Un nuevo antecedente levantó suspicacias al interior de la comisión investigadora. Un grupo ligado al gremialismo fue el que preparó el millonario negocio especulativo en Machalí. Hace un mes Natalia Compagnon, nuera de Bachelet, acusó un plan para atacar a la familia de la Presidenta. Las piezas comienzan a caer en su lugar y las teorías conspirativas parecieran no ser tan descabelladas como se pensó. De hecho, el trío de pájaros de cuenta que forman el Síndico de Quiebras, Herman Chadwick Larraín, la arquitecta Cynthia Ross Wiesner y el operador de la UDI, Juan Díaz Sepulveda, da el suficiente ancho como para considerar la tesis de la conspiración con mucho respeto y atención.
A más de un mes de que Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos y dueña de la empresa Caval, revelara en una entrevista que creía la existencia de una estrategia para atacar a la familia de la Presidenta Michelle Bachelet, nuevos antecedentes del caso comienzan a dirigir la investigación en ese sentido.
Se trata de la millonaria comisión obtenida por el ex operador gremialista Juan Díaz del síndico de quiebras, Herman Chadwick Larraín, por gestionar la venta de los predios de Machalí y la modificación al plano regulador (que no se ha concretado), el que al materializarse posibilitaría una mayor plusvalía de los terreno.
Trabajo que se tradujo en $415.354.524, 200 millones más que los obtenidos por el síndico.
El nuevo antecedente cierra el círculo de cómo se gestó el negocio de Machalí. Cynthia Ross Wiesner, sobrina de los dueños de los predios, tomó conocimiento de la venta por quiebra y del posible cambio del plano regulador, de hecho, como arquitecta hizo la tasación de las hectáreas.
Datos que llegaron a oídos del síndico y de Juan Díaz, quienes buscaron un comprador con la promesa de un gran negocio especulativo.
«La idea» conspirativa habla que este grupo cercano al gremialismo habría ideado el negocio soñado para involucrar a la empresa de la nuera de la Presidenta y manchar al gobierno. La teoría no se puede asegurar, pero entre los diputados miembros de la comisión investigadora del caso Caval, las suspicacias comienzan a tomar fuerza.
Una teoría factible
Desde la comisión investigadora, el diputado Daniel Nuñez (PC), aseguró que al interior del equipo existen sospechas, sobre todo después que haya sido en esta misma instancia que se revelara el antecedente, entregado por la superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina Montenegro:
«Juan Díaz tiene la peculiaridad de haber sido una persona vinculada estrechamente a la UDI, primero dijeron que era militante, luego que no, pero que mantiene todos sus vínculos y redes de contactos con el partido, con lo que uno puede llegar a sospechar qué había detrás. ¿Un negocio inmobiliario, especulación o un interés de golpear a la familia de la Presidenta? Al parecer Díaz, fue uno de los que hizo el contacto con Caval para ofrecerles el negocio, o sea, pudo ser el inductor de este negocio especulativo».
Aunque pareciera ser una teoría factible, ésta no exime de culpas a la empresa de Compagnon.
«La responsabilidad de Caval es indudable, intentaron hacer un negocio especulativo, obtener dinero fácil, plata dulce, la que no es la forma que nosotros consideramos se deben hacer los negocios en Chile. Evidentemente es una conducta reprochable. Pero que haya delitos involucrados, hasta ahora, la Fiscalía da la impresión que no ha encontrado antecedentes, pero se los investiga por la justicia», dijo Nuñez.
Además, el diputado apunta que con esta nueva arista, saltan las alertas sobre otros beneficiaros del negocio de venta de terrenos. Juan Díaz «no sabemos si asociado con el síndico o como inductor pudo provocar un daño político a la Presidenta y su figura», disparó Nuñez.
El que nada hace…
Más neutral se mostró el diputado Guillermo Ceroni (PPD) quien no se precipitó hacía la conspiración, asegurando que aún es temprano para tener un veredicto certero:
«En el fondo no se puede prejuzgar sin los antecedentes claros, pero lo más importante para la ciudadanía es que esto sea transparente y lo que haya ocurrido tiene que ventilarse y si hay alguna infracción legal, que el Ministerio Público haga uso de las herramientas correspondientes».
Junto con lo anterior, Ceroni advirtió que Díaz y Chadwick están invitados a la comisión para esclarecer los hechos del caso y nuevos datos siguen profundizando en la maraña del escándalo que derribó la confianza en el gobierno y costó el cargo del hijo de la Presidenta:
«Este señor que ha estado metido en esta situación, tiene que aclararlo y darnos una explicación, espero que se atreva a ir, porque somos varios los que estamos interesados en que el caso se despeje y sepamos la verdad, que se ha hecho negocios y hasta qué punto fue licito o contra la ética».
