Operaciones con Forwards: Cartel de Penta Defraudó al Fisco en Más de $ 2.400 Millones

En una audiencia que se extendió por poco más de dos horas, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a los responsables de la arista “fowards” o contratos futuros del denominado Caso Penta. Según la Fiscalía, la evasión de impuestos por esta ilícita operación, que por lo demás sigue verificándose diariamente en el «mercado financiero», implicó pérdidas para el fisco, es decir, todos los chilenos, superiores a los 2 mil 400 millones de pesos, sólo considerando los 120 los contratos cuestionados en la investigación. El Ministerio Público imputó de estos cargos a los ex controladores del Grupo Penta, Carlos Lavín y Carlos Délano, a los ex ejecutivos de la firma, Hugo Bravo, Marco Castro y Manuel Antonio Tocornal, al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner y a los ejecutivos de CB Consultorías y Proyectos, Iván Rojas y Edgar Pinto.

La jueza Ema Pinto del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago determinó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el ex ejecutivo de CB, Iván Rojas y mantuvo las medidas cautelares para el resto de los imputados en la audiencia en la que se realizó una nueva formalización por eventuales delitos tributarios en la suscripción de contratos forward entre el holding Penta y la firma CB Consultorías y Proyectos S.A, del grupo Cruzat, entre los años 2009 y 2014.

Poco más de tres meses después de ser formalizados por delitos tributarios reiterados y soborno, los dueños del grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, volvieron a enfrentar a la Justicia. Los empresarios junto a ejecutivos y ex ejecutivos del holding comparecieron desde las 10:00 horas de hoy ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para escuchar los cargos que les imputa el Ministerio Público en relación con los contratos «forward» irregulares suscritos con el grupo Cruzat.

Esta  arista implica también eventuales delitos tributarios por declaraciones «maliciosamente falsas» presentadas entre los años tributarios 2009 y 2013, de pérdidas ficticias originadas en el marco de estos «contratos a futuro», cuyas ganancias fueron utilizadas para pagar bonos a ejecutivos y financiar ilegalmente campañas políiticas.

Al inicio de la audiencia sus abogados solicitaron que la audiencia de formalización no se transmitiera por internet. La petición fue desechada por la magistrada, quien afirmó que «los medios están más preocupados del Ferrari de Vidal».

Tras una corta audiencia de una hora, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron el detalle de las operaciones Forward y la omisión de declaraciones juradas. Además, el Ministerio Público pidió arresto domiciliario total y atraído nacional para Iván Rojas, puesto que el resto de los formalizados ya se encuentran con ?dichas medidas cautelares.

De este modo los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín se mantienen con arresto domiciliario y arraigo nacional por presuntos delitos tributarios y sobornos, al igual que el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el ex gerente de Penta, Hugo Bravo, Manuel Antonio Tocornal y Marcos Castro.

En la nueva formalización fueron incluidos los ejecutivos de CB, Iván Rojas y Mauricio Pinto, pero este último no asistió a la audiencia por razones médicas. La jueza dio un plazo de cinco días para que se presente y en caso que no lo haga se le formalizará en la clínica.

La decisión de la jueza de mantener las medidas cautelares para la mayoría de los imputados se dio luego que la defensa se allanara a la solicitud del Ministerio Público de mantener la medidas cautelares.

Por el delito, solo Iván Rojas fue dejado bajo arresto domiciliario y arraigo nacional. La medida cautelar no alcanzó a Edgar Pinto, quien no se presentó por estar enfermo de hepatitis. Al resto de los imputados no se les sancionó con medidas con el argumento que ya recaían sobre ellos otras penas cautelares dictadas previamente.

Durante la exposición, el fiscal Carlos Norambuena detalló el modo en el que operaban las empresas, explicando que se manipulaba la fecha del contrato “se predataba, al momento de la liquidación se contaba con la información del valor del dólar y así efectivamente se generaba una pérdida ficticia para las empresas que hemos mencionado”.

Luego de eso, los dineros eran traspasados a CB Consulorías y Proyectos que traspasaba los dineros a Penta, enmascarados como bonos.

«Se trata de nuevos hechos que la fiscalía ha imputado en el día de hoy a los imputados presentes por delitos tributarios. Tratamos de ser lo más sintéticos posibles, con imputaciones precisas y operaciones concretas que dan cuenta de un perjuicio fiscal que supera los $ 2.000 millones», dijo el persecutor Norambuena tras la audiencia.

El fiscal detalló que ?se trata de más de 120 contratos forwards y que dan operaciones por $ 6.000 millones de pesos, que genera el perjuicio fiscal de aproximadamente $ 2.400 millones.

