Hasta ahora, todos los dardos apuntaban en contra de Mauricio Valero y Natalia Compagnon, dueños de la empresa Caval. Sin embargo, la aparición de nuevos antecedentes ponen en la mira a una serie de operadores inmobiliarios vinculados a la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes habrían actuado como inductores del jugoso negocio. Por supuesto, ahora que afloran estos datos, la jauría mediática calla.
El pasado miércoles 20 de mayo, volvió a aparecer el “Gatito” en la sesión de la Comisión Investigadora Caval de la Cámara de Diputados. Y como buen felino emergió sorpresivamente en una lámina del powerpoint que presentaba la Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, Josefina Montenegro.
La página 12 del documento que se proyectaba sobre el telón consignaba el convenio judicial preventivo Wiesner S. A. que gestionó el síndico Herman Chadwick Larraín:
“Los gastos de administración del convenio incluyeron pagos al señor Juan Díaz Sepúlveda por gestión inmobiliaria y cambio de uso de suelos ascendentes a $415.354.524 pesos”.
En medio de la semi penumbra del proyector, los diputados de la UDI y Renovación Nacional (RN) se miraban perplejos ante la aparición de este dato revelador, mientras que algunos de sus pares de la Nueva Mayoría fortalecían sus sospechas de que en el entorno de Caval operó una red de especuladores inmobiliarios ligados a la UDI.
Una vez concluida la exposición de la Superintendenta de Insolvencia, los diputados oficialistas pidieron a la autoridad que ahondara en el pago del síndico a Díaz, ya que hasta la fecha no se ha producido el mencionado cambio en el uso de suelo.
Montenegro dijo que durante el proceso de fiscalización a la gestión del síndico, tuvieron a la vista dos contratos a honorarios y dos boletas emitidas por Díaz al síndico. Pero agregó que aún está pendiente que Chadwick responda a un oficio en el que le piden que informe el detalle de las actividades que realizó Díaz para gestionar el supuesto servicio.
Tras finalizar la sesión, el diputado del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, calificó como grave el dato aportado por la Superintendenta de Insolvencia:
“Esto levanta fundadas sospechas respecto al papel que tuvo en este negocio de especulación inmobiliaria el señor Herman Chadwick, el síndico, puesto que es él quien contrata al señor Juan Díaz, que trabajaba junto a Cynthia Ross, y quien hace los pagos. A mí me parece una situación escandalosa, tan grave o más grave que la situación de Caval. Tengo la sospecha que el propio síndico se involucra en una red que hace corrupción, tráfico de influencias para cambiar el uso de los suelos y que francamente hay pagos que no tienen ninguna justificación”.
El parlamentario dijo que este negocio de especulación inmobiliaria no solo llegó a Caval:
“Yo me pregunto ¿dónde están esos 415 millones? ¿En manos del señor Juan Díaz? ¿En manos de otra gente vinculada a Juan Díaz, como es Cynthia Ross, Patricio Cordero, también militante de la UDI o están en manos de otras personas que no conocemos? Porque francamente es absolutamente increíble que una persona, por hacer gestiones inmobiliarias y por hacer un cambio en el uso de suelo que no se realice, gane 415 millones”.
Municipalidad de Machalí: como Juan por su casa
A Juan Díaz Sepúlveda (54), alias el “Gatito”, se le atribuye como el personaje que contactó al síndico para ofrecerle el cambio en el uso de suelo en Machalí y quien, a su vez, le planteó el jugoso negocio a Mauricio Valero. Otras versiones apuntan a que fue el síndico quien le pidió a Díaz la gestión, debido a la extensa relación de amistad y trabajo que los une.
“Efectuada la compra, respecto del cambio de uso de suelo, o modificación del plano regulador, las gestiones las hacía Mauricio Valero con el alcalde y director de Obras de Machalí. En esto intervenía un sujeto apodado ‘Gatito’, de nombre Juan, cuyo apellido no conozco. Él es un operador político, oriundo de O’Higgins, mano derecha y política de Herman Chadwick y Valero”, afirmó Sergio Bustos en la Fiscalía de Chillán, donde se tramitó su fallida demanda laboral contra Caval.