El diputado Ceroni reconoció la realidad y asume que lo más probable es que sean pocos los civiles invitados a la comisión que respondan al llamado. Pero dice que al menos queda consignado. Todo se resume en que el que nada hace, nada teme.
Fuente: Cambio 21
El hombre que le abrió la puerta a Caval
Francisco Siredey y Francisca Miranda
Fue un ex dirigente de la UDI, Juan Díaz, quien contactó a Mauricio Valero -socio de la empresa de la nuera de la Presidenta- para ofrecer los terrenos de Machalí. Díaz es un cercano a Pablo Longueira y cumplió un rol estratégico en el caso Spiniak para desacreditar el testimonio de Gemita Bueno.
Por destino o mera fortuna, el ingeniero Juan Gregorio Díaz Sepúlveda (54) ha estado presente en momentos determinantes para la Unión Demócrata Independiente (UDI).
El 1 de abril de 1991 estaba en la sede de calle Suecia cuando apareció el auto que llevaba a un malherido Jaime Guzmán, quien había sido emboscado por dos integrantes del FPMR a la salida del Campus Oriente de la Universidad Católica. Junto a Pablo Longueira y Pedro Páez, Díaz se subió al vehículo que condujo al líder del gremialismo al Hospital Militar, donde falleció a las 21.30 horas. Algunas versiones dicen que falleció en sus brazos.
Pasaron 12 años para que volviera a tener figuración pública. Fue en medio del escándalo del caso Spiniak, que golpeó con fuerza al gremialismo por las acusaciones de Gemita Bueno en contra del entonces senador Jovino Novoa. Díaz formó parte de un equipo de investigación extrajudicial de la UDI que buscaba pistas para desacreditar la versión de Bueno.
La jueza Eleodora Domínguez le imputó haber ofrecido dinero para obtener testimonios. En el proceso, se convirtió en el único militante del partido en ser formalizado por amenazas y estafa, cargos por los cuales fue sobreseído.
A partir de entonces logró mantener un bajo perfil y durante varios años se ha dedicado a los negocios inmobiliarios. Una actividad que lo ha puesto otra vez como actor y testigo privilegiado de un escándalo político financiero que ha golpeado al entorno familiar de la Presidenta Michelle Bachelet: la compra venta de terrenos en Machalí por parte de Caval, sociedad que pertenece en un 50% a Natalia Compagnon, nuera de la Mandataria.
Fueron las hasta ahora desconocidas gestiones de Díaz Sepúlveda las que abrieron las puertas para la polémica transacción inmobiliaria que terminó involucrando a La Moneda en una aguda crisis, sacándo el foco de atención pública del caso Penta por algunas semanas.
A mediados de 2011, tras hacerse cargo de la administración del convenio judicial preventivo de Wiesner S.A, el síndico Herman Chadwick Larraín tomó contacto con un viejo conocido que ofreció sus servicios para ayudar en la venta de los terrenos situados frente al Club de Polo de Machalí, en la llamada Carretera del Cobre.
Se trataba de Juan Díaz Sepúlveda. Los vínculos entre ambos se arrastran desde hace casi una década. Siempre en su rol de gestor inmobiliario, aunque como “freelance” -según aclaran sus cercanos-, Díaz suele trabajar codo a codo con el síndico en asesorías y proyectos relacionados con la venta de terrenos.
“Su negocio es darle un valor agregado a los terrenos, para conseguir un mejor precio y así lograr una comisión”, comenta un cercano al dirigente que a principio de los 90 ayudó a levantar el departamento poblacional de la UDI, donde cimentó una relación política con Pablo Longueira.
“Sus redes de contactos, buena parte de las cuales construyó durante su etapa de dirigente político, le han abierto puertas para posicionarse como un reconocido gestor de negocios”, señala uno de sus cercanos.
Díaz sabía que el terreno que Chadwick debía enajenar en Machalí subiría su valor exponencialmente si se concretaba un cambio al Plan Regulador Intercomunal (PRI) y el uso de suelo del paño pasaba de agrícola a urbano, por lo que activó de inmediato las gestiones en Santiago para atraer potenciales compradores a la zona.
Gracias a su pasado como dirigente de la UDI, Díaz tenía un fluido contacto con algunos funcionarios de la Municipalidad de Machalí, que lidera el alcalde del mismo partido, José Miguel Urrutia. Además de sostener reuniones con el Director de Obras, en el 2012, asistió al menos a una de las dos asambleas públicas convocadas por el municipio para debatir el cambio del plan regulador.
