Tras años de fuertes movilizaciones sociales y el lento rearme del campo de las izquierdas, las fuerzas de cambio nos enfrentamos a un desafío concreto: emerger como una alternativa política aprovechando la crisis -temporal y efímera como toda crisis- de legitimidad del Bloque en el Poder y sus partidos políticos tradicionales.
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Pero no se trata de emerger por emerger, es necesario leer de manera adecuada la realidad actual en el país, definir con claridad los objetivos políticos de corto y mediano plazo para las organizaciones, y actuar de manera tal que pueda surgir una fuerza transformadora que se encuentre firmemente anclada en los movimientos y organizaciones sociales.
Es precisamente con el ánimo de aportar al proceso de clarificación en la izquierda respecto a estas tareas urgentes, que desde la Izquierda Libertaria compartimos este análisis de coyuntura, que pretende ser la base para nuestro despliegue político en el mundo social, y hacia la institucionalidad.
Luego de más de dos años de gobierno de la Nueva Mayoría, la coyuntura aparece marcada por el fracaso del gobierno en la conducción del programa de reformas intra-estructurales, con la consecuente pérdida de cohesión y de proyección política del conglomerado que colisiona con la reemergencia de demandas estructurales que han impedido –hasta el momento- el cierre del ciclo político.
Consideramos que en ello han influido tres factores determinantes. En primer lugar, la persistencia del campo social y político de izquierda para tensionar a la Nueva Mayoría desde la calle hacia un enfoque estructural de los cambios; en segundo término, la capacidad de los sectores conservadores en la alianza oficialista para condicionar el debate sobre las reformas del gobierno, desnaturalizar sus alcances progresistas y profundizar la percepción de fracaso de la apuesta reformista; y en tercer lugar, la incapacidad de los sectores progresistas de contener la ofensiva del bloque conservador.
El efecto político de estos últimos factores evidencian la capacidad del bloque conservador no solo de tensar, condicionar y vetar, sino que además de traspasar los costos del fracaso de las reformas al ala progresista, provocando la paralización de estos sectores en una defensa cerrada al gobierno con la consecuente pérdida de legitimidad de estos actores. Con ello el ala conservadora reposiciona el eje de centro y el retorno al orden transicional como elemento clave para la recuperación de la confianza, marcando de esta manera la agenda del conglomerado.
El decaimiento del impulso inicial de las reformas como fuente generadora de confianza en un contexto de crisis abierta a partir de 2011, importó un desajuste en el relato de la Nueva Mayoría que profundizó el deterioro del clima político y la pérdida paulatina de adhesión, expresada tempranamente en la frustración de los actores sociales y políticos en torno a los resultados concretos de las mismas.
A ello debemos sumar los efectos de la matriz de opinión conservadora en la sociedad chilena facilitada por la concentración de los medios de comunicación, que repercutió fuertemente en la valoración negativa de las reformas y del gobierno.
Sostenemos que, a diferencia de lo que señalan los medios de prensa y los sectores conservadores de la sociedad chilena, esta valoración no tiene que ver con la percepción de que no deba haber reformas o que estas hayan sido mal hechas, sino más bien con que dichas reformas no fueron tales.
Esta situación terminó por fracturar el delicado pacto fundacional entre la nueva mayoría y la ciudadanía que hizo posible su triunfo en las urnas, que en definitiva terminó por hundir al gobierno.
De otra manera no es posible comprender que Bachelet sea la gobernante con los peores niveles de aprobación desde 1990, en circunstancias de haber alcanzado la presidencia con un 62% de los votos y haber asumido con un 50% de respaldo precisamente gracias a un programa de reformas.
Esta percepción de desconfianza, frustración y pesimismo en torno a la situación del país ha tenido efectos económicos relevantes y que se expresan en la caída sostenida de las expectativas económicas.
