Luego del fracaso de la reunión entre las ministras de Minería y Desarrollo Social y los dirigentes de las comunidades atacameñas en conflicto por el convenio Corfo-SQM, estos señalan que no van a aceptar el atropello de derechos ancestrales, y lamentan no haber sido recibidas por la Presidenta.
El 17 de enero, Corfo y SQM firmaron un acuerdo de conciliación para modificar los contratos entre las partes, tras varios años de negociaciones. Un pacto para la futura explotación del litio, anunciado como un “éxito” para el gobierno y el Estado de Chile por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Eduardo Bitran, que apunta, dijo, a clausurar “un capítulo extenso de disputa y negociaciones entre ambas entidades”.
Manifestaciones, cortes de ruta, huelga de hambre, son parte de las protestas que se vienen ejerciendo en contra del acuerdo CORFO – SQM que se relacionan con la explotación del litio en territorio ancestral Lickanantai.
Dieciocho comunidades lickanantayi de diferentes ayllus ancestrales ubicados en la cuenca del Salar de Atacama, realizaron un corte de rutra el martes 30 de enero de 2017, exigiendo la derogación del Convenio firmado por la Estatal Corfo y la minera Soquimich, acción que inició una serie de movilizaciones.
Los dirigentes atacameños del Pueblo Lickanantay, Sergio Cubillos y Valeska Pavéz iniciaron una huelga de hambre, quienes aclararon que es primera vez que se ven obligados a tomar esta medida radical porque siempre han estado dispuestos al diálogo, han participado de todas las mesas de trabajo, pero que en esta oportunidad no se respetó a ninguna de las 18 comunidades de San Pedro de Atacama.
“No vamos a negociar”, enfatizó Cubilllos, presidente de la comunidad de Peine, quien no descartó asumir una huelga líquida.
¿Y el salar de Atacama?
CORFO ha anunciado el fin del conflicto que desde 2014 mantiene con la minera Soquimich, SQM, a través de un convenio en el que, a cambio de la salida del accionista controlador Julio Ponce Lerou (ex-yerno de Pinochet, y quien dirigiera Soquimich cuando ésta pertenecía al Estado para luego adquirirla a un precio irrisorio en plena dictadura militar) se extendería el arrendamiento del Salar de Atacama en favor de la minera hasta 2030, lo que se traduciría a su vez en un aumento en la cuota de extracción del mineral equivalente desde 180 mil toneladas anuales, a más de 320 mil.
Los términos de este acuerdo se dan a conocer a la opinión pública después de su firma, y en un contexto de dudas y desconfianzas respecto a los efectos que la extracción sistemática de salmuera (agua con alta concentración de sal) del Salar de Atacama, tendría sobre el ecosistema y las comunidades que en ella habitan.
Estas dudas se fundan principalmente en los informes de la Comisión Investigadora del Litio y en una serie de trabajos académicos que dan cuenta de la falta de fiscalización tanto de las actividades extractivas como de los convenios firmados entre CORFO, Albemarle y la misma SQM.
A lo anterior se suma el hecho de que la multinacional Albemarle, aún bajo el nombre de Rockwood Lithium, consiguió triplicar sus derechos de extracción de salmuera gracias a un convenio firmado con el Consejo de Pueblos Atacameños en 2016, y que, entre otras cláusulas, estipula una participación de las comunidades en las ventas de la empresa.
Adicionalmente, surgen dudas y cuestionamientos a la forma en que este “fin de conflicto” ha sido socializado al interior de las comunidades, toda vez que el propio Eduardo Bitrán habría sostenido reuniones por separado con algunas de las comunidades que se encuentran geográficamente más cercanas a las operaciones de SQM, para luego sostener reuniones con el Consejo de Pueblos Atacameños y el Municipio, como consta en la cuenta twitter de la CORFO.
