Señor senador Aylwin:
La trascendencia que para la seguridad y el progreso de los chilenos tiene un urgente entendimiento entre la mayoría democrática del país, que ponga bajo control de la razón las corrientes profundas que de modo cada vez más alarmante amenazan con arrastrar a nuestra comunidad hacia una catástrofe social, interpretando el sentimiento de la gran mayoría de compatriotas, me llevó a convocar pública y solemnemente al Partido Demócrata Cristiano a entablar un diálogo con el Gobierno que permitiera «ordenar el proceso de cambios y continuarlo».
En las circunstancias presentes por que atraviesa Chile, un diálogo entre el Gobierno y el partido que usted preside tiene un solo sentido: buscar las coincidencias y convergencias sobre los problemas nacionales más vitales que existen entre la oposición democrática y el Gobierno, con el objeto de encontrar el entendimiento mínimo sobre las materias concretas expresadas en la declaración de la dirección democratacristiana el 6 de julio pasado, en sus discursos del 11 y del 26 del mismo mes y en el mío ante el Plenario de Federaciones de la CUT, el día 25 de julio. Y tanto usted como yo convinimos, en nuestras últimas declaraciones sobre la materia, en que el diálogo quedaba planteado sin imposiciones unilaterales y contemplando los puntos de vista de la otra parte.
Por consiguiente, cuando usted, en la carta que ayer me dirigiera, reafirma su deseo de ver promulgada la reforma constitucional sobre las áreas de la economía, ello no puedo interpretarlo como la manifestación de querer imponer los criterios del PDC en torno de esa materia por sobre los del Ejecutivo. Por el contrario, usted se muestra sensible a algunos planteamientos que el Gobierno ha formulado al respecto y hace proposiciones complementarias para obviar los problemas que para mí, como Presidente de la República, encierra la promulgación de la mencionada reforma.
Las tesis jurídicas sustentadas por el Ejecutivo acerca del procedimiento seguido por el Congreso para aprobar la reforma constitucional en cuestión, distinta de las defendidas por la mayoría parlamentaria, son ampliamente conocidas. La posición del Gobierno se funda en mi voluntad intransigente de mantener el régimen presidencial. Pero ha estado siempre en mi ánimo que una discrepancia jurídico-constitucional no debía convertirse en obstáculo insalvable para la continuidad institucional del país.
Por ello, el Gobierno invocó, en su oportunidad, al arbitraje del Tribunal Constitucional. Hoy, cuando todos nuestros ciudadanos se interrogan por los graves problemas económicos y sociales que enfrentamos y se angustian e inquietan por el destino que espera a nuestra convivencia cívica, no será el Presidente de la República quien anteponga un problema de interpretación jurídica a la discusión y búsqueda de entendimiento sobre los reales problemas materiales que nos preocupan.
Llevado por este anhelo en bien del país, quiero proponerle una solución concreta que concilie las posiciones jurídico constitucionales del PDC y del Gobierno, sin que las de ustedes se impongan sobre las nuestras ni viceversa. En caso de acuerdo estaría dispuesto a promulgar la reforma constitucional para que así desaparezca la dificultad formal y entremos a discutir sobre lo sustancial que preocupa a los trabajadores y a todos los chilenos, lo que presupone el siguiente procedimiento de instrumentación, basado en la simultaneidad de sus concreciones:
1. Remitir al Poder Constituyente formado por el Congreso Nacional y el Presidente de la República la solución del conflicto de interpretación jurídica pendiente.
En este sentido, se tramitaría un proyecto de reforma constitucional que declare explícitamente, a contar de su vigencia, que el quórum para que el Congreso haga prevalecer su criterio, tratándose de observaciones supresivas o sustitutivas a un proyecto de enmienda a la Constitución, es de dos tercios de los miembros presentes, que representen, a lo menos, la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. A la vez, que declare que, para los efectos de la tramitación de los proyectos de reforma constitucional referente a las áreas de la economía y al régimen de tenencia de la tierra, el Congreso no requirió insistencia para que se entendiera aprobado a su propio texto frente a las observaciones del Presidente de la República.
2. Dicho proyecto de enmienda constitucional contendría, también, disposiciones encaminadas, tal como usted lo señala, a solucionar los problemas prácticos a que daría lugar la entrada en vigencia de las reformas constitucionales sobre las áreas de la economía y sobre el régimen de tenencia de la tierra, en trámite.
3. Se despacharían, simultáneamente, los proyectos de ley sobre empresas de autogestión, participación de los trabajadores en la conducción de la economía, garantías a la pequeña y mediana empresa, actividades económicas reservadas al Estado, estatuto de requisiciones e intervenciones, delimitaciones del área de propiedad social y sanciones contra el delito económico. Estas materias, salvo el estatuto de requisiciones e intervenciones y la persecución del delito económico, están contenidas en los proyectos de ley enviados hace varios meses al Congreso, previo estudio conjunto del Gobierno y del Partido Demócrata Cristiano, los que, sin duda, constituyen una base real de convergencia. Igualmente, se despacharían los proyectos que fueran necesarios derivados de la reforma constitucional sobre el régimen de tenencia de la tierra, ya referido.
