El diferendo entre los poderes Ejecutivo y Judicial escaló a niveles peligrosos en Brasil, luego que un juez federal suspendiera de forma temporal la designación de Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-jefe de la Casa Civil.
La decisión la tomó el juez Itagiba Catta Preta Neto, del Cuarto Juzgado Federal de esta urbe, quien atendió el pedido de suspensión interpuesto por la Asociación Médica de Brasil mediante una acción civil pública.
José Eduardo Cardozo, abogado general de la Unión, apeló la decisión, la cual a su vez fue dejada sin efecto por otro juez federal, el mismo jueves.
Según el criterio de Catta Preto, la designación de Lula implica una intervención directa del Poder Ejecutivo en las actividades del Judicial, pues le garantiza un foro privilegiado al ex gobernante, quien es investigado en la operación anticorrupción Lava Jato. Eso, dijo, puede configurar un crimen de responsabilidad.
Poco después de conocerse la decisión, el sitio web Último Segundo recordó que Catta Preto tomó parte en las manifestaciones antigubernamentales del pasado domingo y que en su perfil de Facebook llamó a derrocar a la presidenta Dilma Rousseff:
«Ayude a derribar a Dilma y vuelva a viajar a Miami y Orlando. Si ella cae, el dólar también cae», posteó.
Por su parte, el líder de la bancada gubernamental en el Senado, Humberto Costa, consideró que la determinación del juez federal forma parte de la lucha política:
«No hay ninguna razón que impida a Lula ser ministro, pues él tiene derechos políticos plenos, no responde a ningún proceso ni tiene impedimento legal alguno que le impida desempeñar esa función».
Sin embargo, la decisión de un juez que ha manifestado públicamente opinión sobre un asunto en el que expide un fallo, es tremendamente peligrosa para la democracia.
En los hechos, los líderes de los oposicionistas partidos Demócratas (DEM), de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del Popular Social (PPS) y de Solidaridad anunciaron en tanto su intención de solicitar a la Procuraduría General de la República abrir una investigación contra la mandataria, basados precisamente en la peculiar interpretación de Catta Preto, lo cual, por esta vez, perdió piso político luego de la decisión de otro juez, que reestableció la imparcialidad del Poder Judicial .
Según estas agrupaciones, la designación de Lula puede ser encuadrada como delitos de prevaricación, fraude procesal y beneficio personal; cargos sin fundamento, pero que al ser repetidos una y otra vez por el sistema mediático nacional e internacional, van configurando una versión creída por las mayorías, y por tanto corrosiva para la democracia y la convivencia cívica.
¿Se entiende por qué se habla de dictadura mediática?
En su discurso de durante la ceremonia de toma de posesión de los cuatro nuevos ministros de su gabinete, Rousseff criticó en duros términos la filtración, por parte del juez Sergio Moro, de escuchas ilegales y, con ello, de violar la Constitución de la República.
Convulsionar a la sociedad brasileña con información que no es verdadera, métodos oscuros y prácticas cuestionables viola los principios y garantías constitucionales, los derechos de los ciudadanos y, además, sienta un precedente gravísimo, denunció.
Aseguró también que cuenta con fuerzas suficientes para enfrentar las celadas que desde su reelección en 2014 le tienden quienes intentan paralizar el gobierno y buscan arrebatarle su mandato de forma golpista.
«Extendemos las manos a todos cuantos quieran lo mejor para Brasil y estén dispuestos al diálogo y la concertación», subrayó la mandataria antes de enfatizar que «la gritería de los golpistas no va a apartarnos del rumbo».
