En una primera lectura de lo que publica hoy el sistema mediático sobre la exigencia del gobierno a Carabineros, respecto al esclarecimiento de responsabilidades en el caso de las graves lesiones del estudiante Rodrigo Avilés, resalta la diferencia entre el plazo perentorio establecido por el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, para la entrega de un informe sobre aquellas, y el respaldo del Ministro del Interior a la respuesta dilatoria y evasiva de Carabineros, que además no agrega ninguna otra responsabilidad a la del sargento que operaba el pitón del carro lanzaagua de última generación. Pero debajo de la superficie, bulle y se desarrolla un conflicto mucho más de fondo; a saber, la autonomización de Carabineros en el uso del poder represivo, en el contexto de la contraofensiva del poder fáctico contra el nuevo ciclo de movilizaciones que convulsiona al país, conflicto que a su vez expresa las particularidades del antagonismo de clase modelado por la vigencia de 40 años del sistema neoliberal en Chile.
En la lectura superficial, aquella que entrega el sistema mediático, el Ministro del Interior, Jorge Burgos, encarna el sentido común que restaura el respeto a la institución policial, sobrepasado por el irreflexivo requerimiento del Subsecretario Aleuy, el mismo que, por lo demás, había comprometido su credibilidad y capital político, con el no menos irreflexivo y apresurado respaldo a la primera versión de Carabineros, aquella contenida en el informe de 200 páginas atestado de falsedades, que sostenía la inexistencia de responsabilidades institucionales en las graves lesiones de Rodrigo Avilés, atribuibles a la irregularidad del terreno, o la falta de adherencia de la suela de sus zapatillas.
Dicha versión cayó destruida pocos días después, cuando el noticiero de Televisión Nacional difundió imágenes irrefutables del chorro directo al cuerpo, a menos de tres metros de distancia, emitido por el pitón que operaba el sargento Manuel Noya, hasta hoy la única responsabilidad efectiva, en una nueva aplicación del principio del hilo que se corta por lo más delgado.
Este montaje que intentó encubrir las responsabilidades de la institución que tiene por misión resguardar el orden público del país, que detenta el monopolio de la fuerza coercitiva para controlarlo, y cuyos integrantes revisten la calidad de testigos de fe en las actuaciones del tercer poder independiente de la república, es decir, el Poder Judicial, es lo bastante grave como para ameritar un sumario independiente, con el establecimiento de las correspondientes responsabilidades y sanciones.
Pero en esta república neoliberal, donde las disfunciones valóricas propias de ese modelo se transformaron en cultura, la transposición de la realidad operada por el sistema mediático presenta a Carabineros como víctima impotente de un poder político semidesquiciado, que prefiere el resguardo de los derechos de vándalos y encapuchados, en lugar del respeto y el respaldo a los servidores públicos que están para contenerlos.
En rigor, ese es un escenario precostituído con toda deliberación, del que los medios de comunicación no son sino la caja de resonacia.
El miércoles 3 de junio, parlamentarios de la UDI desplegaron pancartas en el Congreso, que proclamaban No + Abusos Contra Carabineros. “La señal que está dando el gobierno a través del subsecretario Aleuy, de criminalizar la labor policial, demuestra claramente que este es el mundo al revés”, dijo el diputado UDI Gustavo Hasbún. Su correligionaria, María José Hoffmann remachó: «Lo que hoy nos sorprende es que el gobierno da señales tan equívocas”. El Secretario General de Renovación Nacional, Mario Desbordes, cuestionó la constitucionalidad del plazo perentorio colocado por Aleuy.
Oportunista por definición, el ex Presidente y aspirante a volver a serlo, Sebastián Piñera, reflotó la fallida Ley Anti Encapuchados, más conocida como Ley Hinzpeter, que su Gobierno no consiguió aprobar en el Parlamento.