Los argumentos giran en torno al tono autoritario de las intervenciones de vicepresidente ejecutivo del organismo estatal, quien además habría comunicado a dirigentes sobre el proyecto de creación de una fundación que canalizaría los dineros que SQM pondría a disposición, como parte de una cláusula de “Responsabilidad Social Empresarial”, al más puro estilo BHP Billiton – Fundación Minera Escondida.
Esto pone en evidencia no sólo la urgencia con que el gobierno buscó asegurar la salida de Ponce Lerou del control de SQM antes del fin de mandato de Bachelet, sino que también la nula consideración tanto del efecto que estas intervenciones están generando en el tejido social de las comunidades, como de las devastadoras consecuencias que la extensión de las operaciones de SQM tendrían sobre el frágil y ya amenazado ecosistema del Salar de Atacama.
Al respecto cabe recordar que el turismo no regulado ya está generando desabastecimiento de agua entre la población, y que los ríos San Pedro y Vilama, principal fuente de agua para la agricultura, han sido declarados agotados.
Frente al anuncio de que la firma de este acuerdo que se materializó el miércoles 17 de enero en las oficinas del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, las reacciones desde diversos sectores tanto del propio territorio como del resto del país no se hicieron esperar.
Desde las propias comunidades, agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños, a Organizaciones Socio-Ambientales del Salar y del Norte Grande, el rechazo es total, ya que para ellos este acuerdo redactado entre cuadro paredes estaría, una vez más, hipotecando la supervivencia del ecosistema de la Cuenca del Salar de Atacama.
Fracasa reunión entre comunidades atacameñas y el gobierno
Tras la reunión del Consejo de Pueblos Atacameños sostenida en La Moneda con la Ministra de Minería, Aurora Williams, y la Ministra de Desarrollo Social (s), Heidi Berner, por el convenio entre Corfo y SQM y que afecta gravemente a las comunidades originarias, Oriana Mora, representante de la Comunidad Atacameña de Peine, una de las 18 organizaciones que integran el organismo y que asistió a la reunión, conversó con El Ciudadano para narrar el cariz del encuentro, el ánimo con que salieron y cuáles son los caminos que van a tomar.
La dirigente narra que habían solicitado la reunión con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, pero como no asistió, dejó mandatada a la Ministra de Minería, Aurora Williams. Sin embargo, “la respuesta que nos llegó por escrito para nada satisface lo que solicitamos, no da respuesta clara de nuestro petitorio”, sostiene pero agrega que insistirán en reunirse con ella, y si la gobernante les dice: “Miren, yo no voy a derogar esto”; se verán en la obligación de contestarle que ella, como máxima autoridad, “tiene una responsabilidad y estas serán las consecuencias, y en este caso será este gobierno y los que vengan los responsables de esta situación”.
Respecto a las manifestaciones que han realizado, incluso con huelga de hambre –que ya depusieron-, la representante de las personas lickanantay explica que las han hecho para mostrar su disconformidad con la situación.
No obstante enfatiza:
“Hemos accedido al diálogo, porque creemos que es una manera de solucionar los problemas, y no queremos tomar acciones más radicales, pero si el gobierno no quiere escucharnos tenemos que ver cómo hacernos escuchar”.
Una de las exigencias más importantes del Consejo de Pueblos Atacameños es que “se derogue y se deje sin efecto este convenio”, añade Mora, sin embargo, la respuesta “no muy clara, fue que no era posible por todo lo que implica este convenio para el país”.
– ¿Cuáles fueron las razones para negarse a revisar el convenio entre Corfo y SQM?
Porque Corfo, el Ministerio de Minería y -me imagino también- la Presidenta (Bachelet), tienen una visión que es la misma que Eduardo Bitrán, Vicepresidente de Corfo, ha dado a conocer a la opinión pública que éste es el mejor convenio que se ha podido hacer en la historia. Por lo tanto, hay que explotar el Salar sí o sí. Bitrán ha dicho que es el momento que Chile tiene para poder posicionarse como uno de los principales productores de las materias primas de la electro movilidad, que en este caso es el litio y el cobre, y que los dos minerales salen de acá.
– ¿Qué le solicitaron a las ministras en la reunión?
