por Javier Suazo.
La crisis que enfrenta la sociedad chilena tiene larga data. En la primera mitad de la década de los años 70s, se instauró en el país un modelo neoliberal cuyo mayor soporte fue un gobierno dictatorial que gobernó 17 años, al entregar el poder el General Pinochet en 1990.
El golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, no solo implicaba la ejecución de una nueva política de estabilización económica y cambio estructural sustentantada en los enfoques teóricos de la llamada escuela monetarista, sino también el cambio de las relaciones de poder entre el Estado y la ciudadanía, pero sobre todo el ascenso de la burguesía financiera al servicio del gran capital transnacional.
Este periodo entre 1973-1990 se caracterizó por una fuerte represión al movimiento popular y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, donde la institucionalidad social y organización gremial-sindical y campesina fue desmantelada y prohibido el derecho a la organización social, política y protesta pública.
La derecha chilena todavía hoy sigue atribuyéndole a la gestión del General Pinochet la estabilidad económica, política y social del país, sin la cual, según sus miembros más conspicuos, Chile no sería uno de los países de mayor desarrollo económico en Latinoamérica y próximo a ser considerado país desarrollado, tal como lo es Suecia o Japón.
Una caracterización del modelo autoritario monetarista neoliberal, identifica las medidas de política económica ejecutadas frente a la situación previa en el gobierno del presidente Salvador Allende ( Patricio Meller: 1996), destacando la privatización acelerada de las empresas públicas, liberalización de tasa de cambio, los salarios y tasas de interés, aranceles bajos y uniformes a las importaciones, aumento del IVA, reducción de los empleos públicos y superávit fiscal, reprivatización de la banca, liberalización del mercado de capitales, invisibilidad de las organizaciones gremiales y poder de negociación, facilidades para el despido de los trabajadores y el sector privado como principal deudor externo ( Meller: 1996, pág. 186).
Los logros en materia de estabilización y crecimiento económico han sido destacados por los neoliberales, como si ello fuera suficiente para mejor o cambiar en forma sostenida las condiciones materiales de vida de la población; más bien, la evidencia demuestra que el logro acelerado de objetivos y metas de estabilización económica empeora la situación para las mayorías, en términos de niveles de desempleo, pobreza y concentración del ingreso.
En 1974, la tasa de crecimiento del PIB fue de 5.5%, en 1990 de 2.8%, mostrando una creciente inestabilidad en todo el periodo de gobierno según los cambios en los precios de los bienes exportados y la contribución de otros sectores como los servicios, construcción y turismo.
Hay evidencia que la inflación se redujo de cerca de 370% en 1974 a 23.7% en 1990, una baja sustancial con un costo alto en términos de inversión real pública, compensado con la inversión privada. El desempleo aumentó de 9% en 1974 a 16% en 1981, con una tendencia a la baja a inicios de los años 90s. (P Meller 1996 y Cepal. 1991).
Entre 1990 y 2010, gobernó el país una Coalición de Partidos por la Democracia que se constituyó para enfrentar la dictadura y sacarla del poder. Una de las críticas a esta Coalición Política hecha gobierno (Aylwin- 1990-1994, Frei- 1994-2000, Lagos 2000-2006 y Bachelet 2006-2010), es que nunca rompió con el modelo neoliberal impuesto, más cuando todavía Pinochet siguió teniendo poder al mantenerse en la Comandancia del Ejército y después aceptó ser Senador Vitalicio hasta que falleció en 2006, acusado de violar derechos humanos y malversación de fondos públicos.
En complemento a ello, el partido socialista dentro y los partidos de izquierda radical no pudieron articular un proyecto alternativo al modelo neoliberal y su profundización con “mano blanca”, con los gobiernos de la concertación en el poder.
Todavía se sigue demandando la vigencia de una nueva Constitución que haga posible una consulta amplia al pueblo sobre la forma de gobierno y la representación social en los órganos de decisión política, como también los mecanismos de sanción y retiro de los elegidos cuando estos no cumplen con el mandado de gobernar a favor de las grandes mayorías.
Incluso vigente, más allá de la reforma promovida y lograda por Bachelet en segundo mandato, donde se elimina el gobierno de las grandes coaliciones en el Congreso que otorgan una ventaja a las fuerzas políticas mayoritarias.
