por colectivo “Manuel Alejandro Rebolledo”.
La Asamblea Constituyente (AC) la entendemos como un camino político, una vía para resolver la crisis institucional de forma pacífica, en la medida que efectivamente sea un acto político soberano y de la más plena democracia popular.
La AC no la entendemos como la única vía posible, sino como la solución más pacífica y democrática. Sostenemos que la realización de ésta dependerá de las condiciones en que se desarrolle la lucha de clases, las contradicciones que surjan de la burguesía y de las políticas neoliberales, el papel que jueguen las instituciones del Estado, brazo político militar de la burguesía; dependerá del desarrollo de la protesta y de la revuelta social, del progreso de su organización y de la definición de los intereses que expresa, del estado de la consciencia de clase.
La posibilidad de una posición a favor de la AC, la comprendemos en relación a estas condiciones del proceso capitalista. Ello nos lleva a considerar, además, el potencial progreso de una crisis económica o de una depresión que agudizaría la tensión entre clases.
Sin embargo, es un hecho que –en el desarrollo inicial de la disputa política y de ideas- la AC cobró la importancia de una vía válida, conveniente y suficientemente progresiva, siendo recogida por una gran masa social.
La AC ha despertado la expectativa de que toda la presión social ejercida por la revuelta –imposibilitada en lo inmediato para imponer sus intereses-, materialice una solución política al conflicto. Viéndose Piñera incapaz de hallar una solución conveniente a los intereses de las capas privilegiadas, es el propio conglomerado de los partidos de gobierno el que adopta el sentir por una AC; lo hace no solamente para rescatar a Piñera y ganar tiempo, sino también para apropiarse de la consigna, de manera que sea absorbida por la estructura del poder político en manos de los partidos de la “transición”, con el fin de descomponerla y desactivar su potencial destructivo.
De allí que el “acuerdo por la paz”, firmado en la madrugada del 15 de noviembre, busque establecer un proceso de reformas constituyentes sobre un esquema institucional continuista, en el que predomina el Congreso y los mecanismos rectores del Estado pinochetista, y de allí que cada nueva acción posterior a este acuerdo, se haya orientado a segregar la más mínima incidencia del pueblo, desactivando todo mecanismo que pudiese contener alguna fuga democrática.
e hecho, el primer gesto de esta apropiación es la denominación nada inocente de “convención” constituyente, en vez de “asamblea”.
Ahora bien, ¿será la consigna de la AC la vía de conquista efectiva de cuotas de poder que permita al pueblo, a las clases subordinadas y, sobre todo, a la mayoría asalariada, llevar adelante transformaciones acordes y suficientes a sus intereses?
En primer lugar, habría que determinar los intereses de lo que aquí llamamos “el pueblo” (entendiéndolo como la gran masa social movilizada o adherida a la lucha). De acuerdo a la observación directa de la lucha de clases y conforme los datos expuestos por los propios organismos técnicos de la burguesía, las mayores demandas sociales se concentran en pensiones, acceso a salud y educación, salarios.
Tocar cualquiera de estos ámbitos de forma que satisfaga los deseos populares, implica tocar parte significativa de los intereses del capital, sobre todo en su patrón de acumulación financiera. Sólo sustituir las AFP por un sistema social de pensiones, golpea la tasa de ganancia actualmente volatizada por la dinámica del sistema monetario y la especulación financiera, que depende, a su vez, de la condición de Chile como territorio abocado a la extracción de recursos en el marco de la repartición del mundo entre grandes centros de poder capitalista.
De allí que se pueda decir, de forma algo figurada o imprecisa, que Chile es un país carente de “soberanía” y sometido a una “colonización” oligopólica.
De tal manera, resulta posible un escenario en el que la gran burguesía rehúya de forma absoluta –y probablemente violenta- la eliminación de las AFP. La burguesía, aunque dividida en fracciones y grupos de intereses, tiende a la defensa corporativa de un interés común mayor que, naturalmente, subyace en el conflicto que suponen las posibles transformaciones estructurales.
Este interés mayor es la conservación del modelo neoliberal y del régimen jurídico que le da legitimación formal, garantía del poder y de la ganancia en el contexto del capitalismo actual. Una AC soberana, popular y ampliamente democrática, podría conducir a legitimar la voluntad de realizar cambios, entre ellos, el de poner fin a las AFP.
