reanudó con la intervención del defensor de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, abogado Julián López, quién gastó importantes minutos en intentar desvirtuar las acusaciones del Fiscal Gajardo y la abogada del CDE, María Inés Horwitz, a quienes poco falto de para acusarlos de «asesinato de imagen», de sus defendidos, y que en todo les genera genera un «daño reputacional fuera de toda racionalidad».
Luego, entró en materia con un típico argumento para la galería:
«Penta ha aportado al fisco más de 78 mil millones y la evasión correspondería a sólo un 3% de los impuestos pagados».
En la parte gruesa de su alegato, señaló que «esta no es la historia de una empresa que corrompe a funcionarios públicos; es la historia de funcionarios públicos corruptos que logran obtener beneficios de una empresa al amparo de Hugo Bravo».
En otras palabras, su estrategia principal apuntó a la culpabilidad de Hugo Bravo, y de los dos funcionarios de Impuestos Internos, Iván Alvarez y Juan Martínez.
Respecto de sus clientes, Délano y Lavín, sostuvo: «mi parte ha reconocido públicamente que hay irregularidades, pero no son constitutivas de delitos»; que sus esposas «sí tenían participación en las empresas y que los montos que se les pagaban eran legales», y que el solo hecho de que hayan emitido boletas, «no significa irregularidad».
Luego, se extendió por varios minutios en intentar demostrar que no hubo soborno en la relación de sus representados y Pablo Wagner. Reconoció que usar las boletas de su cuñada «no fue correcto», pero culpó de ello a Hugo Bravo.
Enseguida, tomó otros tantos minutos para negar que Wagner, en el ejercicio de su cargo, haya favorecido a los controladores de Penta o alguna de sus empresas, como por ejemplo, en el caso de Minera Dominga, o en el caso de su recomendación de Lavín para el directorio de Codelco.
La parte final de su extenso alegato consistió en intentar demostrar que el avance en la investigación habría obedecido a la colaboración prestada por sus defendidos, y que habían reparado con celo el mal causado, por todo lo cual solicitó al tribunal que no acogiera la solicitud de prisión preventiva para sus clientes.
En el turno del abogado defensor de Manuel Antonio Tocornal, Jorge Bofill, este manifestó que también se haría cargo de los alegatos de defensa de Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval, sobre los cuales se mostró de acuerdo con la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público de firma semanal y arraigo.
En lo demás, argumentó en contra de lo plantado por Alejandro Peña, respecto de que habría una asociación ilícita.
La audiencia concluyó con el alegato del abogado Gonzalo Medina, defensor de Pablo Wagner. Respecto del delito de cohecho dijo tener la impresión de cuando Bravo reveló los pagos de Wagner cuando era subsecretario, de inmediato la fiscalía lo entendió como cohecho y no aceptó ninguna otra explicación.
Luego, aseguró que el ex subsecretario no intervino en la aprobación de la minera Dominga e incluso dijo que cuando se aprobó en 2013, Wagner ya no ostentaba el cargo. De hecho, agregó, los permisos se tramitaron en la VI región.
Sobre los pagos de Penta a Wagner mientras era subsecretario, Medina sostuvo que la modalidad de pago con boletas de terceros fue idea del ex gerente Hugo Bravo, añadiendo que los fondos no estaban ocultos, sino que a la vista. Por ello, acusó a la Fiscalía de no actuar con acuciosidad.
Enseguida, se enfocó en que su defendido tiene atenuantes como irreprochable conducta anterior a la que se suma la colaboración a la investigación, «en todo lo que ha podido, ha hablado de su cuñada, de sus reuniones»; además agregó que el ex subsecretario «pagó $40 millones a la Tesorería General de la República y con eso se repara el mal causado».
Finalmente, Medina solicitó que se rechace la prisión preventiva y que se otorgue el arresto domiciliario total, porque a su juicio «es suficiente para los fines del procedimiento».
Los diez políticos mencionados durante la audiencia de este miércoles
En la formalización desarrollada durante esta jornada aparecieron los nombres de varios parlamentarios y ex autoridades que estarían relacionados con la extensa investigación.
Luego de más de siete horas de audiencia, la Fiscalía Nacional entregó este miércoles todos los detalles y las conclusiones de la investigación sobre el caso Penta ante los tribunales de justicia, confirmando de ese modo a través de sendas pruebas el vínculo entre el grupo empresarial y el financiamiento irregular de campañas políticas.
Durante el proceso, fueron diez los políticos que fueron nombrados como eventuales receptores de recursos a través de boletas ideológicamente falsas:
Carlos Bombal:
El ex alcalde de Santiago, ex vicepresidente de la UDI y otrora senador por Santiago Oriente es uno de los involucrados en el caso. La Fiscalía pidió arraigo nacional y firma semanal para el ex parlamentario por delito tributario en calidad de consumado.
Jovino Novoa:
Fundador de la UDI y ex presidente del Senado. Según el expediente, acudía periódicamente a Penta para pedir recursos para campañas electorales de la UDI. Su secretaria, María Teresa Herrera, declaró que hizo decenas de boletas falsas en su nombre para concretar dicho fin.
