1.- En el discurso a la nación del pasado 1° de junio, se apreciaron muchas menciones al crecimiento económico y algunas a empleo, pero no se nos muestra cómo se pretende cumplir con el principal caballito de batalla del gobierno, siendo la principal pista de esta la frase “la mejor política pública es el crecimiento económico y la mejor política laboral es el pleno empleo”.
Lo que nos quiere decir el presidente Piñera, es que hemos vuelto a la política del chorreo, donde lo importante no es cómo se reparte la torta, sino crecer, y que es el crecimiento, donde solo algunos se enriquecen, el que le dará empleo al resto de la población.
Esta política, muy en boga con el auge del neoliberalismo, mostró su fracaso profundo en la crisis del año 2009 y, mientras los países desarrollados empiezan a moverse en sendas alternativas al neoliberalismo, este gobierno nos anuncia su regreso en estado salvaje.
Desde el punto de vista del modelo de crecimiento, esto implica una reducción del Estado por medio de las privatizaciones, concesiones o la entrega de sectores al mundo privado. Ejemplos de esto son: el nuevo crédito universitario; la expansión de jardines infantiles y las salas cuna con la entrega de la cobertura a privados; la reforma de la salud a favor de las Isapres y consecuente reducción de FONASA, disminuyendo los programas asegurados; la reforma a las pensiones a favor de las AFP, aumentando los recursos a administrar por las mismas; la nueva institucionalidad ambiental que busca apurar los procesos de inversión con perjuicio al medio ambiente y a la participación; y, finalmente, la reforma tributaria, que busca reintegrar los impuestos para devolver recursos de impuestos al 1% más rico.
Así mismo, el modelo neoliberal que se busca profundizar implica disminuir el poder de negociación de los trabajadores, que se ejecutará con anuncios ministeriales tales como huelgas que no paralicen la producción, la interpretación de servicios mínimos que vulneran la huelga y la extensión de beneficios históricos.
Este es un eje fundamental, pues el neoliberalismo requiere la súper acumulación de capital que proviene de los sindicatos sin poder de negociación.
Se nos sigue proponiendo un modelo de crecimiento espurio y extractivo basado en la exportación de materias primas, el cual necesita empleos de baja calidad y bajos salarios para ser competitivo a nivel internacional. Lo señalado solo puede ser revertido a través de una diversificación productiva de la industria nacional, lo que no es (interesadamente) considerado por la actual administración.
El neoliberalismo salvaje está de regreso, y nos esperan años de retorno hacia la mirada tecnocrática, donde el bien común se debe supeditar al crecimiento macroeconómico y, como consecuencia, solo cabe esperar que la desigualdad siga aumentando.
2.- CRECIMIENTO ECONÓMICO QUE NO CONVENCE
El año 2017 se dio un fenómeno de crecimiento por sobre las expectativas a nivel mundial, lo que se tradujo en un crecimiento de 3,8%, el más alto desde el año 2011. Este crecimiento se ha mantenido durante el primer semestre de este año, aun cuando se ha ido ralentizando, particularmente en la zona europea, Japón, así como el sector industrial y la inversión en China.
La guerra comercial entre China y Estados Unidos es la primera explicación; afectará el crecimiento de China durante este año y va a golpear la economía mundial, sobre todo a la inversión, al precio de los commodities, tales como el cobre, y a las condiciones financieras de los países emergentes.
Si se llegase a concretar la implementación de un arancel adicional del 25% a otros US$200.000 millones de exportaciones, el impacto para China sería de un punto de menor crecimiento el año 2019 y un alza de la inflación en EE.UU.
En Chile, el crecimiento del primer trimestre alcanzó un 4,9%, medido por el IMACEC. A pesar de ello, comienzan a observarse señales de agotamiento. La proyección de crecimiento del segundo semestre estará en torno al 3%, por una base de comparación más alta con respecto al segundo semestre del año 2017.
Alineados con la desaceleración del crecimiento, los salarios han ido a la baja y la masa salarial ha crecido solo un 0,1% en junio de 2018. Esta tendencia es consistente con un mercado laboral que ha bajado el nivel de salarios, de las horas trabajadas y subido la tasa de desempleo a 12 meses a un 7,2%.
A esta situación se le agregan los indicadores de junio de 2018 de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que nos muestran un aumento de 56% en las quiebras a igual período del año pasado.
