«Caso» Caval: ¡Dejémonos de Pendejadas!

Con indísimulado júbilo mediático, hoy se ha informado profusamente sobre la caída de cinco puntos puntos porcentuales en la aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet, que la empresa autora de la encuesta atribuyó al «caso Caval» y calificó como una «bomba». Es la misma empresa que suspendió la publicación de la encuesta mensual en octubre de 2012, cuando la aprobación de Piñera caía en forma exponencial, la cual, al reanudarse la publicación de la encuesta, en marzo de 2013, venía con una inexplicada alza porcentual de diez puntos. Consciente del riesgo implícito en cruzarse al paso de un sentido común sólidamente implantado en el imaginario colectivo, en este artículo argumentaré que la «bomba» proclamada por Adimark es, precisamente, el efecto que se buscaba, y que el «caso Caval» no es sino otra pieza de la conspiración mediática de los sectores conservadores que se oponen a las reformas que impulsa el Gobierno de la Presidenta Bachelet, de la que también formaron parte, en su momento, la campaña que apuntaba a desprestigiar al Partido Comunista a través de la Universidad Arcis, y la que pretendía dividir al Colegio de Profesores.

Del mismo modo como seguir la flecha por el lado de la pluma conduce al indio que la disparó, el objetivo que persiguen las campañas mediáticas remonta hasta sus orígenes, y por tanto descubre a sus autores y los intereses que los movilizan. La obsesiva cobertura mediática sobre un «caso» que a lo más merece un repoche moral apuntó, primordialmente, al desprestigio de la propia conductora del proceso de reformas que tanto fastidian a los sectores conservadoras. Como segundo óptimo, persiguió -y obtuvo-  empatar los corrosivos y devastadores efectos que para esos mismos sectores conservadores estaba -y está- trayendo aparejado el caso Penta, donde sí hay irregularidades efectivas y comprobadas, al punto que, paradójicamente, los representantes políticos de esos sectores se escudan en la «investigación judicial» en curso para evadir la condena mediática a los parlamentarios sobornados por Penta.

Despejada la variable acerca de los objetivos del «caso Caval», y sus beneficiarios, cabe sumarle a la ecuación la circunstancia de que son los mismos sectores propietarios y controladores del sistema mediático del país, en una abrumadora proporción. De hecho, fue un reportaje de la revista Qué Pasa, del conglomerado COPESA, el que disparó la reacción en cadena.

Una breve digresión en este punto.

Que El Mercurio y COPESA disparen contra el pianista, no sólo es normal y explicable, sino que por el método del contraste, constituye un indicativo que las cosas marchan en la dirección correcta. Pero que también lo hagan los pocos medios que no forman parte de las cadenas hegemónicas -radios Cooperativa, Bío Bio y Universidad de Chile, periódicos electrónicos The Clinic, El Mostrador, La Nación, El Dínamo, El Desconcierto, Clarín y Cambio 21, entre los principales- es para mí motivo de un enigma.

Es obvio que responde a intereses políticos particulares, pero, en mi opinión, también obedece a la larga costumbre del periodismo de piño o de manada, según la cual es fácil condenar al que todos condenan, puesto que es estadísticamente difícil que estén todos equivocados. Con mayor razón en este caso, donde hay zonas opacas, de muy problemática defensa.

Evidentemente, no pretendo menoscabar la misión básica del periodismo, de denunciar e investigar hechos que puedan ser constitutivos de ilicitud e irregularidad. Pero antes se nos enseñaba que ese tremendo poder debe ser ejercido con la regulación de la ética, porque de lo contrario,  se corre el riesgo de infligir graves e irreparables daños a la inocencia y el honor de las personas.

Llegado a este punto, es conveniente aclarar que no pretendo, ni mucho menos, defender a Sebastián Dávalos, su cónyuge, Natalia Compagnon  o a la empresa Caval.

En primer término, porque con los antecedentes expuestos hasta el día de hoy, no hay nada de qué defenderlos, dado que no hay comprobación de ningún hecho ilícito o irregular.

