por Leandro Mora Alfonsín.
Argentina enfrenta una nueva crisis económica. Pese a provenir del mundo empresarial, el presidente Mauricio Macri no logra generar confianza en los mercados.
La vuelta al Fondo Monetario Internacional divide aguas. El gobierno no solo fracasó en su intento de frenar la inflación, sino que los precios están viviendo una disparada histórica. Y Argentina tiene hoy las tasas de interés más altas del mundo.
¿Por qué Argentina está, otra vez, en crisis?
Si un lector desprevenido dejó de leer informes vinculados a la economía argentina hacia principios de año, seguramente se encontrará muy sorprendido de leer noticias actuales. En muy pocos meses, el país sufrió un vertiginoso cambio de ciclo económico signado por una frágil posición externa, un paulatino pero imparable deterioro de las condiciones socioeconómicas de los sectores medios y bajos, y pocos fundamentos para esperar una mejora en el corto plazo.
¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que un país que en 2017 había empezado a mostrar indicios de recuperación (aunque no de crecimiento) y cierto ordenamiento de sus variables haya podido tener tan pocas respuestas a un cambio de condiciones internacionales? ¿Qué medidas se tomaron para mitigar estos daños? ¿Qué puede esperarse hacia adelante?
Para responder estas preguntas, hay que comprender algunos aspectos sustanciales de la estructura económica argentina, diagnosticar los problemas de raíz que presenta, y luego analizar las políticas y enfoques económicos que contribuyeron a esta crisis.
El potencial argentino
Contrario a lo que el sentido común suele indicar sobre Argentina, si bien se trata de un país rico en recursos naturales, estos no alcanzan para dar forma a un modelo económico integrador e inclusivo.
De acuerdo a la medición de Capital natural per capita del Banco Mundial, Argentina ocupa el puesto número 40 del ranking de países con mayor dotación de recursos naturales explotables por habitante, detrás de naciones como Australia, Arabia Saudita, Canadá o Brasil.
Esto significa que 45 millones de personas no pueden vivir de las exportaciones primarias o de bajo valor agregado como las del complejo oleaginoso, con grandes ventajas comparativas.
Argentina es un país con un entramado productivo heterogéneo, con fuerte presencia del sector industrial. La industria manufacturera es, con más de 1.300.000 puestos de trabajo (casi 20% de la población económicamente activa), es el principal empleador, el que paga mejores salarios y el que presenta menores índices de informalidad en un país con 30% de su población bajo la línea de pobreza.
Cada puesto industrial directo genera, además, 2,5 empleos indirectos. Por supuesto, competir con bienes industriales y con valor agregado en un mundo donde la frontera tecnológica se corre día a día, es difícil.
El 72% del comercio internacional se explica por bienes manufacturados y cada vez pesan más los intangibles que engarzan industria con servicios. En este contexto, Argentina tiene la capacidad, la historia y la estructura para jugar un rol más significativo.
Hoy solo exporta bienes de media y alta tecnología por 500 dólares anuales por habitante, lejos de los países desarrollados.
Estos países despliegan políticas industriales cada vez más sofisticadas que ponen la generación de valor en el centro, como dinamizador de la economía: Italia está implementando un ambicioso plan (Impresa 4.0) que premia con un 50% de crédito fiscal la inversión en investigación y desarrollo, garantiza préstamos y destina 2.700 millones de dólares a un fondo para la productividad y el capital intangible.
Estas iniciativas integrales y de articulación público-privada también se ven en Estados Unidos (Adavanced Manufacturing Program), Reino Unido (The Plan for Growth), Japón (Abenomics), China (Made in China 2025), Alemania (Sociedad Fraunhofer) y Taiwán (Productivity 4.0).
¿Cuál es entonces el camino para el desarrollo argentino? Si bien competir es cada vez más difícil, esta diversidad que muestra Argentina es parte de la solución, una oportunidad.
Durante muchas décadas predominó la falsa dicotomía entre ser un país industrial o «el granero del mundo».
Lo cierto es que para romper escalas y ascender en una integración inteligente en mundo, el país necesita todo su potencial. No es «campo o industria», es «campo e industria… y servicios». Para eso, se necesita una política industrial que se ponga de pie y que, a la vez, amplifique una estabilidad macro y un diseño microeconómico.
Pero para que eso ocurra, debemos diagnosticar los problemas de forma correcta.
Problemas de raíz
Hace casi 50 años, el empresario argentino Marcelo Diamand teorizó que el país tiene una estructura productiva desequilibrada y que eso genera una restricción de dólares. Según su postura, en momentos de crecimiento las necesidades de divisas para insumos y bienes de capital aumentan más que los ingresos en dólares. Esto provoca presiones sobre el tipo de cambio. El diagnóstico de Diamand explica una parte de la situación argentina actual, cuya historia se repite.
La restricción externa reduce la capacidad que tiene una economía para generar las divisas (dólares) necesarias para afrontar sus necesidades de importaciones para el consumo, la inversión, la remisión, el pago de deuda y el atesoramiento.
Cuando las necesidades de divisas crecen y las fuentes de las mismas no lo hacen en la misma cuantía, afloran presiones sobre el tipo de cambio, su correlato sobre precios y costos, estancamiento o caída de la inversión, congelamiento de la creación de empleo y, en definitiva, la ralentización del crecimiento económico.
Si seguimos a Diamand, no puede afirmarse que este sea un fenómeno nuevo, ya que la historia argentina se caracteriza por episodios recurrentes de restricción externa.
El actual puede datar su inicio hacia 2011 o 2012. Básicamente, hay dos canales a través de los cuales un país (que no imprime dólares) puede hacerse con divisas: sus exportaciones y el financiamiento en moneda extranjera.
Si observamos el desempeño de las exportaciones argentinas en los últimos años, vemos un aspecto claro de estas restricciones. Si bien en 2017 se quebraron seis años consecutivos de caídas y 2018 arrancó con exportaciones crecientes, las ventas argentinas al mundo son un 29,6% más bajas que en 2011, cuando alcanzaron un pico de casi 83.000 millones de dólares.
Este devenir está íntimamente relacionado con el impacto que la grave crisis de Brasil, principal comprador de exportaciones argentinas, tuvo sobre las ventas externas «gauchas».
Del otro lado está el financiamiento externo, que ahora empieza a encarecerse tanto por el aumento de la tasa internacional como el spread de riesgo que muestra Argentina.
