Anatomía de un Montaje: La Comedia de Andrés Chadwick en el Asesinato de Camilo Catrillanca

por Francisco Herreros (artículo publicado originalmente el 20 de noviembre de 2018).

La trágica muerte de Camilo Catrillanca ha seguido un patrón que se mantiene inalterable desde el tiempo de los crímenes de la dictadura.

Primero, el hecho represivo es justificado, las más de las veces, imputando hechos violentos a la víctima, al estilo de los falsos enfrentamientos, o conductas delictuales que no dejan otra opción a las «fuerzas del orden» que hacer uso de sus armas de servicio.

Después, cuando los porfiados hechos empiezan a barrenar la historia oficial, sobreviene una segunda oleada de embustes, en el intento de parchar las contradicciones de la primera, siempre con la intención de convertir a la víctima en victimario, o de transferirle la responsabilidad de su propia muerte, al tiempo que avala las coartadas de los ejecutores.

Finalmente, en aquellas ocasiones en que el peso de la evidencia, o la investigación judicial, establecen la culpabilidad de agentes del Estado, se cumple invariablemente la ley del corte del hilo por lo más delgado, de forma que los autores intelectuales y los altos mandos de la fuerza ejecutora, siempre libran, como se dice, piola.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick ha interpretado esta comedia con admirable perfección.

Al menos, su cara de palo ha sido magistral.

Revisemos las palabras del Vicepresidente de la República @andreschadwickp en las últimas 72 horas.pic.twitter.com/EMyDsphgRL

— Gabriel Alemparte (@jgalemparte) 18 de noviembre de 2018

El jueves 15 de noviembre, Chadwick «compró» íntegra la versión de Carabineros, en el sentido de que perseguían a tres ladrones de autos, que minutos antes habían asaltado a cuatro profesoras, que se movilizaban en tres vehículos.

Así, sin reservas ni matices, y pese a la amarga experiencia del reciente Caso Huracán, el Gobierno en pleno respaldó la tesis oficial de que Catrillanca había fallecido en un enfrentamiento posterior al robo y que el comando del GOPE había actuado acorde con el protocolo.

Fue esa la bajada comunicacional, hoy desplazada por la fuerza de los hechos, de las autoridades el miércoles 14 y jueves 15 de noviembre.

Más cínico fue el ahora ex-Intendente, Luis Mayol, quién sostuvo que Catrillanca había participado en el asalto y robo de tres automóviles a las profesoras de una escuela de Ercilla, delito que originó el operativo policial que culminó con la muerte del joven comunero.

Pronto quedó claro que Chadwick evadiría su responsabilidad política. En su vocería del 16 de noviembre, trasladó el eje de los acontecimientos a los efectos de la enorme y espontánea protesta social del ese mismo día, si bien tuvo la precaución de reducirlos a hechos puntuales, protagonizados por grupos pequeños, pero organizados.

La versión del general Soto

Ese mismo día, el general director de Carabineros, Hermes Soto, volvió de un viaje urgente a la Araucanía, con información que hoy se sabe, era equivocada; específicamente, que no había videos del operativo.

En distintos medios de prensa, ese día afirmó:

«Ellos ingresan adelante en forma rápida, llegan al lugar y empiezan a asegurar la zona, como se llama en este tipo de procedimientos. Es ahí cuando se encuentran con este tema y se produce el enfrentamiento. No tenemos la imagen de cómo se produce ni cómo se efectúan los disparos, pero sí los carabineros en todo momento, desde el primer día, han dicho que ellos sí hicieron uso de las armas que portaban».

Sostuvo que los cuatro involucrados son miembros del GOPE y «ninguno de ellos hizo el curso Jungla en Colombia».

«Son 15 carabineros que hicieron esta capacitación por un mes y que en este procedimiento ninguno de ellos participó», agregó.

Respecto al procedimiento que terminó con la muerte de Camilo Catrillanca, afirmó:

«Dos utilizaron las armas que andaban trayendo, y un tercero disparó una escopeta con perdigones. Entonces, son tres los que utilizaron las armas en ese momento».

Por cierto, previamente indicó que Carabineros respondió al «uso de armas» y que vehículos policiales fueron atacados durante el procedimiento:

«Los vehículos nuestros fueron puestos a disposición de la fiscalía. Fueron periciados por la Policía de Investigaciones. Tienen impactos de bala de distinto calibre. Solo un vehículo de los que yo vi ayer tenía ocho impactos de bala. Entre esas, una bala 5.56, que es de un calibre alto».

Al menos hasta ahora, no se ha exhibido la menor prueba de la existencia de dichos vehículos.

Sobre el cuestionado «Comando Jungla», Soto señaló:

«El equipo táctico nos permite asegurar que los procedimientos en que tenga que participar nuestro personal y que sean de índole violentos, tienen que tener un equipo especial que los apoye. Este curso se hace desde el 2007. Este año han ido en total, con estos 15 incluidos, 23 carabineros a hacer el curso»,

Soto representó el alineamiento de Carabineros en el montaje protector. Dos días después, tendría que tragarse sus palabras.

No solo eso. Dando un giro de 180 grados, conocido también como vuelta de carnero, aseguró que se sintió traicionado por la mentira de los funcionarios que participaron del procedimiento, y que «toda la institución fue dañada por una mentira imperdonable cometida por uno de los nuestros”.

