martes, mayo 21, 2024
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La Reforma al Código de Aguas y la Campaña del Terror

A pesar de los limitados alcances de la reforma al Código de Aguas, que acaba de aprobar la Cámara de Diputsdos en primer trámite constitucional, los poderes fácticos y los gremios empresariales han acudido al viejo expediente de la campaña del terror, como si el mismo mandinga se hubiera apoderado de las afiebradas mentes de los legisladores reformistas.

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Y como siempre, El Mercurio enarbola la batuta, los alienta, estimula y cobija en sus aquiescentes páginas, junto con pronosticar las siete plagas de Egipto, en caso de cualquier avance político de la iniciativa en cuestión.

Para hoy, que estaba programada la votación en la sala de la Cámara de Diputados, El Mercurio ofreció un esclarecedor despliegue de su habitual estrategia de defensa de cualquier materia que se aparte de la Constitución de Pinochet y el modelo neoliberal construido a partir de sus fundamentos, los que parecieran ser más pétreos que los propios diez mandamientos esculpidos en las sagradas Tablas de la Ley.

Doctrina del derecho divino

De entrada, en la sección editorial, publica una columna de los «expertos» Juan Colombo Campbell, Profesor de Derecho Procesal y Enrique Navarro Beltrán, Profesor de Derecho Constitucional, quienes se limitan a exponer su rechazo a las reformas al Código de Aguas, mediante el tautológico argumento de que contravienen lo dispuesto en la sacralizada constitución de Pinochet:

«Para centrar el debate debe tenerse presente que el inciso final del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política señala expresamente que «los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos».  

Tal como los Testigos de Jehová, que predican la validez de las predicciones de la Biblia, sin otro fundamento de lo que dice la Biblia, nuestros constitucionalistas recurren una y otra vez al texto constitucional como exclusivo fundamento de sus opiniones:

«Tal como se dejó constancia en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, el propósito del constituyente fue amparar, proteger y darles jerarquía constitucional a los actuales derechos que se han constituido en conformidad a la ley. En otras palabras, como se expresó durante la discusión de la disposición constitucional, en todo momento lo que quiso fue vigorizar el derecho de propiedad sobre las aguas, evitando que a futuro pudiera el legislador precarizar el título, como precisamente ocurre en el texto legal propuesto».

En otras palabras sientan la dictrina de que lo establecido en la Constitución de Pinochet tiene un rango inqiebrantable, casi divino, contra el que nada puede la potestad del legislador. A mayor abundamiento:

«De esta manera, respecto de dicho derecho de aprovechamiento de agua existe una absoluta protección constitucional, permitiéndoles a sus titulares usar, gozar y disponer del mismo, el que tiene carácter de derecho real inmueble, de acuerdo con la actual normativa del Código de Aguas. Una vez constituido el derecho de aprovechamiento se incorpora en propiedad a su titular, quien puede usar, gozar y disponer de él en conformidad a las normas legales».

Y concluyen:

«De esta forma, un proyecto de ley -como el propuesto- que afecte severamente el régimen jurídico de los titulares de los derechos de aprovechamiento de las aguas, tanto en lo relativo al ejercicio de sus atribuciones como en la sujeción a condiciones administrativas que precaricen las mismas, a la vez que incluso su aplicación retroactiva, resulta contrario a la Constitución Política de la República, habida consideración de que dicha propiedad se encuentra garantizada constitucionalmente y respecto de la cual solo es posible ser privado, total o parcialmente, en virtud de una expropiación legalmente autorizada y en la que el afectado sea debidamente indemnizado del daño patrimonial efectivamente causado».

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La táctica de la mentira sistemática

Una vez sentada la posición doctrinaria, de la inmutabilidad del derecho a la propiedad garantizado por la constitución de Pinochet, El Mercurio avanza en instalar una opinión básicamente idéntica, pero proveniente del campo técnico y político. Para eso, le concede la palabra al abogado Alejandro Vergara, por ciento, «experto» en aguas, y más precisamente, director del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica de Chile, en el cuerpo de Economía y Negocios.

