En Chile existe una crisis de representación y de credibilidad que viene de años, y que se ha incrementado fuertemente en los últimos meses. No es un hecho nuevo, como lo establecen estudios e investigaciones cualitativas sobre la subjetividad de los habitantes de nuestro país, quienes muy mayoritariamente exponen la necesidad de cambios sociales, políticos, económicos y constitucionales.
El reciente estudio del PNUD es claro en este diagnóstico.
La disputa por representar este descontento y generar fuerzas que permitan imponer un rumbo político al país, es lo que caracteriza la permanente y más profunda confrontación entre los dos principales bloques partidarios realmente existentes.
Los movimientos sociales organizados, y algunos coordinados relativamente en torno a sus demandas específicas, tratan de incidir en el rumbo político nacional desde sus especificidades, y desde hace algún tiempo, algunos de ellos, especialmente la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se han planteado influir y explicitar propuestas claras respecto de asuntos políticos nacionales, como es una nueva constitución política plebiscitada por el Soberano.
En el ciclo político anterior, la forma en que las correlaciones de fuerzas políticas expresaron sus direccionalidades e incidencias, fue a través de la política de los consensos, de los acuerdos, lo que durante décadas dio gobernabilidad a un modelo que legitimó (temporalmente) a una élite transversal, mientras en la ciudadanía se generó un distanciamiento creciente de esa forma de acción política y una no participación que ha llegado a golpear, severamente, a las elecciones institucionalmente establecidas, en las que participan menos del cincuenta por ciento de las y los ciudadanos con posibilidad legal de hacerlo.
En las elecciones de movimientos sociales organizados, la participación tampoco es alta, incluso en aquellos que están bajo instituciones amparadas por el estado o que existen bajo el imperio del privado, los indicadores de participación son relativamente bajos.
Un punto relevante de esta situación se vivió bajo el gobierno de la derecha, porque millones de personas marcharon por meses por las calles de Chile, exigiendo educación gratuita y de calidad, y una reforma tributaria para financiarla.
El impacto político más importante de esa expresión ciudadana fue la derrota posterior de la derecha, y la incorporación de esas demandas al actual programa de gobierno de la NM, en plena realización ahora.
A la desafección social y ciudadana, se une el fenómeno indesmentible que es la desigualdad, la injusticia social, profunda e irritante, y que golpea prácticamente a todos los ámbitos de la vida social e individual de los habitantes del país: salud, educación, vivienda, transporte, salarios, delincuencia y violencia criminal.
Las fuerzas políticas que buscan representar a la ciudadanía, e incidir e influir en ella, podrán discutir, e incluso disputar respecto de los grados o intensidades de este descontento. Pero es francamente absurdo y casi esquizofrénico desconocer que este fenómeno es real, y crucial para interpretar y comprender el descontento y desafección de la mayoría ciudadana respecto de la política y la vida política del país que se expresa en sus instituciones en las cuales se delega el poder de representar a la ciudadanía.
Más aún, el estudio del PNUD ha develado que, actualmente, la mayoría del país tiene más esperanzas que antes, respecto de los cambios profundos que demanda.
Si se analiza con sentido de la historia, y con objetividad, este es el primer gobierno que tiene un programa de cambios estructurales profundos, desde que se inicio la transición tras la dictadura cívico-militar de Pinochet, apoyada políticamente por la derecha.
Es un mérito no menor, si se analiza este período con sentido de la historia, el haber llegado con una correlación política (Nueva Mayoría) a conquistar el gobierno y el parlamento que ha iniciado este proceso de reformas, y que durante el primer año logró aprobar importantes proyectos de ley.
Es un mérito de la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet y de todo su primer gabinete, encabezado por Rodrigo Peñailillo.
Sin embargo, y es importante reconocerlo para el análisis del diagnóstico real, los descontentos ciudadanos sobre asuntos tan gravitantes como salud, transporte, educación, delincuencia y violencia criminal, así como desigualdad, persisten e incluso crecen.
La mayoría de las reformas profundas y estructurales que impulsa el gobierno no tendrán impacto social en la vida de las chilenas y chilenos, bajo este actual régimen. Las muy severas catástrofes que han impactado al país agudizan esta situación.