De acuerdo a la secuencia del libreto, mencionado inicialmente, Soto emitió la segunda sarta de embustes, para intentar contener las contradicciones de la primera:

“Según lo señalado por el funcionario eran imágenes personales de una situación personal con su señora, con su pareja, y que él no quiso que se hicieran públicas o que se conociera por otras personas”.

No se puso ni colorado.

El hilo por lo más delgado

El domingo 18, puntualmente a las 09:00 el vicepresidente  Andrés Chadwick, flanqueado por el ministro del Interior (s) Rodrigo Ubilla y el general director de Carabineros, Hermes Soto, anunció la baja de los cuatro integrantes del comando Jungla involucrados directamente en el hecho: el suboficial mayor Patricio Sepúlveda, a cargo del grupo; el sargento 2° Raúl Ávila, quien llevaba la cámara Go Pro cuyas imágenes borró, el sargento 1° Carlos Alarcón y el cabo Braulio Valenzuela.

“Uno de los miembros de la patrulla del GOPE que llegó al lugar de los hechos donde ocurrió la muerte de Catrillanca, si tenía cámara de vigilancia y destruyó la tarjeta de memoria”, sostuvo Chadwick.

Después, se despachó esas características frases ampulosas, de tono correcto, que al final no dicen nada:

«Hemos respaldado su derecho legal a defenderse cuando los Carabineros son atacados, pero hemos sido igualmente de categóricos en exigirle a Carabineros que todas sus actuaciones sean de acuerdo a la ley».

Agregó que el gobierno aceptó las renuncias del jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía, general Mauro Victtoriano, y del prefecto de la Fuerzas Especiales en la misma región, coronel Iván Contreras.

Siempre de acuerdo con la ley del corte del hilo por lo más delgado, a diferencia de los cuatro funcionarios del GOPE que fueron dados de baja, estos dos altos oficiales accederán a todos los beneficios del retiro una vez que abandonen la institución.

Y ahí se cortó, nomás.

Días más tarde, la renuncia del Intendente avanzó un peldaño la altura del corte, pero hasta ahora, parece haber terminado ahí.

¿Y Chadwick?

Bien, gracias.

Consultado en su comparecencia a las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, respondió:

«No voy a renunciar hasta entregarle más seguridad y tranquilidad a las familias chilenas, salvo que el Presidente Sebastián Piñera me pida lo contrario».

El gambito de la cámara

Con hábil juego de piernas, Chadwick volvió a eludir su responsabilidad política -y la de Piñera- consistente en la creación del Comando Jungla, y la política de manga ancha a Carabineros, especialmente en la faceta represiva, para, con un gesto de prestidigitación, volver a desplazar el eje de acontecimientos, desde un grave episodio de represión enmarcada en una política deliberada, a la dimensión administrativa de la existencia-inexistencia de la dichosa cámara Go Pro.

O sea, ese hecho no es menor, tanto más cuanto que la versión de la inexistencia fue sostenida por el propio general director de Carabineros.

Al igual que en el caso de la Operación Huracán, la historia oficial institucional se construyó sobre la base de las mentiras de los involucrados, toleradas, avaladas o al menos soslayadas por el alto mando.

Pero claramente, por lejos, el problema principal es la política pública de este gobierno de derecha y empresarial, en materia de seguridad ciudadana, fundada en la equivocada creencia que un conflicto histórico, secular y muy candente en el Wall Mapu, con factores multidimensionales entrecruzados, puede «solucionarse» con rigor policial; producto de la cual es la decisión de mandar a Colombia un contingente de elite, para entrenarlo en el combate anti-subversivo, decisión coherente con la concepción que equipara la legítima lucha del pueblo mapuche con «terrorismo».

Esto declaró Chadwick, el 16 de junio de 2018, cuando salió a la luz pública el entrenamiento en Colombia del contingente del GOPE:

O sea, no puede impetrar desconocimiento.

Esta política de Estado, no es exclusiva del segundo gobierno de Piñera. Según el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, en Chile entre 2012 y 2016 se entrenaron más de mil militares chilenos, convirtiéndose en el segundo país después de Colombia que más personal envía a esta escuela de formación en técnicas de tortura, inteligencia y contrainteligencia.

Piñera agregó de su cosecha los ochenta integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de Carabuineros, enviados a Colombia a entrenarse en técnicas y tácticas de contra-insurgencia, concepción que implica reducir el conflicto mapuche a una guerra contra el terrorismo.

No puede decir que nadie se lo advirtió.

Especialistas en seguridad ciudadana y organizaciones de derechos humanos anticiparon que un enfoque represivo en un problema complejo como el de la Araucanía, inevitablemente generaría un suceso como la muerte de Catrillanca, no por posesión de bola de cristal, sino que apenas de sentido común.

Tal vez el único en el Gobierno que capta estas complejidades, sea el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, que en medio de la debacle,  ha invocado el Plan Araucanía, ha reconocido que el problema de La Araucanía no es policial, y ha enarbolado la consigna de “poner más esfuerzo para obtener la paz y el desarrollo».

Pauta comunicacional

La mala memoria de los chilenos no quiere acordarse de que el primer gobierno de Piñera fue un completo fracaso, y que al igual que en el fútbol, terminó pidiendo la hora.