Este fenómeno ha repercutido en el proceso de desaceleración y caída del crecimiento gatillado por el fin del ciclo de bonanza del cobre, la desaceleración de China -a la sazón la principal potencia compradora de materias primas- y el contexto de inestabilidad de los mercados internacionales, cuya expresión más nítida es la crisis de la Eurozona.
De esta manera, nos encontramos ante un escenario en que una crisis económica provocada por presiones externas se ve profundizada por una crisis política cuyo principal responsable es el sector conservador, que, con tal de contrarrestar tibias reformas redistributivas, es capaz de desestabilizar la situación interna generando la incertidumbre necesaria que, a la postre, constituye la sabia necesaria para restablecer el sentido del orden.
Es así que la desaceleración implicará la reinstalación de la política de ajustes estructurales para amortiguar el impacto en el empleo y el consumo a partir de la implementación de medidas contracíclicas por la vía del control del gasto, la reducción de la tasa de interés por parte del Banco Central y la flexibilización de las barreras de entrada y fomento a las exportaciones expresado en la aprobación del TTP.
Los efectos de la situación económica y de estas medidas darán pie no solo al ajuste presupuestario, sino que al bloqueo en toda la línea de las demandas por cambios estructurales.
La consecuencia será el definitivo abandono del programa de reformas, que ya se expresa en el entierro de la gratuidad de la educación superior y la circunscripción de los cambios al sistema de pensiones dentro de los marcos del esquema de capitalización individual.
En el plano político cobrará fuerza el cierre de filas del sector conservador del gobierno entorno a una única carta presidencial y la presión en su interior entre mantener el gobierno con apoyo progresista o jugar todas sus cartas en el retorno al gobierno de la Concertación.
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El futuro de la Nueva mayoría
El Partido Comunista alertó desde un principio sobre la imposibilidad de implementar las reformas prometidas en el plazo de un gobierno de cuatro años. Sin embargo, la experiencia luego de los dos primeros años de administración, da cuenta de la ausencia de una hoja de ruta en términos estratégicos que permita pensar en una futura consolidación de las reformas a partir de un nuevo gobierno.
A estas alturas ha quedado en evidencia la imposibilidad real de llevar a cabo un programa de reformas junto a las franjas dirigentes de la Concertación, pese a la existencia -en el papel- de mayorías parlamentarias necesarias para impulsar esa agenda.
De esta manera el desarrollo de los acontecimientos evidenció los límites y el fracaso de la apuesta política del ala progresista en el ámbito de las reformas, quedando solamente en el saldo positivo la experiencia de gobierno y el posicionamiento de sus principales figuras.
Es por ello que resulta complejo para este sector condicionar la formación de una nueva apuesta de gobierno a la discusión del programa, pasando a ser determinante la posición que fije el bloque conservador quien, de inclinarse por la opción de mantener viva la Nueva Mayoría, buscará generar menores expectativas a partir de las promesas de campaña y proyectar los equilibrios en la representación parlamentaria bajo el nuevo sistema electoral, evitando una perdida proporcional de escaños dada la amenaza del ingreso de la Izquierda emergente y de un virtual aumento de la representación del Partido Comunista.
De hecho, la crisis desatada en la Nueva Mayoría luego de los resultados de las elecciones municipales aumentó la tensión entre las distintas fuerzas, lo que se ha expresado en los cuestionamientos hacia el PC de parte de los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, tras el rechazo final del proyecto de reajuste salarial para el sector público.
Como sea, en el nuevo parlamento se expresarán alineamientos programáticos que no necesariamente reflejarán tal cual las coaliciones de gobierno; situación que ha sido evidente en el actual gobierno y que tenderá a profundizarse, pudiendo dar lugar a nuevas coaliciones o bloques de partido hacia el final del primer periodo legislativo del sistema proporcional, configurándose una vuelta a los 3/3 o la conformación de 4/4, según el derrotero que experimente particularmente la centro-derecha.
