miércoles, mayo 1, 2024
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Chadwick Otra Vez con el Agua al Cuello: Red de Protección de la UDI en Rancagua al Descubierto

Como efecto colateral de la inédita e insólita guerra de los fiscales, aparecieron en la carpeta investigativa del desfalco en el Teatro Regional, diálogos de whatsapp entre el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, y Eduardo Soto, alcalde de Rancagua, próximo a ser formalizado por malversación de caudales públicos, en uno de los cuales, el primero le pide un gesto público en apoyo del fiscal Emiliano Arias.

En efecto, entre los mensajes incluidos en la denuncia del fiscal Sergio Moya en contra de su superior, Emiliano Arias, aparecen diálogos, a través del servicio de mensajería WhatsApp, registrados en 2017, entre Andrés Chadwick y el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.

Para todos los efectos, el más relevante es el que sigue:

Chadwick: «Sería bueno un apoyo al fiscal (Arias). Es muy injusto lo que ha hecho la fiscalía nacional al sancionarlo por investigar incendios. Un twitter tuyo sería un muy buen respaldo».

Soto: «Ok».

Chadwick: «tú bien?»
Soto: «Esperando qué sucede».

Chadwick: «mejor cara?»
Soto: «Creo que sí. Ojalá no se enrede lo del teatro».

Chadwick. «Dios quiera».
Soto: «cualquier cosa te comento».

Detrás de ese diálogo, hay varias conexiones hacia atrás, como proyecciones a futuro.

De entrada, el viernes pasado el fiscal Moya entabló una denuncia contra su superior, Emiliano Arias, por el caso del teatro Regional de Rancagua.

Relató que el miércoles 15 de noviembre de 2017, antes de las elecciones presidenciales, Arias lo citó a su despacho donde se encontraba el abogado defensor de alcalde Soto.

En la reunión, le pidió que estuviera “atento a los requerimientos del abogado”.

Al otro día, Moya allanó las oficinas del alcalde Soto, ocasión en que incautó su teléfono móvil, una tablet y un computador.

El viernes 17 de noviembre, según este relato, Arias le ordena devolver las especies. Moya se niega.

En paralelo, por esos mismos días, Arias operaba para lograr la pena más baja posible a Herman Chadwick Larraín, sobrino del ministro del Interior, el ya citado Andrés Chadwick, en el juicio del caso Caval, quién le solicitaba al alcalde Soto, un tuitazo en apoyo al fiscal Arias.

Ni corto ni perezoso, éste accedió, pues donde manda capitán…

Emiliano, el disponible

En la misma carpeta, están los mensajes cruzados entre el alcalde de Rancagua y su abogado Luis Hermosilla, en junio 2017:

Soto: «respecto al teatro regional alguna novedad?»
Hermosilla: «si, vamos a declarar en próxima fecha y después archivar».

Seis meses después, el alcalde le escribe a su abogado:

Soto: «Me acaba de escribir Emiliano».

En otra conversación, el alcalde le contesta a Hermosilla:

Soto: «Está disponible, Andrés lo conoce y eficiente cien por ciento».

El punto es el siguiente: todos los personajes mencionados en la trama están operando sobre procesos judiciales en marcha, o terminados muy recientemente.

Si eso no es tráfico de influencias, entonces qué será.

Chadwick, el operador en las sombras

Examinemos primero la implicación de Andrés Chadwick Piñera.

En primer lugar, su dilatada carrera parlamentaria, dos períodos como diputado, y dos como senador, discurrió siempre en la sexta región, donde juega de local.

Curiosamente, -ya se verá por qué- en tres de esas cuatro elecciones, su rival fue el actual senador, Juan Pablo Letelier, y en las tres ambos resultaron electos.

Chadwick reconoció la conversación, como no podía dejar de hacerlo, pero intentó relativizarla todo lo que pudo:

“Es una conversación de WhatsApp que, en primer lugar, la tuve hace dos años atrás… en abril del año 2017. En ese entonces no tenía ningún cargo público, ejercía mi labor como abogado y profesor universitario. Es una conversación absolutamente normal en tono de amistad, en la cual le señalo mi preocupación por un tema público e importante en la región de la cual yo fui senador”.