Con cada uno de los potenciales compradores que contactó para promover el negocio que tramitaba el síndico Chadwick, Díaz colocaba el inminente cambio de uso de suelo como un factor de valor para concretar la transacción. Para reforzar esa idea, Díaz contó con una aliada: la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, quien además de ser sobrina del dueño de las parcelas que debía vender el síndico, había trabajado en varias oportunidades desde 2007 como asesora de la dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí, precisamente en la elaboración de propuestas para futuras modificaciones al Plan Regulador Comunal e Intercomunal.
Según fuentes cercanas a la investigación que lleva adelante la fiscalía, la arquitecta participó en al menos una de las reuniones que el síndico Chadwick sostuvo con interesados en adquirir los terrenos de Machalí y el propio Juan Díaz.
Los vínculos de negocios de Ross Wiesner, al menos con el gestor inmobiliario, van más allá de la venta de los terrenos de Machalí. Según cercanos a Díaz, debido a su vasta experiencia en el negocio inmobiliario, la arquitecta lo ha asesorado en el desarrollo de proyectos y venta de terrenos en más de una oportunidad, tanto en Santiago como en regiones.
Las últimas asesorías a la municipalidad de Machalí, la arquitecta las hizo en 2012 y 2013. Por este motivo, Cynthia Ross Wiesner está siendo indagada por el fiscal que lleva la investigación, Luis Toledo, por eventual uso de información privilegiada.
Para fines de 2012, Díaz ya había ofrecido los terrenos en venta en Machalí a varios empresarios. Pero las cifras que se jugaban entonces, estaban por debajo de los intereses de Wiesner y de los acreedores.
En ese proceso, uno de los interesados llegó hasta los oficinas del síndico con una propuesta formal: estaba dispuesto a pagar 0,53 UF por metro cuadrado del paño, un ofrecimiento atractivo para los intereses de los vendedores, pero que incluía una condicionante. Se ofrecía pagar solo una parte al contado y el resto amarrado al cambio del plan regulador.
La cláusula propuesta, sin embargo, fue rechazada por Wiesner y los acreedores.
Así las cosas se abría una carrera contra el tiempo. En abril de 2013, el síndico Chadwick debió extender por un año más el plazo para liquidar los predios. Fue una maniobra oportuna. A los pocos días, apareció un joven relacionador público con una oferta que a la larga terminaría provocando un remezón político. Era Mauricio Valero.
Según una versión, el socio de la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Campagnon, en Caval, y quien ya registraba varios negocios relacionados al mercado inmobiliario -algunos relacionados con el empresario y dueño de terrenos en la zona, Gonzalo Vial Concha- tocó directamente la puerta de Chadwick interesado por el paño de Wiesner.
Sin embargo, cercanos al síndico de quiebras, aseguran que fue Juan Díaz quien lo trajo para abrir formalmente las negociaciones.
Más allá de las diferencias que existen sobre ese punto, lo cierto es que a partir de entonces el gestor inmobiliario sostuvo varias reuniones con Valero, algunas de ellas en Santiago, a la hora de almuerzo.
En ellas el tema de los avances en el cambio del plan regulador, proceso que Díaz venía siguiendo de cerca, era una constante.
La primera propuesta económica de Valero, no fue aceptada. Caval ofreció 0,54 UF por metro cuadrado, pero los dueños pedían 0,56 UF.
Por entonces, según los informes que preparó la arquitecta María Luisa Valenzuela por encargo de Caval, para reforzar las gestiones que emprenderían en el sistema financiero en busca de crédito, los terrenos se encontraban emplazados en una zona de alto potencial inmobiliario.
Uno de los argumentos esgrimidos por la sociedad de la nuera de Bachelet para reforzar ese punto era la futura ampliación de la carretera de El Cobre, la que pasa junto a los terrenos.
La propuesta de Caval era que terceros levantaran primero un hotel y un área de servicios y luego subdividir los otros paños para viviendas de 370 metros cuadrados, para una mayor rentabilidad.
El problema, es que únicamente cuatro de las 44 héctareas tenían uso urbano, por lo que sólo en ellas se podía edificar de inmediato. El resto, dependía del cambio del plan regulador. Aun así, en informes que elabora Caval, en octubre de 2013, y que servirían para la búsqueda de créditos y de eventuales compradores, se asegura que el proceso para el cambio de la normativa comunal tenía un “90% de avance”.
En julio de 2013 Valero vuelve a la carga con una oferta de 0,56 UF, y acompaña una carta del Banco Santander que hablaba de un crédito de 250 mil UF.