Luego, no es que me guste, o pretenda defender, una operación de especulación inmobiliaria que deja, según los antecedentes conocidos, $3.000 millones la pasada. Pero condenar esta operación, de segundo o tercer orden, y silenciar los meganegociados que a diario perpetra el sector de la gran empresa inmobiliaria, al punto que frecuentemente nos enteramos de su poder para modificar planos reguladores comunales y urbanos, me parece una hipocrecía.

Para ser aún más claro: me cargan las operaciones inmobiliarias especulativas. Pero su condena supone la condena del modelo neoliberal. Condenar a Caval sin luchar contra el modelo neoliberal es tan inconsecuente como pasarle un parte por exceso de velocidad a un piloto de las 500 Millas de Indianápolis.

Ahora, examinemos los hechos.

La revista Qué Pasa detalló que Caval obtuvo un crédito del Banco de Chile de 265.980 UF, alrededor de $ 6.500 millones, para comprar tres predios agrícolas en Machalí, Región de O’Higgins, en una zona que estaba en trámite de cambio de plano regulador, que de uso rural pasaría a urbano, predilecta de los sectores más acomodados de Rancagua.

El 16 de diciembre de 2013, el Banco de Chile aprobó el crédito de $ 6.500 millones para el proyecto de Caval.  

En enero de 2014 se firmó la compraventa, y en marzo del mismo año, los fundos Santa Elena, San Diego y Santa Cecilia -paño de terreno de unas 45 has/2- fueron inscritos en el Conservador de Bienes de Rancagua a nombre de Caval.

A la fecha de la adjudicación del crédito, el gerente de Proyectos de Caval Ltda. era Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Bachelet y esposo de Natalia Compagnon.

El 25 de febrero de 2015 se concretó la venta de esos terrenos, de Caval a la empresa Silca, por un monto de $9.500 millones.  

La segunda recriminación, en orden de importancia, remite a la presencia de Sebastián Dávalos en una reunión con Andrónico Luksic, Vicepresidente y Director del  Banco de Chile, el 6 de noviembre de 2013, un día después de la segunda vuelta presidencial.  

La tercera imputación de la campaña mediática, todavía en el terreno de los hechos, apunta a la presunta existencia de información privilegiada, presuntamente entregada a Caval por la arquitecta Cynthia Ross Weisner, y el ex director de Obras, Miguel Morales.

La cuarta incriminación, profusamente enarbolada por la jauría mediática, es el directo parentesco de la Presidenta con Dávalos, lo que conlleva implícito el cargo de nepotismo.

Contrastemos ahora las acusaciones con el peso de la prueba.

Lo primero que hay que aclarar es que el crédito del Banco de Chile a la empresa Caval es una operación entre particulares. Sorprende que El Mercurio y La Tercera, agresivos defensores de los fueros del sector privado, denuncien con tal agresividad, una operación entre particulares.

Cualquier conocedor de la práctica bancaria, sabe que un crédito de $6.500 millones supone -y depende de- garantías o expectativas de rentabilidad suficientes, que pemitan, razonablemente, asegurar la recuperación de la acreencia y la consiguiente utilidad.

Por tanto, que medios de comunicación defensores a ultranza de esas prácticas, como El Mercurio y La Tercera, siembren la duda sobre la base de imputaciones no comprobadas, con el exclusivo aval de declaraciones del oscuro gestor Sergio Bustos Baquedano, a quién brindan diariamente generosos espacios, constituye, por decir lo menos, una canallada.

No se conocen los factores objetivos que condujeron al Banco de Chile a conceder ese crédito a Caval, pero deslizar, como lo hacen a diario El Mercurio y La Tercera, aventajados conocedores de la práxis y la cronología de las operaciones bancarias, que obedeció al parentezco de Dávalos con la Presidenta elegida el día anterior, representa una doble canallada.

Cualquier irregularidad, en caso de haberla, porque hasta acá no se ha mostrado la menor prueba, debe imputárse a la debilidad de controles de la entidad que concedió los recursos, es decir, el Banco de Chile, y de ninguna manera a la empresa que los solicitó, que la propia jauría mediática califica de segunda importancia.

Tampoco se ha exhibido la menor prueba de la menor irregularidad en el proceso de cambio de uso de suelo de los terrenos objeto de la operación. Que ello haya sido sano, o no, desde el punto de vista de la conurbación de áreas rurales, es materia de otro debate.

