La Presidenta Michelle Bachelet desestimó que este recurso judicial coarte la libertad de expresión, como acusó la publicación en declaraciones realizadas en las afueras de la sede mundial de la OECD, donde se encuentra para presidir la reunión anual del organismo.
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«Con la presentación de la querella estoy haciendo uso del derecho que tengo a defenderme de mentiras e injurias que afectan lo más preciado que tiene una persona: su honra», dijo la jefa de Estado.
«Haciendo uso de mi derecho a la defensa he presentado una querella como ciudadana, como Michelle Bachelet Jeria, porque no puedo aceptar que se inventen públicamente falsedades evidentes contra mi persona», recalcó la Presidenta.
«Creo en la libertad de expresión como un valor central de la democracia, pero a la vez creo en la ética y en la responsabilidad que deben tener los medios a la hora de informar, validando las fuentes para no enlodar la honra de nadie», comcluyó.
Tribunal declaró admisible querella de Bachelet contra revista
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El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada en la víspera por la Presidenta Michelle Bachelet en contra de algunos periodistas de la revista Qué Pasa, por lo delitos de injurias y calumnias con publicidad.
Esto luego que la publicación diera a conocer filtraciones de escuchas telefónicas realizadas por el OS 9 de Carabineros al operador político Juan Díaz que vinculaban a la Mandataria con el caso Caval, cuya verosimilitud fue descartada por el Ministerio Público.
El libelo está dirigido en contra del director de la revista, Juan Pablo Larraín, además de los periodistas María José Tapia, Francisco Aravena y Rodrigo Vergara, por la publicación de las mencionadas escuchas telefónicas.
Con esto, esta acción penal privada pasará a ser revisada por el citado tribunal, que tendrá que llamar tanto a la parte querellante, el abogado Juan Pablo Hermosilla, y también los representantes legales de Qué Pasa para una audiencia donde se discutirá el fondo de la querella.
En esa audiencia se tendrá que determinar si se llega a un juicio o si se logra un acuerdo entre las partes.
El ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, sostuvo que «lo que está en juego en Chile en estos momentos no es la libertad de expresión, lo que está en juego es la necesidad que tiene este país de tener un periodismo responsable para contribuir a la convivencia nacional».
Consultado respecto a la razón por la cual la querella no fue presentada en contra de Juan Díaz, quien vinculó a Bachelet con el caso Caval, Aleuy sostuvo que «el medio es el que utiliza una declaración de una persona que está en un proceso judicial y el medio es el que le da veracidad a esa declaración, entonces no se puede hacer contra Juan Díaz».
«La Presidenta ha usado su derecho frente a una información de un medio que consideró injuriosa», concluyó el ministro del Interior subrogante.
Defensor explica dichos de Juan Díaz
Carlos Astorga, abogado defensor del imputado del caso Caval, Juan Díaz, quien aparece en estas polémicas escuchas telefónicas, dijo que irán a declarar en el caso de que sean citados a un eventual procedimiento simplificado en el Segundo Juzgado de Garantía.
Astorga además cuestionó que se puedan acreditar los delitos que aparecen en la querella.
«Juan Díaz no declaró nada, si dijo lo que dijo lo dijo en un contexto privado, dentro de la esfera de su intimidad y cualquier otra presunción de que esto era un alambicado complot es difícil de creer y en extremo difícil de acreditar», dijo el abogado.
«Respecto de la revista Qué Pasa, me parece que ellos tampoco cometieron un ilícito penal, toda vez que esta información estaba contenida en una carpeta de investigación que no era secreta», añadió el abogado Astorga.
Abogado de Bachelet: Usaremos los criterios de la propia revista para demostrar la falta
Juan Pablo Hermosilla, abogado de Michelle Bachelet, conversó con Cooperativa sobre la querella presentada este martes contra la revista Qué Pasa por la publicación de filtraciones de conversaciones de Juan Díaz en el marco del caso Caval.
En diálogo con Lo que Queda del Día, Hermosilla sostuvo que «vamos a usar los criterios de la propia revista para demostrar la falta en que incurrieron. La propia revista en internet bajó la nota porque estimaron que no estaba de acuerdo a los estándares de la revista y estimaron que afectaba gravemente la honra de personas».
«Imagínense la sorpresa cuando bajan la nota y el día viernes la revista viene con una nota que es peor que lo que bajaron, viene con una nota que valida parcialmente lo que dice el señor Díaz y al mismo tiempo borran y recortan todo lo relacionado con personas de derecha», añadió.
