Desde el inicio de Paro Nacional en Colombia, que ya enteró una semana, el balance provisorio registra 27 muertos, 87 desaparecidos, 761 detenciones arbitrarias, 124 heridos, 142 víctimas de malos tratos y nueve víctimas de violencia sexual. Sin embargo, el pueblo colombiano sigue firme en la lucha. La suerte de Duque está atada a la de Piñera.
Las protestas en contra de las medidas neoliberales impuestas por el Gobierno del presidente Iván Duque continúan este martes en varias ciudades y carreteras de Colombia, mientras la fuerza pública aumentó la violencia represiva contra los manifestantes, denunciaron organizaciones civiles.
Al cumplir siete días de Paro Nacional en Colombia, la ciudad de Cali, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste de Bogotá, ha sido escenario de la represión de los cuerpos de seguridad contra miles de manifestantes.
El Comité Nacional del Paro de Colombia denunció el lunes que la represión por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en contra de la reforma fiscal ha dejado un saldo provisional de 27 asesinados y unos 124 heridos.
87 desaparecidos en Colombia en medio de las protestas. Aquí el reporte de la Defensoría del Pueblo, entre el 28 de abril y el 3 de mayo. pic.twitter.com/ZQ1imLzLsg
— Tatiana Pérez @telesurtv (@Tatiana_teleSUR) May 4, 2021
En este contexto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) criticaron el exceso de violencia, en especial de los elementos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), una unidad especial de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Colombia.
La portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, hizo un fuerte llamado a las autoridades colombianas.
“Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger os derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, dijo.
A pesar de que el presidente Duque retiró la propuesta de reforma tributaria, y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, desde las redes sociales siguen convocando para que los ciudadanos continúen saliendo a las calles.
Clave política
Bogotá, Cali, Medellín, Palmira y Manizales son algunas de las ciudades donde se han concentrado las manifestaciones, y se han presentado hechos violentos por parte de los cuerpos de seguridad.
▶️En #Colombia organizaciones sociales, estudiantes, trabajadores protestan en contra las medidas económicas neoliberales de @IvanDuque, la crisis humanitaria y las masacres a líderes sociales @teleSURtv pic.twitter.com/c9RbL3bwRz
— En Clave Política (@EnClavePolitik) May 4, 2021
Una tensa situación se vive en Manizales, específicamente en el sector de del barrio Fátima, donde ciudadanos registraron que agentes del Esmad accionaron gases lacrimógenos dentro de un bus de transporte público en el que áun se encontraban civiles.
Cali sigue siendo el punto más álgido de estas jornadas de protestas. En la noche de este lunes 03 de mayo a través de redes sociales usuarios denuncian agresiones y violencia por parte de los uniformados.
En los videos se escucha a la ciudadanía denunciar la violación de derechos humanos. «Están disparando a matar», gritan algunos caleños mientras se escuchan los constantes bombardeos.
Las organizaciones sociales como la ONG Temblores, Lazos de Dignidad y Defender La Libertad, presentaron un balance sobre las denuncias de abusos de derechos humanos en las jornada del Paro Nacional.
Asimismo, anunciaron que se conformó el Comité de Derechos Humanos para la garantía de la protesta social en Bogotá que busca realizar control político en tiempo real frente a las protestas.
Campesinos del Catatumbo se unen al Paro Nacional
Campesinos de la región de Catatumbo, en Norte de Santander, se unieron al paro nacional que se adelanta en el país y bloquean este martes varias vías del departamento.
Concentrados en diferentes puntos, los labriegos cerraron la vía Cúcuta – Tibú y Cúcuta – Ocaña, esta última que conduce a la costa Atlántica. Al respecto, Manuel Orlando Pradilla, alcalde de El Zulia, dijo que el sector de La Cascada, unas 150 personas, procedentes de la zona de Sardinata bloquean la vía.
El Comité de Unidad del Catatumbo y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) informaron que, con el retiro de la reforma tributaria, el paro no se ha desactivado y que continúa en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque.
“Nos sumamos a las voces de millones de colombianas y colombianos que siguen reclamando garantías y libertades democráticas, garantías constitucionales a la movilización y la protesta. Exigimos la desmilitarización de las ciudades y del campo y que cesen las masacres, se castiguen a los responsables y se desmonte el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía)”, señaló el Comité.
Amnistía Internacional denuncia respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones
Las autoridades colombianas deben poner fin a la represión de las manifestaciones, cesar la militarización de las ciudades y asegurar que el respeto y garantía de los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria, dijo Amnistía Internacional hoy, tras publicar evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones, verificada por su Cuerpo de Verificación Digital.
“Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, deben respetar la libertad de expresión y de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Desde el 28 de abril se vienen producido manifestaciones, en su mayoría pacíficas, en diferentes puntos de país en respuesta al proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el presidente Iván Duque, las cuales han sido reprimidas, con frecuencia, de manera violenta.