4. Los proyectos de reforma constitucional sobre las áreas de la economía y sobre el régimen de tenencia de la tierra, se. promulgarían conjuntamente con la enmienda constitucional 11 propuesta en los
puntos primero y segundo y con los proyectos de ley a que se alude en el punto tercero.
Obviado de esta forma el diferendo jurídico, queda abierto el camino para abordar los reales problemas sobre los cuales Chile espera un entendimiento mínimo: los problemas económicos, sociales y políticos que hoy están amenazando la paz interna y la unidad nacional frente a presiones extranjeras.
Afirma usted en su carta que hay convergencia formal entre el PDC y el Gobierno en torno de la necesidad de restablecer las bases esenciales de la convivencia democrática. En su discurso del 26 de julio, usted recogió la casi totalidad del plan en ocho puntos que yo propusiera la víspera para centrar el diálogo y que son los siguientes:
1. Afianzamiento del mando y la autoridad de Gobierno.
2. Rechazo de las fuerzas armadas paralelas. Marginación de las Fuerzas Armadas de la pugna política.
3. Desarrollo del poder popular, vinculado al Gobierno y sin producir antagonismos con el régimen institucional.
4. Reafirmación del camino político establecido en el programa de la Unidad Popular que, en ningún caso, es insurreccional.
5. Definición y articulación de las competencias que les corresponden a los poderes del Estado.
6. Plena vigencia del Estado de derecho, para lo cual es imprescindible acabar con el bloqueo legislativo y desarrollar el régimen legal.
7. Definición del régimen de propiedad de las empresas, precisando legalmente el área de propiedad social de la economía y teniendo presente la irreversibilidad de las transformaciones realizadas en ella y la necesidad de la participación de los trabajadores en su dirección.
8. Medidas económicas concretas que detengan la inflación, aseguren la distribución y permitan el desarrollo económico del país. No es, por consiguiente, en los principios genéricamente formulados donde se han producido las divergencias que tanto preocupan al país, sino en el contenido y concreción de esos principios.
Es sobre estos problemas concretos que debemos discutir y buscar el entendimiento mínimo que asegure la paz y el régimen democrático. Tengo el firme convencimiento de que el vigor y el prestigio de nuestras instituciones políticas se demuestra buscando los puntos mínimos de entendimiento democrático sobre los problemas más imperiosos del momento.
Llevar a cabo un nuevo cambio de gabinete, apenas un mes después que asumiera el actual, no aportaría ninguna solución a lo que el país nos exige en la medida que los problemas materiales y tangibles que hoy enfrentan al PDC y al Gobierno no hayan sido reemplazados por un acuerdo que, respetando la personalidad propia de cada una de las partes, preserve el consenso fundamental sobre las condiciones que hacen posible la democracia, las libertades, el Estado de derecho, la participación popular, el desarrollo económico y, como consecuencia de todo ello, la convivencia múltiples oportunidades y circunstancias, de su voluntad de incorporar a las Fuerzas Armadas como instituciones a las grandes tareas nacionales.
En un momento de grave peligro para la paz interna, en octubre de 1972, les asigné altas responsabilidades en el seno del gabinete. Su participación y contribución al desarrollo económico se manifiesta de diversas maneras. Y es mi propósito continuar sumándolas al esfuerzo nacional por avanzar en el camino que democráticamente ha escogido nuestro pueblo. Pero es en la robustez de las instituciones políticas donde reposa la fortaleza de nuestro régimen institucional. Y es obligación de los partidos políticos democráticos esforzarse en evitar el desmoronamiento de las instituciones cívicas incapacitándolas para atender las necesidades del país. El estudio detenido de los documentos básicos elaborados por el partido que usted preside y el Gobierno, para orientar el diálogo, me llevó a proponerle, el 30 de julio, que ambas partes discutieran y buscaran coincidencias mínimas en breves plazos preestablecidos, en torno de las grandes cuestiones nacionales en ellos mencionados y que usted recoge y enumera en su carta.
La concreción de todas estas medidas, que expresan el decidido propósito de mi Gobierno de elaborar la nueva juridicidad que el país reclama y que yo estimo indispensable en el ordenamiento del proceso, permitirá el desarrollo normal de nuestra vida institucional lo que, a su vez, facilita el pleno desarrollo de los cambios sociales dentro de la concepción del Estado de Derecho.
No deseo dramatizar, pero tengo el deber de recordarle las trascendentes responsabilidades que usted y yo tenemos en los difíciles instantes que vive el país y las proyecciones históricas de nuestras decisiones. Por ello y por el interés superior de Chile, debemos continuar el diálogo. Lo invito formalmente para que prosigamos nuestras conversaciones.
Cordialmente,
Salvador Allende G.
Presidente de la República
