por Rodolfo Matus (*).
Así se podría llamar la cacareada “crisis” de la Universidad ARCIS, en lo que se refiere a más de medio millar de alumnos de postgrado de la Universidad Arcis, aún en un proceso interminable de cierre.
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Esto, porque a las autoridades del gobierno anterior y del actual lo que verdaderamente les ha importado, al parecer, más que la mala gestión económica (que tenía fácil solución), era anular un proyecto educacional autodefinido por sus fundadores hace casi cuatro décadas como una “institución de educación privada, pero con vocación de servicio público”.
Esta extraña definición, por su contradicción aparente, incluía también el propósito de lograr un centro de estudios superiores diferente, que tuviese una mirada crítica de la sociedad y fuese capaz de entregar a ella profesionales comprometidos con el desarrollo social del país.
Objetivos éstos, muy diferentes al del mundo universitario actual convertido en una verdadera fábrica de “cartones” (títulos profesionales).
La idea de participar como estudiantes en un proyecto educacional diferente no solo entusiasmó a las y los jóvenes en busca de un futuro profesional cónsono con sus ideales de país, sino también interesó a una pléyade de profesionales que, a través de los años, se incorporaron al amplio abanico de estudios superiores que ofrecía el ARCIS en sus grados académicos de Magíster o Doctor.
La Universidad ARCIS creó, para ello, una división de estudios superiores: la Escuela Latinoamericana de Postgrado (ELAP), cuya fama de rigurosidad y calidad académica traspasó las fronteras de Chile en una visión latinoamericanista de la sociedad.
Así, no sólo alumnas y alumnos chilenos llegaron a sus cursos de postgrado, también arribaron estudiantes de Colombia, Haití, Uruguay, Brasil, Venezuela, Perú y de otros países de la región que, en modalidad presencial o semipresencial, cursaron sus respectivos grados académicos.
El novedoso proyecto también interesó a líderes del Partido Comunista, el que decidió participar de su administración, tratar de rescatar a la Universidad de las crisis de gestión que arrastraba desde hacía un tiempo y salvar el proyecto académico.
Sin embargo, por esta vinculación, la derecha hizo del caso una contundente arma política.
En pleno proceso electoral se veía venir para el PC un asunto impresentable ante la opinión pública: mientras sus jóvenes dirigentes formaban parte del movimiento estudiantil que exigía el fin del lucro en la educación y educación pública gratuita, el partido aparecía vinculado a una universidad sin fines de lucro, pero privada, al fin y al cabo.
La reacción fue que los dirigentes de ese partido decidieron retirarse como controladores de la Universidad y dar con ello fin a su contradicción política.
Este retiro, que incluyó también el retiro de sus aportes financieros, terminó por desestabilizar la deficiente gestión administrativa y profundizó la crisis, otra vez, pero ahora en grado terminal.
Los nuevos herederos del ARCIS, docentes que decidieron quedarse a rescatar su proyecto académico, contaban con los aportes del Estado para cancelar las deudas con los acreedores y el personal. También con los recursos que generaba la ELAP y sus cursos de postgrado.
Pero como en todo proceso complejo, vino el imprevisto. Un pequeño acreedor no resistió y pidió la quiebra de la institución.
Las nuevas autoridades no pudieron cumplir las expectativas de matrícula mínima y el Ministerio de Educación dio un giro a la idea del rescate, bajo la cual los administradores de cierre habían salido a buscar alumnos de nivel internacional (y los consiguieron) firmando convenios con instituciones educacionales internacionales (en Colombia, principalmente).
Pero ya el fin estaba predeterminado: el MINEDUC dio el pase para el cierre definitivo de la casa de estudios.
Así, las y los alumnos de pre y postgrado, ante la incertidumbre creada por el Ministerio de Educación, procedieron a iniciar diversas acciones en defensa de sus derechos y para que el Estado no les trasladara a otra Universidad hasta asegurar el término de los estudios en el mismo ARCIS.
Sin embargo, por error u omisión, por falta de información o directamente por falta de voluntad, en este proceso de cierre inconsulto, el Ministerio de Educación NO consideró a las y los alumnos de postgrado ni tampoco a estudiantes de pregrado en proceso de titulación, ya que los recursos para asegurar el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes no fueron provistos.
La Ley de cierre solo consideró a la minoría de estudiantes que estaban cursando carreras de pregrado y limitados a un espacio de tiempo definido por las mismas autoridades.
Hay que señalar que, a pesar del ofrecimiento del Rector de la Universidad de Chile en orden a aportar soluciones al problema de tutelar el cierre del ARCIS, el MINEDUC optó por proponer un convenio de estudios con una universidad privada perteneciente al CRUCH– la Universidad Católica del Maule-.
Esta propuesta no está incluyendo a las y los alumnos de postgrado, chilenos y extranjeros que están inconclusos en sus respectivos grados. Son más de doce especialidades y alrededor de medio millar de alumnos quienes perdieron no solo el capital pagado sino también los años de estudio y sacrificio por los cuales pretendían un grado académico superior. Hasta hoy, no hay respuestas.
Tan solo una promesa: la de acordar un nuevo convenio, tal vez con la misma UCM.
Lo que no advierte el MINEDUC es que, al desconocer la calidad de alumnos a los cursantes de postgrados en la U. ARCIS, desconoce también a todas y todos los estudiantes de postgrado de todas las universidades del país.
Hoy, pesa sobre este gobierno la nueva Ley de Educación que obliga al Estado a hacerse cargo de la situación. Ya no es un asunto de voluntad política ni de simplemente “favorecer” a las y los estudiantes. Esta Ley exige que el Plan de Cierre (que no se ha hecho) esté aprobado por las y los alumnos afectados y que el Estado provea los recursos para ellos.
Recientemente, en un acto en el Congreso, un alumno de Postgrado de nuestra Universidad, interpeló públicamente al nuevo Ministro de Educación, Gerardo Varela. La mirada al vacío del ministro, acompañada de un profundo silencio, fue la única respuesta de la autoridad.
Se prevé querellas internacionales contra el Estado, al igual que diversos recursos judiciales y administrativos, encabezados desde la Federación Latinoamericana de Estudiantes de Postgrado de la Universidad ARCIS, FELAP; organización estudiantil que hará saltar chispas al ministerio de Educación y a la Comisión de Educación.
La derecha se empeñó en cerrar la universidad “de izquierda”. Pero ahora tendrá que responder, pues el problema no parece simplemente administrativo, sino político.
Pero de la mala política. Esa que no da cuenta de lo que en el mundo se conoce como democracia, donde las víctimas pueden opinar.
Asunto esencial que trata de corregir la nueva Ley de Educación Superior recientemente promulgada y que, entre otros aspectos, restablece la educación superior como un derecho y obliga al Estado a hacerse cargo del problema.
Es “el fuego” de la democracia contra el autoritarismo institucional heredado de la dictadura.
(*) Profesor; egresado de Magister en Economía (Políticas Públicas) y Doctorante en Comunicación y Educación en América Latina, Universidad ARCIS.