Se les pidió a las dos ministras que nos hicieran de puente para llegar a la Presidenta porque queremos escucharla a ella si su visión es extractivista. Nosotros insistimos en que esta reunión se tiene que hacer con ella porque estamos hablando de la supervivencia de un pueblo indígena, y teniendo la respuesta de la Presidenta vamos a tomar una decisión como pueblo respecto a este territorio.
– ¿Y cuál será el beneficio para la zona o la región de este convenio?
Dentro de las cláusulas de este convenio se destinaría un buen porcentaje (económico) para la región, otra para los municipios donde está instalado SQM, teniendo el mayor porcentaje las comunas de San Pedro de Atacama, Calama y María Elena, y también contempla un porcentaje directo a las comunidades atacameñas.
– Pero, ustedes no han pedido ni el convenio ni el acuerdo económico.
Nuestra postura va más allá de aumentar o de aceptar el porcentaje. Nosotros estamos hablando de un tema más profundo que tiene que ver con la propiedad ancestral del pueblo atacameño en el Salar de Atacama, donde tenemos derechos de agua al interior del Salar y derechos territoriales titulados en el borde.
Esto tiene que ver con demandas y aspiraciones del pueblo indígena, del pueblo atacameño con respecto a su territorio, y el Salar de Atacama está dentro del territorio atacameño y lo que siempre se pidió -y se estaba regularizando pero no fue posible- era que el Estado pudiera avanzar en la titulación de nuestras tierras. Hoy sabemos cuáles son las razones que determinaron que eso no fuera posible… por todos los intereses económicos que hay en nuestra tierra.
Bitrán y su mala educación
Otra de las demandas del Consejo de Pueblos Atacameños es que el acuerdo Corfo-SQM se someta al proceso de Consulta Indígena bajo los estándares del Convenio 169 de la OIT. Esto porque consideran que Bitrán, días antes que se anunciara el convenio, se reunió con el Consejo tras sostener encuentros con otras comunidades por separado.
Fue “un gesto de mala educación” y “de mala fe”, sostiene Oriana Mora quien argumenta que el mismo personero de Corfo reconoce que la organización que representa al pueblo atacameño es el Consejo, por lo tanto, no se sostiene el que haya tenido encuentros por separado, y aún más ofreciendo cierto porcentaje para las comunidades.
“Lo que pasa es que Eduardo Bitrán cree que el beneficio es solamente en dinero, pero lo que estamos viendo nosotros es un tema de supervivencia de nuestro un pueblo”, sostiene la dirigente.
Cuando Bitrán llegó a la zona atacameña con la propuesta “le manifestamos que no era eso lo que estábamos buscando y que si el Estado buscaba llegar a un acuerdo de esta magnitud, tenía que habernos consultado para nosotros decidir qué hacer”, por lo tanto para Mora, todo lo establecido en el Convenio 169 “en este caso no se está respetando, porque se tiene que realizar antes de tomar medidas administrativas que nos pudieran afectar, como por ejemplo, este convenio Corfo-SQM”.
La representante de la comunidad de Peine indica que en la reunión sostenida en La Moneda, el Ministerio de Desarrollo Social explicó que no era necesario hacer la Consulta Indígena porque el convenio ya existía y esto era solo una modificación. “Pero para nosotros es un nuevo Convenio, porque cambia todo”, asegura Oriana Mora.
Conviviendo con la extracción
Oriana Mora explica que el ecosistema del Salar de Atacama está enfrentando una gran amenaza, y eso se verá reflejado también en la forma de vivir y en la cultura de las comunidades lickanantay del territorio. Aunque aclara que en el acuerdo aumentan las exigencias ambientales y también la entrega de información respecto a monitoreos, para ellos eso no es suficiente.
La dirigente se remonta a los años 80 cuando empezaron a convivir con la minería, y explica que si bien se pueden exigir ciertas cosas, existe una gran incertidumbre pues el acuerdo entre Corfo y SQM es nuevo, y por lo tanto, “corremos un riesgo muy alto como pueblo”, dice, y recuerda que desde que comenzó la explotación en el Salar de Atacama, comenzaron a haber cambios en las comunidades atacameñas.