Pero el negocio no se concretó. El Banco Santander rechazó dar el crédito, por considerarlo de alto riesgo, pues, entre otras cosas, involucraba a personas con alta exposición política. El paso en falso obligó a renegociar el acuerdo, sobre todo porque habían garantías comprometidas y Caval quería más plazo para conseguir financiamiento.
Así, Valero haría esta vez una oferta de 0,6 UF por metro cuadrados, lo que significaba un total de 265.980 UF (unos 6.500 millones de pesos). El 15 de noviembre de 2013, nueve días después de la reunión que el hijo de la Presidenta , Sebastián Dávalos, y su señora, Natalia Compagnon, sostuvieron con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, para gestionar directamente el crédito requerido, Caval entrega al síndico por primera vez documentos de ese banco como garantía de la nueva oferta: tres vale vista (números 34299/ 34300/ 34301), por un total de 100 millones de pesos.
Sólo un mes después (el 16 de diciembre) el Banco de Chile notificaría formalmente la aprobación del crédito que cerró el negocio que a la larga terminaría costando la salida de Dávalos como director de la Dirección Sociocultural de La Moneda.
Los cerca de 2.500 millones de pesos en utilidades conseguidas con la posterior venta de los terrenos a la empresa Silca, no han bastado para compensar los dolores de cabeza que la transacción ha generado a Caval.
A la querella por estafa presentada por los nuevos compradores se sumó esta semana la desclasificación de nuevos antecedentes que siguen sembrando dudas sobre la operación: el contrato revelado por Qué Pasa que buscaba garantizar aún más utilidades para la empresa de la nuera de la Presidenta.
Fuente: La Tercera
El negocio inmobiliario que los operadores de Caval ofrecieron en Renca
Daniela Yáñez
Herman Chadwick Larraín, síndico de quiebras, Juan Díaz Sepúlveda, ex dirigente poblacional UDI, y Cynthia Ross, arquitecta y ex funcionaria de la municipalidad de Machalí, son la tríada que hoy está siendo investigada por la fiscalía de Rancagua en el marco del caso Caval. Ninguno hasta ahora ha reconocido sus vínculos. The Clinic tuvo acceso a los detalles de una reunión de negocios de Díaz y Ross, entonces representantes de la inmobiliaria Veintidós Ltda, del millonario zar de las aguas y ex director de Soquimich, Isidoro Quiroga, en la municipalidad de Renca en enero de este año.
A pesar de que no asistió al encuentro, según fuentes de la UDI, el síndico de quiebras también estaría vinculado en este negocio.
El 20 de enero del 2015, 16 días antes de que estallara el caso Caval, Juan Díaz, ex dirigente poblacional de la UDI, y Cynthia Ross, arquitecta de la Dirección de Obras Municipales de Machalí, fueron a una reunión de negocios en la municipalidad de Renca.
Juan Díaz aún no era, ante la opinión pública, el hombre que le ofreció los terrenos a Mauricio Valero por encargo del síndico de quiebras Herman Chadwick. Tampoco Cynthia Ross era conocida como la funcionaria con “doble militancia” que elaboró un informe sobre el cambio del Plan Regulador Intercomunal al mismo síndico. En esa fecha, antes de que se revelaran sus roles en el negocio de Caval, Ross y Díaz eran simples compañeros de trabajo.
Según el director de Obras Municipales (DOM) del municipio, Ángel Morell, la reunión no duró más de 15 minutos y contó con la presencia del jefe de gabinete, Andrés Arenas. Juan Díaz y Cynthia Ross fueron al grano. Se presentaron como representantes de la Inmobiliaria Veintidós Ltda., propietaria de un terreno industrial de 4 hectáreas en Renca, ubicado en Avenida Eduardo Frei Montalva 550, y les plantearon las intenciones de la empresa para desarrollar un proyecto inmobiliario con gran cantidad de áreas verdes y la construcción de más de 1600 departamentos para la clase media emergente. Para tal efecto, el apoyo de la municipalidad era imprescindible: el uso de suelo debía cambiar de industrial a urbano.
La Inmobiliaria Veintidós es propiedad -a través de su holding empresarial y distintas sociedades- del empresario billonario Isidoro Quiroga Moreno, reconocido como el “zar” de los derechos de agua en Chile, con inversiones en minería, energía eléctrica, mercado inmobiliario, alimenticios, entre muchos otros. También fue director de Soquimich (SQM) entre 1992 y 2002, nombrado por su amigo de toda la vida, Julio Ponce Lerou.