Tomar deuda no es algo necesariamente malo. La clave es cómo se canalizan esos fondos.
La toma de deuda para obras públicas estratégicas que mejoren la competitividad estructural del país (energía, vialidad, ferrocarril, hidrovía) es algo deseable porque mejora las condiciones de exportación y, por ende, de generación genuina de divisas. Pero el país necesita dólares para funcionar (unos 45.000 millones por año).
El déficit de cuenta corriente se ha profundizado y llega a 4,5% del PIB y el salto del tipo de cambio es la única ancla que hoy lo está resolviendo.
La respuesta ensayada por el gobierno de Cristina Fernández Kirchner a este problema, ya vigente en 2011, fue un cepo cambiario que limitaba la compra de divisas. Una mala solución que alentó un mercado paralelo de cambios, disruptivo, cuando había un gran margen de maniobra para intentar otras alternativas que combinaran el financiamiento externo y una política de tasas locales reales positivas.
Por su parte, el gobierno liderado por Mauricio Macri financia este déficit con financiamiento externo. Y estos dólares hoy son más caros. En la búsqueda de mejorar la confianza entra en escena el acercamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI).
De péndulos y crisis
Si el diagnóstico del anterior gobierno fue que para mitigar la restricción externa había que frenar la salida de divisas, el diagnóstico del actual consideraba que no existía tal cosa como una «restricción» si estamos abiertos a los mercados internacionales de crédito. Ninguno de los extremos, queda demostrado, resultaron adecuados.
Entre 2016 y hoy, el sector público argentino asumió compromisos en moneda extranjera por cerca de 150.000 millones de dólares. La exposición argentina al dólar fue creciendo, volviendo frágil la economía del país a los cambios internacionales.
Ahora bien, ¿por qué la situación externa pesó más en Argentina que en otros países de la región? Si bien todos padecieron la «tormenta» financiera, Argentina es hasta ahora el único «inundado».
La clave está en las respuestas que Argentina dio al cambio de contexto internacional.
Lo cierto es que el gobierno de Macri dio una respuesta tartamuda. Entrampado en sus objetivos de política económica, las señales que se dieron fueron confusas. Al inicio de la corrida cambiaria cuyo origen está en la suba de la tasa de interés de Estados Unidos, el principal objetivo de la conducción económica del gobierno de era bajar la inflación.
En este sentido, se optó en primera instancia por no acompañar la subida del dólar con una depreciación del peso y se liquidaron reservas internacionales para «contener a los mercados». Los mercados respondieron con voracidad por dólares baratos, descontando que Argentina debía acompañar las depreciaciones brasileña, turca, y de otros países de América Latina.
El resultado fue la yuxtaposición de variados ensayos de la autoridad monetaria que desplegó medidas de todo tipo sin una estrategia: subir de tasa de interés, dejar libre el tipo de cambio, operar futuros de dólar para fijar el precio o seguir cubriendo demanda con reservas (en lo que va de 2018 Argentina perdió en esta operatoria 15.000 millones de dólares de reservas internacionales).
Cuando estas respuestas generaron desconcierto, la réplica de los mercados fue el desprendimiento de acciones y títulos argentinos y, por ende, se produjo el incremento del riesgo país.
Es en este punto en que Argentina se acerca al FMI como forma de mejorar la confianza internacional.
Dos meses después del acuerdo –y con la crisis turca de por medio–, Argentina encuentra a los mercados desconfiando de su capacidad de financiamiento y repago. Además, el acuerdo con el FMI reduce los grados de libertad de la política económica. Asimismo, queda claro que los problemas estructurales siguen intactos y que la inflación no solo no ha descendido como pretendía el gobierno, sino que podría tocar el récord de la década este mismo año (superando el 40%).
En los últimos cinco meses, las respuestas de Argentina ante los cambios en el contexto internacional fueron reactivas, ajustadas al «humor» de los mercados. Esto fue reduciendo la capacidad de respuesta y volviendo inocuo cada anuncio de esfuerzos por la estabilización fiscal.
Todo esto en un marco en el que los acreedores y tenedores del mercado marcan el ritmo al grito de «show me the money», aprovechando las ganancias de corto plazo que da una tasa de interés del 60% (la más alta del mundo en la actualidad) cada vez menos efectiva para controlar el tipo de cambio pero infalible para que quienes tienen liquidez tengan extraordinarias ganancias de corto plazo.
Entretanto, los fundamentos de la economía real se deterioran y no hay políticas que se orienten a la generación de valor y empleo. El consumo empieza a mostrar una retracción de la mano de salarios reales en baja, con revisiones de las negociaciones paritarias que no se acercan a la inflación estimada para este año.
La inversión, sobre todo la local, se ve comprometida con márgenes de rentabilidad exiguos a causa de aumento de costos (tarifas y costo financiero, a la cabeza) y caída de ventas. También incide el aumento de los costos en dólares de los bienes de capital del exterior.
El gasto tiende a bajar por decisión política y por los condicionamientos del FMI. Y las exportaciones, si bien pueden mostrar mayor dinamismo, en lo inmediato, con el nuevo nivel de dólar, verán su competitividad-precio cada vez más erosionada ante el avance de la inflación diluyendo el efecto del dólar alto.
Con una actividad que se desploma (el último dato de actividad mostró una caída de 6,7%) la brutal caída de la industria en junio (-8,1%) y el freno de la construcción (protagonista de la recuperación incompleta de 2017), solo puede esperarse un deterioro de las condiciones laborales en el corto plazo.
Es fundamental que Argentina cambie el eje de su mirada sobre los problemas económicos por los que transita. La sobreponderación que hoy tiene una mirada fiscalista de la economía subestima todos los demás efectos que ya empiezan a verse en la economía real.
Si bien las urgencias del corto plazo son altas, una óptica integral de incentivar los amortiguadores de mediano plazo de fortalecimiento del mercado interno y mejora de la rentabilidad de los sectores industriales asoma prioritaria para que la fragilidad externa no se propague a la velocidad de la luz en deterioro interno.
Cada paso contrario que Argentina da ante la crisis, la aleja de lo que hacen los países que basan su estrategia en estas prioridades.
Fuente: Nueva Sociedad
Especial II: Mauricio Macri en su ratonera y el fin de la utopía gradualista
por José Natanson
Primer presidente ni radical ni peronista democráticamente elegido de la historia argentina, Mauricio Macri fue también el primero en llegar al poder al frente de una fuerza explícitamente promercado que, sin proponer un antiestatismo fulminante, defendía las ventajas del libre juego de la oferta y la demanda, la desregulación y la apertura de la economía1.