No obstante, está cometiendo el mismo error, e incluso de manera más resuelta, de creer que el desempeño de un gobierno es menos importante que el marketing, es decir, lo que se hace creer a la gente sobre ese gobierno.

La performance de Chadwick, cuajada de lugares comunes, tal como el discurso de Piñera, es una confesión de partes que releva la necesidad de más pruebas.

Para su infortunio, periodistas de La Moneda filtraron en redes sociales una pauta comunicacional que instruye a los ministros, parlamentarios, subsecretarios, directores nacionales y jefes de servicio, acerca de lo que deben decir en el caso Catrillanca.

Tal como en los tiempos de la dudosamente célebre DINACOS.

La minuta menciona tres frases reiteradas por Chadwick, y luego enumera una decena de “propuestas comunicacionales”.

Entre las primeras, que se trata de «un hecho delictual»,  que al ingresar a Temucuicui, la fuerza policial se encontró con barricadas, y «debió enfrentar disparos desde distintas zonas», y que la responsabilidad del gobierno es «garantizar siempre la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos, especialmente cuando son víctimas de la acción de la delincuencia y la violencia”.

Un libreto ya comenzó a ser repetido por parlamentarios oficialistas, primero, los de la zona, como los diputados Diego Paulsen, Miguel Mellado y Jorge Rathgeb, los tres de RN.

Descargue el documento completo

Esta concepción supone que la «realidad» se construye sobre la base de «hechos» comunicacionales y montajes mediáticos; y si por algún motivo la realidad  entra en conflicto con la construcción mediática, peor para la realidad.

En el caso del asesinato de Camilo Catrillanca, hay un detalle, en esta construcción, que hace la diferencia entre una muerte producto de un enfrentamiento, imputable, a lo más, a un actuar temerario de un prendido suboficial policial, o un asesinato, que producto de una política de Estado, era solo cuestión de tiempo que sucediera.

Destripando el montaje

En aval de la primera tesis concurre el testimonio de una de las profesoras víctimas del asalto, en entrevista a CNN Chile. Al menos, se presentó como si lo fuera.

Las declaraciones de la profesora parecen sinceras. El primer impulso mueve a creerle, quizá por el énfasis de los detalles. Además se supone que el autor de la entrevista, el periodista Daniel Matamala, no se prestaría a un montaje.

Sin embargo, en segunda pasada, algunos pasajes aparecen excesivamente maqueteados y otros, reproducen de modo casi textual, tanto el discurso de Chadwick, como la minuta de la Secretaría de Comunicaciones de Gobierno, SECOM.

La clave está entre el minuto 5’50» y el minuto 6’45».

En ese lapso, la testigo reconoce que perdió la noción del tiempo, y que, en todo caso, pasó mucho tiempo entre el momento en que son contactadas por Carabineros y aquel en que se entera de la muerte de Catrillanca, en Collipulli, donde fue a constatar lesiones, cerca ya de las 19:00 hrs.

En consecuencia, no es testigo presencial, como la ambigüedad del montaje busca sugerir. Sin embargo, eso no le impide la seguridad con que afirma que los carabineros, al ir a buscar sus autos, fueron emboscados:

«Salieron comuneros de todas partes, y se pusieron a disparar».

Para añadir crédito, lo contextualizó en lo cotidiano:

«Se forma como siempre. Allá todos los días hay tipos de guerrilla. Escuchamos de nuestra escuela todos los días disparos, todos los días. Y gritos para allá y para acá, el helicóptero… entonces ya estamos acostumbrados».

Incluso apela a lo emocional, sintiéndose «terriblemente culpable».

Aparte de la versión de Carabineros, replicada por el Gobierno, este es el único testimonio que sustenta esa versión. A partir de ese punto, emergen nuevas incongruencias en el discurso oficial.

Primero, llama la atención la fantasmal condición de la profesora. En ninguna parte aparece su identidad, así como en ninguna se muestra su imagen.

Daniel Matamala no debió aceptar una entrevista a un personaje anónimo; menos aún en el líquido contexto de una tragedia griega, con final predestinado.

¿Qué asegura que es, efectivamente, una de las víctimas del robo de autos, si es que éste existió?

Al no certificar la identidad de la testigo, ni establecer su conexión con los hechos, ni contrastar sus afirmaciones, Matamala, de manera explícita o tácita, consciente o inadvertida, pudo haber contribuido a un montaje de marca mayor, digitado por un Gobierno que acredita doctorados en tecnologías de desinformación; y en todo caso, vulneró los artículos segundo y séptimo del Código de Etica del Colegio de Periodistas:

«Segundo: El o la periodista difundirán sólo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los hechos, en forma directa o a través de distintas fuentes, así como la confiabilidad de las mismas. (…)  Séptimo: El periodista debe transparentar sus fuentes para legitimar ante la sociedad la información entregada. Sólo debe silenciarlas si éstas se lo pidieren, previa confirmación de su idoneidad y confiabilidad, respetando así la confianza otorgada al entregársele antecedentes reservados. El periodista no inventará fuentes, encubriéndolas como “un cercano”, “un vocero”, “un alto funcionario de la institución”, etc., resguardando de este modo la credibilidad y dignidad de la profesión, tal como lo establece este Código».