De hecho, retrata la situación en lo que vive su comunidad de Peine, cuando, con la minera, se comenzó a transformar en un campamento minero. “No es lo mismo vivir solamente quienes habitamos en la comunidad y que nos conocemos todos, con gente que llega a vivir con una población flotante y todo eso, hemos tenido que aprender a convivir para seguir existiendo como cultura”, expresa Mora.
Pero además del impacto social que han vivido, también han debido enfrentar los impactos medioambientales en el territorio, con disminución de vegas que se usaban para el pastoreo, y “nos vimos en la obligación de dejar de realizar esta actividad tradicional”, explica.
“La expectativa es que logramos paralizar el convenio entre Corfo y SQM”, sostiene a su turno Mirta Solís, secretaria del Consejo de Pueblos Atacameños, quien explica que esperan, al menos, que se realice un proceso de Consulta Indígena bajo los estándares del Convenio 169 de la OIT.
La dirigente explica:
“Hemos insistido en que la Presidenta nos pueda recibir, pero desde la Casa de Gobierno nos dijeron que las ministras de Minería y de Desarrollo social escucharán nuestros planteamientos.
– ¿Por qué se oponen al convenio entre Corfo y SQM?
Nos oponemos al convenio por la falta a la Consulta Indígena, que se nos vulneran los derechos de una propiedad ancestral que, a lo mejor esta propiedad no estará con un título, pero sí nosotros estamos antes de la Guerra del Pacífico y estamos antes que Chile tomara posesión de esto. Entonces aquí hay una cultura que está siendo afectada y cada vez la extracción es mayor, cada vez más las napas se van secando más. Por eso queremos que ese acuerdo no se materialice.
– ¿Cuáles son los problemas más graves que tienen producto de la extracción en el Salar de Atacama?
Los daños son claros, tenemos problemas de escasez de agua, nosotros vemos cómo se está sufriendo en los ayllus -en los pueblos-, tenemos cada vez menos agua para sembrar. Es una situación que nos está afectando por varios años y las cosas no dan para más en el sentido que nuestra gente está sufriendo. También las aguas subterráneas que están extrayendo están afectando las lagunas, las vertientes, la agricultura.
– ¿Cuál es la gravedad de la situación hídrica?
Imagínese que hoy en San Pedro de Atacama regamos cada 30 días los predios, y eso nunca había pasado. De haber tenido mil litros por segundos o más, hace 30 ó 50 años atrás, hoy tenemos menos de la mitad de esa agua, y estoy hablando de las aguas de riego. Entonces, ya no se puede cultivar, ¿cómo lo hacemos? Antes teníamos producción de maíz, trigo, una buena cantidad de ganado y aunque le hablo por San Pedro de Atacama, eso está pasando con todas nuestras comunidades.
– ¿Por qué cree que no los consideraron en la firma de este acuerdo?
Cuando las cosas se hacen en un escritorio, no se conoce el terreno, no se conocen las realidades, pasa esto. Pero también hacemos una invitación a las autoridades que ya van a concluir (gobierno Bachelet) y a las nuevas (gobierno Piñera), que tienen que sensibilizarse y venir a terreno, ver lo que pasa realmente en la zona.
– ¿Cómo responden a las críticas respecto al acuerdo de “Cooperación, Sustentabilidad y Beneficio Mutuo” que firmaron en 2016 con Rockwood Lithium?
Nos han criticado mucho de que el pueblo atacameño lo único que quiere es que le den más millones de dólares, pero nosotros hemos dicho que no queremos millones de dólares sino que queremos que no sigan sacando el agua, porque ése es el fondo. Porque cómo vamos a conservar lo que es nuestro si vamos a tener que irnos en algún momento. Además, el Convenio que existe y que se trabajó por muchos años, fue en otro período, en otras circunstancias, con otros dirigentes, y si bien llegaron a acuerdos económicos -pero tampoco grandes recursos- nos apoya a mejorar la infraestructura de riego, pero seguimos en la misma… porque podemos mejorar, pero no tenemos agua. En el fondo, yo les pregunto a quienes nos han criticado, ¿qué hacemos con los recursos si no tenemos agua?