En un país dotado de una fuerte memoria igualitarista y una pulsión plebeya que sobrevivió represiones y dictaduras, y que en su momento construyó el Estado de Bienestar más amplio de América Latina, pasaron más de tres décadas desde la recuperación de la democracia antes de que un partido de estas características llegara a la Presidencia.
Desde su desembarco en el gobierno nacional en diciembre de 2015, la gestión de Cambiemos, la coalición entre Propuesta Republicana (PRO), de Macri, y la más que centenaria Unión Cívica Radical (UCR), osciló entre la convicción y el pragmatismo, entre la voluntad del nuevo presidente y sus principales colaboradores de avanzar en un programa económico claramente neoliberal y la resistencia política, social y sindical: con el peronismo dividido, el principal freno fue el que impusieron las calles y los sindicatos.
Así, los primeros dos años de gestión macrista estuvieron marcados por un ciclo de intensa movilización social: docentes, movimientos sociales, trabajadores estatales, científicos y mujeres, entre otros grupos, protagonizaron una serie de marchas multitudinarias.
Los sindicatos también hicieron sentir su fuerza: con una tasa de sindicalización de 37%2, Argentina es uno de los pocos países de la región en el que las organizaciones gremiales disputan con el empresariado y el Estado la distribución del ingreso, lo que no logró evitar, aunque sí morigerar, la caída del poder de compra de los salarios y, sobre todo, frenar los intentos de flexibilización de las leyes laborales.
Decidido a hacer de la necesidad virtud, el gobierno definió como «gradualismo» esta tensión entre su vocación neoliberal y las restricciones que fue encontrando, tensión que se reflejó en la evolución de la política económica.
Al comienzo, en efecto, Macri aplicó una serie de shocks: desmontó de un día para el otro el complicado sistema de control de cambio establecido por el kirchnerismo; avanzó en la desregulación de algunos sectores, sobre todo aquellos con los que tenía compromisos políticos (en telecomunicaciones, por ejemplo, adoptó una serie de medidas favorables a los intereses del Grupo Clarín); bajó o eliminó los impuestos a la exportación –las retenciones–, otro compromiso asumido durante la campaña; y avanzó en una veloz y muy costosa normalización del frente financiero mediante el pago de la totalidad de la deuda reclamada por los «fondos buitres».
La política exterior, en tanto, giró a la búsqueda de una serie de acuerdos de libre comercio (se intentó avanzar sin éxito en un tratado entre el Mercosur y la Unión Europea), el acercamiento a las potencias occidentales y el deseo, aún pendiente, de ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde).
Al mismo tiempo, mantuvo bajo control público el sistema jubilatorio estatizado durante el gobierno anterior y no avanzó en la reprivatización de las empresas nacionalizadas (Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Aerolíneas Argentinas). Aunque recortó y fusionó programas y planes sociales, no concretó un recorte del gasto público al estilo de los años 90.
En los planes del gobierno, este conjunto de medidas liberalizantes permitiría normalizar una economía afectada por los controles, el déficit fiscal y la inflación, de modo tal de lograr un flujo de inversiones, en particular externas, que echaría a andar nuevamente la rueda del crecimiento y dejaría atrás el populismo. Hasta tanto esto sucediera, la transición se financiaría con deuda, que aumentó de manera vertiginosa, y mediante la atracción de capitales especulativos de corto plazo, seducidos por el carry trade y la liberalización total de la cuenta de capital.
El gradualismo fue posible gracias a la herencia económica del kirchnerismo. Aunque el segundo gobierno de Cristina Fernández estuvo marcado por el deterioro económico, hubo, en un contexto de caída de prácticamente todos los indicadores, dos que se mantuvieron en niveles razonables: empleo y deuda. Irónicamente, fue la vitalidad que conservaba el mercado laboral la que permitió que el impacto regresivo de las primeras decisiones económicas de Macri no derivara en una crisis social mayúscula, del mismo modo que los bajísimos niveles de deuda habilitaron el festival de bonos necesario para sostener la nueva gestión. El problema es que el plan no funcionó.
La inversión extranjera directa, en efecto, se mantuvo en los mismos niveles que en los últimos años del kirchnerismo, las exportaciones no despegaron y la fuga de divisas continuó. Puesto frente a la evidencia de este fracaso, el gobierno recalculó: discretamente, sin plantearlo de manera explícita, se propuso enfrentar las cruciales elecciones de octubre de 2017 apostando a una mejora del salario real, que el año anterior había perdido poder adquisitivo por la inflación generada por la devaluación, e incrementando los recursos para la obra pública.
Esto fue posible porque, a diferencia de los partidos tradicionales de derecha en Argentina, integrados por economistas dogmáticos, el macrismo está liderado en su mayoría por empresarios y gerentes, que aunque sea por afán de lucro han acumulado cierta experiencia en el trato con el mundo real. Y como a veces hasta la economía argentina responde a las leyes más básicas, el resultado de este minigiro heterodoxo fue un modesto crecimiento del pib (2,9%)4, una leve recuperación de los salarios y una mejora de los indicadores sociales.
Estos módicos resultados económicos fueron suficientes para que Cambiemos revalidara su apoyo en las elecciones legislativas, en las que no solo se consolidó como la primera fuerza nacional, sino que arrasó en las principales ciudades del país y, especialmente, en la «zona núcleo». Sustentada en la economía de la soja, se trata de un entramado extenso que incluye desde los puertos de las multinacionales sobre el río Paraná y las grandes propiedades tradicionales hasta los nuevos pools de siembra y las empresas prestadoras de servicios agropecuarios.
Lejos de la imagen tradicional de terratenientes y peones, el campo argentino es hoy tierra de ingenieros agrónomos, veterinarios, mecánicos de maquinaria agrícola, pilotos de aviones fumigadores.
Esta nueva clase media semirrural fue construyendo, en particular en su confrontación con el kirchnerismo, un relato de sí misma como el actor más dinámico de la economía argentina, competitivo, hipertecnologizado e integrado a la globalización, y desprovisto además de reclamos de subsidios.
Apenas asumió el gobierno, el macrismo anunció la eliminación o disminución de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios, lo que, combinado con la devaluación, mejoró enormemente la rentabilidad del campo.
