Despues de dos dictamenes de la Contraloría, y de la consiguiente salida de la Superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, será impresentable que las AFP Cuprum y Provida hicieran uso del beneficio tributario, en conjunto unos US$ 400 millones, por las fusiones tramposa de Cuprum-Argentum y Provida-Acquisition. Pero faltaba quien le pusiera el cascabel al gato. Pues bien, el senador Alejandro Navarro y el diputado Fuad Chaín anunciaron que se encargarán de esa gestión.
El senador Alejandro Navarro y el diputado Fuad Chaín tienen en la mira a Cuprum-Argentun y a Provida-Acquisition
Nicolás Durante Parra
El senador Alejandro Navarro y el diputado Fuad Chaín tienen en la mira a Cuprum-Argentun y a Provida-Acquisition, pues tras el último dictamen de la Contraloría buscarán deshacer ambas operaciones.
Hasta ahora dos son los caminos que exploran los legisladores para dejar sin efecto las cuestionadas fusiones: una invalidación administrativa que sea realizada por el propio superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, o ir directamente a tribunales y pedir la nulidad de derecho público.
Las opciones son seguidas de cerca por Fuad Chaín, el diputado DC que ha liderado la oposición a ambas fusiones por sumar un beneficio tributario conocido como goodwill (o perjuicio fiscal, como prefiere llamarle él) de más de US$ 417 millones. Y en este panorama, el rol de la Contraloría General de la República, al objetar la legalidad de la fórmula empleada por Principal, primero en diciembre de 2015 y luego la semana pasada, juega a favor y podría acelerar la vía administrativa y la legal.
Aunque la Controlaría sólo habló de Cuprum-Argentum en su dictamen, el acto administrativo impugnado es el mismo, dice Chaín, en relación a Provida, por tanto, “misma razón, misma disposición”, afirma.
Plan A yB
El abogado especialista en derecho público, Juan Antonio Viñuela, del Estudio Cisternas Concha, explica que la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos contempla la invalidación administrativa de un acto que tenga vicios de legalidad. Las partes involucradas (AFP o las Superintendencia de Pensiones) tienen dos años, desde que se notificó el acto, para pedir a la autoridad que invalide todo o parte del hecho.
Los legisladores están apuntando a la Superintendencia de Pensiones (SP) y por ello, Chaín anticipa que en marzo él o la comisión investigadora del caso Cuprum-Argentum oficiaría al nuevo titular de la entidad, Osvaldo Macías, para que al menos analice el escenario. Si la autoridad acoje esta opción, debe citar a audiencia a los involucrados, y tras un análisis legal, decidir si anula o no el acto administrativo. Si las AFP no quedan conformes, pueden impugnarlo en un tribunal civil.
El plan B es que un interesado vaya directo hasta la justicia, y mediante una acción de nulidad de derecho público pida invalidar la fusión. Quien presente la demanda debe tener una legitimación activa, o sea las AFP involucradas o un tercero representativo. Y ahí, las miradas apuntan al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En esa línea, Chaín precisó que insistirá con el CDE para que evalúe los pasos a seguir, pues si bien la solicitud ya fue realizada, la entidad ha guardado silencio.
El senador Alejandro Navarro del MAS, prefiere acudir directamente a tribunales. A través de una medida prejudicial accederá a más de 30 documentos que dieron forma a la fusión entre Cuprum y Argentum.
Con esos documentos en mano, dice Navarro, se podrá analizar la opción de demandar a la SP y pedir la nulidad de derecho público.
En todo caso, dicha medida será idéntica para la fusión entre Provida y Acquisition. “Ya les pedimos los antecedentes a la Superintendencia de Pensiones, y no los entregaron. Los vamos a pedir por Transparencia, si no, a tribunales igual”, advierte.
Además, sobre el legitimado activo que exige la ley para recurrir a tribunales civiles, Navarro asegura que, aunque seguirá haciendo gestiones ante el CDE para que se haga parte, lo puede hacer hasta un afiliado a la AFP. De hecho, la medida prejudicial fue firmada por él y por Hernán Zambrano, “afiliado a AFP Cuprum S.A”, dice el texto.
Silencios
En la Superintendencia de Pensiones dicen que ya recibieron el dictamen de Contraloría y que lo están analizando para ver los caminos a seguir. Sobre audiencias que alguna AFP o parlamentario haya solicitado, no quisieron referirse.
Una alta fuente de una de las AFP involucradas, asegura que la aclaración del dictamen de Contraloría hecho público la semana pasada, dejó más dudas que certezas. Dentro de los principales vicios que tendría es que se refiere a aspectos técnicos, no pudiendo hacerlo, y además, se contradice con el primer dictamen emitido en diciembre.
Por lo mismo, si alguien quisiera usarlo como argumento para anular las fusiones, no tendría sustento.
Fuente: La Tercera