El miércoles, horas antes de que venciera el ultimatum interpusto por el Subsecretario del Interior, el general director de Carabineros, Gustavo González, visitó la Prefectura de Fuerzas Especiales, donde exhortó a los fecetivos a no “desmoralizarse” y cumplir con sus obligaciones de cara a la manifestación que se realizó en el centro de Santiago, convocada por el Colegio de Profesores.
Fue en ese contexto, que el Ministro Burgos pareció contradecir a Aleuy. En conferencia de prensa realizada hoy, dijo respecto de la entrega del informe que éste tiene un plazo acotado de 10 días hábiles según el reglamento de la policía uniformada:
«Cuando los plazos acotados que establece el reglamento finalicen, se le comunicará las conclusiones del mismo previamente”.
Según Burgos la investigación comenzó a desarrollarse el 29 de mayo por lo que debiera hacerse pública el día 12 de junio, y luego señaló:
“Se podrá criticar, pero poner en duda la eficacia de la institución no tiene fundamento alguno. El Gobierno respalda a cabalidad el trabajo que el Estado de Derecho le otorga a las instituciones policiales”.
Que exista o no conflicto entre las dos principales autoridades en materia de control del orden público y seguridad ciudadana, tiene a esta altura una importancia subalterna.
El sentido y dirección de esta enorme presión ejercidaa sobre el Gobierno, tanto por la derecha como por la propia institución policial, se entiende claramente a la luz de las declaraciones del Presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, luego de una reunión sostenida hoy con el Ministro del Interior, a la que concurrió, según dijo, para entregarle «una serie de propuestas para fortalecer el rol de Carabineros».
A la salida del encuentro, Larraín se mostró totalmente de acuerdo con la reculada de Burgos, y aseveró que no corresponden los ultimátum porque las responsabilidades se saben a partir de las indagaciones correspondientes:
«Creemos que es necesario el esclarecimiento de esa situación, pero esto no se resuelve con ultimátum, se resuelve con sumarios responsables que en el tiempo que corresponda esclarezcan la verdad y justifiquen todas las decisiones que haya que tomar”.
El presidente de la UDI relató también que le solicitó al ministro Burgos una agenda compartida, y que se convoque a un encuentro sobre seguridad pública «para revisar materias en común sobre delincuencia y seguridad ciudadana».
De esta manera, la derecha, o más precisamente el bloque conservador, operó su consabida capacidad para dar vuelta de campana el sentido del debate del momento mediante su habitual estrategia de la huída hacia adelante, lo que consigue con frecuencia, apoyado en su incontestado dominio del terreno mediático.
Así, Carabineros, de la delicada situación de aislamiento en que había quedado por los graves hechos represivos de Rodrigo Avilés, Paulina Estay y Luciano Debrott, pasó a ser punto menos que víctima de un Gobierno que, en el empeño de imponer sus reformas, no vacila en apoyarse en el lumpen y los encapuchados, imagen que en el trasfondo contiene una apenas disimulada amenaza a derechos como la libertad de reunión, expresión, petición y manifestación.
Lo más notable y singular del caso es que esta elaborada transposición o inversión de la realidad no tiene el menor correlato ni asidero en los hechos.
En primer lugar, la discusión sobre el plazo impuesto por Aleuy es irrelevante. Lo que el Gobierno pretendía -y a esta altura no se puede asegurar que lo conseguirá- apuntaba a establecer las responsabilidades institucionales y administrativas que corresponden, es decir, en el nivel del mando. Definitamente no es aceptable que estas se circunscriban al sargento que operaba el pitón. Tampoco es aceptable que una institución de la importancia de Carabineros falte a la verdad, en un informe de caracter oficial, con semejante descaro. Y si de responsabilidades políticas se trata, el Subsecretario del Interior debería enfrentar las suyas, por su respaldo a ese informe infundado, que de no mediar la circunstancia fortuita de la grabación de imágenes desde un dron, podría haber quedado asentado como la historia oficial.