«Este es un proyecto de ley muy militante de las ideas del gobierno de turno y, en materias estructurales, esto es un gran peligro. Esta regulación, necesariamente, requiere de un acuerdo amplio y ello no ha ocurrido», dispara de entrada. A reglón seguido el «experto» aseguró que lo que más le inquieta es el errado análisis a partir del cual se basa el proyecto de ley:

«Lo más grave es la falta de un diagnóstico apoyado por todas las instancias de conocimiento técnico y académico sobre las aguas en nuestro país. Esto se hizo a puertas cerradas», acusó.

El «experto» y El Mercurio faltan gravemente a la verdad. La reforma al Código de Aguas se tramita en el Congreso desde 2011, y ha sido aprobada por tres comisiones distintas de la Cámara de Diputados, después de -literalmente- centenares de audiencias, donde se ha escuchado a todos los sectores invilucrados, y de manera preferente, a los gremios empresariales.

Una cosa es la defensa de intereses, pero otra muy distanta es engañar a la ciudadanía. El Mercurio acostumbra a abusar de ese expediente.

Nuevamente en grave detrimento de la verdad, el «experto» explicó que la iniciativa pretende borrar del Código la expresión «propiedad»:

«Es como darle un mensaje a los ciudadanos para que entiendan que aquí ya no hay propiedad sobre las aguas».

La realidad es exactamente al revés. En una forma por demás concesiva, el proyecto consagra la irretroactividad de los derechos concedidos, por lo que regulará sólo los derechos pendientes, que no superan el 10% de las aguas disponibles.

Es cierto que el proyecto cambia la categoría de derechos de aprovechamiento de aguas perpetuos a concesiones temporales de 30 años para derechos consuntivos y 20 años para derechos no consuntivos. Pero ¿de dónde sacan los partidarios de la Constitución de Pinochet que los derechos consagrados en ella no son sólo inmodificables, sino también perpétuos, y por qué no decirlo, en la práctica divinos?

El «experto» Vergara concluye su numerito compulsando las calamidades sobrevinientes, en caso de la aprobación del proyecto,

Respecto de usos ancestrales y facultades inscritas, pronostica: «se los fragiliza mucho en el actual intento legislativo, porque van a quedar expuestos, a partir de un cambio legislativo, a la decisión unilateral de la DGA en sus regularizaciones».

Otro aspecto que consideró preocupante es la modificación que se tramita en paralelo en el Senado y que busca, en sus palabras, «preparar el camino para la expropiación del derecho, con el fin de declarar de utilidad pública todos los derechos de aprovechamiento de aguas. En este proyecto se ve un intento de expropiación larvada. Su objetivo es expropiar los derechos o limitarlos con mayor facilidad reguladora»,

Sin embargo, el atributo que más parece preocuparle, es la disminución del valor económico de los predios:

«En el caso de la agricultura, la minería u otras industrias, será más difícil optar a un crédito bancario o desarrollar un negocio incorporándolo en sociedades cada vez que se requiera utilizar los títulos de propiedad. El peligro reside en que el derecho de propiedad otorga seguridad en la intangibilidad: no se toca la cantidad de agua que recibe ese titular, salvo alguna sequía. Pero nadie considerará que ese título es seguro si en el futuro dependerá de una decisión discrecional del director de la DGA en cuanto a la cantidad que se podrá utilizar».

El Mercurio añade de su cosecha:

«El experto expresó que si se debilita la protección constitucional y legal a los derechos de aprovechamiento de aguas, se va a afectar toda la actividad económica basada en la tenencia de esas prerrogativas».

El doble estándar de la movilización social

Establecida así esta doble tenaza ideológica contra el proyecto, El Mercurio va después por la movilización social, recurso ilegal, ilegítimo y vandálico siempre que se use contra el modelo, el estatus quo y el sacrosanto derecho de propiedad, pero aparentemente válido, justo y necesario cuando se usa para defenderlo.