De acuerdo a cifras de CEPAL (1993 y 2010), en 1992 el PIB superó una tasa de crecimiento del 10%, pero bajó a 3% en 2009; igual se observó un caída del PIB per cápita de 10.4% a -2.5%, lo que explica, en parte, el descontento de la población, a lo cual se suma el aumento del desempleo de 9.7% en 2009, acompañado de un alegrón neoliberal, o sea una baja de la inflación, atribuido al régimen de metas de inflación adoptado por el Banco Central.
El actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, ganó la elección en 2009 a Frei por un estrecho margen de 3%, prometiendo aumentar el crecimiento económico y empleo; con lo cual los neoliberales de “cepa”, no solapados, asumen de nuevo el control del Estado.
La tasa de crecimiento del PIB en 2010 fue de 5,8% y cayó a 1.8% en 2014, igual lo hizo el per cápita de 4.8% a 0.9%, con lo cual se quedó de nuevo en deuda ya que esta era uno de los principales objetivos de la política económica del gobierno; a ello se sumó el aumento de la inflación de 3% a 4.8%, con una leve caía del desempleo de 8.5% a 6.7% (CEPAL: 2018).
La presidenta Bachelet en su segundo mandato, mostró resultados “raquíticos” ya que el PIB alcanzó una tasa de 1.3% anual en 2017, per cápita de 0.5%, inflación 2.3% y un leve aumento del desempleo de 6.9% si se compara con 2014.
En las elecciones de 2017, Sebastián Piñera se impuso con una diferencia de 10% frente al candidato Alejandro Guillier, atribuido al bajo ritmo de crecimiento económico alcanzado, desempleo y problemas de insuficiencia de ingresos monetarios de las clases medias, la pobreza y desigual distribución del ingreso.
En 2018, el primer año de gobierno neoliberal reforzado, ya que, según la campaña política, Piñera es un hombre con más conocimiento de la cosa pública, el PIB fue de 4%, per cápita 3.2%, inflación 2.6% y desempleo de 7.3% (una de las promesas de campaña no cumplidas).
Chile desde 1973 le apuesta a la estabilización económica, como la principal condición para aumentar el ritmo de crecimiento del PIB y, “curiosamente”, aumentar la ocupación, dada la mayor participación de la inversión externa y demanda de recursos de inversión por el sector privado mediante mayor endeudamiento.
Las cifras muestran el logro parcial de estos objetivos de política, en un entorno internacional y regional de creciente inestabilidad económica, social y política. Las cifras no muestran, o no interesan a los gobiernos sin excepción, el impacto de estas políticas y cambio estructural (privatización y aumento del costo de los servicios públicos, por ejemplo) en los ingresos reales de las familias, con lo cual los costos de la estabilización recaen en la población, sobre todo clases medias.
La privatización de los fondos de pensiones, exportado a otros países como un modelo único a seguir, se ha vuelto insostenible ya que la capitalización por los empleados y trabajadores no compensa el ingreso monetario a recibir una vez que se retiren a gozar de su vejez.
La educación se ha vuelto prohibitiva, ya que los costos han venido en aumento y cubren más del 30% de los ingresos de las familias, sumado a los criterios de selección, ingreso y descarte.
Hay un modelo mixto en salud, donde las personas acuden a centros y hospitales públicos que prestan un servicio de mala calidad, frente a aquellos en poder y admistrados por operadores privados más caros.
El agua de mala calidad es un bien prohibitivo, para personas de ingresos medios y bajos, sumado a que las fuentes de agua son y pueden privatizadas.
Los costos de transporte han venido en aumento y son absorbidos por la población, en especial jóvenes, sin que exista una mejora sustancial de la red, unidades físicas y eficiencia (tiempos de espera).
El salario básico es menor a los 450 dólares mensuales, y gran parte de los asalariados reciben incluso menos con jornadas de trabajo agotadoras.
A ello se suma el abandono de la vía de la dotación de activos productivos para las familias de bajos recursos, en particular aquellas localizadas en las zonas rurales y periurbanas, que les permita la explotación sostenida de las parcelas, aumento de la producción alimentaria y mejora de los ingresos, igual vivienda digna de bajo costo.
Ya es el momento que la sociedad chilena empiece a botar toda esta basura plástica neoliberal que se fue acumulando desde el golpe de Estado al presidente Salvador Allende, incluyendo el dogma de la estabilización económica y el cambio estructural a favor del mercado, las costumbres, el conformismo, discurso mediático del cambio, represión y la visión del desarrollo corporativo donde una oligarquía sanguinaria ha sido la mayor beneficiaria conjuntamente con el capital transnacional.
Fuente: Alainet