La derecha fragmentada y la emergencia del gran empresariado
La derecha política, golpeada por la actual crisis de legitimidad y carencia de relato, intentó recomponerse dando vida a “Chile Vamos” produciéndose una apertura del clásico eje RN-UDI hacia formaciones impugnadoras de derecha como Evopoli y expresiones marginales como el PRI. Sin embargo la hegemonía del eje central no ha sido capaz de capturar a otras fuerzas emergentes como Amplitud, Ciudadanos y Red Liberal quienes optaron por construir su propia coalición denominada Sentido Futuro.
A lo anterior se suman las salidas de Kast y Ossandón que dan cuenta de un proceso de fragmentación que se vive en el sector, con nuevos liderazgos que buscan abrirse camino en contraposición a los viejos partidos, ya sea desde vertientes más liberales, como desde prismas más conservadores o incluso socialcristiano.
De todas formas, aún no se han constituido orgánicamente los espacios que reúnan a esta “nueva derecha” -ambos dirigentes están pugnando por ser candidatos presidenciales antes que consolidar sus plataformas partidarias-, mientras que Amplitud busca articular un espacio en el centro político y Evópoli se mantiene afincada en Chile Vamos con los partidos más tradicionales. Es necesario detenerse en el caso de Manuel José Ossandón, en tanto representa un proyecto alejado en términos políticos y económicos de lo que ha sido tradicionalmente la derecha.
Es una figura que está aprovechando el clima de falta de confianza de la ciudadanía, con tintes populistas y caudillistas, y que puede dificultar la elección de Piñera como candidato a la Presidencia.
En términos de programa las orientaciones de la derecha no se alejan de la NM en su versión más centrista: eficiencia y liderazgo con el objetivo de recuperar el sentido de orden y funcionamiento de las instituciones.
Pero de lograr gobernar, la derecha tendría que administrar un Chile post NM con un debate abierto en torno a la educación superior, una política previsional que necesariamente deberá modificar las pautas actuales, y además cerrar el proceso de debate constitucional.
Su agenda giraría en torno a los temas tradicionales del sector: los cambios se deberán supeditar a los índices macroeconómicos y buscará desarrollar el empleo, a partir de un acento en crecimiento y retomar la confianza.
Es evidente que existe en la derecha una ausencia de una apuesta estratégica a mediano plazo que le permita articularse como proyecto político y de sociedad -y lo más trágico para este sector- es que su proyección de gobierno trae aparejada la amenaza de una mayor inestabilidad, malestar e incertidumbre como ya ocurrió en el gobierno de Piñera.
La incapacidad de este sector político de protagonizar la lucha contra las reformas, ha sido compensada por la movilización de ciertos actores sociales tradicionalmente vinculados a la derecha y el contrapeso conservador al interior de la Nueva Mayoría.
Sin embargo, ningún sector ha interpretado plenamente los intereses de las clases propietarias en el debate político ciudadano e institucional, produciéndose un fenómeno particular: el empresariado abandonó la agencia política a través de intermediarios y salió directamente como actor a participar del debate político para defender sus intereses, mediante sus agrupaciones gremiales o a título individual, además de la representación tradicional por medio de sus personeros políticos.
Los intentos de Luksic por influir públicamente en la discusión, o las propuestas realizadas por las AFP para reformar la industria son ejemplos claros de esto, sumado a los intensos debates respecto a la situación nacional en revistas y medios de comunicación enfocados en temas económicos.
Las fuerzas sociales ante la transición tardía
A pesar de la experiencia de lucha y organización desarrollada durante los últimos años, es innegable que existe poca capacidad de articular el descontento social existente en el país.
En momentos en que ciertos actores comienzan a mostrar signos de cansancio innegables en sus principales expresiones -movimiento estudiantil-, emergen nuevas movilizaciones contra pilares estructurales del modelo.
Muestra de esto es el conflicto en torno al sistema de pensiones, que no obstante su articulación precaria y su falta de referentes estables, son capaces de instalar sus demandas aunque se muestran impotentes para tensar la superación de los estrechos márgenes institucionales y ejes programáticos del bloque dominante.