Por eso no fue sorprendente que en las elecciones arrasara en la «pampa sojera». Pero no solo allí. También, de manera más inesperada, consiguió derrotar al peronismo en provincias claves y obtener el triunfo simbólico de ganarle a Cristina Fernández en la decisiva provincia de Buenos Aires.
Amplios sectores sociales cuya situación económica personal (su metro cuadrado, en la tecnojerga del marketing político) se había deteriorado decidieron, sin embargo, renovar su respaldo al oficialismo, que de este modo lograba «desenganchar» la situación material de un conjunto importante de argentinos de su comportamiento político-electoral.
La atomización del peronismo, que se presentó dividido, y la polarización con Cristina Fernández, a cuya gestión el macrismo responsabilizaba por las dificultades económicas, explican el resultado. La sociedad había decidido esperar, estirar su paciencia.
Pero la economía es eso que pasa mientras los políticos ganan las elecciones. Cuatro meses después del triunfo del oficialismo, Argentina asistía incrédula a un nuevo capítulo de sus cíclicas crisis económicas.
El dictamen del «mercado»
Las inversiones esperadas nunca llegaron. Si durante los primeros dos años de gestión el argumento era que los inversores estaban aguardando que el gobierno se fortaleciera políticamente, demostrara su capacidad de imponerse en las elecciones legislativas y enterrara así el riesgo de un regreso del kirchnerismo, una vez producido el triunfo de 2017 la demanda de los «mercados» cambió: ahora había que producir una serie de reformas profundas que dejaran en claro la voluntad de cambio del gobierno.
Así, el macrismo aprovechó la efervescencia poselectoral para impulsar una controvertida reforma previsional que cambiaba la fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios y que, en los hechos, implicaba una merma de ingresos para los jubilados (y, por lo tanto, un ahorro fiscal).
Sin embargo, a pesar del costo político que tuvo que pagar por la impopular decisión, esta tampoco fue suficiente.¿Qué estaba pasando entonces? Como señalamos, el plan del macrismo consistía en crear las condiciones para que, tras años de espanto populista, el regreso de la inversión privada permitiera relanzar el crecimiento.
El déficit fiscal se reduciría poco a poco; el déficit externo se sostendría con inversiones financieras y deuda, que al comienzo aumentaría de manera significativa y luego iría reduciendo su peso relativo conforme la economía se expandiera.
Pero la discreta utopía gradualista del macrismo partía de una lectura ingenua de los beneficios de la globalización. En efecto, el apoyo de las potencias occidentales, simbolizado en la impresionante visita de jefes de Estado durante el primer año de mandato de Macri, no se tradujo en inversiones productivas: una cosa es el apoyo político y otra la voluntad de los empresarios, que hablan otro idioma.
La idea de una economía impulsada por la inversión no se verificó en la práctica. Del mismo modo, el salto exportador que supuestamente se produciría por las enormes ventajas otorgadas a los productores agrarios tampoco se comprobó: dada la naturaleza de la canasta de bienes y servicios que el país le vende al mundo, conformada básicamente por commodities, el volumen de ventas depende de la demanda externa, que se mantuvo estable, más que de los costos internos.
La devaluación no llevó a un aumento del volumen de las exportaciones sino a una mejora de la rentabilidad de los exportadores.Las dificultades de la economía real desnudaron la vulnerabilidad financiera, que no había hecho más que agravarse mientras se financiaba una transición que nunca se completó.
Como la economía casi no creció, el peso de la deuda sobre el pib aumentó de manera alarmante. Como las exportaciones no se dispararon, los dólares para pagar esa deuda no aparecieron. Y entonces, cuando las condiciones internacionales cambiaron, este cuadro, que hasta el momento había permanecido velado detrás de la cortina de dólares financieros provenientes del exterior, se hizo plenamente visible: a comienzos de 2018, la decisión de la Reserva Federal estadounidense de aumentar la tasa de interés frenó en seco la posibilidad de seguir tomando deuda en los mercados internacionales.
Al mismo tiempo, el aumento del precio del petróleo agudizó el déficit de la balanza energética y la sequía que azotó a buena parte del país redujo los ingresos por exportaciones. Como tantas otras veces en la historia argentina, la crisis económica se disparaba por la falta de dólares.
Detengámonos un momento en este aspecto antes de pasar a la reacción del gobierno. Dada su estructura productiva, Argentina enfrenta de manera cíclica el problema de la escasez de divisas, la temida «restricción externa».
Cuando la economía crece, las importaciones se expanden mucho más rápido que las exportaciones, lo que genera déficits crecientes de la balanza de pagos. Las características propias de una industrialización incompleta hacen que, a partir de cierto punto, las fábricas requieran bienes de equipo y capital importados.
Al mismo tiempo, como el crecimiento económico suele estar acompañado por aumentos de salarios, la demanda social pasa de los bienes básicos (alimentos, vestido, etc.) a otros más sofisticados (autos, electrodomésticos), que al no fabricarse localmente profundizan la necesidad de dólares, a lo que se suman los viajes al exterior 5. A estas necesidades hay que añadir el déficit de la balanza enérgica y los dólares para ahorro.
Las exportaciones, generadas básicamente por la producción agropecuaria, se vuelven insuficientes para satisfacer la demanda de divisas. Frente a esta situación, los gobiernos suelen reaccionar mediante fuertes devaluaciones, que ayudan a reequilibrar el frente externo hasta que el ciclo comienza de nuevo.
Esta situación estaba presente al menos desde 2010. El kirchnerismo había intentado contenerla apelando a restricciones a la salida de capitales, límites a la compra de dólares y un severo control de importaciones.
Desde el otro lado de la luna, el macrismo intentó resolverla mediante la atracción de dólares financieros y el endeudamiento, pero no atacó el problema de fondo del modelo de desarrollo. Finalmente, cuando el cambio de contexto internacional desnudó la fragilidad del diseño económico, el gobierno reaccionó erráticamente y sin coordinación: pasó de minimizar los efectos de la crisis en un primer momento a asustarse después.
El dólar comenzó una trepada imparable. El Banco Central, que hasta el momento se había manejado con un poco creíble esquema de metas de inflación, anunció primero una flexibilización de esas metas y luego su eliminación total.
Su presidente de entonces, Federico Sturzenegger, dijo que dejaría flotar el tipo de cambio y a los pocos días, mientras el precio del dólar seguía escalando, salió apresuradamente a vender reservas para intentar contenerlo, sin éxito.