Una posible explicación es que exista un problema estructural de sobre-endeudamiento de las empresas chilenas, el cual esté construido sobre la base de capitales especulativos en moneda dura, tales como el dólar y el euro, y debido a que una vez que se comienza a revertir la tendencia de bajo crecimiento, los capitales especulativos se retiran sin renegociar la deuda y las empresas se ven enfrentadas a serias dificultades que las llevan a quebrar.
Si además analizamos las razones de la rebaja crediticia para Chile, por un lado, podemos ver la razón coyuntural de esta -el aumento de la deuda pública en los últimos años- pero por otro lado existe una razón más estructural en la economía chilena que nos ancla a un bajo crecimiento.
En este sentido, los elementos estructurales a tener en cuentas son: el bajo nivel de ingreso de la población con respecto a países comparables, una alta dependencia de productos básicos y puestos de trabajo de baja productividad; todo ello nos lleva a niveles de crecimiento en el largo plazo en torno al 3%, sumado a un precio de largo plazo del cobre anclado en niveles de US$2,5 la libra.
En resumen, la matriz productiva del país bajo el neoliberalismo ha tocado techo y este, no se puede romper sin alterar o transformar el modelo de crecimiento.
La respuesta a esta situación de parte del gobierno ha sido volver a un neoliberalismo salvaje, es decir, aplicar la receta para obtener nuevos espacios de ganancias para las empresas, lo cual se realiza principalmente con el abaratamiento de los costos de producción de la fuerza de trabajo.
La batería de proyectos de ley del gobierno tiene por objeto flexibilizar el trabajo, rompiendo la jornada laboral y con esto, precarizar el trabajo. Esta precarización se da, además, en un contexto en que el 50% de la población tiene un sueldo de $379.000 pesos o menor, donde las brechas salariales entre el 20% más rico y el 20% más pobre han aumentado y el índice GINI ha vuelto a superar la barrera del 50% (encuesta CASEN 2017).
El debate del crecimiento debe llevarnos a buscar soluciones estructurales, tanto en la matriz productiva como en el mercado laboral, donde el crecimiento este guiado por los salarios, es decir, que hacer crecer la participación de los salarios en la riqueza nos permita hacer crecer al país por sobre el techo neoliberal.
Los componentes estructurales de la política pública debiesen ser la diversificación de la matriz productiva, la compresión de las brechas salariales, la recuperación de la seguridad social, la protección del empleo a nivel legislativo, los procesos de educación y capacitación laboral, así como un Estado más fuerte, capaz de compensar e impulsar los procesos de inversión intensiva en mano de obra.
Todo ello debiera impactar positivamente en los niveles de productividad de la economía y, por ende, en el crecimiento del país.
3.- SALARIO MÍNIMO.
Para abordar la problemática del salario mínimo, es necesario partir por la aceptación de que el Estado chileno ha adherido al Convenio 131 y al Acuerdo 134 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales establecen que el país debe definir un salario mínimo para sus trabajadores y que este debe aspirar a elevar las condiciones de vida de los trabajadores y a generar el mayor empleo posible.
Esto se traduce en que el país debe considerar sus recomendaciones, que establecen, entre otros aspectos, que la definición del salario mínimo deberá constituir un elemento de toda política establecida para eliminar la pobreza y para asegurar las necesidades de los trabajadores y de sus familias, habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales.
La disyuntiva entre la desigualdad y la eficiencia constituye el núcleo de muchos de los debates de políticas públicas, y es también el núcleo del debate de salario mínimo; disminuir la desigualdad es la motivación principal de nuestras propuestas.
Existen discrepancias sobre el valor que debe asignarse a una disminución de la desigualdad en comparación con una disminución de la eficiencia.
Para nosotros, la desigualdad es el problema fundamental de la sociedad y debe ser reducida al máximo, en consideración principalmente de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad. Creemos que no existe contradicción vital entre estos dos elementos.
Es decir, que se pueden asignar eficientemente los recursos resultantes de una nueva distribución entre los agentes económicos. Particularmente, un nuevo salario mínimo nos dará una nueva asignación de recursos en la economía, la que a partir de esta distribución llegará a un funcionamiento eficiente.
Según la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2017 publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en julio del año en curso, el 50% de las personas ocupadas perciben ingresos menores a los $379.673 pesos/mes en 2017. Las mujeres tuvieron una media de ingresos de $319,725 y los hombres de $402.355, con una brecha de género del orden del 20,5%.