Esto se suma a que la crisis de confianza en la política también ha mermado la posibilidad de articulación de distintos actores sociales. Ante la incertidumbre emerge la desconfianza generalizada en torno a la actividad política, evidenciándose un desafío no menor para las fuerzas políticas de cambio que participamos de dichos procesos de movilización social.
En este contexto sostenemos que una de nuestras tareas es indudablemente pasar del descontento a la politización de las demandas reivindicativas orientadas a cambios estructurales.
Con esto decimos que no es suficiente participar o incentivar la movilización de amplios sectores sociales en contra de las vigas estructurales del modelo, sino hacerlas avanzar un paso en la vinculación de la demanda estructural con la lucha política.
En este sentido la función de las fuerzas transformadoras involucra colocar en el centro del debate reivindicativo la cuestión del poder, y en el caso nacional las condiciones institucionales que, por una parte, permiten la reproducción del patrón de acumulación –blindajes institucionales-, y, por otra, impiden que se haga carne la vocación transformadora de las mayorías movilizadas.
En este orden de ideas no basta con identificar las condiciones institucionales que obstaculizan las reformas estructurales, sino que resulta necesario elevar el enfrentamiento reivindicativo a un nivel político, de manera que resulte evidente la contradicción entre los mecanismos democráticos que podrían permitir el aumento de la decisión popular contra los límites del modelo neoliberal.
Esto es, entre la decisión democrática y soberana sobre los asuntos de trascendencia nacional que expresen proyectos de sociedad contradictorios, y la imposibilidad de superar dicha contradicción bajo las reglas de la Constitución de 1980 que blinda el pacto de la elite.
De esta manera consideramos que el impulsar la salida plebiscitaria en algunos conflictos como el de la previsión, involucra en tanto expresión democrática y de masas, salir al paso a la tradicional maniobra de la elite que toma forma en la convocatoria a un “gran acuerdo nacional” entre el centro y la derecha anclados en la tradicional política de los consensos, tal como ocurrió el 2007.
Esta salida desde abajo a la confrontación estructural, junto a otros mecanismos de movilización, inserción institucional de las fuerzas políticas de cambio y elaboración programática desde el campo social, nos permite sacar el debate de las reformas del espectro tecnocrático del pacto transicional, y anclarlo en la decisión soberana -y por tanto política- de la sociedad chilena.
Esto involucra comprender dos cuestiones fundamentales.
En primer lugar que para nosotros una salida plebiscitaria a conflictos sociales no tiene que ver con performances publicitarias como hacer plebiscitos ciudadanos o marcar el voto, sino más bien con exponer ante la ciudadanía la urgencia de mecanismos que destraben el choque entre proyectos de sociedad antagónicos, al tiempo que permite tensionar a la elite dominante en torno a un mecanismo dirimente que no encaja en las reglas institucionales vigentes propia de la transición.
En segundo lugar involucra comprender -de antemano- que la salida plebiscitaria es imposible en el actual contexto de las correlaciones de fuerzas y de bloqueo institucional, y que por tanto requiere el desborde de los marcos institucionales vigentes.
La Nueva Izquierda y la idea del Frente Amplio
Hemos referido los mecanismos sociales necesarios para generar las condiciones de politización que permitan identificar la demanda estructural con la salida democrática y de masas al pacto de la elite y la Constitución del 80.
Tal como se ha señalado, el segundo componente involucra la articulación de las fuerzas políticas de izquierda para alterar las correlaciones de fuerzas en el plano institucional, en un contexto de emergencia de demandas estructurales.
En dicho marco creemos que es necesario aportar a los procesos de constitución de partidos emergentes de izquierda con una lectura sobre el nuevo contexto, los enfoques programáticos sobre los cuales trabajar e identificar las limitaciones propias del escenario institucional y a partir de ello la centralidad política del esfuerzo de una eventual coalición de izquierda.
En lo programático vemos que existen coincidencias para avanzar.
