El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia determinó que las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo se coludieron, en el hecho conocido como caso Pollos. En un fallo unánime, el tribunal estableció que las tres empresas, por medio de la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA), se coordinaron para mantener un determinado nivel de producción de carne avícola, y de esta forma influir en la fluctuación de los precios de la misma. El Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes dijo que éste es un «caso histórico» y «de la máxima gravedad. Estamos hablando de un producto que constituye algo así como el 40 por ciento del consumo interno en materia de carne, o sea, que afecta directamente al bolsillo de los chilenos».
“Este último ejercicio constituyó a todas luces una colusión, entendida como un acuerdo respecto de la cantidad a producir, con miras a alcanzar determinados precios o rangos de precios, restringiendo o suprimiendo la competencia entre sus partícipes”, especificó la entidad.
Asimismo, detallaron que “durante cada año, el acuerdo fue controlado o ajustado mediante sugerencias de carga, matanza de crías u otras políticas o mecanismos coordinados”.
Por este delito, se condenó a “Agrosuper y Ariztía al pago de la multa máxima establecida por la ley, esto es 30.000 Unidades Tributarias Anuales, en tanto que a Don Pollo le aplicó una multa de 12.000 Unidades Tributarias Anuales”.
En suma, Agrosuper y Ariztía tendrán que pagar cerca de 25 millones de dólares, que equivalen a 15 mil millones de pesos por cada una, mientras que Don Pollo fue multado con 10 millones de dólares, que son 6 mil millones de pesos.
“Asimismo, ordenó la disolución de la Asociación de Productores Avícolas de Chile que actuaba como coordinadora del cartel. Finalmente, impuso sólo a Agrosuper la obligación de consultar previamente cualquier operación de concentración en este mercado en la que participen”, agregó.
El fallo del tribunal explica que «en decisión unánime, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió el requerimiento presentado en noviembre de 2011 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), declarando que Agrosuper S.A. (Agrosuper), Empresas Ariztía S.A. (Ariztía) y Agrícola Don Pollo Limitada (Don Pollo), por intermedio de la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA), se coludieron acordando limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional y asignándose cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto».
«La sentencia estableció la existencia del acuerdo ilícito mediante correos electrónicos y otra evidencia de coordinación entre las empresas avícolas requeridas incautada por la FNE. El acuerdo entre las avícolas requeridas, que concentran sobre el 80 por ciento de la oferta de carne de pollo a nivel nacional, consistió en proyectar la demanda futura de pollo, asignar cuotas de producción», continúa el texto.
En el documento se añade que se «dio por acreditado que la APA tuvo un importante rol en la coordinación, ejecución y fiscalización de cumplimiento del acuerdo».
Agrosuper y Ariztía deberán pagar una multa de 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) cada uno (25 millones de dólares) y Don Pollo deberá pagar 12 mil UTA, equivalentes a 10 millones de dólares.
Finalmente, se ordenó la disolución de la APA por su participación como coordinadora de la operación.
El diputado DC Gabriel Silber, anunció que “junto al diputado PPD Daniel Farcas, pediré al Ministerio Público que reactive la investigación penal que solicité hace casi 3 años en el Ministerio Público en contra de los productores de pollo, tras la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que estableció que existía colusión en dicho mercado”.
El parlamentario explicó que “el 9 de diciembre de 2011 presenté en el 7º Juzgado de Garantía una querella criminal pidiendo que un fiscal especial investigara las denuncias de colusión que había contra los productores de pollo”.
“Hoy, con la sentencia del TDLC, que no sólo confirmó que había colusión, sino que aplicó multas millonarias e incluso ordenó que se disolviera la Asociación de Productores Avícolas de Chile, que actuaba como coordinadora del cartel, es necesario reactivar la arista penal de este caso”.
“Es realmente vergonzoso que empresarios inescrupulosos se coordinaran para fijar y subir los precios del pollo, que es la carne más consumida por las familias chilenas, por lo que esperamos que se apliquen fuertes sanciones penales”.
El diputado Silber añadió que “esperamos que esta vez la justicia penal sí aplique penas privativas de libertad ejemplificadoras, ya que la gente está aburrida que sólo se apliquen multas o clases de ética a los empresarios que cometen delitos de cuello y corbata, como fue en el caso de la colusión de las farmacias, que también denuncié”.
“Junto al diputado PPD Daniel Farcas, hemos estado preocupados de denunciar y perseguir la colusión en todos los mercados y por eso hemos denunciado y pedido que se investigue el mercado del pan, el monopolio de Transbank en el comercio electrónico y también haremos lo mismo con el de los distribuidores de gas entre otros, ya que no se puede seguir abusando de la gente”.
“Por ello, mañana concurriremos al Juzgado de Garantía para pedir que se agilice la investigación penal tras esta contundente resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”.
FNE valora multas del TDLC y aboga por que futuras sanciones sean en base a un porcentaje de las ventas
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, valoró las multas establecidas por el TDLC en el marco del caso pollos, pero destacó la necesidad de perfeccionar el sistema, de modo tal que las sanciones para quienes participan de un cartel sean más disuasivas. Este ha sido, a nuestro juicio, el cartel más grande que el sistema de libre competencia haya tratado de desbaratar en Chile, desde su creación en 1959″, dijo Felipe Irarrázabal.
