“No hay otra Alternativa”, era el juicio del representante del Gobierno, el Subsecretario Aleuy, el día domingo ante los gremios del sector público. La misma frase que emitió el Ministro Valdes días antes, frente a los mismos dirigentes. Ambos representan a una coalición que se ha divorciado definitivamente del mundo del trabajo.
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“No hay otra Alternativa”, era el juicio del representante del Gobierno, el Subsecretario Aleuy, el día domingo ante los gremios del sector público. La misma frase que emitió el Ministro Valdes días antes, frente a los mismos dirigentes. Ambos representan a una coalición que se ha divorciado definitivamente del mundo del trabajo.
Esta frase refleja también que la lógica del pensamiento único ha capturado a la Nueva Mayoría: es el mercado el que orienta la política económica, así la política fiscal debe subordinarse a éste. Cuando el país necesita aumentar la inversión entonces se impone el dogma neoliberal y cercena el rol del Estado y del Gobierno en aras de dejarle espacio a los agentes privados, entregando las señales de obsecuencia que el mercado, a través de las agencias internacionales clasificadoras de riesgo, impone, no desde la neutralidad técnica, sino desde los intereses del capital internacional.
El resultado es un presupuesto que bate récord de mínima expansión, justo cuando la economía del país requiere mayor inversión, decisión que debe tomarse a riesgo de sobrepasar los límites autoimpuestos de convergencia en el balance estructural, pues lo relevante es volver a hacer crecer la economía. Esto entregaría las señales relevantes, no las rigideces contables que envuelven una economía que cae atada por la soga del mercado.
La negociación del sector público es la mayor de todo el país, involucrando a más de 800.000 trabajadores sólo si atendemos al factor reajuste de remuneraciones, y a más de un millón de personas si lo miramos desde los bonos que entrega. La cifra de incremento demandada por los trabajadores, de un 7,5% originalmente, considera una inflación pasada en 12 meses de 3,0% a lo cual debe sumarse incrementos del PIB, de productividad y demandas de equidad en uno de los países de peores distribución de la riqueza en el mundo.
La argumentación del Gobierno para rechazar esta petición, aparte de los juicios neoliberales ya comentados, es que los trabajadores públicos son privilegiados porque obtienen remuneraciones mejores que sus pares del sector privado. Lo que esconde este juicio es que los trabajadores privados en un 85%, dada la actual legislación, no logran negociar colectivamente, quedando a merced de la generosidad de sus empleadores, pues carecen de organizaciones poderosas así como de un marco que les permita negociar ramalmente, como sí ocurre en la administración pública.
La respuesta de un aumento de 3,2% entregada por el Gobierno en esta negociación, significa un 3,0% de devolución de la pérdida del poder adquisitivo para el periodo diciembre 2015 – noviembre 2016 y un incremento real de un 0,2%, monto que significan $1.500 para una renta promedio del Sector Público.
Esto se suma al aumento real (sobre IPC) que se logró en las negociaciones de 2014 , de un 0,3%, y en 2015, de un 0,2% .Vale decir, el salario de los funcionarios públicos aumentó casi cero por tres años consecutivos, con el agravante que el año 2015 el propio Valdés les rebajó el bono de termino de negociación de 250.000 y 125.000, según el nivel de renta de los trabajadores, a $71.000 y $0 respectivamente, operación con la cual le sacó del bolsillo al conjunto de los trabajadores públicos $ 130 mil millones y que en esta oportunidad se niega a restituir.
La Negociación del Sector Público está amparada en el convenio 151 de la OIT, suscrito por el Estado de Chile, más allá de que la legislación nacional no la consagre específicamente. Su particularidad, respecto de los demás trabajadores del país, es su carácter ramal, es decir, que todos los trabajadores del sector negocian articuladamente y en un petitorio único sus derechos.
Este marco que consagra el derecho de negociación no regula normas procedimentales para implementarlo, por lo que ha sido la propia práctica y la fuerza de los trabajadores organizados lo que ha permitido hacer realidad este derecho. Pero a diferencia del sector privado que norma fecha, contenidos y regulación de huelga, nada de esto existe en el sector público, lo que se expresa en que el Gobierno termine unilateralmente los procesos de negociación y envíe el proyecto al parlamento, así como que los trabajadores paren en las condiciones y fechas que ellos determinen.
Ciertamente, hay voces que de lado y lado demandan una regulación de esta situación, pero es claro que el patrón de regulación instalado en Chile en esta materia, cristalizado en el Código del Trabajo heredado por la Dictadura, atomiza la fuerza de los trabajadores. Ese marco normativo del sector privado se mantiene debido a las fuerzas de derecha, el Tribunal Constitucional y la hegemonía de la Concertación dentro de la Nueva Mayoría, lo que avizora que una regulación de la negociación del sector público seguiría muy de cerca este modelo, propio del esquema neoliberal que impera en Chile.
El actual paro de los trabajadores públicos y la crisis política que este ha develado, tanto en el parlamento como en el seno de la coalición gobernante, refleja de manera prístina el agotamiento de la Nueva Mayoría y su abdicación a las políticas neoliberales frente a la incapacidad de construir y levantar de manera consecuente un programa alternativo.
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Además devela la ausencia de un sujeto político autónomo del establishment que entregue proyección política a una lucha social cuyo triunfo pasa por cambios estructurales en la sociedad. Es imperioso que los trabajadores comprendan que cambios relevantes en sus remuneraciones y condiciones de trabajo requieren de su fuerza y de sus movilizaciones.
Pero este desafío exige aún más que eso: exige la construcción de unl nuevo sujeto político que rompa con el actual esquema de dominación imperante.
Este nuevo sujeto político no es la suma de pocos o varios actores sociales es la decisión de construir un frente amplio que articule actores sociales y políticos para emprender las transformaciones estructurales que viabilicen sus reivindicaciones.
(*) Economista, asesor de la Mesa del Sector Público.
Fuente: El Desconcierto