En estos términos creemos que el eje del debate involucra una concepción de una salida post neoliberal basado en un Estado participativo, democrático y descentralizado que asegure derechos sociales, económicos y culturales y que impulse un proyecto de desarrollo nacional con pertinencia local, capaz de incorporar el fortalecimiento de la asociatividad productiva y económica, la diversificación de la matriz productiva y energética, dar valor agregado a las materias primas, la participación del Estado y las regiones en las actividades económicas y la nacionalización de los recursos naturales y de vida.
A ello agregamos la necesidad de avanzar en superar la concentración de los medios de comunicación, la democratización de las Fuerzas Armadas y Carabineros y su integración a la vida civil.
Sin embargo donde existen mayores incertidumbres es en el plano de la implementación.
Con ello no nos referimos a la amplitud del arco de fuerzas políticas y sociales que puedan converger en este esfuerzo –que debe ser lo más amplio posible bajo coordenadas claras: independencia del empresariado y de la NM, sin relación con casos de corrupción, en base a construir una alternativa al neoliberalismo y el aseguramiento de los derechos sociales-, sino a cuales son las centralidades políticas a la hora de abordarlo.
Consideramos que a la luz de la existencia de cerrojos institucionales que hacen posible el veto de la minoría sobre la decisión de las mayorías no es posible proyectar la realización de un programa de reformas estructurales en los términos de las reglas del juego dadas por la Constitución de 1980, por lo que faltaríamos a la verdad si concibiéramos la simple conquista del gobierno como palanca suficiente para la implementación de los cambios por la vía del ejercicio de un gobierno por decreto que prescinda del legislativo.
En este sentido, consideramos que el objetivo central en el nuevo ciclo debe ser la apertura y profundización democrática del país, lo que significa desde ya construir la correlación de fuerzas sociales y políticas necesaria –involucrando un arco más amplio de fuerzas que la sola coalición de izquierda- que haga posible poner fin a los cerrojos dictatoriales subsistentes en la institucionalidad del Estado sobre la base de la reafirmación del elemental principio de las mayorías, de manera que sea posible discutir en democracia el país que queremos.
La necesidad de esta amplia correlación de fuerzas sociales y políticas está demostrada luego de los resultados de las elecciones municipales, donde si bien la izquierda emergente logra puntuales éxitos, sobre todo en Valparaíso, en términos globales no existió una gran irrupción de las mismas ni a nivel de alcaldes ni de concejales.
Uno de los factores que influyó en este resultado fue sin duda la dispersión de las candidaturas en varias listas, que en algunos casos compitieron en los mismos municipios, creando confusión y demostrando la incapacidad que ha existido hasta el momento para forjar un espacio que permita hacer valer las coincidencias existentes, en un marco de generosidad y seriedad.
Si no somos capaces de superar esta dispersión y también la falta de definiciones políticas por parte de nuestras organizaciones, no existe ningún elemento objetivo que haga pensar que las elecciones parlamentarias tendrán un resultado diferente al visto en octubre: es posible que aumente el número de diputados, pero será insuficiente para marcar una real diferencia de cara al Bloque en el Poder, por más golpeado que se encuentre por sus tensiones internas y sus esfuerzos por rearticularse y dotar de gobernabilidad al modelo neoliberal.
Es en estos términos que creemos posible, en primer lugar, apuntar a tensar el camino de una reforma constitucional profunda apostando a conquistar nuevas posiciones en el parlamento que emergerá en 2017 en conjunto con un proceso de politización y movilización social, para en segundo término, buscar generar un programa de transformaciones que incorpore las demandas más sentidas del campo social respecto a mayores espacios democráticos y asegure los derechos sociales, como eje para disputar el gobierno.
De persistir el bloqueo será posible plantear este último objetivo en la medida que esté indisolublemente ligado a la generación de una situación de desborde democrático que contemple la convocatoria por una Asamblea Constituyente.
Fuente: Bagual
