La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos concurrió hasta la sede del Congreso Nacional para conseguir que parlamentarios se plieguen a la solicitud de renuncia del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, por haber hecho lobby ante el juez Mario Carroza, por el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.
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El llamado surge luego que el periodista Javier Rebolledo –investigador de causas de derechos humanos-, en entrevista a Radio Concierto, revelara las presiones que ejerció el secretario de Estado en nombre del Ejército, a favor del ex comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, en reuniones con el ministro Mario Carroza, quien lleva a cabo el procesamiento del ex militar.
El reportero dijo que nunca pensó que el proceso judicial en contra de Cheyre pudiera seguir adelante, a raíz de las distintas influencias que realizaron miembros del Gobierno.
Sostuvo que “hubo presiones. Ahora ya sucedió y no sirvieron de mucho, pero concretamente el ministro José Antonio Gómez, fue personalmente a hablar con el ministro Mario Carroza, una cosa que no corresponde, y le recordó lo importante que había sido Juan Emilio Cheyre para la transición y lo importante que es para la democracia. En esos términos fue la conversación. No ha salido publicado, pero le pueden preguntar al propio José Antonio Gómez y al ministro Carroza, no creo que lo nieguen porque es así”.
Frente a ello la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, señaló:
“En un país democrático no puede ocurrir que un ministro de Estado de una manera tan desvergonzada vaya a pedir para que no se procese a un criminal de lesa humanidad, eso es gravísimo. El ministro Gómez no es digno, no tiene la estatura para asumir esta responsabilidad y debiese renunciar ahora”.
“Hemos venido a conversar con diputados vinculados a la defensa de los derechos humanos. Nuestro objetivo es manifestarle nuestra profunda preocupación y malestar respecto a lo que ha significado ofensivas de impunidad que buscan proteger a Juan Emilio Cheyre, de lo que ha significado este procesamiento, particularmente en este caso por 15 víctimas de la Caravana de la muerte, de La Serena”, comentó la dirigente.
Y sentenció que “el Gobierno es muy responsable de lo que está pasando ahora, y si lo del ministro José Antonio Gómez es efectivo, es una vergüenza y lo único que queda es que él salga de su cargo. No descartamos una acusación constitucional si no se da la renuncia del ministro Gómez”.
El diputado comunista, Hugo Gutiérrez, aseguró:
“Si esto se llega a confirmar, que el ministro de Defensa actuó como un recadero de las Fuerzas Armadas para hablar con el ministro Mario Carroza, para pedirle que no someta a proceso a Cheyre, eso me parece de un alto cuestionamiento político”.
“Yo creo que hay que evaluar lo que planteando la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, es un tema que tenemos que conversarlo políticamente, pero me parece que esta actitud del ministro de Defensa no corresponde con la independencia que tiene el poder Judicial y que hay que respetarla por sobre todo”, añadió el parlamentario.
Cabe recordar que el periodista, Javier Rebolledo, manifestó que también estuvo involucrado en la protección a Cheyre el ex ministro Jorge Burgos. Señaló:
“El otro caso tiene que ver con ello, es el ex ministro Burgos, primero como ministro de Defensa, en momentos en que el ex secretario del Programa de Derechos Humanos, Francisco Ugaz, fue a pedirle información sobre algunos militares, porque el Ministerio de Defensa hace de bisagra con el Ejército y las palabras de Burgos fueron “a Cheyre no me lo tocan”. Ese fue el mensaje, que a Cheyre no lo tocaran. Ahora salió Burgos, pero hasta el final le hizo una defensa a rajatabla, sin transar”.
Comunicado
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A través de un comunicado, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, se refirió a la detención del general (r) Juan Emilio Cheyre, sin desmentir ni referirse a la imputación del periodista Javier Rebolledo, en el sentido de haber hecho lobby por Cheyre ante el ministro Mario Carroza.
Sobre la detención de Cheyre, el comunicado señala:
«Todos deben colaborar con los Tribunales de Justicia y esperar que el proceso avance. Al respecto declaré en su oportunidad: «Esto es una resolución de los Tribunales de Justicia. Por lo tanto, lo que corresponde a todos nosotros es colaborar y esperar el avance del proceso. El ministro Carroza tomará las decisiones que correspondan».
«Tengo la convicción que todo el sector defensa; Ministerio, Fuerzas Armadas y servicios dependientes, deben colaborar con rapidez y precisión a cada una de las consultas que emanen de los Tribunales de Justicia», agregó el comunicado.
«Por esta razón, al asumir como Ministro de Defensa Nacional, formé por primera vez en el sector defensa, la Unidad de Derechos Humanos, dirigida por el ex ministro de la Corte de Apelaciones, don Alejandro Solís Muñoz, para agilizar y precisar las respuestas a solicitudes emanadas por ministros que llevan causas relacionadas con los Derechos Humanos», aseveró.
Y concluyó:
«Mi única relación con los Tribunales de Justicia se refieren exclusivamente a las tareas que desempeña esa unidad. Respeto a los Tribunales en su tarea de aplicar justicia y no está en mis funciones buscar interferir en sus decisiones. Durante mi carrera política me he desempañado como Subsecretario de Justicia, Ministro de Justicia, Senador de la República y, actualmente, como Ministro de Defensa Nacional».