Aunque había prometido respetar la autonomía de la autoridad monetaria, Macri decidió, en medio de la crisis, desplazar a Sturzenegger, un economista dogmático de orientación monetarista, y reemplazarlo por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, un trader acostumbrado a pulsar en los mercados.
La corrida –y la torpeza que exhibió el gobierno– reavivó viejos fantasmas. Aunque los vaivenes económicos están presentes en cualquier economía, Argentina ha ido consolidando a lo largo de su historia un patrón singularmente enloquecido, que se traduce en una crisis devastadora aproximadamente cada diez años, acompañada en general por una intensa conflictividad social y una ruptura política, como demuestran la crisis de la deuda de 1982 (que marcó el fin de la dictadura), la hiperinflación de 1989 (que determinó la renuncia de Raúl Alfonsín e incluyó una incautación de depósitos) y el estallido de 2001 (que también incluyó un «corralito» sobre las cuentas bancarias y puso fin al régimen de convertibilidad de la moneda).
Los motivos de este «ciclo de ilusión y desencanto»6 son difíciles de determinar, aunque parecen responder a problemas de la estructura económica (la restricción externa que deriva crónicamente en crisis del sector externo) ausentes en otros países que cuentan con recursos de exportación que les garantizan los dólares necesarios (el cobre en Chile, por ejemplo), o en sociedades con patrones de consumo menos «europeo», lo que también limita la necesidad de importaciones.
En Argentina, además, esta base material se combina –y en buena medida explica– la dificultad histórica para consensuar un modelo de desarrollo: en contraste con el neoliberalismo chileno y el desarrollismo brasileño, el país vive una especie de disputa permanente entre quienes defienden un diseño liberal-aperturista y los que prefieren un esquema proteccionista y orientado al mercado interno.
En todo caso, el resultado es que la sociedad argentina no registra las tensiones económicas, en particular las cambiarias, del mismo modo que otras sociedades. La dolarización de los ahorros y de sectores enteros de la economía –el sector inmobiliario y la construcción–, la agilidad de los actores económicos para aprovechar las oportunidades financieras, el cortoplacismo del mundo empresario y el sesgo inflacionario constituyen algunos de los rasgos más marcados de una sociedad siempre alerta, en la que el valor del dólar no es un precio más sino un termómetro de la crisis7.
Volvamos a la coyuntura. La devaluación parecía imparable: el dólar, que a comienzos de año se situaba en 18 pesos, llegaba a los 24 (el chiste que circulaba en aquellos días era que el gobierno había confundido el precio del dólar con la temperatura de 24 grados a la que, para fomentar el ahorro de energía, pedía limitar el aire acondicionado).
Cerrados los grifos financieros, Macri tomó una decisión desesperada: inició la negociación para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (fmi), a esa altura la única vía disponible para conseguir los dólares necesarios para engrosar las reservas y evitar un descontrol aún mayor.
Luego de tres semanas de rápidas tratativas, el gobierno anunció la firma de un stand-by con el organismo que le garantizaba una serie de desembolsos escalonados por un total de 50.000 millones de dólares. Aunque lo quiso presentar como un triunfo, como una señal de la confianza de las principales potencias, la decisión fue leída por la sociedad, que mayoritariamente la rechazó8, como una muestra de inoperancia o claudicación –o las dos cosas a la vez–.
Sucede que, tras una historia que incluye 26 acuerdos con el fmi, los argentinos saben que un préstamo del organismo no es un préstamo sino un programa de gobierno, que en este caso incluye una mayor reducción del déficit fiscal, del 2,5% previsto para 2019 antes del acuerdo al 1,3% negociado con el Fondo, lo que se traduce en recortes por unos 7.000 millones de dólares.
La difícil reelección
Al cierre de este artículo, el peso argentino se había devaluado 60% desde el inicio de la crisis, las reservas habían disminuido en 15.000 millones de dólares, el pronóstico de inflación anual pasó de 15% a 30% y el crecimiento esperado para este año se situaría por debajo de 1%.
Desde el punto de vista político, el gobierno macrista, que supuestamente había llegado para reordenar una economía descalabrada, se revelaba, si no totalmente impotente, sí desorientado: el gradualismo que supuestamente permitiría ir normalizando las variables fue reemplazado por el desafío de apurar el ajuste comprometido con el FMI sin erosionar todavía más la coalición de apoyos.
Como casi la mitad del gasto del Estado nacional está indexado por ley (jubilaciones y programas sociales) y resulta por lo tanto difícil de ajustar, y como el recorte de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, otro componente importante del presupuesto, también choca contra el límite de la tolerancia social, avanzar con la reducción del déficit implica alimentar el conflicto.
Curiosamente, fue en el campo, última reserva de legitimidad del macrismo, donde esta tensión se reflejó de manera más nítida. En efecto, la formidable devaluación experimentada en los últimos tres meses redundó en un aumento instantáneo de la rentabilidad de los exportadores agropecuarios, que de un día para el otro vieron cómo sus ganancias en pesos aumentaban 60% (frente a un aumento de sus costos mucho menor).
En este marco, una reposición de las retenciones, incluso por un porcentaje menor al vigente durante el kirchnerismo, permitiría sobrecumplir las metas negociadas con el fmi y hasta dejaría un margen para pensar en alguna política expansiva.
Fueron de hecho las mismas autoridades del organismo internacional quienes lo sugirieron. Sin embargo, luego de una serie de versiones, desmentidas y reclamos, el mismo Macri descartó la idea.
El gobierno se encuentra políticamente inmovilizado en la ratonera que él mismo se construyó. La necesidad de cumplir con las metas de déficit lo obliga a explorar recortes que generan rechazos sociales y políticos, en un tanteo cotidiano exasperante (y políticamente muy desgastante): los empleados públicos, los Estados provinciales, las universidades nacionales, los fondos para cultura y ciencia constituyen algunas de las áreas afectadas. Solo sobreviven los planes sociales, porque en este punto el macrismo aprendió de la experiencia de los años 90: sin el entramado de protección social construido por el kirchnerismo y prolongado durante estos años, el gobierno corre el riesgo de un estallido que amenace la paz social y la gobernabilidad política.
Como señalamos en otra oportunidad9, la conciencia acerca de la necesidad de garantizar un piso mínimo de supervivencia para los amplios sectores sumergidos constituye uno de los rasgos característicos de la «nueva derecha» macrista.