Segundo, nadie, en el Gobierno, en los partidos de la coalición oficialista o en el movimiento social, el que por cierto no incluye a los encapuchados, desconoce el rol de Carabineros o plantea que se abstengan de cumplir con su misión institucional. Por el contrario, el clamor consiste en que lo hagan de manera eficiente y profesional, enmarcada en el respeto al Estado de derecho y a las libertades de un régimen democrático.
En esa concepción, deberían proteger el derecho de los estudiantes a manifestarse, y no asumirlos como enemigos de un orden establecido, que prioriza el derecho de propiedad, por más que la movilización de los estudiantes represente una crítica, una protesta y un intento de subvertir ese tipo de orden desigual, pero con métodos políticos y medios democráticos.
Tercero, nadie, en el Gobierno, en los partidos de la coalición oficialista, desconoce la existencia de los grupos antisistémicos y encapuchados en la periferia de las marchas y movilizaciones, las que aprovechan de manera parasitaria para desencadenar su entropía destructiva. Por el contrario, el país es testigo que el movimiento social organizado no sólo rechaza las expresiones de violencia de esos grupos, sino que los acusa de boicotear sus legítimas manifestaciones, y desnaturalizar su contenido político.
De hecho, son elementos de esos grupos los que causan lesiones a Carabineros, las mismas que son altamente expuestas por el sistema mediático, como parte de la comentada operación de transposición de la realidad, pero paradojicamente ninguno de los tres estudiantes seriamente lesionados por la brutalidad policial participaba en desmanes o hechos de violencia.
En cuarto lugar, y en vinculación con lo anterior, Carabineros parece no asumir que la crítica del movimiento social no se reduce sólo a su habitual vocación represiva, sino también a su eficiencia institucional.
No es posible que Carabineros arremeta con tales bríos contra los manifestantes, y deje actuar con tal soltura y libertad a los violentistas y encapuchados. Peor aún, parece graduar su comportamiento en función de su posición en la coyuntura, como ocurrió en la jornada del 28 de mayo, convocada contra la violencia policial, cuando dejó actuar con sospechosa y calculada impunidad a esos grupos anarquistas y contrasistémicos; lo que por lo demás sucedió con cíclica regularidad en cada uno de los ciclos de movilización social, en 2011 y 2006, con alternancia entre represión indiscriminada, y deliberada permisividad con los grupos violentistas, si por ventura el gobierno intentaba meterla en contura o arreciaba la protesta ciudadana contra el primero de esos comportamientos. .
La profusión de pruebas y testimonios en tal sentido exime de abundar sobre el particular.
En rigor, dichos grupos son lo suficientemente minoritarios y aislados como para no resistir un intento serio de una fuerza policial profesional para controlarlos, con medios coercitivos proporcionales, legítimos y dentro del Estado de derecho. Son lo suficientemente identificables como para ser neutralizados de modo preventivo, con una trabajo de inteligencia profesional.
Ese es, en esencia, el comportamiento que se le exige a Carabineros, el mismo que obstinadamente se empeña en infringir y quebrantar.
El motivo debe ser lo suficientemente poderoso como para que acepte cargar la mácula del desprestigio en la opinión de las mayorías ciudadanas y sociales. La hipótesis mas probable es que ese motivo hay que buscarlo en la resiliente indoctrinación en las concepciones de enemigo interno provenientes de la Doctrina de Seguridad Nacional, que asume como tal cualquier movimiento que persiga el cambio político o la alteración del status quo.
Mientras el régimen democrático no logre sustituir esa doctrina por una de inspiración democrática y desarrollo social, el país tendrá que resignarse a una policía que juega al límite del reglamento, cuyo mando ya ni siquiera disimula su alineación con los sectores más recalcitrantes y retardatarios de nuestra sociedad.
Y a ese juego, el juego de provocaciones de los grupos anarquistas y contrasistémicos le viene de tal forma como anillo al dedo a la policía autonomizada, que menudea la sospecha de que lo alienta y estimula.
