En el 41 aniversario del golpe militar que instaló a Augusto Pinochet en el poder, el gobierno de Michelle Bachelet anunció la intención de anular la Ley de Amnistía. Actualmente este proyecto está siendo debatido en el Congreso, por lo que Amnistía Internacional llama a que se aproveche esta gran oportunidad para reparar por fin los agravios del pasado.
La nueva ley, que anularía la Ley de Amnistía que ha protegido a los autores de violaciones de derechos humanos perpetradas durante el brutal régimen de Pinochet, será un paso gigante contra la impunidad.
Lamentablemente la llamada “Ley de Amnistía” de 1978 (Decreto Ley 2191) ha eximido de responsabilidad penal a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. “Durante muchos años, esta ley fue un escudo que ha ocultado de la justicia a los responsables de graves abusos contra los derechos humanos. Las víctimas se han visto obligadas a vivir sabiendo que quienes torturaron y mataron, gozaban de impunidad por sus crímenes”, menciona Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Según cifras oficiales, entre 1973 y 1990 más de 3.000 personas desaparecieron o fueron víctimas de ejecución extrajudicial en Chile, y casi 40.000 sobrevivieron tras ser encarceladas por motivos políticos o torturadas.
“La anulación de esta ley, casi 25 años después del régimen militar, será un momento histórico para Chile y un paso más para abordar los crímenes del régimen de Pinochet. Además, transmitirá un mensaje inequívoco de que Chile no protege a responsables de violaciones de derechos humanos”, menciona Ana Piquer.
Si bien, en los últimos años varias decisiones judiciales han eludido la aplicación de la Ley de Amnistía, el hecho que siga existiendo es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos, lo que supone además una afrenta para las miles de víctimas del régimen de Pinochet y para sus familiares.
“Esta ley ha sido una deplorable herencia de la dictadura militar. Su existencia supone una perdurable fuente de dolor en el país. Al declarar nulo el Decreto Ley 2191 (Ley de Amnistía de 1978), Chile tendrá la oportunidad de resarcir a las víctimas y a sus familias», concluye Ana Piquer.
Información complementaria
El pasado septiembre, en el marco del 41 aniversario del golpe militar de Pinochet de 1973, el gobierno chileno anunció su intención de tramitar con “suma urgencia” la anulación de la Ley de Amnistía a partir de un proyecto de ley presentado en 2006. El gobierno ingresó la “suma urgencia” en el Congreso el 23 de septiembre, y el día 30 del mismo mes la tramitación pasó a ser de «urgencia simple». El proyecto de ley está siendo debatido en el Congreso.
Otros dos importantes proyectos de ley para combatir la impunidad de crímenes cometidos en el pasado que se presentaron al Congreso en 2006 y en 1994 también han sido reactivados.
Uno de ellos pretende reformar el artículo 93 del Código Procesal Penal para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no prescriben y no son susceptibles de amnistía ni indulto. El otro busca aprobar que Chile se adhiera a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968. Amnistía Internacional expresa su satisfacción ante la decisión de dar carácter prioritario a estos proyectos de ley e insta a Chile a que se asegure de que la adhesión a la Convención se lleva a cabo sin formular reservas ni declaraciones que equivalgan a reservas.