El macrismo se acerca a las elecciones del año que viene, en las que el presidente se jugará su reelección, en una situación de debilidad mayor a la que se preveía unos meses atrás.
Aunque nada está definido, en buena medida porque el peronismo continúa dividido, el gobierno tiene por delante el difícil desafío de reestabilizar la economía, superar los meses de recesión y deterioro social que se aproximan y llegar a mediados de 2019 con la posibilidad de mostrar algún signo de recuperación, aunque sea mínimo.
Autoproclamado como un líder racional, pragmático y desideologizado, Macri no ofreció nunca grandes cambios, apenas una promesa de normalización gradual.
Incluso la decisión de habilitar el tratamiento legislativo de la legalización del aborto, que todos los presidentes anteriores, incluyendo a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, habían bloqueado, fue presentada de manera discreta, casi vergonzante: Macri anunció en su discurso de apertura de sesiones que vería con agrado que el Congreso encarara el tema, pero al mismo tiempo aclaró que él personalmente estaba en contra, mientras sus ministros exhibían posiciones encontradas y el bloque oficialista terminaba votando dividido.
Al final, liderando sin liderar, el presidente se privó de aprovechar la corriente liberal que, junto con un conservadurismo por momentos medieval, anida en su partido, y de la posibilidad de capitalizar una decisión histórica.
Mientras el discurso de regeneración republicana y la crítica a la corrupción van perdiendo efectividad, el gobierno reduce sus expectativas de recrear el apoyo popular. Deliberadamente ajeno a cualquier epopeya, cultor de una épica antiépica, el macrismo construyó la propuesta de un presidente menos presente, una vuelta a lo privado a partir de una economía sana y en crecimiento que operaría como la base a partir de la cual los individuos y las empresas podrían, por fin liberados de los pesados controles populistas, desplegar sus energías. Fue el precio del dólar, como tantas veces en Argentina, el que puso en crisis estos planes.
Fuente: Nueva Sociedad
Publicado originalmente en la revista Nueva Sociedad 276, Septiembre – Octubre 2018, ISSN: 0251-3552
Notas:
1. Gabriel Vommaro: La larga marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa de un proyecto de poder,
Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2017.
2. Antonio Mangione: «Sindicalización e igualdad» en Contexto, 12/6/2016.
3. Martín Kanenguiser: «La economía creció 2,9% en 2017, según las estimaciones del Gobierno» en La Nación, 18/1/2018.
4. V. una explicación global de la debilidad del programa económico en Claudio Scaletta: La recaída neoliberal. La insustentabilidad de la economía macrista, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2017.
5. Pablo Gerchunoff y Lucas Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto, Paidós, Buenos Aires, 2018.
6. Alejandro Grimson: «La cultura de la crisis» en Le Monde diplomatique edición Cono Sur No 228, 6/2018.
7. «Encuesta revela fuerte rechazo a la decisión de volver al Fondo Monetario» en Economis, 10/5/2018.
8. Ver J. Natanson: ¿Por qué? La rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2018.
Especial III: Indignación en Argentina contra políticas de Macri: “¡Basta de ajustes a los pobres!”
por Kaloian Santos Cabrera
“¡Basta de ajustes a los pobres!” Esa fue la consigna de una multitud que marchó en Buenos Aires para rechazar el plan neoliberal de austeridad que impulsa el gobierno de Mauricio Macri a cambio de obtener más auxilio del FMI para estabilizar su frágil economía.
Varias columnas de manifestantes confluyeron en la céntrica Avenida 9 de Julio en una protesta multitudinaria y pacífica que incluyó decenas de ollas populares a metros del Obelisco.
Con sus zapatillas rotas y embarradas, Jorge Abona es un docente de 28 años que enseña en un bachillerato de adultos de Ezeiza, periferia de Buenos Aires, donde “falta de todo”, describe.
“Queremos decirle a este gobierno que frene el plan de ajuste”, afirma Jorge que además colabora en un comedor del Frente Popular Darío Santillán, uno de los varios movimientos sociales que sostienen comedores, guarderías y cooperativas en barrios empobrecidos.
En voz baja, pero con firmeza, Jorge reclama:
“Cada vez se acercan más personas que están sin trabajo a buscar un plato de comida porque no llegan con el alimento para sus chicos”.
El gobierno de Macri negocia contra reloj los términos de un severo ajuste para bajar su déficit fiscal del 3,9% en 2017 a cero en 2019. Eso es lo que prometió lograr ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de que acepte adelantar unos 35 mil millones de dólares del crédito por 50 mil a tres años que firmó en junio.
El primer tramo de 15 mil millones de ese acuerdo se esfumó en medio de los esfuerzos del gobierno por contener una corrida cambiaria que lo obligó a subir al 60% la tasa de interés de referencia enfriando la economía que caerá 1% este año. Un equipo del FMI, liderado por Roberto Cardarelli, se encuentra en Buenos Aires para seguir las conversaciones con el gobierno para “trabajar en torno al fortalecimiento del programa respaldado por el FMI.
Con la producción industrial en picada (-5,7% interanual en julio) y una inflación anual proyectada en 40%, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne admitió que “la recesión va a ser más pronunciada que la esperada”.
“Si pagamos la luz no comemos”, reza un cartel que lleva una mujer menuda y de piel curtida mientras se acerca a una olla popular a pedir una ración de arroz con carne.
“No somos golpistas pero falta un año para las elecciones,¿cómo vamos a llegar?” se pregunta Graciela Trento que a los 49 años depende de la beneficencia para alimentar a sus dos hijos.
“Sería mejor para nosotros que somos pobres que el gobierno se vaya ahora para que no siga haciendo tanto daño. Sufrimos todos los días”, relata al señalar que el precio de los alimentos se ha ido a las nubes.
Como consecuencia de la crisis “la pobreza va a aumentar”, reconoció Macri la semana pasada. El índice de pobreza fue de 25% al cierre de 2017, la cifra más reciente. La moneda cayó 50% desde enero y empujó los precios internos reduciendo el poder adquisitivo de los salarios.
A esta escalada se suman sucesivos aumentos del precio del combustible y de los servicios públicos, antes subsidiados.
Varios sindicatos han renegociado aumentos anuales que habían sido pautados al 15% a comienzos de año y quedaron rebasados por la inflación.