Agregó que los mencionados mensajes “no tienen ninguna relación, ningún vínculo con ninguno de los temas que están siendo hoy día investigados o que se busca esclarecer en el Ministerio Público… ninguna relación”.

Como de costumbre, Chadwick falta a la verdad con insultante descaro.

Es cierto que, formalmente, no desempeñaba cargos públicos, pero no lo es menos que durante ese año era presidente del directorio de la Fundación Avanza Chile, de Sebastián Piñera; en rigor, su plataforma electoral, de la cual Chadwick era jefe de campaña.

Pero, más importante todavía, en 2017 se cumplía el tercer año de la investigación del caso Caval, cuyos plazos se fueron dilatando de manera arbitraria e innecesaria, como quedó de manifiesto cuando concluyó el juicio abreviado.

La prolongación de la investigación del caso Caval durante todo su gobierno, causó irreparable perjuicio a la Presidenta Michelle Bachelet. Los tiempos los manejaba Arias.

La maniobra de Arias en el caso Caval

Fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias, ciertamente en otros tiempos.

Ese es el contexto en el que Chadwick le pide a Soto un apoyo público a Emiliano Arias, a pretexto de la sanción impuesta por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, consistente en una multa por el 5% de su sueldo, por no resguardar el secreto de información y dar entrevistas a los medios de comunicación respecto del rol de las empresas eléctricas en los incendios del verano de 2017.

En su denuncia, el fiscal de Alta Complejidad, Sergio Moya, resalta que su superior, el fiscal Emiliano Arias, tuvo una intervención decisiva en el proceso: negociar con los abogados patrocinantes de Chadwick las condiciones para un juicio abreviado.

El acuerdo que presentó Arias ante el Juzgado de Garantía de Rancagua implicaba solo una sanción de 818 días para el síndico, lo que fue cuestionado por el Consejo de Defensa del Estado, que solicitaba una pena de once años para Chadwick Larraín.

Así se hizo.

En el juicio abreviado, el sobrino de Sebastián Piñera, aceptó su responsabilidad en infracciones a la Ley de Quiebras y delitos tributarios, a cambio de una condena a tres años en libertad vigilada, $200 millones en multa y la inhabilitación de ocho años para ejercer el cargo de síndico.

La condena se fundamenta en la acreditación de que Chadwick Larraín obtuvo “ventajas” en su rol de síndico, en torno a la venta de los terrenos de la familia Weisner, los mismos que posteriormente vendió Caval, por más de 9.500 millones de pesos; además de comprobarse que le pagó 415 millones a Juan Díaz, un asesor inmobiliario y operador político de la UDI, por sus gestiones con esas tierras.

Pero eso no es todo. El argumento de Arias a Moya, para justificar la propuesta de juicio abreviado, es absolutamente consistente con la existencia de una red de influencias para favorecer a Chadwick Larraín, en la que participó, como demuestran los mensajes de WhatsApp, Chadwick Piñera.

Al respecto, dijo Moya:

«Yo consulto por qué personalmente asumía solo esa audiencia, y Arias me manifiesta que hay que resolver pronto la situación de Chadwick, porque no es posible que se mantenga vigente hasta la inminencia de que asumiera el nuevo gobierno, con el cual podían asumir familiares del síndico, como funcionarios importantes del nuevo gobierno».

A mayor abundamiento, y consultado acerca de qué le preocupaba al fiscal Airas, Moya contestó:

«Dijo que había que resolver el tema pronto, porque el caso Caval, así como afectó al gobierno anterior, va a afectar al gobierno siguiente. A mí me pareció inadecuado y no concurrí a esa audiencia».

Parece llamativo, por decir lo menos, ese apuro de Arias, toda vez que había prolongado innecesariamente esa investigación por tres años, con las consabidas y oportunas filtraciones a la presa, a sabiendas de que eso le causaba perjuicios irreparables al Gobierno de Michelle Bachelet, o más bien por lo mismo; sin perjuicio de la implacable persecución que sostuvo durante todo ese tiempo sobre Sebastián Dávalos, el hijo de la Presidenta, sin poder demostrar nada en su contra, al punto que su defensa logró la absolución por la vía de recursos de apelación en los tribunales superiores.

La participación de Arias en la conspiración para favorecer a Chadwick Larraín, queda demostrada fuera de toda duda con esa decisiva intervención para el juicio abreviado, en abierta contravención al Código Penal.

