La pregunta no es retórica ni es en broma. En una democracia representativa se supone que los miembros del parlamento son los depositarios del derecho soberano a dictar las leyes. Por su parte, el poder ejecutivo tiene el mandato de la ciudadanía para aplicar las leyes y llevar adelante las políticas públicas votadas en las elecciones. Todo lo anterior bajo el supuesto de que ambos Poderes son un reflejo de las voluntades mayoritarias y minoritarias existentes en el país.
Pues bien, desde que la mayoría de los chilenos en el Plebiscito de 1988 decidió poner fin al régimen cívico-militar de Pinochet estamos lidiando con su legado.
La dictadura dejó como herencia una “democracia protegida” caracterizada por sus límites a la expresión de las mayorías ciudadanas. Las piedras angulares de ese sistema eran los Senadores “designados” y los vitalicios, el sistema electoral binominal, el Consejo Superior de Seguridad Nacional (CONSUSENA) integrado por los comandantes de las fuerzas armadas con la autonomía para auto convocarse, el Tribunal Constitucional y, como guinda de la torta, las leyes de quorum calificado que exigen mayorías casi imposible de alcanzar y que son barreras para la expresión democrática de los ciudadanos.
Han pasado 25 años y aún los chilenos no logramos desatar todas las amarras que dejó instalada la dictadura. El mejor ejemplo es la imposibilidad práctica para cambiar la Constitución de 1980. La derecha solo necesita un tercio de los votos en el parlamento para bloquear los cambios de fondo.
Ultimamente la realidad nos ha golpeado fuerte en la cara.
El problema de la expresión de las mayorías y las minorías en Chile no es solo una cuestión legal. No se trata solamente de cambiar la Constitución para que la mayoría llegue al poder y haga valer sus intereses, no se trata solo de emparejar la cancha. En el país enfrentamos un grave problema de representatividad.
Con el avance en la transparencia que traen las comunicaciones electrónicas se ha hecho evidente que la cooptación de los representantes de la mayoría por parte de la derecha económica no son casos individuales ni particulares.
Hoy aparece la evidencia apabullante que nos muestra que la cooptación de los representantes populares es la regla general. La regla general llegó a ser que los candidatos a representar al pueblo soberano hacían fila para pedirle plata a cuanto empresario se enriqueció con la Dictadura y/o con la Concertación.
Hace unos pocos años era un escándalo constatar que dignatarios de la Concertación se incorporaban a los Directorios de bancos, Isapres y otras empresas, mientras otros ejercían sin vergüenza como cabilderos (lobbistas) de los intereses del empresariado.
Hoy el problema es más grave.
Un alto número de parlamentarios les deben, literalmente, los gastos de sus campañas electorales a los más connotados empresarios nacionales, incluidos los favoritos de Pinochet.
Son muchas las voces que se han levantado para denunciar estas prácticas que borraron los límites entre la decencia y el respeto de los valores democráticos con la conducta mafiosa que transforma la política en una lucha sin principios.
Pronto llegará la parte más importante, separar la paja del trigo y votar por los candidatos que puedan demostrar el origen del dinero de sus campañas electorales.
Fuente: Primera Piedra
