La oleada de primaveras sociales que iniciara en Túnez y Egipto, que se expresara en España y EEUU, que pocos días atrás la registráramos en Turquía ha llegado ahora a Brasil. Llegó cuando nadie la esperaba, sin anunciarse. “Del facebook a las ruas” rezaba una pancarta que sintetiza el pasaje de la convocatoria a la acción directa. Una marean humana que inundó las principales ciudades de un país que, salvo las grandes movilizaciones reclamando ¡Directas Ya! para las presidenciales de principio de los ’80 o exigiendo la renuncia de Collor de Melo en 1992, no registra mayores antecedentes en muchas décadas.
Algo se rompió en el esquema de Brasil. Más de un millón de personas en casi 400 ciudades reclamaron por la ampliación de derechos ciudadanos. ¿Que motiva las protestas sociales? ¿Que perspectivas tienen?
Se trata de grandes movilizaciones sociales en el país que nuestros neoliberales alaban como potencia emergente, como ejemplo de bajas tasas inflación, de tener fácil acceso a los mercados internacionales, de que le llueven los dólares, de que tiene reservas internacionales de enorme magnitud, de que ha sacado de la pobreza a 40 millones de personas para transformarlos en clase media. Conviene preguntarse ¿como definirán clase media? ¿Como explican lo que esta pasando allí?
Ampliación de derechos
La matriz de las movilizaciones que recorren el mundo es similar, tanto como las convocatorias por las redes sociales, sin embargo los elementos disparadores no son los mismos. El movimiento “Pase Libre” fue el impulsor de este proceso buscando revocar el aumento de 20 centavos de real en el precio del pasaje de colectivo. ¡Y lo lograron! en San Pablo dieron marcha atrás con el aumento, demostrando que lo que parecía imposible era posible.
Pero no se quedan en ese triunfo, las demandas del movimiento van más allá. “Los 20 centavos fueron la gota que rebalsó el vaso, falta el resto”dicen. “El transporte para ser verdaderamente público debe ser accesible a todos, debe ser entendido como un derecho universal” gritan a los cuatro vientos.
Una verdadera ampliación de derechos que se complementa con las exigencias de una mayor igualdad; de mejoras en los servicios públicos –transporte, salud, educación- con la reorientación social del gasto público –basta de infraestructuras faraónicas; de eliminar la corruptela y del blindaje que los políticos brindan a los corruptos. También luchan contra dos proyectos de enmiendas constitucionales, las PEC 37 y 33. La primera saca las investigaciones por corrupción de la órbita del ministerio público y las coloca en la de la policía; la segunda busca limitar los derechos de los LGBT y la lucha por el aborto, impulsada por un grupo de diputados evangelistas que consideran a la homosexualidad una enfermedad curable.
Giro a la derecha
Para no pocos analistas desde mediados del año pasado se verifica una tendencia a derecha en el gobierno petista de Dilma Rousseff. Este giro se ve confirmado en las partidas del Presupuesto Federal para el año en curso.
Para el investigador de la Universidad de Santa Catarina Juan Luis Berterretche, “…el Presupuesto Federal programado para el año 2013 ya era un indicador del golpe de timón a la derecha del gobierno: casi la mitad de este presupuesto, -exactos 42%- está destinado al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública brasileña”… “Lo que suma 2,4 billones mientras que están previstos por ejemplo, 71,7 miles de millones para Educación y 87,7 para la Salud o sea una doceava parte y un décimo respectivamente del monto reservado para el pago de la deuda pública. Para la reforma agraria se dispondría de 5 mil millones, es decir 180 veces menos.
Agreguemos que en nueve días de pago de la deuda se supera el monto previsto para un año entero del programa «Bolsa Familia» que atiende cerca de 13,5 millones de hogares. En estas cifras se resumen las prioridades económicas del gobierno del PT.” Conviene señalar que siguiendo la tendencia mundial, la mayoría de los pagos de la deuda pública corresponde a la “deuda interna” que también tiene como principales beneficiarios a bancos e inversionistas extranjeros.