Resulta sorprendente, y sospechoso, que a pesar de ello, y de la postura del Consejo de defensa del Estado, el Juzgado de Garantía de Rancagua haya aceptado el juicio abreviado.

Eso puede atribuirse a dos causales: la red de protección montada por la UDI; y la profundidad de la corrupción en Rancagua, que por estos días restalla a borbollones.

Chadwick y su amigo, el alcalde

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, y su amigo, Eduardo Soto, alcalde de Rancagua.

Y así como también está demostrado hasta la saciedad que quién puede lo más, puede lo menos, la misma red de tráfico de influencias montada por la UDI, se utilizó para proteger al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, acusado de malversación y negociación incompatible por un monto de $3.500 millones, en diversos espectáculos presentados en el Teatro Regional de Rancagua, escándalo que data de enero de 2016, luego de una denuncia de la Intendencia Regional en la Fiscalía.

De hecho, el ex-abogado de Soto, Mario Zumelzu, relató que su cliente le señaló que Chadwick le ofreció la defensa gratuita de Luis Hermosilla.

Tanta amabilidad obedece que Soto, un reconocido ex-militante UDI, es muy cercano a Chadwick, con quien, cuando fue parlamentario en la Región de O’Higgins, construyó una fluida relación y cercanía política, que incluyó trabajo territorial conjunto.

Esa relación cercana se manifiesta con otro elemento, en marzo de 2017.

Por esos días, el abogado Mario Zumelzu se encontraba trabajando en una causa por extorsión que el propio Soto había denunciado ante la fiscalía, cuando comienzan a surgir rumores acerca de que en la investigación sobre el Teatro de Rancagua el alcalde estaba siendo indagado como imputado por posible malversación de caudales públicos.

De improviso Zumelzu dejó la causa por extorsión, que se vinculó a la del teatro y que posteriormente se agrupó en una sola. La defensa de Soto pasó a manos del abogado Luis Hermosilla, un ex-socio de Chadwick y hoy asesor del Ministerio del Interior. Sus servicios, incluso, serían entregados ad honorem.

Zumelzu lo recuerda así:

“Me reuní con el alcalde Soto, quien en buenos términos y muy agradecido me señaló que Andrés Chadwick le ofreció la defensa gratuita de Luis Hermosilla, con quien hablé telefónicamente y le transferí los antecedentes de que disponía”.

Arias y el alcalde

Como haya sido, el caso es que la Fiscalía de Rancagua solicitó una audiencia para formalizar al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, la cual se fijó para el próximo 24 de mayo, más de tres años después de la denuncia.

Resulta evidente que la manifiesta lenidad y lentitud en la investigación de este caso, obedece a la operación de esta red de protección.

De entrada, el diálogo entre Andrés Chadwick y Eduardo Soto, demuestra que el primero conocía la investigación y seguía atento a su desarrollo.

Luego, está meridianamente claro que esa red de protección contaba con el fiscal Emiliano Arias.

En efecto, según la versión de Moya, Arias lo citó a una reunión, el 16 de abril de 2017, que, en sus palabras, le pareció impropia pero no constitutiva de delito.

En la cita, se encontraba el abogado del alcalde de Rancagua, el hoy asesor del Ministerio del Interior y prominente factotum de la UDI, Luis Hermosilla.

Moya asegura que en la reunión fue instruido por el fiscal Emiliano Arias, en el sentido de estar atento a los requerimientos de Hermosilla.

Tras la reunión, Moya decretó una serie de diligencias en la causa del teatro Regional, tales como incautación de computadores, ipads y aparatos electrónicos del alcalde Soto.

Lo singular fue que Arias le ordenó devolver las especies. Moya asegura que no las devolvió, por tratarse de una investigación formalizada por malversación de caudales públicos.

Moya lo relató así:

“Se me convocó a una reunión donde estaba el abogado del alcalde, Luis Hermosilla y se me da la instrucción del fiscal regional de que debía estar atento a los requerimientos de ese abogado. Cuestión que me llamó mucho la atención. Luego de aquella reunión que la encontré impropia, pero no constitutiva de ninguna infracción, ya que no me sentí presionado, yo procedí a solicitar autorización judicial para incautar los computadores, los teléfonos e instrumento electrónicos del alcalde, se me dio la instrucción directa del fiscal regional de hacer devolución de esas especies”.