«La edición no puede hacerse con intención injuriosa, no se pueden hacer las cosas de una forma en que incluso termine contradiciéndome como medio. Si usted se fija se va a dar cuenta que la nota de la revista impresa está hecha para afectar la honra de la Presidenta», precisó el abogado.
Hermosilla recordó que «curiosamente como una cuestión siquiátrica, esquizofrénica (…) finalmente la propia revista dice que esto fue un error y las bajan por afectar la honra de terceras personas, y estos mismos criterios no los tuvieron cuando publicaban la nota».
«Ni siquiera estamos reclamando por la filtración, estamos reclamando por esta edición (…) por eso no se ha reclamado en contra de medios que han publicado la nota, numerosas radios o medios escritos que colgándose de la propia revista lo publicaron, nos parece que eso es libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y está todo perfecto», sentenció.
El abogado destacó que «desde la época de la dictadura que no se va ningún periodista preso por estas cosas, lo que me alegra en lo personal y a la Presidenta también, aquí lo que se busca no es dejar presos si tenemos éxito, aquí (lo que se busca) son multas y cuestiones simbólicas respecto al control de la libertad de las personas».
Declaración pública del Colegio de Periodistas
Ante la información entregada por el abogado Juan Pablo Hermosilla sobre la presentación de una querella en contra de Revista Qué Pasa y el equipo periodístico vinculado a la filtración de escuchas telefónicas que aludía a la Presidenta de la República Michelle Bachelet, luego de evaluar los distintos aspectos involucrados, la Mesa Directiva del Colegio de Periodistas de Chile por mayoría de sus miembros siente un deber señalar lo siguiente:
La defensa del derecho a la comunicación, la libertad de expresión y de prensa, así como el respeto a la honra de las personas, son principios y valores que deben ser defendidos por toda sociedad con estándares democráticos. Esto está instituido en los artículos cuarto y vigésimo quinto del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile.
Existen múltiples ocasiones en que tales principios entran en colisión y es deber de la sociedad y los ciudadanos hacer un análisis sobre la forma de dirimir tales circunstancias buscando, en todo momento, cautelar el interés público y las garantías individuales. En este sentido, compartimos el hecho de que todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a ejercer las legítimas acciones sociales y legales que estime pertinente cuando sienta que su dignidad ha sido vulnerada.
Dicho lo anterior, recordamos que como orden profesional rechazamos que la actual normativa del país, alojada en el artículo 29 de la Ley de Prensa, aún aluda al Código Penal y establezca la posibilidad de penas corporales a ciudadanos y periodistas, pues puede implicar vulneración de derechos que consideramos fundamentales y abrir la puerta a la criminalización de la libertad de expresión y prensa. Sin perjuicio de ello, los medios de comunicación tienen un rol social y ético, por lo que no pueden eludir eventuales responsabilidades civiles ulteriores a la publicación de sus contenidos.
Tal como establecen los principios de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH para este tipo de materias, creemos que debe entenderse que los representantes del Estado están permanentemente más expuestos a ser escrutados y que temas vinculados con su vida personal y pública pueden ser difundidos a través de los medios de comunicación, por existir eventuales aspectos de interés público involucrados. Y eso es parte del rol de la prensa en toda democracia.
Más aún, si bien reconocemos el derecho de todo ciudadano a ejercer las acciones legales vigentes en nuestra institucionalidad jurídica, consideramos que en este caso en particular es difícil la separación entre la ciudadana Michelle Bachelet y la Presidenta de la República. Por eso, creemos que la decisión adoptada no es el mejor camino, consideramos más adecuado seguir canales éticos para debatir este tipo de materias. Los tribunales de ética del Colegio de Periodistas, que puede reflexionar al respecto más allá de si hay profesionales colegiados involucrados, está disponible para abordar esta discusión y sugeriremos poner esta situación en tabla del próximo Consejo Nacional de la orden.
Reafirmamos, asimismo, nuestra completa solidaridad con los colegas redactores de la nota en cuestión y aludidos por la acción judicial, quienes no pertenecen a nuestra orden profesional, ya que no nos parece son los últimos responsables de la publicación llevada adelante por el medio. Del mismo modo, insistimos en que el debate sobre el rol y procedimientos de la prensa es fundamental, actuando siempre de forma de velar por el interés público y respetando la dignidad de las personas, lo cual requiere de procedimientos de resguardo ético y profesional sobre la forma en que se entrega toda información.
Por último, creemos impostergable dar urgencia al proyecto de ley que avanza sobre la devolución de la tuición ética a los colegios profesionales, que descansa en el Parlamento desde el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Sabemos que abogar por la libertad de expresión de la ciudadanía es fundamental, por lo mismo creemos que fortalecer el ejercicio de una prensa responsable también lo es.