Reforma urbana
Parte del enorme gasto público aprobado está dirigido al desarrollo de la infraestructura del país -autopistas, ferrovías, puertos, aeropuertos, etc- pero también están incluidas las obras «necesarias» para los grandes eventos deportivos -Copa de las Confederaciones (se está desarrollando en estos días); el Campeonato Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. La gente en las calles denuncia que, la par que se avanza en este plan de obras se lo utiliza para realizar una contra reforma urbana en las principales ciudades del país, que implica desplazamiento de poblaciones en zona socialmente conflictivas. La contrapartida no es otra que la valorización territorial y la especulación inmobiliaria.
El fútbol y la gente
En un interesante artículo, ese formidable goleador que fue Romario, hoy diputado, señala la contradicción de que en el país de los penta campeones mundiales, donde el fútbol es casi una cuestión de Estado, sea la Copa del Mundo la que moviliza a vastos sectores de la población a poner fin a los megaemprendimientos impuestos por la FIFA; a la corrupción y al despilfarro que ven en estas obras mundialistas.
No es para menos los 17.000 millones de dólares involucrados en estas partidas contrasta con la situación edilicia de las escuelas, el deterioro de la sanidad y de los transportes públicos, la falta de viviendas populares. El goleador culmina sentenciando un verdadero aserto:
“El fútbol no es más importante que la gente”.
Ya nada será igual
Entre nosotros sectores de la oposición derechista han pretendido equiparar estas movilizaciones con las de los caceroleros de nuestro país, mientras que desde sectores oficialistas se ha pretendido descalificarlas con al argumento que son las clases pudientes las que protestan contra gobiernos populares. Nada más alejado de la realidad, no solo por sus demandas, orientadas a la satisfacción de necesidades básicas, sino también por la composición social. Si en nuestro país los caceroleros eran mayoritariamente sectores de las capas medias-medias y altas cuyas demandas poco y nada tenían que ver con las clases populares, en Brasil se movilizan jóvenes estudiantes, sectores populares, trabajadores cansados de los malos transportes, de los malos servicios de salud y educación, de vivir hacinados, de la falta de oportunidades, de la corrupción…
Quienes desde los primeros días de este mes se vienen movilizando en Brasil se han dado cuenta, nos dice el investigador de la Universidad de Campinas Ricardo Antúnez, “…que, más allá del crecimiento económico, del mito falaz de la “nueva clase media”, hay una realidad profundamente difícil, crítica, en todas las esferas de la vida cotidiana de los asalariados y asalariadas. Se ve en el foso gigantesco que existe entre la representación política tradicional y el clamor que surge hoy en la calle. Se constata en la brutalidad y la violencia extrema de la policía militar.”
¿Nuevo ciclo?
El ciclo de protesta inaugurado con las revueltas en el mundo árabe parece ahora cobrar un nuevo aliento, no es posible saber a priori cual será su evolución futura, pero si que ya nada será igual. Algo se ha roto con los cuestionamientos a los poderes económicos y políticos, a las instituciones, algo está pasando en la conciencia colectiva de las masas obreras y populares de un Brasil que es hoy la séptima potencia económica del mundo y al mismo tiempo uno de los diez países mas desiguales del planeta.
Es posible estemos en los prolegómenos de un nuevo ciclo de ascenso de las luchas populares. Si se consolida, por la envergadura del país y lo que este implica para América latina, este ascenso no será solo brasileño.
(*) integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.
Gobierno de Brasil Propone un Plebiscito para Reforma Política
Edgardo Luguercio (XINHUA)
El gobierno de Dilma Rousseff anunció la convocatoria a un plebiscito para una reforma política en Brasil, en respuesta a las masivas manifestaciones que se extienden por todo el país buscando mejoras en los servicios públicos y el fin de la corrupción política.