Moya decidió incumplir la orden de Arias, ya que se trataba de un caso por malversación de 3.500 millones de pesos, aparte de que en ese caso, “surgieron elementos muy delicados que puse en conocimiento del fiscal nacional”.

Agregó:

«En esos teléfonos hay información muy delicada que no puedo detallar, por ser parte de la investigación».

Consultado sobre las motivaciones de las gestiones de Arias en favor de Soto, replicó:

«Lo único que puedo decir es que entiendo que el señor Soto es uno de los más votados en Chile y, a su vez, si no me equivoco, junto a las elecciones presidenciales había votaciones de diputados, y por lo tanto, la figura de él, para efectos de elecciones, era algo relevante».

No faltará quién dude de la credibilidad de Moya, seriamente afectada por su manifiesta parcialidad contra el pueblo mapuche, cuando se desempeñó en la Fiscalía de la Región de la Araucanía, y desarrolló estrechas relaciones con oficiales de Carabineros de la inteligencia regional, que hoy permanecen como imputados en la fatídica Operación Huracán.

Por eso son relevantes las pruebas que enarboló para respaldar su acusación contra Arias.

Las tácticas dilatorias utilizadas por la defensa de Soto, ante la pasividad del Ministerio Público, quedan patentes en el diálogo ya mencionado. Soto le pregunta si hay alguna novedad respecto a la investigación sobre el teatro regional. Hermosilla, puesto en la defensa de Soto por Chadwick en persona, responde:

«Sí, vamos a declarar en próxima fecha y después archivar».

Asimismo, la aquiescencia de Arias a la red de influencias tentida por la UDI, queda demostradas por el siguiente mensaje de Soto a Hermosilla:

«Me acaba de escribir Emiliano».

¿Por qué el Fiscal Regional, que además no tiene a su cargo esa investigación, le escribe a un inculpado?

La respuesta se encuentra en un siguiente mensaje de Soto a Hermosilla:

«Está disponible, Andrés lo conoce y eficiente cien por ciento».

Hay que seguir con atención el desarrollo de este caso, porque se puede apostar sobre seguro la filtración a la prensa de esa «información muy delicada» en los teléfonos incautados por Moya, sea porque le convenga a la acusación, o bien, a la defensa.

Por tanto, noticia en desarrollo…

Hay un antecedente colateral, que sugiere lo intrincado de la corrupción en Rancagua.

El 19 de noviembre pasado, el senador socialista, Juan Pablo Letelier, se reunión con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, según dijo, para representarle su preocupación por “las públicas diferencias que han mantenido algunos ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua con el fiscal regional, Emiliano Arias».

Como haya sido, el hecho es que a los pocos días, Abbott sacó a Arias de la investigación de los magistrados Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez.

Chadwick otra vez en la picota

Como es apenas natural, la denuncia de Moya generó una tormenta política, en la que el Gobierno intenta poner paños fríos, mientras la oposición clama por la renuncia de Chadwick.

La defensa de Chadwick, en el nivel de Gobierno, la asumió el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel:

“Todas estas conversaciones fueron cuando Andrés Chadwick no era ministro, y como ministro ha cumplido con todas las obligaciones”.

La estrategia comunicacional del Gobierno apunta a que Chadwick no tiene nada que ver con el conflicto y que esas comunicaciones son “entre dos conocidos” antes de que se iniciara el segundo gobierno de Piñera.

Doble falsedad.

Primero, porque los antecedentes reseñados demuestran con largueza que Chadwick Piñera seguía de cerca los casos Caval, donde estaba involucrado su sobrino, y Teatro Regional de Rancagua, donde está implicado un amigo de su círculo íntimo.

Segundo, porque el centro de gravedad del problema no radica en el cargo formal de Chadwick Piñera, sino en sus gestiones, directas e indirectas, en favor de Herman Chadwick Larraín y Eduardo Soto.

Como fuere, el caso es que la oposición, que todavía no logra cobrarle la cuenta por el caso Catrillanca, encontró motivo más que suficiente para retomar su exigencia de renuncia del ministro del Interior.