Ello representa una clara amenaza para la burguesía, sobre todo cuando las fuerzas represivas han perdido legitimidad en la aplicación de la violencia, cuando los partidos y el sistema político han generado el mayor repudio social que se haya conocido, y esto según la encuesta de la CEP. Es todo el sistema político y todas las instituciones –las propias del Estado como las que sirven a los intereses de la burguesía en diferentes formas- los que pierden la autoridad y preludian la crisis sistémica.
Por tanto, el escenario más probable es que la derecha y el neoliberalismo, en general, deban recurrir a todos los medios para impedir que tal escenario sea posible. Es por ello que la realización de una AC con poder para realizar cambios, tenga como principal obstáculo la resistencia de la burguesía desde la institucionalidad vigente, y que su realización sólo pueda resultar de una derrota más profunda de la dirigencia del país, de su gobierno y de su aparato político.
La búsqueda de una salida por AC, entendida como la vía más pacífica y democrática en el contexto de un régimen de dominación, seguramente requerirá de más presión y, por consiguiente, de más violencia. Así, lo que parecería en otro momento una paradoja, en el contexto de la lucha de clases es una necesidad.
De tal modo, la AC sólo es posible por imposición, por la movilización decidida con toda la fuerza social y con la mayor efectividad política. Para ello, resulta necesario que la movilización del pueblo apunte al derrocamiento de Piñera y, con ello, a la debacle de las fuerzas que sustentan al régimen, que le dan forma política a la conducción de la élite capitalista.
Este objetivo del sentir popular es el punto que haría más cierta la derrota del “acuerdo por la paz” y facilitaría la instalación de la AC.
Una lucha abierta en la que el Estado y sus colaboradores serían sobrepasados, cayendo en la inoperancia y en la imposibilidad de ejercer su conducción. La pérdida de control del Estado deberá resultar en una ventaja política y material del pueblo, es decir, en una ventaja estratégica.
En seguida, para hacer posible esta AC, soberana, autónoma y profundamente democrática, la revuelta popular masas tiene el desafío de articular su fuerza y de formar –más pronto que tarde- una dirección de lucha, una posición clara, unas consignas unitarias. La revuelta debe superarse a sí misma, para alcanzar expresiones más altas, ejerciendo la rebelión y el levantamiento social.
La formación del movimiento en la base, expresada en asambleas y cabildos, junto a otras agrupaciones y movimientos, habrá de asumir un papel de calidad superior, adoptando un rol constituyente, creando las bases sobre las que pueda estructurarse la fuerza organizada y las ideas que combatan al régimen en el campo político, conservando la fuerza material y subjetiva movilizada en las calles, en los frentes laborales y en los diversos territorios.
Sin embargo, queda por ver si estas capacidades y las condiciones apropiadas se llegan a reunir en marzo y abril. De no conseguir sepultar el acuerdo de los partidos del orden y de llegar a realizarse el plebiscito, el pueblo se vería enfrentado a un escenario complejo, en el que pueden crearse divisiones en el propio movimiento, poniendo las diferencias internas al centro de la coyuntura plebiscitaria.
De ser así, la consigna de la AC perdería peso y, todavía peor, crecería el fantasma de una división en la que pudiera ocurrir que una parte del pueblo (que puede ser mayoritaria) entre al carril del plebiscito, mientras que otra parte, el sector más avanzado del movimiento, podría radicalizarse en oposición al proceso.
Si este sector se convierte en posición de minoría, arriesgaríamos que la fuerza más decidida sea deslegitimada, acabando aislada. Una condena que podría durar un periodo indeterminado o que, incluso, podría ser arrinconada de forma nefasta para que el gobierno lance un ataque represivo mortal.
Por todo lo anterior, al estimar la vía de la AC tendremos que considerar todas las variables y escenarios, teniendo en cuenta de forma central los objetivos principales que encarna la lucha popular, sus reivindicaciones más sentidas, el estado de ánimo de las masas, así como las diferentes vías por las que podrá avanzar en sus conquistas.
La AC debemos estimarla en este sentido instrumental, en su conveniencia y oportunidad, teniendo en cuenta el hecho sustantivo de que, en esta coyuntura, la AC es la única vía concreta que se ha consolidado como propuesta, aceptada por la mayoría del país.
Colectivo “Manuel Alejandro Rebolledo”
Concepción, 20 de enero de 2020
Fuente: Letra & Clase
