Numerosos estudiantes del Liceo Cervantes fueron testigos, el jueves 9 de julio , del secuestro ocurrido en Calle García Reyes con Alameda, del estudiante Pablo Antonio del Pozo Vásquez, de 15 años, Vice Presidente del Centro de Alumnos del Liceo Cervantes que esa tarde a las 19:30 horas aproximadamente, fue reducido y detenido, en un número de 10 efectivos de civil, que lo golpearon la cara y piernas y lo subieron a un vehículo con destino desconocido.
Sus compañeros fueron inmediatamente a la Tercera Comisaría de Santiago ubicada en calle Agustinas entre San Martín y Tucapel Jiménez para colocar una denuncia sobre estos hechos y se encontraron que Pablo estaba detenido en ese recinto.
Según lo declarado por Carabineros de Chile, la Comisión Civil de esa institución que estuvo a cargo del procedimiento actuó y detuvo al joven dado que “confundieron” un tubo metálico que estaba en una mesa con una “escopeta recortada”.
Como integrantes de la Comisión Ética Contra la Tortura hemos ido a la Tercera Comisaría donde hemos encontrado al destacado abogado de Derechos Humanos Hiram Villagra que acababa de conversar con Pablo y nos confirmó la violencia con la que actúo la Comisión Civil.
También nos informó que el Fiscal de turno dio orden perentoria de libertad, pero antes debe haber constatación de lesiones por parte de un servicio médico público. Trámite que puede tomar un tiempo prolongado.
Resulta extraño que la única persona detenida sea justamente un dirigente del Centro de Alumnos de un establecimiento educacional que se encuentra en paro y ocupado por sus estudiantes.
Resulta extraño que policías experimentados no puedan distinguir entre un tubo metálico y un arma; resulta extraño que esta policía de civil actué en las cercanías de los recintos estudiantiles, no se identifique y vestidos de civil actúen del mismo modo que la policía política de antaño cuando secuestraba opositores a la dictadura. Sin embargo, no nos resulta extraño que lo primero que hagan sea golpear a las personas sean o no sean “culpables” de delitos que ellos imaginan como lo es en este caso.
A nuestro juicio, esta estrategia represiva es una agudización de los métodos policiales de amedrentamiento y de criminalización que se siguen ejerciendo contra los estudiantes y sus reclamos por el derecho a la Educación Pública.
Solicitamos al Gobierno y al Ministerio del Interior en particular detener estas prácticas que niegan la libertad de expresión, el derecho a protesta y sobre todo, violentan la integridad física y psíquica de las personas, y violan los derechos de los menores de edad en nuestro país.
Recordamos a la Presidenta Bachelet que existen compromisos por ella misma firmados en el año 2009, para colocar en funcionamiento el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y que aun no ha visto la luz del día; este mecanismo sería la entidad encargada de investigar este tipo de denuncias y llevar ante los tribunales a los agentes del Estado responsables de actos reñidos con la ética y dignidad humana.
A la fecha, aun no se incorpora al ordenamiento penal la tipificación del delito de tortura y sus sanciones, por lo que actos como los que realiza la Comisión Civil de Carabineros de Chile, quedan impunes, contraviniendo los compromisos del Estado chileno ante Naciones Unidas en relación a la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Se solicita la más amplia difusión.
Fraternalmente,
Juana Aguilera
Presidenta
Comisión Ética Contra la Tortura
Fuente: Comisión Etica contra la Tortura