El 52% de los que ganan ingresos por debajo de los $379.673 son mujeres, y el 54,6% de los ocupados que se ubicaron bajo el ingreso medio correspondieron a trabajadores formales. En otras palabras, la mayoría de aquellos/as que ganan salarios bajo la media son trabajadores con contrato de trabajo.
Desde el punto de vista del debate de la pobreza en Chile, esta información nos dice que la mitad de los trabajadores perciben un sueldo que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, avaluadas en $422.000 pesos para una familia tipo de 4 integrantes, donde uno solo trabaja, según las mediciones del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, llevar el salario mínimo hasta la línea de la pobreza beneficiaría al menos al 50% de los trabajadores en Chile, pero más efectivamente al 54,6% de ellos que están formalizados.
Primero revisemos el salario mínimo de base, que es el salario sobre el cual se va a aplicar el reajuste, y que para el actual año es de 276 mil pesos. Dadas las mediciones estadísticas que provienen del INE, podemos aseverar que esta cifra ubica a un trabajador promedio, y a su familia, debajo de la línea de la pobreza, es decir, una persona que trabaja 45 horas semanales no alcanza a cubrir las necesidades básicas que le permitan reproducir su fuerza laboral.
Una familia de los deciles I y II generalmente está conformada por al menos 4 personas, donde a lo más solo una de ellas mantiene el hogar. Luego, tomamos la canasta básica para una familia de 4 integrantes, que según el Ministerio de Desarrollo Social está valorada en $422.000 aproximado, por lo que para salir de la pobreza se requiere que el salario líquido ascienda a $422.000 pesos y, en términos brutos a $527.000 pesos mensuales.
Es relevante la distinción entre salario mínimo bruto y salario mínimo líquido, pues al hacer la comparación con la línea de la pobreza debemos fijarnos en el salario disponible para consumir, dado que, si tomamos como comparación el salario mínimo bruto, podríamos pensar de manera equivocada que lograríamos, en el corto plazo, superar, por ejemplo, la línea de la pobreza extrema.
Si miramos el salario mínimo líquido y lo comparamos con la línea de la pobreza y la línea de la pobreza extrema, vemos que, para junio del año 2018, la línea de la pobreza equivale a $422.000 pesos, la línea de la pobreza extrema a $281.000 pesos y el salario mínimo líquido a $226.500 pesos.
Es decir, el salario mínimo en Chile no alcanza a cubrir ni siquiera la línea de la pobreza extrema y solo cubre el 46% de la línea de la pobreza.
Al observar la relación entre salario mínimo líquido y la línea de la pobreza, podemos notar que, desde julio de 2015 a enero de 2018, el salario mínimo líquido ha cubierto una proporción menor de la línea de la pobreza, pasando de 50% en Julio de 2015 a un 46% en enero de 2018, es decir, que hemos tenido ajustes del salario mínimo de carácter regresivo, en el sentido de que permite consumir una menor proporción de las necesidades básicas.
Ahora, si nos propusiéramos mejorar el salario mínimo de manera de alcanzar la línea de la pobreza extrema en un año, deberíamos reajustar el salario mínimo en un 27%, y si quisiéramos alcanzar la línea de la pobreza, deberíamos hacer un reajuste de un 52%.
Si al análisis le agregamos la variable de las transferencias monetarias que el Estado realiza a los dos primeros deciles -90 mil pesos aproximadamente- y restamos estos subsidios a los 422 mil pesos que conforman el cálculo de la línea de la pobreza equivalente para 4 personas, resultaría un salario mínimo liquido cercano a los 332 mil pesos, y un salario mínimo bruto cercano a los 415 mil pesos.
Podríamos en este punto asumir que el salario mínimo relevante para salir efectivamente de la pobreza, considerando las transferencias del estado a las familias de los deciles I y II, es de 415 mil pesos. Por lo que, una política pública eficaz, es la que combina salario mínimo y transferencias de recursos a las familias más pobres.
Por lo tanto, en este debate es relevante, además de fijar el salario mínimo, fijar el compromiso fiscal del gobierno con las familias más pobres, de cara a la ley de presupuesto para el año 2019.
Para evaluar el efecto macroeconómico de fijar un salario mínimo en la línea de la pobreza, se debe tomar en cuenta que existe un salario mínimo muy cerca del salario medio de la economía, o sea, como Chile tiene salarios bajos, y una economía en recuperación, no hemos alcanzado la utilización plena de los recursos en la economía, existiendo espacio para la mejora de los salarios sin desatar la inflación.