Para despejar la incógnita, bastan dos preguntas:

– ¿Hay antecedentes de construcción de montajes mediáticos, en otros casos de weichafes mapuche, asesinados en similares circunstancias, como Alex Lemún Saavedra (2002); Juan Lorenzo Collihuin Catril  (2006); Matías Catrileo Quezada (2008); Jaime Mendoza Collío (2009); Rodrigo Melinao Lican (2013) y Victor Manuel Mendoza Collío (2014), entre otros quince casos?

– ¿Participaron medios de comunicación en estos montajes, principalmente cadenas de televisión?

En todos los casos, la respuesta es consistentemente afirmativa, de modo que es legítimo preguntarse: ¿por qué este caso habría de ser distinto?

En la lista de contradicciones y puntos oscuros, sigue el pretendido desenlace del hecho delictivo que originó la tragedia.

Los únicos testimonios del supuesto enfrentamiento, son el parte policial y las declaraciones de la incógnita profesora víctima del asalto, en caso de que lo sea.

El parte policial establece:

«El piloto al mando del helicóptero H-02, desde el aire, indicó que dos de los conductores de los vehículos sustraídos abordaron un tractor de color azul, el que se desplazaba hacia donde se encontraba el personal policial, entregando las características físicas y de vestimentas de los antisociales».

Más tarde, agrega:

«Efectivos de una patrulla del GOPE de Carabineros descienden del vehículo policialJ-040, sobrepasan los diversos obstáculos existentes en la vía, recibiendo disparos de distintos sectores, por lo cual repelieron el ataque utilizando para ello el armamento fiscal de cargo. En esas circunstancias cruzó la ruta el tractor identificado anteriormente por los pilotos, en el que transitaban dos personas, conductor y acompañante, quedando en la línea de fuego. A consecuencia de ello resultó lesionado por un impacto balístico el conductor del tractor, Camilo Marcelo Catrillanca Marín».

El documento consigna:

«Minutos después, se detuvo a un comunero mapuche, que era el segundo individuo que acompañaba al conductor del tractor, por el delito de receptación, toda vez que reunía las características de vestimentas y físicas entregadas con anterioridad por el piloto al mando del helicóptero institucional, quienes habían descendido de uno de los vehículos sustraídos».

El parte concluye:

«Durante el allanamiento se recuperaron los vehículos robados, además de ‘un hacha de metal y empuñadera de madera de 70 cm. y (…) un machete marca Sportsfisning, de empuñadora plástica color negro, de 41,5 cm. de hoja por 12 cm. de empuñadura’, los cuales son de similares características a las utilizadas para intimidar a las vícticmas propietarios de los móviles».

El testimonio de la supuesta profesora entrega una versión que coincide de modo exacto, a pesar de que, como reconoció en la entrevista a CNN, no presenció esos hechos.

En cambio, pese a la atención mediática que recibe el caso desde el 14 de noviembre, no hay una sola foto de los vehículos supuestamente recuperados, ni del hacha ni del machete -elementos que la policía no duda en exhibir cuando se trata de hechos reales- ni la menor información sobre el paradero de los supuestos asaltantes, y menos aún, de su identidad.

El perito forense Francisco Pulgar Castillo, experto balístico, explica la dinámica de un enfrentamiento, desmiente versión de Carabineros, y explica el protocolo de una información responsable a la ciudadanía.

El perito forence @fco_pulgar nos explica el procedimiento que se adoptar para un disparo y como la policía y autoridades han hecho comunicados sin tener presentes peritajes balísticos, dejando muchas dudas sobre el disparo que que le quito la vida a comunero #CamiloCatrillanca pic.twitter.com/kEDw9jaLTY

— Chileokulto💚 (@Chileokulto) November 15, 2018

El testimonio del menor de 15 años M.C.P., así como de todos los comuneros que habitan los fundos Alaska y La Romana, de la comunidad autónoma de Temucuicui, coinciden en que Carabineros practicó uno de sus habituales y violentos allanamientos, donde disparan primero y preguntan después.

El perito forense Francisco Pulgar Castillo, experto en peritaje balístico, explica la dinámica de un enfrentamiento, y por tanto, desmiente versión de Carabineros:

El testimonio de M.C.P. descalabró la tercera de las principales incoherencias de la versión de Carabineros, avalada por el Gobierno, relativa a la grabación en video de los hechos, obligatoria por ley en casos de este tipo, precisamente para establecer un antecedente judicial.

Recuérdese que el viernes 16 de mayo, después de un viaje relámpago a la Araucanía, el general director de Carabineros, Hermes Soto, informó al gobierno que no existían tales grabaciones.

Sin embargo, el miércoles 14 de noviembre, el día de los hechos, M.C.P. había declarado, en presencia de un abogado del INDH:

«Camilo iba manejando y me grita ‘agáchate’. Me agacho y veo hacia la izquierda y veo que estaba botando una cosa amarilla por la nariz. Paré el tractor, me bajé con los brazos en alto y grito: ‘Le dieron’, ‘le dieron’.

Luego me tiran al suelo y me subieron a la tanqueta. Ahí adentro un carabinero se sacó la cinta de grabación. La guardó. Puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar. Cuando estaba esposado va un carabinero por detrás y me pega con la subametralladora UZI. Viene otro por detrás, que le decían coronel, y me pegó nuevamente. (…) Cuando me detienen, a Camilo lo bajan del tractor y se gritaban: ‘La mansa cagaita’, pa que chucha se pusieron a webear».

