Brasil acaba de poner su futuro entre paréntesis. El impeachment ha triunfado, la presidenta Rousseff ha sido separada de su cargo por 180 días y la suplantará el vicepresidente Temer, antiguo aliado devenido en feroz opositor. El país ingresa en un período de fuerte inestabilidad política y de alta conflictividad social.
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El impeachment no es un golpe en sí mismo, está incluido en la constitución de Brasil y se lleva adelante a condición de comprobarse un “crimen de responsabilidad”.
Así fue en 1992 con el juicio político y la destitución de Collor de Melo acusado de múltiples casos de corrupción, lo que fue percibido como un fortalecimiento del régimen democrático.
Nada de esto está sucediendo ahora.
El juicio político contra Dilma Rousseff no tiene bases jurídicas, son los poderes económico, mediático y judicial los que han urdido esta acción destituyente que viabilizan a través del poder judicial.
Se trata entonces de lo que se conoce como un golpe “blando”, que no recurre a la fuerza militar como en otras épocas sino a una maniobra política-institucional que busca la destitución presidencial, no en un acto sino en un proceso ya que el régimen de la democracia burguesa, no obstante la pérdida de credibilidad de las instituciones, sigue funcionando.
La situación abierta profundiza aún más la regresión de los gobiernos progresistas en la región y no debe verse solo como producto de las contradicciones internas en Brasil, sino también como un eslabón más de la ofensiva de las corporaciones y los países centrales, que el imperialismo ya experimentó en Honduras y Paraguay.
Un trasfondo económico
Seguramente si la crisis económica no tuviera la profundidad y gravedad que si tiene –el PBI cayó 3.8 el año pasado y se estima volverá a caer este año- esta crisis política que inició en 2013, se profundizó en 2015 con las evidencias del “lava jato” (lavado rápido) que llevó a la cárcel a muchos de los principales empresarios del país y que alcanzó su clímax en estos días, no se hubiera alcanzado.
Se trata de la peor recesión económica en casi nueve décadas, motorizada por la debilidad del crecimiento global, la caída de los precios internacionales y las políticas de ajuste del gobierno Rousseff. Se caracteriza por un alto nivel de endeudamiento público cuyos intereses constituyen una fuerte carga sobre el presupuesto anual; un elevado déficit fiscal; una seria desindustrialización del país; una tasa de inflación superior al 9%; la caída de los salarios reales y una desocupación que ha trepado al 10.2%.
En el año 2015 se perdieron 1.5 millón de puestos de trabajo, en un país que ya tiene 11 millones de desocupados.
La contrapartida de este cuadro económico es la dramática crisis política-institucional derivada de la embestida derechista por remover a la presidenta y el creciente malhumor social por el deterioro de las condiciones de vida y la corruptela generalizada.
La doble moral de la derecha
“La criminalidad y la indecencia deben ser juzgadas desde la decencia y la probidad republicana y acá se está dando al revés” sentenció Luis Almagro, Secretario General de la OEA.
Es conocido que Brasil muestra una corrupción estructural que desde hace años corroe todas las instituciones del Estado y que alcanza a todos los partidos sin excepción -más del 50 por ciento de los senadores y diputados de la Nación están alcanzados por denuncias de corrupción y muchos comparecen ante la justicia-.
Pero no es por un hecho de esta naturaleza por la que está siendo juzgada la presidenta Rousseff –no se la ha podido vincular a hecho alguno de corrupción- sino por las llamadas “pedaleadas fiscales”.
No es por un caso legal concreto sino por uno político. Operaciones financieras entre ministerios, empresas estatales y otras áreas gubernamentales, atrasando pagos a la banca para reasignar recursos y mantener planes sociales y subsidios a la agricultura en un período de ajuste.
Estas operaciones no constituyen un delito en sí mismas, se trata de decisiones políticas que pueden ser juzgadas de una u otra forma pero no más que eso.
«Ella no robó nada, pero está siendo juzgada por una banda de ladrones» (New York Times del 15 de abril) esta sentencia periodística sintetiza magníficamente lo que hemos visto por TV cuando la votación en la cámara baja.
Gran parte de los diputados ni siquiera se refirieron al famoso “pedaleo”, por el contrario encabezados por Eduardo Cunha, hoy separado como presidente de la cámara de diputados -investigado en el caso Petrobras por tener millones no declarados en Suiza y un altísimo nivel de vida- invocaron a dios, a los militares golpistas del ‘64, a la insatisfacción social generalizada, a la corrupción, al desempleo, pero no a lo que estaba en discusión.
Dejando en claro así que la acusación era jurídicamente inconsistente y que se trataba de aprovechar la crisis económica y la impopularidad de la presidenta para removerla del cargo que ganara en elecciones poco tiempo atrás.
¿Adónde irá Brasil?
Todo indica que la crisis económica seguirá su curso o se profundizará aún más, afectando a otros países de América latina, particularmente a la Argentina. Las instituciones de la democracia representativas están totalmente degradas mientras que el gobierno provisorio -que ya anunció un duro ajuste fiscal junto con reformas laborales y a la seguridad social- está teñido de ilegitimidad.
No sería errado pensar que será un gobierno débil en el marco de una fuerte inestabilidad política y de movilizaciones sociales crecientes.
Lo más probable es el fin del ciclo de los gobiernos del PT, al menos como los hemos conocido hasta ahora, sustentados por alianzas a derecha y la compra de apoyos legislativos como forma de sostener la gobernabilidad. Pero esto no implica descartar a priori un nuevo triunfo si hubiera elecciones anticipadas y Lula fuera candidato.
Pero esto implicaría depurar al partido de las múltiples formas de corrupción que también lo corroen, de que ponga fin a sus relaciones privilegiadas con los capitales del agronegocio y el sector financiero y que logre reenlazar la relación con los sindicatos y los movimientos sociales, que coyunturalmente lo apoyan contra el golpe.
Dilemas de la izquierda
Rechazar el golpe blando es una obligación política de primer orden, pero esto no implica en forma automática defender a un gobierno que es poco defendible.
Un gobierno de origen popular que ha concluido aplicando un ajuste duro que la derecha considera insuficiente, que ha hundido al país en la peor recesión en décadas, que se ha aliado con las grandes corporaciones y la banca y que terminó abriendo el camino para el embate de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias del país.
En este dilema se debate hoy la izquierda brasileña, que repercute también entre nosotros.
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Unir todas las fuerzas sociales y políticas para enfrentar las políticas de austeridad, defender los derechos sociales conquistados, luchar contra la violencia represiva y exigir el inmediato llamado elecciones o a una Asamblea Constituyente parece ser para la izquierda anticapitalista un camino independiente de las fuerzas políticas dominantes, mientras se apuesta a un cambio favorable en la relación de fuerzas.
(*) integrante del colectivo EDI, Economistas de Izquierda, Argentina.
Fuente: Viento Sur