Al aumentar el salario mínimo, va a predominar el efecto sobre la demanda agregada, es decir el aumento salarial se va a ver reflejado en mayor consumo y mayor inversión, lo que redundará en el aumento del PIB.
En el caso de que la curva de oferta agregada se desplaza muy poco, la curva de la demanda agregada lo hace mucho como resultado de la disminución de la desigualdad salarial (suponiendo que la propensión al consumo de los asalariados de menores ingresos es mayor que la de altos ingresos).
El resultado es un fuerte aumento en el nivel de producción y de empleo, con un efecto muy pequeño en el nivel de precios, especialmente si hay margen amplio de subutilización de los recursos.
La propuesta del gobierno, en cambio, se construye bajo el supuesto microeconómico de que subir el salario mínimo desencadena un aumento del desempleo, por lo que sus recomendaciones son subir los salarios en un porcentaje que considere el IPC y un 2% de reajuste real, llevando el salario mínimo en agosto de 2018 a $386.000, en marzo de 2019 a $300.000 y en marzo de 2020 a $315.000 pesos.
El problema de esta propuesta es que sigue un aumento que podría llevarnos en el mejor de los casos a superar la línea de la pobreza dentro de 26 años más. Por otra parte, se funda en el supuesto microeconómico que es erróneo para una política pública de carácter macroeconómico y que vulnera la libertad sindical y el convenio 131 de la OIT.
De acuerdo con el Convenio 131 de la OIT, ratificado por Chile en agosto del año 1997, la fijación de un salario mínimo requiere el diálogo social del gobierno con empresarios y trabajadores.
El diálogo social impulsado por la OIT es un componente esencial del convenio y su no cumplimiento puede gatillar la imposición de quejas contra los estados.
La propuesta del gobierno incorpora un reajuste automático, eliminando el diálogo social como principio de la fijación del salario mínimo y vulnerando el convenio OIT ratificado por Chile. Es por ello, que consideramos que el salario reajustado debe ser solo a un año plazo, de manera de mantener un fluido diálogo social entre gobierno y trabajadores, permitiendo que se ejerza la completa libertad sindical.
De acuerdo con los antecedentes presentados, podemos concluir que, aumentar el salario mínimo puede ser una parte fundamental del crecimiento económico sostenido y sostenible en Chile, lo cual pareciera no ser el interés del actual gobierno.
4.- CUT INTERPONE QUEJA ANTE LA OIT CONTRA EL ESTADO DE CHILE
El viernes 17 de agosto recién pasado, Bárbara Figueroa Sandoval, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, junto a los dirigentes y dirigentas del Ejecutivo de dicha Central Sindical, formuló una queja, en los términos de los artículos 26 a 34 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en contra del Estado de Chile.
En nombre de la organización sindical, la queja se interpuso en contra del Estado de Chile, miembro de la OIT, por no haber adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio a nivel interno de las normas contenidas en el Convenio N°131 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la fijación de los salarios mínimos de 1970 y por ejecutar acciones atentatorias contra las obligaciones que dicho Convenio le impone al Estado chileno.
Entre los antecedentes aportados por la Central, se destaca que el día 2 de agosto del presente año, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera Echeñique ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley con el que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar, Boletín 11971 – 131. (1)
En dicho proyecto se establece unilateralmente un reajuste de carácter plurianual.
Aclara la presentación, que dicho proyecto de ley, fue precedido de un escueto y liviano debate con la Central Unitaria de Trabajadores, durante el cual, si bien ambas partes se reunieron en siete oportunidades, nunca hubo la real intención del Gobierno de construir un acuerdo en torno a la propuesta sobre salario mínimo efectuada por la CUT (2) (superación de la línea de la pobreza), la cual se encontraba plenamente justificada, si se consideran los elementos que para tal efecto establece el artículo 3 del Convenio N°131 de la OIT (3).
En ese orden de cosas, el proyecto de ley fue finalmente ingresado al Parlamento sin contar con el acuerdo de las organizaciones representativas de trabajadores.
Se explica en la queja que en la actualidad el proyecto de ley ha seguido su tramitación en el Congreso Nacional, siendo aprobado, en términos similares a los que fuera ingresado originalmente por el Ejecutivo, el catorce de agosto recién pasado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, es decir, manteniendo una fórmula de reajuste
durante 2018 y 2019.