¿llevaron alguna otra solicitud concreta a la reunión en La Moneda?
También llevamos la propuesta de hacer un estudio hidrográfico, pero que sea transparente, serio que nosotros mismos podamos hacerlo y que nos dé la seguridad que el estudio nos diga claramente lo que le pasa a la cuenca del Salar de Atacama, porque las empresas hacen sus estudios y dicen que no afectan en nada ¡ninguna empresa nos va a decir que tienen problemas!
Imagínese que nos han dicho que no van a sacar más cantidad de agua, ¡si tiene una cantidad enorme de derechos constituidos a nombre de las empresas para extraer agua subterránea! Entonces frente a eso, queremos que sepa el país que tenemos una escasez enorme.
– ¿Qué llamado le hacen a la ciudadanía?
Que entiendan que estamos en el desierto más árido del mundo donde el agua para nosotros es de vital importancia. El agua es la vida junto a la tierra para nosotros. Además, el Estado nos dice que está bien extraer más recursos naturales para obtener más recursos económicos para el país, pero el país no se da cuenta de lo que nos pasa a nosotros.
Comunicado de la comunidad atacameña
Descontentos resultaron los representantes de 18 comunidades indígenas tras la respuesta recibida por el Ministerio de Minería, al petitorio en que se solicitaba a la Presidenta de la República, dar término al contrato firmado entre CORFO y SQM, el pasado 17 de enero, que permite la explotación de litio desde el Salar de Atacama, hasta el año 2030.
En la reunión, la Ministra de Minería, Aurora Williams, junto a la Ministra de Desarrollo Social (S), Heidi Berner y al Subsecretario de Minería, Erich Schnake, señalaron a los dirigentes atacameños, que no se podía poner fin al Contrato ya firmado, como se está solicitando, por «no tener las facultades para retrotraer un contrato de esa naturaleza», señalando, por otro lado, que sí es importante para el Gobierno, la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones, sobre todo en lo que respecta a la sustentabilidad de la cuenca del Salar.
«Estamos buscando el monitoreo homologado del Salar y que ustedes sean parte activa en eso», señaló la Ministra.
Sin embargo, esta decisión no fue suficiente para los representantes de las comunidades atacameñas, ya que no se tomaron en cuenta los puntos que se solicitaron en la carta enviada a la Presidenta y justamente, lo que se buscaba era obtener una respuesta directa.
«Nos vamos con una sensación de insatisfacción, pues no fuimos recibidos por la Presidenta como esperábamos. Los ministerios de Minería y Desarrollo Social, nos entregaron un documento que claramente no cumple con las expectativas que teníamos. Por lo tanto, insistimos en que exista un pronunciamiento por parte de la Presidenta, con respecto al petitorio que realizamos originalmente, además, nos reservamos los derechos a las acciones que podamos realizar luego de esto», señaló la Presidenta del Consejo de Pueblos Atacameños, Ana Ramos.
El sentir del Pueblo Atacameño es que no se han tomado en cuenta sus inquietudes con respecto a una decisión tan importante como lo es la extracción de litio, a través del agua del Salar de Atacama, única fuente de trabajo y vida para los pueblos indígenas que por miles de años ha pertenecido a ellos y que sus ancestros les han legado.
Ana Ramos Siares
Presidenta Consejo de Pueblos Atacameños
Que indignante saber y ver como la codicia está destruyendo culturas ancestrales, fauna y flora , con el mezquino afan de explotar recursos naturales y lo principal acabando la poca agua del desierto y sus napas subterráneas, no claudiquen y sigan con su lucha y tampoco no se vendan por un puñado de dinero ,que no va a pagar el tremendo daño al Desierto de Atacama.