¿Cómo nadie se lo dijo al general Soto?

La investigación ha acreditado que la versión de M.C.P. se ajusta a la verdad, y que los policías mintieron, cuestión que, por lo demás, les costó la baja.

Es lógico suponer que si la versión de Carabineros fuera real, y el supuesto enfrentamiento hubiera sucedido, los efectivos policiales que lo protagonizaron habrían sido los primeros interesados en apoyar su versión en las pruebas aportadas por el video, que por lo demás, es obligatorio.

En cambio, la versión del sargento Ávila, indicado por M.C.P. como el que disparó a Camilo Catrillanca, -tirador experto, ganador en 2009 de un campeonato de tiro inter FFAA.- en el sentido de que destruyó la tarjeta de memoria de la cámara, cortándola con una tijera, para «proteger imágenes personales que se encontraban en el dispositivo», es tan inverosímil como el cúmulo de embustes utilizados para sostener el montaje.

El derrumbe del montaje

A esa altura de los hechos, la versión oficial era insostenible, y así lo reconoció Chadwick, en el ampuloso punto de prensa del domingo 18 de noviembre, a las 09:00 hrs., en el cual no solo volvió a eludir su responsabilidad política, tanto en la creación del Comando Jungla, como en el diseño de una política de guerra para «solucionar» el problema de la lucha del pueblo mapuche, de la forma como exigen los empresarios; sino que cumplió puntillosamente con libreto al establecer la línea corte en el general Mauro Victtoriano.

Sin embargo, no rectificó la versión del hecho delictual que originó la tragedia, lo cual es reproducido sin el debido contraste, por el domesticado sistema mediático del país.

Asimismo, careció de la decencia de reconocer la temeridad de sus primeros dichos, cuando imputó «antecedentes delictuales» a Camilo Catrillanca.

De esa guisa, no debiera extrañar que, a la hora de las encuestas, un número significativo de chilenos crea que de verdad ocurrió ese hecho, y que Catrillanca era un «violentista», a pesar de que no se ha presentado la menor prueba que lo acredite, o más bien por lo mismo.

¿Quién paga ese daño moral?

El día lunes 19 de noviembre, Chadwick anunció la presentación de tres querellas, una de ellas destinada a esclarecer el asalto a las profesoras.

Hay que seguir con atención el desarrollo de ese libelo.

El día en que el tribunal cierre esa causa por falta de méritos, o no pueda abrir causa contra alguien en particular, por falta de pruebas, la tesis del montaje comunicacional para encubrir el asesinato de Camilo Catrillanca, quedará demostrada.

Complicidad mediática

Montajes de este tipo serían imposibles sin la complicidad del sistema mediático, que de dispositivo social de comunicaciones, se transformó en arma de desinformación masiva.

Así lo explicó explicó Manuela Gumucio, directora ejecutiva del Observatorio de Medios, Fucatel, en un programa de la radio de la Universidad de Chile:

“Hay un sesgo en la cobertura de los medios sobre el caso Catrillanca. Hubo un sesgo al aceptar las versiones del Gobierno y ese sesgo ha seguido exactamente la evolución de la actitud del Gobierno. No hubo, por parte de la prensa, una señal de alerta desde el principio. Durante no sé cuántos días nos hicieron aceptar una versión de los hechos que era falsa”.

Agregó:

“Durante todo el tratamiento de este caso quedó demostrada la uniformidad y obsecuencia de los medios chilenos en torno al Gobierno. Lo que se vio en este caso fue la continuidad en los hechos de lo que ha estado haciendo constantemente la prensa y los medios en general, que es transformar al pueblo mapuche en un mundo de terroristas que merecerían este tipo de fuerzas especiales”.

Concluyó que en el caso Catrillanca ha existido un alineamiento absoluto entre gran parte de los medios y el Gobierno, y criticó la incapacidad de la prensa de cuestionar la información oficialista, así como su costumbre de enfocarse en detalles o datos dudosos.

A su turno, Lucía Dammert, socióloga y académica de la Universidad de Santiago, apuntó:

“No estoy segura si es una cobertura sesgada intencional, pero sí hay un acostumbramiento de los medios de comunicación -en los últimos treinta años- de basar su información en temas de seguridad y justicia solo en datos que entregan las policías”.

Luego, criticó el hecho de que los medios muestran el conflicto del pueblo mapuche como una concentración de criminalidad:

“Esto dificulta la mirada del problema desde otras perspectivas, sobre todo si hay pocos espacios para discutir el problema en profundidad”.

Javiera Olivares, ex presidenta del Colegio de Periodistas y actual coordinadora del Programa Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, estima que el sesgo comunicacional responde a la reproducción de un discurso que critica a quienes se muestren contrarios al sistema social establecido:

“Cualquiera que critique ese modelo y trate de diferenciarse, sobre todo el pueblo mapuche, para el modelo mediático clásico resulta un actor cuestionable, irracional e ilegal”.

También apuntó a la concentración de la propiedad de los medios como factor determinante en la inclinación editorial de la prensa:

“Este nivel de concentración, donde hay sólo una perspectiva en la mayoría de los medios -no en todos-, cuyas líneas editoriales también se cruzan con intereses económicos, políticos, vemos aunada a una élite que pertenece a distintas redes de poder y que va determinando las estructuras en las que se mueven los contenidos de estos medios”.