Por su parte, Compagnon declaró ante la Fiscalía de O’Higgins que Díaz le propuso a Valero una curiosa repartición de utilidades:
“Cuando ellos, Juan Díaz y Patricio Cordero, traen el negocio proponen un acuerdo que era: 50% de las utilidades del negocio para Patricio y Juan; el otro 50% para Caval. Ese acuerdo lo realizó Mauricio y yo no participé. Lo acepté aunque me parecía injusto, porque nosotros pusimos la cara y nuestro patrimonio y ellos sólo cooperaron en traer el negocio”.
¿Cómo es que Juan Díaz ofrece o se le encomienda gestionar el cambio en el uso de suelos?
Para concretar esa misión, el “gestor inmobiliario” utilizó la red de funcionarios UDI que conoce en la Municipalidad de Machalí, entre ellos, la máxima autoridad, José Miguel Urrutia, militante del gremialismo. Sin embargo, su vínculo directo al interior de la Municipalidad para digitar la operación fue Cynthia Ross, arquitecta que se desempeñó en la Dirección de Obras Municipales (DOM) y que, además, es la sobrina de Patricio Wiesner, el ex dueño de los predios.
“Díaz anduvo varias vece, era, no sé si un poco patudo, andaba por todos lados, pero específicamente iba al Departamento de Obras”, declaró Urrutia ante la Fiscalía.
Si bien el alcalde tomó distancia del caso una vez que el negocio estalló mediáticamente -anunciando un sumario administrativo por la doble función de Ross y la responsabilidad del ex jefe de la DOM, Jorge Silva Menares, un ferviente impulsor de los cambios-, fue él quien el 14 de marzo de 2013 firmó el decreto por el cual se contrataron los servicios de la arquitecta para gestionar el cambio del plan regulador.
Para muchos, la investigación interna del alcalde fue una jugada magistral para desmarcarse del bulto: lo anunció el día después que el portal informativo Ciper publicó los nexos entre Díaz y Ross, el 27 de febrero de 2015.
Se comenta que Díaz y Ross trabajaron entre los años 2008 y 2012 en el cambio de planes reguladores de las comunas de Independencia (RN), Colina (UDI), Recoleta (UDI) y Buin (UDI).
No es un lindo gatito
Díaz cuenta con un profuso curriculum judicial lo que lo eleva de simple “gatito” a una peligrosa “güiña”. El año 2008, el Tribunal Oral de Curicó lo condenó como “autor del delito de estafa consumada” en contra de Silvia Méndez Baeza por haberse apropiado de 180 millones de pesos.
La sentencia contempló una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, más una multa de 30 UTM, pero le concedió el beneficio de la libertad vigilada por su irreprochable conducta anterior. De todas formas, tuvo que pagar 185 millones a su querellante.
En ese litigio, su defensa estuvo en manos del abogado Christian Espejo (UDI), quien en ese momento se desempeñaba como director jurídico de la Municipalidad de Providencia, encabezada por Cristián Labbé.
Junto al arquitecto Patricio Salomón Morales, Díaz creó el año 2004 la Inmobiliaria “Coyancura” con un capital de 5 millones de pesos. Esta empresa ofreció a la Municipalidad de Chillán un maravilloso proyecto inmobiliario que involucraba una inversión de 30 millones de dólares para construir una exclusiva Ciudad Satélite.
Como pasaba el tiempo y no se conocían detalles del proyecto estrella, los concejales de la Comisión de Obras solicitaron información a la respectiva DOM. Pero desde el departamento municipal solo recibían dilaciones y hermetismo. Todo se estaba tornando muy sospechoso, recuerdan.
Al poco tiempo comenzó a destaparse la olla: El director de la DOM había dispuesto un inusual método para que la empresa de Díaz pagara los 150 millones de pesos por el permiso de edificación: 16 cuotas de 9 millones de pesos cada una.
Los concejales solicitaron un sumario en contra de la autoridad de obras y, según ellos, quedó al descubierto que se trataba de una operación de especulación inmobiliaria, ya que era muy raro que una empresa invirtiera tanto dinero sin tener en su mano el cambo al plano regulador.