El correo que enviaron Juan Díaz y Cynthia Ross a la municipalidad y al que pudo acceder The Clinic, explicita los términos en que se realizaría la reunión:
“Me dirijo a usted en calidad de representante de la inmobiliaria Veintidós Ltda., propietaria del predio ubicada en la Av. Eduardo Frei Montalva 550, rol 218-1, para solicitarle una audiencia y poder exponerle la iniciativa que hemos preparado para esa porción de terreno tan importante de la comuna (…) Para lograr esto es que requerimos del municipio la aplicación del Artículo 2.1.14 de la Ordenanza General de Urbanismo y construcciones (cambio de uso de suelos)”.
Luego se refiere al desarrollo de un estudio de vialidad. “El espíritu del proyecto busca posicionarse siempre como un beneficio a su comuna”, expone el correo. El mail deja de manifiesto que, tanto Díaz como Ross son empleados de Inmobiliaria Veintidós Ltda.
LSegún Ángel Morell es importante destacar que Díaz y Ross no presentaron un proyecto inmobiliario final: “se hizo presente la intención y se expuso ideas generales del proyecto que pretendían ejecutar en la comuna”, asegura el director de la DOM.
Además, agrega Morell, Juan Díaz y Cynthia Ross no hicieron referencia durante la reunión a negocios anteriores de las mismas características (como Caval), tampoco se jactaron de sus conexiones políticas ni nombraron al síndico de quiebras, Herman Chadwick. Sin embargo, fuentes dentro del gremialismo afirman lo contrario: “Juan Díaz llegó a la municipalidad mandado por Herman Chadwick, interesado por unos terrenos que tenían uso industrial y que ellos tenían un proyecto que podría motivar a cambiarlos a urbanos. Se defendieron diciendo que era un gran negocio y que la municipalidad ganaría mucha plata con los derechos de construcción”, aseguraron.
Ángel Morell, al ser consultado respecto a la respuesta del municipio a los requerimientos de Juan Díaz y Cynthia Ross señaló que “el municipio no tiene ni ha tenido la intención de cambiar el uso de suelo de ningún predio o terreno”.
Asegura, además, que la iniciativa fue rechazada “de manera categórica y tajante por el jefe de gabinete (Andrés Arenas), porque esta no respondía en ninguna de sus partes a las políticas comunales de la actual administración”. Luego puntualiza: “las políticas comunales estaban orientadas en potenciar la construcción de viviendas de carácter social, principalmente para dar solución a los allegados de nuestra comuna y no a proyectos con fines de lucro”.
La reunión no solo confirma la estrecha relación entre Cynthia Ross y Juan Díaz sino que pondría de manifiesto la participación, según las versiones entregadas por fuentes de la UDI, de Herman Chadwick en la fallida operación inmobiliaria. Situación que ratificaría las sospechas de la fiscalía contra el síndico de quiebras cuestionado en el caso Caval por estar a cargo de la administración del convenio judicial preventivo de Weisner S.A. (empresa que era propietaria de los tres predios en Machalí) y por haber omitido sus vínculos con Juan Díaz y Cynthia Ross.
Hasta el momento, solo se sabía que Chadwick había contratado a Juan Díaz como su operador en octubre del 2011 con el fin de encontrar comprador para los terrenos de la sexta región. Relación que algunos miembros de la UDI califican de muy cercana y que se prolongaría por al menos 15 años.
Otra arista investigada por la Fiscalía está relacionada con el rol de la arquitecta Cynthia Ross. El pasado 10 de abril, Nabil Mansour, empresario inmobiliario vinculado al caso coimas, declaró ante el fiscal Luis Toledo que fue él uno de los primeros interesados en los terrenos de Caval, luego que se los ofreciera su íntimo amigo Juan Díaz en el año 2012. Pero el negocio no llegó a puerto. Su relato ante el fiscal habría dado luces sobre la relación entre la arquitecta y el síndico.
-Díaz era mandatado por Herman Chadwick para vender estos terrenos (…) Como era necesario un cambio de plan regulador, Díaz nos presentó a Cynthia Ross. No vi nunca su informe, pero nos entregó una cantidad de información de las normativas que se estaban trabajando. No sabíamos que trabajaba en la municipalidad, a mí me la presentaron como asesora de Chadwick-, aseguró Mansour a La Tercera.
La municipalidad de Renca brindó voluntariamente información a este pasquín, con el fin de transparentar la reunión con los dos representantes de la Inmobiliaria Veintidós Ltda. The Clinic se contactó por este artículo con la abogada de Cynthia Ross, Paula Vial, pero declinó de hacer declaraciones a la prensa. Al cierre de esta edición la fiscalía de Rancagua incautó el computador y celular de las oficinas del síndico Herman Chadwick.
Fuente: The Clinic