La impenetrabilidad del discurso

Ese mismo día, lunes 19 de noviembre, Chadwick concurrió a la citación de las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde mantuvo imperturbable la impenetrabilidad de su discurso.

No se retractó de la versión del asalto a las profesoras y la supuesta emboscada a tiros, contra la patrulla del GOPE que, según la versión de los efectivos, perseguían a los delincuentes que robaron los autos de las profesoras, por los caminos de tierra que atraviesan los predios de las dos comunidades de Temucuicui.

Es más, entregó las siguientes cifras:

“Desde 2013 hemos tenido 2.295 hechos de violencia, 920 incendios, 509 ataques a instituciones policiales y 542 cortes de ruta”.

Luego, se fue diluyendo en la estrategia de evasión:

“Frente a cualquier acción que implique alguna irregularidad o ilícito, ya sea en materia de probidad o de ilícito, de inmediato se ha exigido al alto mando de Carabineros que se dé inmediata colaboración al Ministerio Público”.

No podría ser de otra forma. Lo mismo cabe decir de lo siguiente:

«Se ha actuado bajo la prudencia y la responsabilidad, para efectos de que los hechos ocurridos queden completamente aclarados por el Ministerio Público, la fiscalía y la PDI. Queremos que llegue lo más pronto posible la verdad de estos hechos y, una vez conocidos los antecedentes, vamos a actuar con todo el rigor de la ley”.

Es lo que corresponde; no hay mérito en ello.

Se trata de frases-comodín políticamente correctas para salir del paso, las cuales demuestran que el gobierno carece de otros recursos para simular la compostura.

Sin embargo, ninguna palabra para condenar las torturas y abusos de que fue objeto el menor M.C.P., delito que viola, sin género de dudas, varios protocolos de derecho internacional, a los que Chile está obligado por haberlos firmado.

No dijo que la jueza María Fernanda Lagos declaró la ilegalidad de la detención del menor, ni reconoció que la fiscalía no pudo acreditar la receptación del vehículo, ni su participación en ese supuesto delito.

Tal parece que, tratándose de un mapuche de 15 años, el pretendido rigor de la ley no es sino un desaparecido en acción.

No era necesario concurrir a la sede del Poder Legislativo para perpetrar semejante cúmulo de banalidades.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Carmen Hertz (PC), lamentó que en la intervención del Ministro solo se evidencie en que el conflicto es de menor cuantía:

“No era impredecible la muerte del comunero. Hemos tenido un patrón de conducta de Carabineros en muertes anteriores (…) El tema fundamental acá es político, porque el reconocimiento de los pueblos originarios es fundamental; en otros países lo han podido resolver mejor que nosotros. El tema es reconocer esto y las políticas públicas que se puedan implementar”.

Agregó:

“No escuchamos ni una palabra de autocrítica, ni asumir la responsabilidad política en este bochornoso y trágico incidente. No tuvimos ninguna claridad del porqué el Intendente después de haber ocurrido los hechos, existiendo un patrón de Carabineros de haber falsificado a lo largo de la historia y en concreto en la situación de comuneros mapuche, avala evidencia. Han mentido, han hecho trampa y de inmediato hace suya la versión, sin escuchar para nada la versión que entrega el jefe de la comunidad”.

“Hicimos presente la criminalización contra el pueblo mapuche, las circunstancia en las que operó el comando Jungla, que resulta que hoy no es el comando jungla, sino que nos dicen que es el GOPE. Yo no creo nada de lo nos digan Carabineros o las autoridades políticas, porque nos han estado mintiendo permanentemente”, puntualizò.

Consulta acerca de otras herramientas que permitan clarificar realmente lo que sucedió en el operativo y las responsabilidades de las autoridades, sostuvo:

“Es necesario hacer efectivas todas las herramientas de fiscalización que tiene el Parlamento. Porque tenemos que ser serios. Este no es un show, ni es un espacio para venir a payasear. Tienen que venir a entregar los antecedentes concretos que nos expliquen todas las versiones contradictorias y todas las seguidillas de mentiras y trampas que se hicieron”.

Manga ancha a Carabineros

Chadwick se ha hecho el desentendido, y en todo caso, no ha hecho la menor referencia a otra de sus conductas que ha motivado la exigencia de su renuncia, tanto de representantes políticos de la oposición, como de un amplio segmento del movimiento social.

Se trata de una política pública que le otorga una virtual carta blanca a Carabineros, hipotéticamente contra el accionar delictual, pero que inmediatamente se sale de control, en casos de represión contra la lucha social, como la desorbitada fuerza de Carabineros contra estudiantes, mapuches y cualquiera que luche por derechos.

A modo de ejemplo, en apenas dos días, los mismos del asesinato de Catrillanca, la Defensoría de la Niñez denunció las torturas cometidas en contra de M.P.C. niño mapuche de 15 años, una funcionaria de Gendarmería denunció que golpearon y torturaron a su hija, un fotógrafo de Concepción denunció que lo torturaron y amenazaron de muerte, una organización de derechos humanos de Iquique reclamó poe una salvaje golpiza a un estudiante de la UNAP y una estudiante de Valdivia acusó abuso policial contra una compañera, sorprendida en una infracción de tránsito.

¿Qué explica semejante descontrol de los encargados del orden, sino una sensación de impunidad y autonomía?