La CGT principal central obrera lla mó a una huelga nacional de 24 horas para el 25 de este mes, pero otros sindicatos piden adelantarla y extenderla bajo la consigna “Aumenta todo, menos los sueldos”. Docentes, personal del Estado y de la salud están en plan de lucha.
“Hay mucha necesidad, por eso las marchas son masivas”, explica Lucía Quinteros en medio de la manifestación. “Vamos a hacer una por semana y una todos los días si es necesario, siempre en paz, para decirle basta de ajuste”.
Fuente: Cubadebate
Especial IV: Argentina y el FMI: un amor inviable
por Ariela Ruiz Caro
Lejos ha quedado el entusiasmo del mercado y del establishment internacional con el triunfo del presidente Macri en las elecciones de noviembre de 2015, así como con su rotunda victoria en las elecciones parlamentarias de octubre de 2017.
En contraposición al gobierno que lo precedió, Macri instauró un esquema de desregulación y liberalización cambiaria, financiera y comercial. Se eliminaron los límites de compra de moneda extranjera que el gobierno anterior había impuesto en 2011 para evitar la fuga de capitales, la obligatoriedad de liquidar en el país las divisas provenientes de las exportaciones, y el encaje de 30% a los capitales golondrina.
Para atraer a estos últimos, se elevaron las tasas de interés y se inició un proceso acelerado e irresponsable de endeudamiento mediante la inundación de bonos en el mercado, con la convicción de que estas medidas atraerían una lluvia de inversiones extranjeras.
Pero salvo los especuladores financieros, atraídos por las altas tasas de interés pagadas por el gobierno para mantener bajo el tipo de cambio, y con ello contener la inflación, las inversiones productivas no aparecieron.
Paralelamente, se produjo una salida creciente de divisas. Con el dólar “planchado”, los argentinos incrementaron sus gastos en turismo y, las empresas extranjeras, el envío de utilidades y dividendos.
Asimismo, al eliminar las medidas proteccionistas del gobierno anterior -que obtenía importantes superávits comerciales para evitar el endeudamiento externo- se generó un déficit comercial de más de 8 mil millones de dólares en 2017, el mayor desde 2002.
El inicio de la corrida cambiaria y el Acuerdo con el FMI
En 2018, el déficit de la cuenta corriente se acercaba a 6% del PBI, un signo muy preocupante en un escenario inflacionario. Con este panorama económico, el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y la aplicación, desde abril, de un impuesto a la tenencia de bonos para extranjeros[i]fueron la chispa que hizo volcar a importantes inversores financieros al dólar para fugarlos de Argentina. La presión fue tan grande que, a fines de abril, el Banco Central, contraviniendo sus principios, tuvo que intervenir y vender más de 8 mil millones de dólares de sus reservas en dos semanas, y subir las tasas de interés del 27 al 40% para sostener, sin éxito, el valor del peso.
Las ingentes y continuas necesidades de financiamiento y el cierre de los créditos internacionales para Argentina obligaron a Macri a iniciar, el 9 de mayo, la negociación de un Acuerdo Stand-by por tres años con el FMI por 50 mil millones de dólares, el mismo que fue firmado el 8 de junio.[ii]Dos semanas después, el organismo desembolsó 15 mil millones de dólares correspondientes al primer tramo del crédito que el gobierno, desoyendo sus recomendaciones, utilizó para sostener el tipo de cambio mediante la subasta de dólares de parte del Banco Central de Argentina.
Dos tercios del crédito por 15 mil millones de dólares desembolsados por el FMI, fueron subastados por el Banco Central en apenas dos meses, y adquiridos por inversores privados para fugarlos del país.
En opinión del organismo, no se debía intervenir el mercado cambiario para que este realizara el ajuste que, desde la política, el gobierno no hizo. Un dólar alto, incentivaría exportaciones, desalentaría importaciones, y revertiría la cuenta corriente del turismo.
Esa visión subestima el hecho de que la devaluación se traslada a los precios: en un país con tarifas de servicios públicos dolarizadas, así como precios de la gasolina y alimentos básicos vendidos en el mercado interno a precios de commodities, la devaluación genera una crisis con repercusiones sociales impredecibles.
Así, dos tercios del crédito por 15 mil millones de dólares desembolsados por el FMI, fueron subastados por el Banco Central en apenas dos meses, y adquiridos por inversores privados para fugarlos del país, sin poderse lograr el objetivo de estabilizar el peso.
La revisión del Acuerdo con el FMI
Presionado por la corrida cambiaria, la devaluación del peso y la pérdida de confianza de los mercados internacionales en la capacidad del gobierno para conseguir financiamiento externo, Macri anunció a fines de agosto que Argentina se encontraba en una situación de emergencia, por lo cual el FMI había aceptado renegociar el Acuerdo Stand-by, firmado el 8 de junio. A cambio de un adelanto de los fondos comprometidos para 2019 y 2020, el gobierno haría un ajuste fiscal mayor al 1.3% acordado para 2019 para alcanzar un déficit fiscal cero[iii].
Con el fin de mantener las posiciones en la moneda nacional, el gobierno elevó a fines de agosto la tasa de interés de referencia de 45 a 60% anual, pero ni siquiera esta medida recesiva detuvo la corrida cambiaria. El dólar se burló de Macri y la devaluación del peso continuó.
Una de las razones es que Wall Street tomó conocimiento de que el anuncio del presidente era desconocido por la Junta de Gobernadores del FMI. Durante la intempestiva visita del ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, a Christine Lagarde, la máxima autoridad del organismo, se aclaró que el nuevo acuerdo se lograría recién hacia fines de septiembre luego de ser discutido a nivel técnico.
Paralelamente, y mientras el dólar seguía su vertiginosa carrera alcista, se produjo una comunicación telefónica entre Trump y Macri, en la que Trump señaló que “alienta y apoya las negociaciones con el FMI” y que “el presidente está realizando un trabajo excelente frente a esta situación económica y financiera muy difícil”. De paso, agregó que el país era considerado “un aliado estratégico histórico y un importante aliado extra OTAN”.[iv]
Las medidas anunciadas por el gobierno argentino para lograr un déficit fiscal cero en 2019 no se centran solamente en recortes del gasto público. La gravedad de la situación económica dio lugar a que el presidente fuera infiel a sus promesas electorales de eliminar y reducir los impuestos a las exportaciones (retenciones). Ha anunciado que serán aplicadas a todo el agro, la minería, las empresas de servicios y la industria, sector que se encuentra en caída libre desde mayo.[v]
Las denominadas “retenciones” a las exportaciones fueron aplicadas durante el gobierno kirchnerista a las agroexportaciones y generaron repudio en el sector. Otra de las medidas kirchneristas anunciadas por Macri fue la inclusión de 155 artículos con precios cuidados, a los cuales se les fijará límites en el incremento de los precios. Los programas sociales, muchos de ellos establecidos en el gobierno anterior, no serían abandonados y se incrementarían impuestos a los bienes personales y a las ganancias.
