Los efectos de la crisis económica, desencadenada a esa altura de manera incontrolable, enervaban la convivencia y le daban armas de grueso calibre a la ofensiva opositora. La incorporación de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas al Gabinete ministerial, con el general Prats en el Ministerio del Interior, le proporcionó una tregua momentánea al Gobierno del Presidente Allende, aunque al precio de agudizar las contradicciones entre las dos tendencias existentes en la Unidad Popular, manifestadas en las consignas “avanzar sin transar” y “No a la Guerra Civil”.
Dicha tregua llegó hasta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, cuando contra todos los pronósticos, la Unidad Popular alcanzó el 43,8% de la votación, lo que tuvo la paradójica consecuencia de frustrar la táctica de la destitución constitucional del Presidente Allende, pero de convencer a la oposición que no tenía otro camino para desalojar al Gobierno que un Golpe de Estado. A eso se sumó el cambio de dirección en la DC, en mayo de ese año. Los sectores partidarios de la táctica indirecta, por utilizar la caracterización de Garcés, encabezados por Radomiro Tómic y Renán Fuentealba, fueron desplazados por Patricio Aylwin y el sector freista, quienes por acción u omisión, despejaron los últimos obstáculos que se oponían al Golpe de Estado.
El mejor ejemplo de ello fue la concurrencia de los votos demócrata cristianos al acuerdo de la Cámara de Diputados, del 23 de agosto de 1973, un desembozado llamado a la intervención militar. Dicho acuerdo establecía:
“PRIMERO.- Representar a S.E., el Presidente de la República y a los señores Ministros del Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República;
SEGUNDO.- Representarles, asimismo, que les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;
TERCERO.- Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional”.
Está suficientente demostrado por la historia que dicho acuerdo representó la invitación formal de la oposición política al Golpe de Estado, como para abundar sobre el particular.
En ese trance decisivo, el Presidente Allende les respondió con una lección de entereza y dignidad:
“Para que el Congreso se pronuncie sobre el comportamiento legal del Gobierno, existe un solo camino: La acusación constitucional según el procedimiento expresamente contemplado por la Constitución. En las elecciones parlamentarias últimas sectores opositores trataron de obtener dos tercios de los senadores para poder acusar al Presidente. No lograron suficiente respaldo electoral para ello.
Por eso, ahora, pretenden, mediante un simple acuerdo, producir los mismos efectos de la acusación constitucional. El inédito acuerdo aprobado no tiene validez jurídica alguna para el fin perseguido, ni vincula a nadie. Pero contiene el símbolo de la renuncia por parte de algunos sectores a los valores cívicos más esenciales de nuestra democracia.
En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental, a que asuman una función política según las opiniones institucionales de la mayoría de una de las ramas del Congreso. (…)
El parlamento se ha constituido en un bastión contra las transformaciones y ha hecho todo lo que ha estado en su mano para perturbar el funcionamiento de las finanzas y de las instituciones, esterilizando cualquier iniciativa creadora. Anteayer la mayoría de la Cámara de Diputados, al silenciar toda condena al terrorismo imperante, en el hecho lo ampara y lo acepta.
Con ello facilitan la sedición de los que quisieran inmolar a los trabajadores que bregan por su libertad, económica y política plenas. Por ello me es posible acusar a la oposición de querer impedir el desarrollo histórico de nuestra legalidad democrática, elevándola a un nivel más auténtico y alto.
Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista. Con estas acciones la reacción chilena descubre ante el país entero y el mundo los intereses egoístas que defiende”. (4)
(4) Ibidem, pags 177 y 178.
