En 2012, Carabineros inició una licitación para construir cuatro retenes en Coyhaique. Un proceso, aparentemente normal, hoy es el centro de una investigación administrativa y penal. Esta última, en manos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI, y del fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona oriente. Institución pagó a contratista de forma adelantada por estados de avance que no se habían realizado.
La indagatoria responde las supuestas irregularidades que detectó Carabineros a fines de 2013, en la construcción de tres de estos cuarteles policiales, en los cuales la institución había pagado a la empresa contratista $ 452 millones por concepto de estados de avance en la obra. No obstante, tras fiscalizar en terreno la real situación de los edificios, estaban lejos de corresponder a lo desembolsado. La responsabilidad de certificar los avances y autorizar los pagos correspondían al Inspector Técnico de Obras (ITO) F.P.Z., quien hoy está en el epicentro de las indagatorias.
El general Carabineros Marcos Tello, director nacional de Logística de la policía uniformada, presentó la denuncia ante la fiscalía a comienzos de 2014. El general se dio cuenta de las irregularidades poco después de haber asumido, cuando revisaba el estado de avances de las obras.
Tello indicó que tras confrontar a la empresa contratista, “el proveedor dejó la obra, porque no podía cumplir con los plazos. Producto de eso, realizamos un sumario administrativo, para establecer posibles responsabilidades a nivel interno, especialmente en lo relativo a los pagos que se hicieron adelantados respecto a los avances”.
Añadió que, además de recurrir a la fiscalía, “se pusieron los antecedentes en conocimiento del Consejo de defensa del Estado”. El general reveló, además, que “la Contraloría solicitó el expediente para revisión, porque había recibido información de carácter reservada de posibles irregularidades”.
Alvaro González, abogado del dueño de la empresa (Cristián Gutiérrez), sostuvo que “mi representado es víctima de un montaje. Se aprovecharon de que él tenía una empresa pequeña y saneada, la que usaron para hacer contratos que estaban previamente concertados con gente de la institución”.
En tanto, desde que estalló el caso las obras se encuentran congeladas. Por ello, el general Tello dijo que “pedimos autorización a la fiscalía para reiniciar los trabajos. También pedimos las autorizaciones a las autoridades correspondientes, porque todas las obras están a medio terminar y hay interés nuestro por finalizar estos cuarteles y ponerlos a disposición de la comunidad”.
La investigación
Los ojos de la PDI y de la fiscalía están puestos en el Departamento de Cuarteles, unidad en la cual se debió hacer seguimiento de las obras y que autorizó los pagos por los trabajos que no se habían realizado.
Entre las personas que son objeto de las pesquisas está el mismo ITO, además del personal de la unidad y del Departamento de Finanzas, repartición que entregó los dineros.
Otro antecedente es que, según los datos recopilados y los dichos del representante legal de la firma que debía hacer los trabajos, se habría estado trabajando con un ex carabinero, quien habría indicado que tenía información interna de la institución y conocía a personal en servicio activo, por lo que sería fácil ganar la licitación.
Respecto a que un ex oficial estuviera ligado a la operación, Tello dijo que “esos antecedentes están en los procesos, pero hay que establecerlos”.
Una pericia que evalúa realizar el Ministerio Público, es indagar los movimientos bancarios de este ex policía, para determinar si hay traspasos de dinero a personal que se encuentre en servicio activo.
Fuente: La Tercera
 Metropolitana de la PDI, y del fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona oriente. Institución pagó a contratista de forma adelantada por estados de avance que no se habían realizado.){kind=link}