Es este descontento el que busca representar la derecha política, y que trata de usar y direccionar para incrementar su presión que permita frenar y detener las reformas estructurales, especialmente la de nueva constitución política.
Fragmentada, sin programa ni rumbo político claro; pero aún con una gran representación parlamentaria y con un poder incontrarrestable en el espacio de los medios de información social (escrito, radial y televisivo), la derecha presiona y resiste, tratando de instalar a partir de hechos reales y graves de corrupción, la idea que “los políticos y la política” son la expresión más evidente de la crisis de credibilidad en el país.
Es una política de gran peligro para la Democracia, pero no es la primera vez que la derecha orgánica e histórica de Chile apela a ese camino para desmantelar un proyecto de reformas sociales y políticas estructurales.
Hasta ahora, ese esfuerzo de la derecha no logra representar a la mayoría ciudadana, ni algo cercano a eso. El escándalo Penta la sigue golpeando fuerte.
Sin embargo, la desafección al gobierno de la NM y al prestigio de la Presidenta se ha incrementado, y tal expresión ciudadana partió el año pasado, bastante antes de los casos Caval y SQM.
Hasta ahora, el gobierno y la NM han buscado retomar la iniciativa con respuestas muy contundentes respecto de separar de una vez por todas el poder del gran negocio de la política y la vida social, y darle centralidad al gran asunto de fondo; esto es, un “proceso constituyente” hacia el cambio de la actual constitución política, con participación del Soberano.
Y la derecha, en medio de su falta de propuesta política, ha reaccionado tratando de frenar y restarle credibilidad a esos intentos.
Es un hecho real que las pugnas entre partidos y al interior de los partidos, ha debilidad la capacidad de dirección de la NM; pero tal vez lo más complejo es que sus posibilidades reales de representar a la ciudadanía no son relevantes y no son perceptibles para el momento político que se vive.
Es una especie de bloque que parece más concentrado en presionar a su propio gobierno, que incidir y crecer en representación en la sociedad civil.
Es posible, y bien deseable, que en este cuadro los movimientos sociales articulados y con vocación de incidir en el curso de la política nacional, puedan influir en el rumbo político de los acontecimientos. Eso podría cambiar el actual estado de cosas.
Pero ni la derecha política, ni la derecha empresarial se quedarán inmóviles; su capacidad de influir en el rumbo de los acontecimientos está casi intacta.
Es en este cuadro que se produce el cambio de gabinete.
La Presidenta ha reafirmado con claridad el rumbo general del gobierno, en cuanto a programa de reformas.
Ahora, la derecha presiona por “diálogo y acuerdos”, y una agenda centrada “en los problemas sociales”.
Al interior de la NM hay voces políticas que, sin poner en cuestionamiento lo señalado por la Presidenta, sin embargo abren la posibilidad de una forma de hacer la política diferente a cómo se ha implementado hasta ahora. Y también relacionan a la necesidad de acuerdos, el clave concepto de “crecimiento”.
Si se analiza lo realmente existente, y las décadas pasadas, ese concepto de “crecimiento” generó una macroeconomía sólida y robusta, pero a la vez causa de la tremenda y brutal desigualdad que hasta hoy no se supera.
Si bien en gobiernos pasados (incluso el de la derecha) hubo intentos y esfuerzos de políticas y gestión pública que buscaron la protección de los más golpeados, sin embargo las desigualdades estructurales permanecieron, e incluso aumentaron.
El desafío del nuevo gabinete, en este contexto, es revertir procesos que podrían ser tendencias.
Por un lado, mantener el programa de reformas; y por otro, enfrentar radicalmente los problemas sociales que persisten y generan gran descontento.
El trasfondo de este hecho crucial es, en rigor, el agotamiento de un modelo político y económico. Pero para la ciudadanía, mayoritariamente, el tema de fondo sigue siendo vivir un poco mejor, y no sólo ser consultada esporádicamente, sino que participar del destino del país.
(*) Periodista, Secretario General del Partido Comunista
Fuente: El Siglo