El hecho de que Sebastián Dávalos y Andrónico Lucsik compartieron en la reunión, el día señalado, no está en discusión. Pero en ese minuto, ambos concurrían estrictamente como particulares. Probablemente, a la Presidenta recién electa ni siquiera se le ocurría designar a Dávalos como director del Área Sociocultural de la Presidencia, y si lo tenía en mente, en nada altera esta historia, a la cuadra del 6 de noviembre de 2013.

En cambio, si Luksic imaginó que concurriendo a una reunión en la que también asistiría el hijo de la Presidenta electa el día anterior, podría conseguir ventajas y réditos a futuro, es apenas obvio y natural. Pero en ese caso, la jauría mediática debe pedirle explicaciones no a Dávalos, sino a Luksic. De hecho, las dió: «asumo mi total responsabilidad y siento sinceramente no haber previsto entonces las complejidades y consecuencias que tendría este encuentro», dijo.

El problema es que lo señaló en una carta a los trabajadores del Banco de Chile, y no ante la consultas que éticamente debió formularle la jauría medíatica, que tampoco se ha hecho cargo de lo que esas declaraciones implican. Obviamente es más fácil y productivo crucificar a Dávalos.

Que sea sin pruebas, es algo que parece no parece inquietar a la ética de los periodistas de hoy.

La inexistencia de pruebas que permitan sostener hechos ilícitos o irregulares en el «caso» Caval, fue establecida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Finacieras, la Secretaría Regional Ministerial de la Vivienda y Urbanismo, y el propio «mercado», al concretarse la venta. Pero a la jauría mediática, como si lloviera. Le sigue siendo más rentable políticamente acusar al voleo «irregularidades» que no se molesta en probar y que instala en el imaginario colectivo por el mero expediente de la repetición perpetua e irresponsable.    

Vamos ahora por la consistencia de las acusaciones de eventual uso de información privilegiada.

Las únicas «pruebas» que suminista la jauría mediática son las acusaciones al voleo de Sergio Bustos Baquedano, parte interesada en un juicio que entabló contra Caval, que además suministró los insumos del reportaje de Qué Pasa, y las declaraciones de José Miguel Urrutia, alcalde de Machalí, militante de la UDI, para mayor información. A los medios que enarbolaron esas «pruebas», nada les costaba indagar sobre los antecedentes objetivos que obran en torno al proceso de modificación del plano regulador y cambio de uso de suelo, en los terrenos sujetos a la controversia. Pero hasta hoy, no se encuentra ningún antecedente al respecto.

Revisado el profuso despliegue mediático sobre este «caso», no se encuentra la menor investigación, y menos prueba, que desmienta el hecho que se trató de una operación entre particulares, o que demuestre la existencia de irregularidades, o que se trató de una transacción comercial que se aparte de la lógica de acumulación inscrita en el ADN del sistema, en la que creen todos los que hoy atacan la jugada de Caval.

De igual modo, cabe apostar sobre seguro que las instancias de investigación formal, como la Fiscalía o la Contraloría, sobreseerán sin culpables ni delito, el «caso» en cuestión, lo cual tiene escasa o ninguna importancia, desde el punto de vista de los silenciosos diseñadores de la maniobra, en la medida en que el daño ya estará hecho, ni se podrá reparar el mal causado, tal como sucedió en las campañas contra ARCIS y el Colegio de Profesores.

Mientras tanto, en lo que a manipulación mediática se refiere, miel sobre hojuelas, en la medida en que el «caso» Caval desplazó de la atención pública al Pentagate, donde las irregularidades no sólo están a la orden del día, sino que lo están de manera debida y formalmente comprobada. 

Por lo demás, asumiendo su responsabilidad en los planos éticos y políticos, Dávalos renunció a su cargo en el Gobierno -por mas que haya sido ad honorem- y a a su militancia en el Partido Socialista, cosa que no han hecho los conmilitones de los sectores que lo crucifican, y se jactan de la operación política que ocasionó a su madre una baja de cinco puntos porcentuales en las sacrosantas encuestas.  

Todavía una última consideración hacia las profusas voces que critican y profundizan sobre las connotaciones éticas del «caso Caval»:

¡Déjense de pendejadas y únanse a la lucha contra el sistema neoliberal!