Por el lado de los recortes del gasto, no queda claro aún cómo se concretarán. Se ha anunciado la reducción del número de ministerios de 22 a 10. Los mayores cuestionamientos surgen en torno a la conversión del Ministerio de Salud al rango de secretaría, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social; la desaparición del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, que pasará al Ministerio de Educación; y, la del Ministerio de Trabajo, que se integrará al Ministerio de la Producción. Algunos interpretan que la desaparición del Ministerio de Trabajo refleja la concepción del gobierno de tratar el trabajo como un costo de las empresas y no como un derecho.
En el marco de esta reestructuración ministerial no se ha anunciado un plan de despidos, pero estos se vienen produciendo de manera creciente, sin anuncios.
En julio se despidió a 350 trabajadores, equivalente al 40% de la planilla de la Agencia Nacional de Noticias (TELAM) y, a fines de agosto, a 548 empleados del desaparecido Ministerio de Agroindustria.[vi]Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina durante el primer semestre de 2018 se registraron 26 mil despedidos y suspendidos, un incremento de 17% en comparación con el mismo período del 2017.[vii]
Además, se vienen produciendo recortes en las partidas presupuestarias de las universidades, planes de salud, becas de estudios, de investigación en ciencia y tecnología, entre otros.
Un país convulsionado económica y socialmente
El mayor ajuste económico que vendrá de la mano del Acuerdo Stand-by revisado, ha convertido a Argentina en un escenario de movilización social creciente. Rutas y calles son cortadas por manifestantes que expresan la angustia de la vertiginosa pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos, cuando no de sus empleos, así como las dificultades para acceder a insumos y servicios médicos y educativos que se vienen recortando. Además del ajuste fiscal, el incremento de las tasas de interés y la megadevaluación del peso (solo en agosto fue del 35%) están generando una disolución del aparato productivo con creciente desempleo.
El propio gobierno admite que hay recesión y que “la recuperación de la economía real será un proceso lento y doloroso”.[viii]Estimaciones oficiales pronostican un nivel de inflación de 42% al finalizar el año y una caída del PBI del 2,4%. Al respecto, la agencia Moody´s en Nueva York pronostica que la recesión económica que la Argentina empezó a transitar en abril podría extenderse incluso hasta 2020 y que “la caída va a ser mucho más fuerte de lo que se dice. Creemos será del 3% este año”[ix]
A ello se añade el indicador de riesgo país que mide el JP Morgan, el cual se incrementó en 40% el mes de agosto, ubicándose en torno a los 780 puntos básicos, como a fines de 2014. El deterioro se debe a la liquidación de importantes carteras de bonos argentinos por parte de grandes inversores locales e internacionales que perciben los riesgos que enfrenta la economía argentina. El gobierno ha entrado en una espiral creciente de endeudamiento externo para pagar intereses de la deuda y sostener la fuga de capitales.
Es el mismo esquema aplicado por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo durante el gobierno de De la Rúa quien, monitoreado por el FMI, que perseguía un déficit cero, fue el artífice del estallido social y el default de la deuda en 2001.
El problema económico y social se agudiza en un escenario de crisis política en el que las elecciones presidenciales están programadas para octubre del próximo año. La pérdida de credibilidad en el gobierno debido a los continuos desaciertos en sus pronósticos, dificultan el manejo económico bajo la tutela del FMI, cuyas características de ajuste fiscal, política monetaria restrictiva y flexibilización laboral continúan siendo el recetario indicado en estos casos.
El reto del gobierno consiste en que el Congreso apruebe la Ley de Presupuesto para 2019 tan pronto concluya la revisión del Acuerdo con el FMI. La división en el peronismo y el radicalismo facilita los consensos que está buscando el gobierno para llevar adelante el plan de ajuste que, en el escenario descrito, resultará inviable.
(*) Economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. Consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros.
Más sobre el tema:
Fuente: Piensa Chile
Notas:
[i]Se refiere a los títulos de deuda a corto plazo emitidos por el Banco Central. El 12 de abril se anunció que se aplicaría el impuesto a la Renta Financiera para No Residentes a partir del 25 de abril. Resolución General 4227 publicada en el Boletín Oficial.
[ii]En aquella oportunidad, el FMI se comprometió a desembolsar 50 mil millones de dólares en un plazo de tres años, a cambio de la instrumentación de un programa económico de ajuste que trascendería el período del mandato del presidente Mauricio Macri, toda vez que las elecciones presidenciales tendrán lugar en octubre del próximo año.
[iii]Deficit fiscal primario, sin contar el pago de intereses de la deuda.
[iv]Donald Trump reiteró su “fuerte respaldo” a Macri, diario La Nación, Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018. https://www.lanacion.com.ar/2168752-donald-trump-macri-esta-haciendo-trabajo-excelente
[v]Según el INDEC, la industria ingreso en un ciclo recesivo a partir de mayo cuando marco la primera caída interanual del año, con un declive del 1,2%. En junio la baja fue del 8,1% y en julio del 5,7%.
[vi]31 de agosto La Nación Despiden a 548 personas en el Ministerio de Agroindustria – Copyright © LA NACION – URL: “https://www.lanacion.com.ar/2167577-despiden-548-personas-ministerio-agroindustria
[vii]Declaraciones del presidente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Lechter, del relevamiento titulado “Sin rebote en el empleo. Anáslisis de los despidos en 2018”.
[viii]Declaración del presidente del Banco Central de la República Argentina, Dante Caputo, en la Convención del Instituto de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), 7 de septiembre de 2018. (https://www.pagina12.com.ar/140646-calma-para-los-mercados-recesion-para-el-resto)
[ix]Moddy´s no ve la luz al final del túnel Diario Página 12, Buenos Aires, 7 de septiembre de 2018
(https://www.pagina12.com.ar/140675-moddys-no-ve-luz-al-final-del-tunel)