Así, la jefa de bancada del PPD, Andrea Parra, manifestó:

“Esto es un golpe a la figura del ministro Chadwick; su cuenta corriente ya está sobregirada hace rato y esperamos que exista claridad sobre las investigaciones que se lleven adelante en torno a este tema”.

Agregó:

“Nos parece que es absolutamente legítimo pensar hoy día que la figura del ministro Chadwick está profundamente dañada y que sería mejor para el país que él diera un paso al costado”.

El Presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, declaró:

“Esperamos que todos estos hechos sean esclarecidos, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Desde el punto de vista político es evidente que el primo del presidente se ha transformado en un dolor de cabeza para el gobierno. Este no es el primer episodio en que el ministro Chadwick genera un problema serio de imagen para que gobierno de Sebastián Piñera”.

Para Claudia Mix, de Comunes,, hay un problema ético profundo:

«Tratar de obstruir la justicia a través de su influencia política. El ministro Chadwick debió renunciar hace rato. Tenemos el caso Catrillanca, donde vimos una mentira tras otra”.

El defensor nacional, Andrés Mahnke, dijo sentir «alta preocupación» por lo que está sucediendo en el Ministerio Público y en el Poder Judicial en la Región de O’Higgins:

«La preocupación es alta desde el punto de vista de la alarma pública, que refleja la gravedad de las acusaciones que hoy día están en fase investigativa. Los principales afectados son las personas y, fundamentalmente, los más vulnerables, que no van a tener a dos instituciones relevantes para el Estado de Derecho enfocadas en fortalecer sus derechos, sino que enfocadas en solucionar gravísimos problemas».

Bancada PC exige la salida de Chadwick

Para el jefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera, es claro que el ministro debería renunciar:

“Éticamente no debiera estar ahí, por todo lo que hemos conocido y por lo que está revelado el resultado de la investigación. Creemos que no cumple con el estándar ético para llevar a cabo su cargo, hoy como vicepresidente y encargado del país en este momento que no está el presidente Piñera en Chile, creemos que no da garantías”.

Respecto a la cerrada defensa de Piñera, quién dijo que «el ministro respondió con meridiana claridad esa situación», manifestó:

“El presidente está relativizando lo que está sucediendo con su primo Chadwick, que ya no aguanta más en cuanto a escándalos sospechas y todo lo que sucede es algo turbio. La opinión pública lo ve como algo turbio, por lo tanto el Presidente debiera ser más serio y no relativizar como lo está haciendo”.

Agregó que, si bien es cierto que Chadwick en ese momento no era una autoridad formal, sí era un actor político y jefe de campaña del actual mandatario:

“Chadwick era presidente del directorio de Avanza Chile, que es una fundación de Sebastián Piñera, su plataforma electoral. Por lo tanto, era su jefe de campaña y no digamos que todo lo que hacía era de buena voluntad por el fiscal. Ahí había una acción política, un respaldo que necesitaba explicitar”.

“Por qué lo hizo, cuál es su relación con Arias y el alcalde Soto, todo queda cuestionado. De nuevo, puras explicaciones vagas, que evaden el centro del problema, y para peor, lo respalda el Presidente de la República”.

Barrera concluyó:

«Hay un manto de dudas que se debe aclarar; es momento de poner término a esta situación y que el Ministro renuncie, es lo que corresponde.

A su turno, el diputado Hugo Gutiérrez aseguró:

“Lo que eventualmente realizó el actual ministro del Interior, en cuanto a hacer algún tipo de lobby ante el fiscal Arias para evitar algún tipo de investigación o eventual juzgamiento del acalde de Rancagua, Eduardo Soto, cabe dentro de la figura ilícita del tráfico de influencias. Espero que en su oportunidad Chadwick dé respuesta no solo a la prensa, sino también en la investigación que se está realizando por parte del Ministerio Público en relación a Arias”.

La diputada Karol Cariola, señaló:

Como autoridad está a cargo del país, aún no sabemos su implicancia real en los acontecimientos que rodearon el crimen de CamiloCatrillanca y hoy conocemos que intervino en disputas internas del poder judicial. Lo siento amigos de ChileVamos, pero no cumple el estándar».

#Renuncia Chadwick

Como también es natural, el tema fue arduamente debatido en las redes sociales, donde la etiqueta #Renuncia Chadwick no deja de marcar tendencia.

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