«Estamos enormemente satisfechos con la sentencia del TDLC. Este ha sido, a nuestro juicio, el cartel más grande que el sistema de libre competencia haya tratado de desbaratar en Chile, desde su creación en 1959», señaló.
Junto con lo anterior, destacó la necesidad de realizar algunos cambios al sistema de libre competencia.
«Nuestra legislación es perfectible y se debe reformar estableciendo un sistema de multas sin topes, que se base en un porcentaje de las ventas de las empresas cartelizadas e instaurando inhabilidades amplias a las personas naturales que operativizan el cartel», afirmó.
Al mismo tiempo, destacó que la sentencia recoge las acusaciones formuladas por la FNE y que este caso entrega una clara señal sobre la determinación de la Fiscalía para perseguir los carteles.
«Esta Fiscalía ha fijado como una prioridad principal la persecución de los carteles por el daño que causan en la economía de mercado, en especial si ésta es concentrada», explicó.
Agrosuper apelará a multa decretada por colusión en producción de pollos
Agrosuper anunció que apelará a la decisión del Tribunal de la Defensa de la Competencia (TDLC) en el caso denominado «cartel de los pollos», además de lamentar «profundamente» el fallo.
En un breve comunicado, la empresa indicó que «nuestros abogados se encuentran analizando el fallo, pero podemos anticipar que, dada la convicción de inocencia de Agrosuper, recurriremos a la Corte Suprema, máxima instancia formal de justicia en nuestro país».
«Nos sorprende que los argumentos técnicos, económicos y jurídicos entregados por connotados economistas, abogados y entidades expertas, que refutan cada una de las líneas argumentales sostenidas por la Fiscalía, no hayan sido tomados en cuenta», agregaron.
Finalmente, Agrosuper explicó que nunca participó en el acuerdo imputado por la Fiscalía Nacional Económica y que fue acogido por el TDLC.
La empresa fue condenada a pagar una multa de 30 mil Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a 25 millones de dólares.
subir Economistas valoraron decisión
El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, valoró la decisión del Tribunal de Libre Competencia, denunciando la concentración en el mercado de los pollos.
«Es un cartel que estuvo 10 años operando, un cartel que tiene una concentración tremenda. Uno de los productores controla más del 60 por ciento del mercado, o un 70 por ciento, son muy pocos actores en el mercado, ese mercado se fue concentrando en el tiempo y efectivamente por la cantidad de años y por el producto que está involucrado, este debe ser el cartel más grande que ha habido en Chile y que se ha podido desarmar», sostuvo.
Por su parte, el economista Iván Valdés calificó de «bajo» el monto de la multa, en base a las utilidades logradas por las empresas.
«Hay que preguntarse si este sistema es lo suficientemente capaz de desincentivar estos comportamientos en el futuro. 60 millones de dólares es bastante poco respecto al daño que se le infringió a los consumidores por un montón de años», sostuvo.
Valdés añadió que «la experiencia internacional apunta a que se deberían cargar multas equivalentes por lo menos a la utilidad que generaron a partir de estos sobreprecios».
La Asociación de Productores Avícolas (APA) también anunció que apelara a la multa, mientras que la Fiscalía Nacional Económica valoró la medida.
Gobierno busca aumentar multas tras colusión en producción de pollos
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, calificó en conversación con radio Coperativa como un caso de la máxima gravedad para la libre competencia la colusión de Agrosuper, Ariztía y Don Pollo al limitar producción en el país, por lo que fueron multados en 60 millones de dólares.
En el marco del caso denominado «cartel de los pollos», estas empresas se coludieron acordando limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional y asignándose cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto.
Céspedes indicó que éste es un «caso histórico» y «de la máxima gravedad. Estamos hablando de un producto que constituye algo así como el 40 por ciento del consumo interno en materia de carne, o sea, que afecta directamente al bolsillo de los chilenos».
Agregó que «estamos ante la conducta más grave en materia de competencia» y que «requiere las acciones y las sanciones más fuertes que podamos encontrar».
«Las estimaciones indican que este cartel que viene funcionando desde mediados de los 90 ha producido daños en torno a 1.500 millones de dólares en términos de lo que son las ganancias económicas que hemos tenido por la situación del cartel», manifestó.
Consultado por la diferencia de las multas en comparación con los daños causados, el titular de Economía sostuvo que «vamos a enviar un proyecto de ley de fortalecimiento de la institucionalidad de libre competencia, en donde uno de los temas centrales de este proyecto de ley es el tema de las multas».
«Hoy tienen un tope y ese fue el que se aplicó a dos de las empresas que se coludieron. Vamos a aumentar ese tope y hacerlo proporcional al daño causado a los consumidores», concluyó.
En tanto, el fiscal nacional económico Felipe Irarrázabal valoró la decisión en contra de las empresas involucradas, pero que hay que mejorar el sistema.
«Poniéndolo en una analogía, éste es como un árbol que está dando frutos y que esperamos exigirle más a ese árbol y que dé más frutos. Pero en los últimos años, efectivamente ha estado dando frutos especialmente en materia de carteles», manifestó.