El diputado Lautaro Carmona destacó la aprobación por parte de la Cámara de diputados del proyecto de ley sobre Educación Superior, donde uno de los puntos más importantes es que a partir del próximo año la gratuidad en la educación superior será para los estudiantes que provengan de los hogares pertenecientes a los seis primeros deciles de menores ingresos de la población, llegando a más de 300 mil familias para el 2018.
El parlamentario destacó que este año la gratuidad había llegado a cerca de 7.000 estudiantes de Atacama, por lo que el número que podrá acceder a la educación superior volverá a crecer al hacerse efectiva la nueva ley. Indicó que se trata de un paso muy importante para comenzar a desmantelar el mercado de la educación superior y comenzar a entenderla como un derecho social.
Mientras que para la jefa de la bancada PC e Independientes, diputada Camila Vallejo, junto con la gratuidad, existen otros avances importantes, como la tipificación de lucro como delito; la elevación de los estándares de calidad y acreditación del conjunto de las instituciones de Educación Superior; la creación de una estrategia para la formación técnico profesional; entre otros.
“Hemos dado sin duda un paso importante hacia adelante, en la línea de desmercantilizar la Educación Superior. Por eso la derecha, la oposición ha insistido en que esto es un sobre control a las instituciones de educación superior, particularmente a las privadas, considerando que esto es un intervencionismo del Estado, porque no les gusta la regulación que se establece a nivel de la Superintendencia y de la nueva Comisión Nacional de Acreditación, entre otras medidas”, sostuvo Camila Vallejo.
Carmona añadió que uno de los puntos importantes es que la gratuidad quedará establecida por ley, garantizando a las familias continuar con los estudios iniciados, y no sólo a través de una ley de presupuesto que se vota año a año.
Sobre la votación respecto al CAE, la jefa de la bancada PC e Independientes recordó que como bancada no se respaldó lo votado en la Comisión de Hacienda, para abrir de esta forma una oportunidad al Gobierno de ofrecer al país una propuesta de fechas y contenidos del proyecto que reemplazará al CAE .