Torturas a M.P.C.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y la Defensoría de la Niñez emprendieron una acción “conjunta y coordinada” en la querella por delito de tortura del que fue víctima el joven de 15 años, -M.P.C.-, que acompañaba a Camilo Catrillanca en Ercilla al momento de su muerte.

El adolescente fue detenido por Carabineros y llevado al Juzgado de Garantía de Collipulli, donde fue formalizado. Luego, su detención fue declarada ilegal por la jueza María Fernanda Lagos.

“El relato del adolescente es coherente con las heridas que presenta y el juez de garantía decretó que su detención fue ilegal. Esa es la verdad jurídica”, subrayó la directora del INDH, Consuelo Contreras.

Agregó:

“El joven presenció el asesinato o la muerte de su amigo que le estaba enseñando a manejar el tractor. Le avisó en un minuto ‘agáchate’, se agacha y él lo vio que le salía un líquido amarillo por nariz, posteriormente lo bajan del tractor, lo golpean, le ingresan a un carro policial y lo siguen golpeando“.

En este contexto, de trauma severo vivido por el adolescente, de ver morir a un amigo a su lado, que lo golpeen y después lo detengan, el INDH y la Defensoría de la Niñez procedieron a querellarse por delito de tortura:

“El adolescente estaba bajo custodia de Estado y fue brutalmente golpeado por efectivos del Estado. Ese es uno de los delitos más graves por los que se puede querellar el INDH, de acuerdo a nuestro mandato”, aseguró su directora, Consuelo Contreras.

Nada ha dicho Chadwick al respecto.

Testimonio de violencia policial

En redes sociales, hay denuncias creíbles, y en todo caso públicas, de violencia y abuso policial en los mismos días de la conmovedora tragedia de Camilo Catrillanca

Uno de los casos fue reportado por Katay Munay Ki, funcionaria de Gendarmería en su página de Facebook:

«Sres. Carabineros de la 3 Comisaría de St. Y Fuerzas Especiales, la noche de ayer mi hija fue detenida por andar pacíficamente manifestandose en la marcha por el joven mapuche que lamentablemente murió.

Ustedes torturaron a mi hija, recibió muchos golpes en diferentes partes de su delgado cuerpo.

Me pregunto si las funcionarias que le pegaron brutalmente hacen lo mismo con sus hijos, si el funcionario que le puso la bota en la cabeza aplastándola contra el suelo, le hace lo mismo a su familia.

Se ensañaron con ella, incluso porque no quiso firmar un papel pese a que ustedes la estaban obligando a hacer.

Ella no sabia lo que decía el documento y por eso se negó y la volvieron a torturar con golpes.

Agradezco al padre de mi hija que logró entrar y pese a que ustedes intentaron sacarlo a golpes, se quedó estoicamente a su lado para evitar que la siguieran golpeando.

Yo trabajo en Gendarmeria de Chile, atiendo gente que está cumpliendo condena.

JAMAS se me ha olvidado que frente de mi hay un ser humano y les entrego todo el respeto, amor y cariño por el solo hecho de ser persona, tanto ellos como la gente que me conoce pueden dar fe que es cierto.

Me pregunto si es el uniforme que les hace perder la humanidad y saquen su lado mas oscuro, cometiendo esta violación a los derechos humanos; recuerden que ustedes son representantes del Estado.

Mi hija se está recuperando de los daños que ustedes le proporcionaron y lo único que me dice… La vida se encargará de devolverles todo el daño que hicieron (ley del karma)…

Y yo decreto..

Que Asi Sea.

El 16 de noviembre a las 11:20, Matias Artigas publicó en su perfil de Facebook:

«El día de ayer fui detenido en Concepción junto a más de 50 personas mientras haciamos cobertura de la marcha nacional. Me asfixiaron al subirme al carro policial, aún cuando sin poder respirar les pedía que se detuvieran, me golpearon entre varios carabineros, me amenazaron, e intentaron borrarme material.

Fue duro ver tanta violencia y descontrol, burlas y agresiones a mujeres y hombres.

El gobernador de Concepción nuevamente llegó a la primera comisaría de Concepción a felicitar a carabineros, ignorandonos por completo. Fue duro tener que recibir burlas y comentarios hablando de matar mapuches como festín.

Carabineros y fuerzas especiales, matónes y cobardes, se pasan por la raja protocolos y procedimientos!!

Cobardes asquerosos, me asfixiaron fuera y dentro del carro policial, me golpearon y algunos tras sacarse su placa de identificación amenazaron de hacerme desaparecer junto con varias personas más si no guardabamos silencio. Me obligaron a apagar mis equipos saltando cualquier protocolo policial. Nula libertad de prensa ante los hechos ocurridos en Chile y Wallmapu, este gobierno es el único terrorista junto con la manga de weones que avalan sus acciones además de los medios hegemónicos!
Este es el gobierno de Sebastián Piñera.

Las fotos son de Paula Leonor».

Dos casos más

El primero fue subido a su página de Facebook por DD.HH SutraChile Observadores, y es un video que muestra la brutal golpiza que sufre un estudiante de kinesiología de la UNAP, el 15 de noviembre:

El segundo, es una denuncia por abuso policial a una estudiante de la Universidad Austral, por una infracción de tránsito.