Entonces, le brinda gran espacio y cobertura a la movilización de los gremios empresariales, que se manifestaron en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía, e incluso interrupieron el tránsito en la carrera 5 Sur, a la altura de Linares.

En palabras de los enviados especiales de El Mercurio:

«La protesta tenía un fin bien definido: evitar que la reforma al Código de Aguas se apruebe en el Parlamento».

Tras una desmañada e inexacta descripción del proyecto, la crónica va al grano en su propósito, que consiste en entregarle el micrófono a los dirigentes de los gemios empresariales.

Margarita Letelier, líder de la Multigremial de Chillán:

«Es una modificación ideológica, no técnica. Es un trabajo que tendría que haberse hecho con los agricultores y las juntas de vigilancia y asociaciones de canalistas. Hasta ahora, no se nos ha preguntado nada».

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional:

«El proyecto de aguas, como está redactado, es una expropiación encubierta. Si lo que parlamentarios y el Gobierno quieren es matar la agricultura, lo están logrando. Como Multigremial, no vamos a ser cómplices de otra pésima reforma, por lo que nos plegamos a la movilización».

Alejandro Silva, director de la Asociación Canal Maule:

«Los agricultores deberemos tomar serias medidas en nuestros campos. Disminuirán las plantaciones, habrá menos empleo, más migración del campo a la ciudad y nuestro objetivo de ser una economía agroalimentaria perderá su rumbo. Lamentablemente, estos cambios no han sido pensados desde el punto de vista de los regantes».

Sergio Pérez, vicepresidente de la Multigremial Nacional:

«El Código de Aguas hay que actualizarlo, pero en forma técnica. Lo que hace este nuevo proyecto de ley es expropiar los derechos sin pagar por ello. ¿Qué valor puede tener un campo agrícola y frutícola si no tiene el derecho de propiedad del agua? Hago un llamado a los parlamentarios a que rechacen este mal proyecto».

Loa autores de la crónica cierran el despacho con un recurso típicamente mercurial:

«La protesta se desarrolló sin incidentes y no hubo detenidos», en oposición a lo que ocurre en las barbáricas movilizaciones de estudiantes, trabajadores y ciudadanos indgnados con el modelo.

Lecciones para el período

Las conclusiones políticas que se pueden extraer de esta nueva escenificación de la campaña del terror de cuño mercurial, son, no por obvias, más advertidas en el melancólico Chile actual.

Por definición, toda reforma de signo progresivo suscita una reacción de signo contrario. Para poder avanzar e imponerse, la reforma debe estar respaldada por una fuerza política superior a la que puede oponer el bando conservador, habitualmente conformado por el partido de los propietarios y los privilegiados de cualquier formación social.

Esto no es ninguna novedad, como lo prueba la subversión de los mismos que hoy se oponen a la reforma al código de aguas, durante el combate al Gobierno de la Unidad Popular, dispuestos a utilizar todas las formas de lucha, incluyendo la violencia más extrema si así lo exigen las circunstancias, como también lo demuestra nuestra historia reciente.

En consecuencia, estos elementos deben estar presentes en cualquier estrategia que se proponga cambios sustantivos en Chile.

Si ante reformas de limitado calado, como las que ha emprendido el Gobierno de la Presidenta Bachelet, las fuerzas conservadoras se muestran así de impermeables, beligerantes e intransigentes, es fácil deducir lo que están dispuestos a poner sobre la mesa, en caso de reformas realmente estructurales, como terminar con el sistema de AFP, recuperar nuestras riquezas naturales o instalar una nueva Constitución.

Cualquiera de esos objetivos, juntos o separados, supone previamente la derrota política del modelo neoliberal.

Y esta no llegará sin antes haber construído la más amplia alianza política y social en la historia del país, acorde con la magnitud del desafío.

Allende no estuvo lejos de lograrlo.

Por ahí debemos persistir. 

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