Posteriormente a este fallido intento, el socio de Díaz en la inmobiliaria “Coyancura” lo denunció en el Juzgado de Garantía de Chillán por apropiación indebida de 450 millones de pesos. Salomón agregó al año siguiente otra querella contra Díaz ante el Octavo Juzgado de garantía de Santiago por el mismo delito.
Del año 2009 figura una nueva querella que aún se tramita en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago por giro doloso de Cheques.
Hasta el momento, Díaz no ha declarado ante la Fiscalía.
Toda una vida con Longueira
A Díaz lo perfilan como un mito urbano al interior de la UDI. Es como una leyenda. Según quienes lo conocen, cuentan que el nexo con el ex ministro Pablo Longueira data de comienzos de los ’80, cuando Longueira llega al Ministerio de Vivienda a plantearle al titular de la cartera, Miguel Ángel Poduje, su preocupación por dos campamentos. Díaz habría sido el coordinador para solucionar el tema.
La fábula sobre la figura de Díaz se incrementó con el paso del tiempo y especialmente el 1 de abril de 1991, cuando hasta la puerta de la sede de la UDI en calle Suecia 286 llegó el chofer de Jaime Guzmán con el senador moribundo. Pocos minutos antes habían atentado en su contra en el frontis del Campus San Joaquín de la Universidad Católica.
Según la leyenda, Jaime Guzmán murió en los brazos de Juan Díaz en momentos que el vehículo se dirigía hacia el Hospital Militar.
Durante el año 2003, Longueira armó un equipo investigativo en la UDI para desacreditar las acusaciones que pesaban sobre el senador Jovino Nova por el caso Spiniak. Ahí estuvo Díaz, con Christian Espejo y Pablo Jofré.
Por ese tiempo, el nexo con Longueira se extiende hacia los negocios. Junto al ingeniero Benjamin Rochenszwalb Korman e inversiones Magal, representada por Patricio Salomon, conforman “Compañía Minera Maagal”. Según un vespertino, Longueira participa en la propiedad de la sociedad a través de Inversiones Las Azaleas.
El pasado 17 de abril, durante la comparecencia de Longueira ante los fiscales Luis Toledo y Sergio Moya, dijo sobre Díaz que “es un militante de la UDI. No me acuerdo de cuando lo conozco. Tuvo un rol importante cuando tuvimos que enfrentar la situación del caso Spiniak, aportando información útil a las policías. Jamás ha sido mi asesor o colaborador, nunca he tenido una relación contractual con él. Él se crió y vivió en el entorno de la parroquia del Cura Jolo y Gemita Bueno en Quinta Normal, en el referido caso y a propósito de eso lo conocimos. Nos aportó antecedentes muy útiles para desmontar la farsa que fue ese caso. Nos permitió tener acceso a una reunión privada en que quedó claro que todo era falso, no obstante que todo el caso y la problemática duró 10 meses».
Longueira declaró como testigo, porque Víctor Arrepol, un ex empleado de Caval, dijo que parte de las ganancias de Díaz y Cordero irían a manos del ex candidato presidencial de la Alianza.
Emerge el factor Cordero
Dentro de toda la trama del caso Caval, quien figuraba nebulosamente era Patricio Cordero, ex administrador municipal en Las Condes y Santiago, cuando estaba a la cabeza Joaquín Lavín. Fue, además, su generalísimo de campaña durante su incursión como candidato presidencial.
Cordero fue catapultado al caso Caval mediante la declaración de Compagnon ante la Fiscalía.
“Respecto de Patricio Cordero lo conocí la última semana de febrero de este año, porque pedí conocerlo ya que él era parte del negocio de Machalí. Sabía que Cordero existía, que había sido el generalísimo de Joaquín Lavín, pero no lo conocía”, aseguró Compagnon.
El operador político de la UDI ya declaró en calidad de imputado ante la Fiscalía de O’Higgins el pasado 19 de mayo. Lo hizo durante 8 horas, la segunda declaración más extensa después de Compagnon. La Fiscalía decretó reserva de sus afirmaciones.
En el caso Caval hay “Gatito” y Cordero encerrado.
Fuente: El Siglo
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