«Son operaciones donde se manipulaba la fecha del contrato y al momento de la liquidación, se contaba con la información del valor del dólar, generando de esta manera una pérdida ficticia para las empresas involucradas», agregó, mencionando que luego «se traspasaban los dineros a CB Consultoría y Proyectos -ligada al grupo Cruzat- y luego ellos realizaban otras operaciones de forward para traspasar los dineros a ejecutivos del grupo Penta enmascarados en bonos y remuneraciones».

«Nos parece que la medida cautelar que tienen ?los imputados respecto de estos hechos parecen suficientes desde el momento en que la ilustrísima Corte mantuvo el arresto domiciliario total (…) nos pareció que era lo que correspondía de acuerdo a la proporcionalidad que era mantener la medida cautelar, que es un arresto domiciliario total, o sea los imputados continúan privados de libertad», consideró Norambuena.

Al término de la formalización el fiscal Pablo Norambuena se declaró satisfecho con su resultado, y destacó que la brevedad de ésta obedeció a que el Ministerio Público fue «sintético» y a que, «efectivamente, no se opuso la defensa» de Iván Rojas a la medida cautelar solicitada.

«Los antecedentes de la Fiscalía eran sólidos. Contábamos con las declaraciones del propio Iván Rojas y con los contratos», explicó el persecutor, quien justificó que el arresto domiciliario se solicitara sólo para él, al apuntar que los otros imputados «continúan privados de libertad» y que ello «es suficiente».

Norambuena dijo que los contratos irregulares son alrededor de 120, que se trata de «delitos tributarios reiterados que vienen ocurriendo desde el año 2008» y que suponen un «perjuicio fiscal que alcanza los 2.400 millones de pesos», según consta en el informe de Impuestos Internos.

«Se manipulaba la fecha del contrato, se predataba y se generaba una pérdida ficticia». Con ello «se enmascaraban bonos y gratificaciones», explicó.

Respecto al forward que vincula al ex presidente Sebastián Piñera, el persecutor fue cauto en señalar que «la fiscalía continúa investigando».

Reacciones

Tras la audiencia los abogados representantes de las defensas manifestaron sus discrepancias con los cargos que acusa la fiscalía. Gonzalo Medina, el profesional que defiende al ex subsecretario de Minería, Pablo ?Wagner, dijo que es «improcedente» la formalización.

«Entendemos que no procede la formalización por este Forward, uno sólo en todo caso, porque Pablo Wagner no ha sido denunciado por el SII», dijo.

Por su parte, Catherine Lathrop, abogada de Hugo Bravo, dijo que «era una formalización rápida, entendemos que es porque nuestro representado ya se encuentra formalizado por estos delitos tributarios y no hay una agravación de la pena. Además, don Hugo como persona natural ya pagó los impuestos que dicen relación con esto».

?Consultada respecto de la responsabilidad de su cliente en la entrega de dineros de manera irregular a los políticos, cuya formalización se llevará a cabo el próximo lunes, Lathrop reiteró que Bravo era «el dueño de la chequera de Empresas Penta» y » que las decisiones eran tomadas en conjunto».

En tanto, ?Felipe Moraga, abogado de Iván Rojas, afirmó:

«Estamos disconformes con la imputación que ha hecho la Fiscalía. Hemos tolerado la medida cautelar y pretendemos revertirla a la brevedad (…) tenemos diferencias considerables con el ministerio público que insiste que los forward se hicieron para rebajar base imponible en circunstancias que es todo lo contrario, aumentando la base imponible (…) por lo menos desde el punto de vista del grupo Cruzat».

Respecto de la acusación de no declarar los forwards, el abogado precisó que éstos son de 2008 mientras que la Ley es de 2011 y que, por ende. no se podían declarar porque no había Ley.     «Vamos a evaluar la posibilidad de pedir el sobreseimiento de este punto»?, dijo.

Julián López, el abogado de los controladores de Empresas Penta, adelantó que estaban trabajando para el juicio oral, aunque reconoció que «el camino es largo». En ese contexto, valoró el «tono» de las audiencias, en la cuales, en su criterio, se están ajustando al derecho:

«Afortunadamente las audiencias están tomando el tono que deben tomar cuando se está ante tribunales de derecho. Se están dejando de lado las calificaciones y frases rimbombantes».

Para Jorge Bofill, el abogado del gerente general de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal, el Ministerio público insiste en formalizar a su cliente como representante legal de empresas a las que nunca ha representado:

«Por lo tanto, a mí lo que me interesa es desvirtuar esa parte y el Ministerio público está equipado en ese aspecto».