Iván Moreira:
Vicepresidente y senador UDI por Los Lagos. Hasta 2013, fue diputado por La Cisterna. En la audiencia, se confirmaron los correos que envió al ex gerente de Penta, Hugo Bravo, solicitando recursos para su candidatura, los cuales le llegaron a través de dos boletas a terceros por $10 y 7 millones. Ya reconoció el hecho y pidió perdón.
Ena Von Baer:
Según la Fiscalía, la ex vocera de Gobierno y luego senadora UDI por la Región de Los Ríos, recibió aportes de campaña por parte de Penta a través de boletas gestionadas por el ex presidente gremialista, Jovino Novoa. Hoy, reiteró su inocencia y aseguró que el financiamiento de su campaña se desarrollo “100% en el marco de la ley”.
Laurence Golborne:
Tras ser ex ministro de Minería y OO.PP., se convirtió en candidato presidencial de la UDI en 2013. Tras bajar su postulación, emprendió una carrera senatorial por Santiago Oriente. En la audiencia, se revelaron los aportes a su campaña a través de facturas a la consultora Vox Comunicaciones, los cuales fueron solicitados por él mismo.
Pablo Zalaquett:
Ex alcalde de la UDI por Santiago y ex candidato a senador por Santiago Poniente. Según la fiscalía, recibió aportes de Penta a través de su jefa de campaña, Coca de Castro, quien emitió una factura por $15 millones. Asimismo, reconoció un encuentro con Carlos Alberto Délano en octubre de 2013 para concretar la ayuda.
Alberto Cardemil:
Subsecretario del Interior durante el gobierno militar, diputado entre 1994 y 2014 y ex presidente de RN. La Fiscalía dio cuenta de los aportes que recibió de Penta para financiar su campaña senatorial en la Región de O’Higgins. Se mencionó dos boletas de su secretaria, Paula Rojo, por $7 millones y tres millones.
Andrés Velasco:
Ex ministro de Michelle Bachelet y ex candidato presidencial, fue nombrado por la Fiscalía por la boleta de 5 millones realizada por Gabriel Méndez, la cual habría sido utilizada para financiar su campaña a La Moneda. También se mencionó el almuerzo que sostuvo con los controladores de Penta, en la cual le entregaron $20 millones.
Felipe de Mussy:
Actualmente es diputado de la UDI por el distrito 56 de la Región de Lagos, siendo éste su primer periodo en la Cámara Baja. Durante la formalización, se detalló el financiamiento de su campaña por parte de Penta, a través de una boleta hecha por José Garcés, quien reconoció haber trabajado en su candidatura.
Fernando Hermann:
Ex seremi de Vivienda y Urbanismo en la Región de Coquimbo, fue ex candidato a diputado de la UDI por las comunas de Monte Patria, Illapel, Salamanca, Los Vilos, Combarbalá, Canela y Punitaqui. Habría recibido 4 millones de pesos de parte de Penta a través de Carlos Bombal, con una boleta emitida por Manuel Pau Villarino.
Gendarmería prepara eventual arribo de imputados en caso Penta al anexo Capitán Yáber
Luego que ayer y hoy la Fiscalía solicitara la prisión preventiva para los controladores del grupo Penta Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, además del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y los funcionarios del SII Iván Álvarez y José Martínez, Gendarmería de Chile comenzó a prepararse para la eventual llegada de éstos al anexo Capitán Yaber.
El penal depende de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y hasta ahora alberga a 8 imputados que son custodiados durante las 24 horas por un gendarme. Hasta allí serían traslados los cuatro encausados en el denominado caso Penta -Álvarez ya se encuentra recluido en ese lugar- en caso de que el juez del 8º Juzgado de Garantía Juan Manuel Escobar aceptara decretar la máxima de las cautelares solicitadas por el Ministerio Público, que estimó que la libertad de las cinco personas mencionadas representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
En el recinto -diseñado para máximo 15 personas- ya fueron reacomodados los internos que hasta hoy cumplen prisión preventiva y que en algunos casos se encontraban solos en una celda. De esta manera, ante un eventual arribo de Wagner, Délano, Lavín y Martínez, varios de los reos fueron reubicados para compartir módulo, cada uno acondicionado con un camarote.
El regimen, en tanto, es similar al que tiene la CAS, donde a las 8:30 de la mañana reciben el desayuno y luego tienen horas de desencierro. También se contactó a un psicólogo y a una asistente social, quienes estarían a cargo de los nuevos reclusos que podrían verse afectados ante la medida que podría ser conocida mañana viernes, tras una extensa formalización.
El Ministerio Público formalizó a los controladores del holding por delito tributario y soborno, todo ello enmarcado en la indagatoria que persigue hechos de corrupción y presuntos financiamientos irregulares de campañas políticas. También le imputó los delitos de cohecho, lavado de dinero y fraude tributario al ex subsecretario del gobierno de Sebastián Piñera, a Álvarez y Martínez.