Yo voy a la Universidad Austral,por el proyecto ALTA, y supe que Carabineros hizo una detención a una estudiante de una carrera de medio ambiente,la desnudaron de la cintura para arriba,la manosearon como quisieron y la llevaron a la comisaría.
Todo por una infracción de tránsito pic.twitter.com/8dyM7E98M7

— Wunyelfe (@wunyelfe) 18 de noviembre de 2018

De estos hechos, ocurridos de manera coetánea al asesinato de Camilo Catrillanca, Chadwick no habla; tampoco salen en la prensa.

Inesperada protesta social

Pero tampoco pasan inadvertidos en la consciencia de vastos sectores del pueblo chileno, otro de los grandes temas omitidos por el discurso de Chadwick.

El mismo día del asesinato de Camilo Catrillanca, el Gobierno fue tomado de sorpresa por una insospechada protesta popular, convocada primero, y viralizada después, a través de redes sociales.

Dos días más tarde, el viernes 16, se desplegó, con marcados rasgos de espontaneidad y organización de base, una protesta cualitativamente mayor, que en determinados sectores y momentos, recordó las grandes protestas contra la dictadura.

Cientos de personas protestan en Plaza Ñuñoa. Irarrazabal cortado en dirección oriente y poniente en este sector. #Cacerolazo @Cooperativa pic.twitter.com/yjS2GT4rxk

— Gerardo Sepúlveda R. (@gerasepu) 19 de noviembre de 2018

"Que el pueblo lo escuche, mataron al mapuche", canta un grupo cercano a 50 personas en Plaza Italia a esta hora. #Cacerolazo @Cooperativa pic.twitter.com/JGbfQ86GdI

— Gerardo Sepúlveda R. (@gerasepu) 19 de noviembre de 2018

[VIDEO] Así se registra en redes sociales el #Cacerolazo por muerte de Camilo Catrillanca https://t.co/PXn2yIQeCj

— 🐕Yo😻Opino🐕 (@robertojimenezm) 19 de noviembre de 2018

En mi ciudad, que muy pocas veces se manifiesta por las injusticias, también se unieron al resto del país y mostraron su repudio al Gobierno por la muerte de Catrillanca 💪💪 #Cacerolazo pic.twitter.com/poNHMQ6Biq

— 🤘🤘🤘 (@yemacapi) 19 de noviembre de 2018

Así fue en Ñuñoa, #Cacerolazo por la muerte de #CamiloCatillanca, #RenunciaChadwick #RenunciaMayol el descaro de ustedes es gigantesco !!! pic.twitter.com/r4LgPqAN96

— Alexiet ✊ 🤘 (@grandovich) 19 de noviembre de 2018

Ese día, el segundo gobierno de Piñera encontró la horma de su zapato, tal como sucedió el 17 de mayo de 2011, cuando centenares de miles de personas protestaron contra Hidroaysén, también por convocatoria espontánea.

Es inevitable que en algún momento eso ocurra, porque los intereses que representa el Gobierno de Piñera, marchan en dirección contraria a dos grandes leyes de la organización universal.

La primera es el tercer principio newtoniano, de acción y reacción:

“Todo cuerpo A que ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, experimenta una fuerza de igual intensidad en la misma dirección pero en sentido opuesto”.

Un Gobierno de derecha, cínico y empresarial, en comisión de servicio de una minoría irresponsable, que gobierna en función de sus intereses, no puede, por definición, no agredir los derechos de todo lo que se mueve en su entorno, empezando por los derechos de los que se ganan la vida con su trabajo.

En consecuencia, no debiera ignorar que en cualquier momento de la línea de tiempo, una chispa puede incendiar la pradera.

Además, pasa por alto la ley dialéctica de la acumulación cualitativa: muchos pequeños cambios de índole cuantitativa, estallan, en algún momento, en un salto de calidad.

En las dos acepciones, el asesinato de Camilo Catrillanca representa el punto de inflexión de la pasividad ciudadana ante las arbitrariedades de un gobierno irresponsable, autoritario, solo preocupado de los números azules en las cuentas del gran empresariado, en la absurda creencia de que así se consigue el crecimiento, y por tanto, el bienestar de todos los chilenos; dogma neoliberal que no se ha verificado nunca en sus ya más de cuarenta años de existencia, ni lo hará jamás.

El viernes 16 de noviembre, mediante una auto-convocatoria que tuvo mucho de espontánea, los chilenos protestaron con fuerza, desde luego, contra el asesinato de Catrillanca y el cínico montaje oficial para encubrirlo, pero también para manifestar su indignación contra la desproporcionada violencia policial contra el pueblo mapuche y el movimiento estudiantil; exteriorizar su rechazo al modo como el Gobierno ha manejado la crisis ambiental de la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví; y expresar su repudio a la ofensiva neoliberal en curso, con políticas pro-empresariales del Gobierno, tales como la «modernización» del SEA, la contra-reforma tributaria, el Estatuto del Trabajador Joven, el Plan Araucanía y el Proyecto Aula Segura, a punto de convertirse en ley.

El viernes 16 de noviembre, el Gobierno perdió el control y la iniciativa. Para probarlo, basta escuchar nuevamente la melopea de Chadwick, en el video de su vocería, ese día.

Ahora la cuestión consiste en ver si la logrará recuperar, y si la ciudadanía lo permite, porque en lo que respecta a la oposición, su desorientación y divergencias por ahora la tienen anulada.