Por su parte, el precio del cobre cerró el 2017 en US$3,1 la libra, su mayor nivel desde fines de 2014” y “el crecimiento se aceleró desde fines de 2017, en línea con la recuperación de la confianza de consumidores y empresarios. Estas mejores expectativas se han ido consolidando durante la primera parte del año, apoyadas por un crecimiento de la actividad que, a mayo de 2018, alcanza un 4,7% interanual”.
La CUT sostiene que la actual propuesta sobre reajuste del salario mínimo presentada por el Gobierno del presidente Sebastian Piñera Echeñique al Congreso Nacional, vulnera diversas disposiciones del Convenio N°131, como lo establecido en el artículo 1, número 2, artículo 4, número 2 y artículo 3.
En este sentido, se destaca que fijar por ley un reajuste del ingreso mínimo mensual de forma plurianual, con una extensión que sobrepasa cualquier concepto de regularidad (de tiempo en tiempo), implica en los hechos la negación del cumplimiento por parte del Estado chileno de su obligación de consultar exhaustivamente con las organizaciones representativas de trabajadores interesadas, el establecimiento, aplicación y modificación de los mecanismos a través de los cuales se fijan y ajustan en el tiempo los salarios mínimos, impidiendo durante una prolongación de tiempo injustificada, la participación activa de las organizaciones de trabajadores.
Con ello, se niega y se entorpece cualquier intención previa del Estado chileno de institucionalizar en este ámbito, el necesario diálogo social entre los actores sociales y políticos interesados.
Por otro lado, se denuncia que establecer de forma automática y unilateral la reajustabilidad del salario mínimo, por una extensión de tiempo que se aleja de la regularidad propia de los ciclos económicos, sociales y políticos de nuestro país, implica desatender los factores pertinentes de contexto nacional y que son aquellos que se enumeran en la norma citada, poniendo en riesgo el cumplimiento mismo del espíritu del Convenio, pues tal y como ha mencionado la Comisión de Expertos en sus observaciones, “el sistema de salarios mínimos previsto en el Convenio pretende actuar como medida de protección social para superar la pobreza, garantizando niveles de ingresos dignos, especialmente para los trabajadores no calificados y de baja remuneración. Tiene como finalidad proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas.
Como se ha dicho en el seno de esta Comisión, la existencia de una remuneración salarial mínima ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución de los frutos del progreso y que se pague un salario mínimo vital a todos los que tengan empleo y necesiten esta clase de protección” (4).
En razón de todo lo anterior, la Central Unitaria de Trabajadores solicita a la Organización Internacional del Trabajo que se urja al Gobierno chileno para que adopte medidas inmediatas para el cumplimiento satisfactorio a nivel interno de las normas contenidas en el Convenio N°131 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la fijación de los salarios mínimos de 1970.
ANÁLISIS SEMANAL DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL
Área de Investigaciones Laborales y Formación Sindical ICAL
N°1, 20 de agosto de 2018
Fuente: ICAL
Notas:
(1) https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12491&prmBoletin=11971-13
(2) http://www.cutchile.cl/2018/07/09/propuesta-negociacion-salario-minimo-2018/
(3) El propio Mensaje del Proyecto señala: “Desde 2017 se ha observado un escenario externo favorable para la economía chilena. El crecimiento mundial alcanzó un 3,8%, el más alto desde 2011, y se proyecta que se mantenga en torno a un 3,9% plurianual que se ha de extender, en caso de ser aprobado sin modificaciones por el Senado, por un período de 31 meses, a lo menos. En dicho contexto, la Central recuerda a la OIT que el Estado de Chile ratificó el 13 de septiembre del año 1999 el Convenio N°131 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la fijación de los salarios mínimos de 1970. Este convenio, precisa algunas características que enmarcan el proceso de fijación de los salarios mínimos. En los diversos artículos del instrumento normativo internacional, se precisa a) la importancia de la participación de los interlocutores sociales, b) la necesaria periodicidad de los reajustes y, c) los criterios o elementos a tener en cuenta al momento de su fijación. Estas disposiciones son complementadas por la Recomendación N°135 sobre la fijación de salarios mínimos del año 1970, la que es obligatoria para los Estados que han ratificado el Convenio N°131.
(4) Informe de la comisión de aplicación de normas, segunda parte, observaciones e informaciones acerca de ciertos países, 107.a reunión, ginebra, mayo-junio de 2018 pág. 159.
