Aparte de demostrar que es un un gremio privilegiado y reaccionario, que no trepida en poner al país de rehén de sus intereses, el paro de un sector de camioneros terminó sin pena ni gloria, siete días después de comenzar.
En términos políticos, su exigencia de aprobación de trece leyes represivas de la agenda de seguridad de Piñera era inviable, por lo que la fueron relativizando, hasta centrarse finalmente en aspectos económicos, infraestructura y compensación.
Cuanto influyó el escandaloso video de una fiesta en plena carretera que se viralizó en redes sociales, y las amenazas del gobierno de recurrir a la Ley de Seguridad Interior del Estado, es algo que probablemente no se sabrá, pero el hecho es que los camioneros anunciaron la deposición del paro, a partir de las 15:00 del miércoles.
Así lo confirmó el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC), Sergio Pérez: «esta justa movilización ciudadana, esta manifestación nacional se ha suspendido».
«Quiero reiterar el concepto: porque es obligación de los poderes del Estado seguir trabajando, hacer lo que tienen que hacer por mandato de todos los chilenos, y también pedir disculpa por algunos desabastecemiento que podrían haber ocurrido; pero los responsables de los desabastecimientos no somos los camioneros de Chile porque se nos impide trabajar libremente, se nos balea a nuestros conductores», afirmó Pérez.
Asimismo adhirió José Villagrán, presidente de FedeSur, una de las ramas de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC), convocante de la protesta.
En conferencia de prensa desde La Araucanía, explicó que ayer el ministro del Interior, Víctor Pérez, comenzó a conversar directamente con ellos «y avanzamos bastante», pero no lograron un consenso: «Teníamos hoy pequeños problemas y hemos llegado a un acuerdo por el Gobierno en todas nuestras peticiones», afirmó.
Así las cosas, a partir de las 15:00 horas sacarán los camiones de las carreteras e inmediatamente volverán a trabajar en el transporte de carga. «Si hemos hecho algún daño, pedimos perdón, pero mañana van a estar todos abastecidos», dijo.
No obstante, advirtió que se mantendrán en «estado de alerta» para que el Ejecutivo cumpla sus compromisos; de lo contrario, retomarán la manifestación.
Puntos del acuerdo
Los avances estuvieron «fundamentalmente en infraestructura vial, en zonas de descanso, luminarias, cámaras de seguridad, cámaras térmicas. También asegurar que un camión quemado tendrá un subsidio no reembolsable por parte del Estado».
«También algunas cosas, como por ejemplo las zonas de descanso. Incluimos 6 para la Ruta 5 Norte, 2 para la entrada de Santiago con la Ruta 68, una más para la Ruta 78, dos para la zona de La Araucanía. Desde el punto de vista de lo que aspirábamos en un comienzo, lo superamos largamente», añadió.
El documento de nueve puntos, el Ejecutivo se comprometió a resguardar el orden público, con una inversión de $5.600 millones en infraestructura policial, el aumento de los medios aéreos en la macrozona sur y el establecimiento de una coordinación especial de información de inteligencia.
Asimismo, se estableció la Prefectura Macrozonal Sur de la PDI, un programa especial de mantención y reposición de los vehículos policiales y la presentación de trece proyectos de ley al Congreso Nacional, que permiten fortalecer el resguardo del orden público y la seguridad ciudadana.
Entre ellos, incluyeron la Ley Juan Barrios, el proyecto de probidad y transparencia de las Policías, la modificación de la ley de inteligencia, la protección de infraestructura crítica, las indicaciones a la ley de Control de Armas, el Estatuto de Protección a las Policías y la ley anti encapuchados.
También mencionaron el proyecto sobre técnicas especiales de investigación del terrorismo, la ley especialización de policías, la ley que modifica el delito de usurpación, el proyecto denominado Ley Drogas, el proyecto de ley de transportes y el de que sube las penas al robo de madera, al cual le pondrán urgencia.
Asimismo, ambas partes establecieron un grupo de trabajo integrado por autoridades del Gobierno, representantes del gremio de camiones y las policías, con el objetivo colaborar con la implementación de las medidas solicitadas por los camioneros.
La primera de ellas es una mayor vigilancia en las rutas. Para ello se instalarán 36 cámaras adicionales de vigilancia a las 45 que ya existen entre los km 560 y km 682 de la Ruta 5 Sur. Además se ubicarán 24 cámaras térmicas y 53 lectores de patente en los peajes troncales de la ruta que une Collipulli con Temuco.
El Gobierno también avanzará en la iluminación de 31 nuevas zonas, llegando a un total de 503 nuevas luminarias y garantizando las luminarias en la Ruta 78. Dicho trabajo se realizará de acuerdo al informe técnico elaborado por el MOP y las empresas concesionarias, comprometiéndose a iniciar los trabajos antes de 30 días.
También se establecerán nuevas zonas de descanso en la Ruta 5 Sur, en los tramos Chillán-Collipulli y Collipulli-Temuco. En ambos casos, se habilitarán estacionamientos para al menos 30 camiones y se implementarán cámaras de vigilancia, lectores de patente, torre de vigilancia, iluminación, edificio de baños, duchas, oficina y comedor.
«La conservación y operación de esas áreas será de cargo de la concesionaria. Las obras definitivas para establecer las nuevas áreas requerirán una modificación de los actuales contratos de la concesión, además de los estudios de ingeniería. Por ello, se habilitarán provisoriamente hasta el término de las obras definitivas», dice el texto.
Además, se estableció un plazo máximo de 90 días para estudiar la habilitación de 6 zonas de descanso en la Ruta 5 Norte y 2 en la Zona Centro. «De ellas, al menos una deberá estar en la Ruta 78 y dos al ingreso a Santiago en la Ruta 68, cumpliendo con altos estándares de seguridad», indicaron desde el Ejecutivo.
Apoyo a las víctimas
En este punto, el Gobierno se comprometió a apoyar «a las familias de los conductores que fallezcan o resulten con invalidez total o parcial superior al 70%, producto de delitos terroristas. Para ello, otorgará pensiones de gracia vitalicias para los afectados y becas de estudio a sus hijos».
También se fortalecerán los subsidios directos que entrega actualmente SERCOTEC para aquellos dueños o conductores de vehículos que sean víctimas de delitos terroristas, «otorgándoles un subsidio no reembolsable que cubra todos los costos de los vehículos destruidos y que no sean cubiertos por las pólizas de seguro respectivas».
Además, este programa tomará en consideración lo que el dueño del vehículo demuestre haber dejado de percibir entre el momento del siniestro y el otorgamiento del subsidio. Durante este periodo, el contrato podrá ser suspendido, en cuyo caso el trabajador podrá hacer uso de su seguro de cesantía», añade la declaración.
Adicionalmente, el Ejecutivo presentará este año un proyecto de ley que permitirá establecer un fondo de reparación para las víctimas de la violencia en la Macrozona Sur, destinado a los conductores y/o dueños de camiones, junto con una comisión permanente que informe anualmente sobre los hechos de violencia en la zona y la situación de las víctimas.
Previamente, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, había criticado la protesta de los camioneros y condenado el uso de la fuerza visto en estos días de paralización, con algunos manifestantes deteniendo camiones que pasaban por las rutas y provocando desabastecimiento de combustible y alimentos en zonas del sur del país y también en supermercados; asimismo, afectó a los puertos de San Antonio y Valparaíso.