El 1º de mayo, el presidente anunció la presencia militar en “los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”, y afirmó: “quiero hacer una advertencia clara a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y piensan que por ese mecanismo doblegarán las instituciones”.
“El descontento de la población por medidas económicas que no percibe como justas y que pueden poner en riesgo sus derechos humanos no debe ser calificado como vandalismo y terrorismo, como lo ha hecho el presidente Iván Duque, y ser utilizado como excusa para reprimir violentamente,” dijo Guevara.
Al 3 de mayo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron 26 personas muertas a consecuencia de la represión de la Policía Nacional y 761 detenciones arbitrarias. Asimismo, reportaron 142 víctimas de malos tratos, nueve víctimas de violencia sexual y 56 de denuncias de personas desaparecidas en el contexto de las manifestaciones.
A lo anterior se suman denuncias de ataques contra periodistas, entre los que se destacan actos de violencia física, detenciones arbitrarias y eliminación de material periodístico.
A través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, Amnistía Internacional ha confirmado que la policía colombiana ha hecho uso de armamento letal en varios incidentes, así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país.
Se identificó, por ejemplo, el uso del rifle Galil Tavorn en Cali durante la represión de manifestaciones el 30 de abril, o de policías apuntando armas semiautomáticas directamente contra manifestantes desarmados el 2 de mayo en Popayán. En otro incidente, el 1 de mayo en Bogotá, se verificó un vehículo blindado disparando munición viva.
Todo este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.
Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Colombia, deben “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.
Asimismo, la Corte ha establecido que la participación excepcional de las fuerzas armadas en dichas tareas debe ser extraordinaria; subordinada y complementaria; regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
Inclusive, frente a denuncias de actos de violencia perpetrados por manifestantes en algunas protestas, las autoridades tienen el deber de tomar todas las medidas que correspondan para hacer frente a esos episodios de violencia sin dejar de garantizar que quienes protestan de forma pacífica puedan seguir haciéndolo.
Ante el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria y el anuncio de uno nuevo, el gobierno debe garantizar que cualquier política pública en materia tributaria que adopte, se diseñe y se aplique en línea con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos.
Eso significa que debe asegurarse que las medidas sean temporales, razonables y proporcionadas, que se hayan agotado medidas alternativas menos restrictivas y de garantizar la participación real de las personas y los grupos implicados.
El gobierno debe realizar con urgencia una evaluación del impacto de esas medidas en los derechos humanos, para asegurarse de que no sean discriminatorias y de que respeten, en particular, los derechos de los grupos históricamente marginalizados, y en el contexto de la pandemia del COVID-19 y sus afectaciones diferenciadas.
Ante los anuncios de nuevas movilizaciones, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades a garantizar el derecho del pueblo colombiano a manifestarse pacíficamente y recuerda al presidente Iván Duque que desplegar a las fuerzas armadas en el control de manifestaciones solo incrementa el riesgo de que se cometan más violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Declaración del Partido Comunista de Chile: La movilización del pueblo colombiano es nuestra lucha
Desde hace días el pueblo colombiano se ha tomado las calles protestando por el alza de impuestos a los más afectados por la crisis económica y la pandemia. No se han escapado las PYMES salvo las grandes empresas que hábilmente pueden eludir las exigencias tributarias o equilibrarlos vía alzas de precios.
Sin embargo la lucha ha seguido pese a las ofertas destinadas a bajar las acciones callejeras. La experiencia señala que la derecha nunca cumple cuando de sus ganancias se trata.
Como en toda Latinoamérica, los agredidos por las grandes empresas, especialmente transnacionales de la industria y la banca, han descargado la crisis del sistema, incrementado por la pandemia, sobre las espaldas de los trabajadores. Millones están en la cesantía o perecen por falta de asistencia de los servicios sanitarios del Estado destruidos a favor del sector privado de salud.
El gobierno de Colombia, la mayor expresión del crimen político del Continente, no ha trepidado en reprimir brutalmente a los manifestantes.
En efecto, desde la firma de los Acuerdos de Paz que puso fin a una guerra de medio siglo, violando los acuerdos, miles de ex combatientes desmovilizados y dirigentes sociales han sido asesinados por las bandas armadas por el gobierno y los grupos del empresariado.
El que asesinen manifestantes en las calles es continuidad de su actuación regular.
Paralelamente han incrementado la agresión en contra de Venezuela. El gobierno del presidente Duque, cumpliendo las instrucciones de EE.UU, que dispone además de siete bases militares en suelo colombiano, intensifica la agresión militar en el territorio venezolano asesinando a campesinos y defensores de su país.
Tratan de resolver su crisis desatando la guerra a la par que cumplen las órdenes del imperio.
Los comunistas chilenos solidarizamos con los trabajadores colombianos, su accionar forma parte de una lucha común por supervivencia y liberación de nuestras patrias del neoliberalismo y la explotación de imperio
Partido Comunista de Chile