El gobierno decidió alterar la propuesta inicial hecha en una reunión con gobernadores y prefectos de convocar a una Constituyente exclusiva para una «amplia y profunda reforma política» que atendiera al reclamo de las calles.
Rousseff modificó su apuesta al comprobar que sería blanco de cuestionamientos jurídicos y de la oposición del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), sigla que preside las dos casas del Congreso y principal aliado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Luego de su anuncio, la idea de una Constituyente exclusiva enfrentó fuertes críticas de juristas, que afirmaron que si fuera convocada sus integrantes tendrían la libertad para reformar toda la Constitución y no precisarían restringirse exclusivamente a un tema.
Además, el anuncio de Rousseff sorprendió al vicepresidente Michel Temer, líder del PMDB, quien consideró la propuesta inadecuada y llamó a los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Henrique Alves, ambos del PMDB, para buscar una alternativa.
En el Congreso, al que la legislación atribuye la responsabilidad de convocar a un mecanismo de ese tipo, un amplio arco de legisladores se oponía a apoyar una nueva Constituyente, que vieron como una amenaza.
Según las autoridades parlamentarias, la convocatoria al poder constituyente representaba el camino para la democracia directa, desplazando al Congreso.
Temer expuso a Rousseff las dificultades legales y políticas que presentaría una «constituyente específica» para la reforma política, sugiriendo que fuera realizado apenas un plebiscito sobre las nuevas reglas electorales.
Rousseff y Temer discutieron las alternativas con la Orden de Abogados de Brasil (OAB), que también cuestionó la idea de una nueva Constituyente, lo que fortaleció la tesis de un mecanismo que definiera el contenido de la reforma directamente en la consulta popular.
El anuncio del gobierno fue hecho después de una reunión de Rousseff con el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, quien apoyó la idea de una consulta popular.
Para el magistrado, el debate jurídico sobre la legalidad de los diferentes mecanismos para implementar una reforma política «no interesa a la sociedad», que exige cambios profundos.
«Tenemos en el país una crisis de legitimidad. Precisamos medidas para superarla», enfatizó.
El ministro de Educación, Aloizio Mercadante, confirmó oficialmente la decisión de consultar a la población sobre las reglas electorales del país, pero alegó problemas de tiempo para organizar una Constituyente.
«Hay una polémica constitucional: si hay espacio en la Constitución brasileña para una Constituyente de esa naturaleza o no. Varios juristas de peso sustentan que hay. Sin embargo, no tenemos tiempo hábil para realizar una Constituyente. Por eso, la presidenta habló en su discurso de ‘plebiscito'», afirmó.
La convocatoria a una consulta popular fue justificada por el hecho de que la reforma política estuvo en varias ocasiones en la agenda del Congreso en los últimos años, pero la falta de acuerdo hizo que su tratamiento fuera suspendido.
El plebiscito tendría la forma de una serie de preguntas, a las cuales caberá la respuesta «sí» o «no», incluyendo definiciones sobre financiamiento público de campañas, elección parlamentaria en dos turnos y el voto en lista cerrada.
La reforma incluiría definiciones sobre financiamento de campaña para los partidos políticos, restringiendo el aporte de las empresas privadas, y un sistema de dos turnos para la elección a los cargos legislativos, por la que habría una primera votación en partidos, y luego en una lista de candidatos proporcional.
El cambio obligaría a los partidos políticos a presentar sus programas y banderas, e impediría la práctica habitual en el país sudamericano de candidatos que se presentan por una agrupación y luego de electos cambian de partido y de programa.
El gobierno ya envió su propuesta de plebiscito para que sea evaluada técnicamente por el Tribunal Superior Electoral (TSE), y la idea es realizar la consulta hacia fines de agosto, después de una rápida campaña.
Las nuevas reglas, que luego del plebiscito deberán ser refrendadas por el Congreso, entrarían en vigor para las elecciones generales de octubre de 2014.
