El gobierno militar de Augusto Pinochet en Chile terminó hace más de un cuarto de siglo. Pero una de sus políticas más representativas sigue en pie y es más controversial que nunca. Chile fue un precursor mundial de la privatización de la seguridad social.
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Desde 1980 operan en el país fondos privados de pensiones en un esquema que ha sido adoptado en muchos países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Perú.
Pero muchos chilenos están profundamente descontentos con este modelo, como lo expresaron el domingo miles de manifestantes en las calles de Santiago, pidiendo un cambio profundo en esta estrategia.
Un cambio de modelo
El modelo de pensiones chileno consiste en que los ciudadanos depositan sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas del sector financiero, conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El rendimiento de esos fondos determina el monto de la pensión a que cada individuo tiene derecho cuando llega el momento de su jubilación.
El sistema de AFP sustituyó a aquel en el que los trabajadores pagaban una contribución al Estado para financiar las pensiones de los actuales jubilados.
Esto con la expectativa de que los futuros trabajadores contribuyeran a su vez cuando les llegara el turno a ellos de ser pensionados.
En el esquema anterior, el monto de la pensión era fijo y conocido de antemano.
En el actual depende de las fluctuaciones del mercado.
En su momento, el modelo privado de pensiones fue visto como una invención genial de los llamados Chicago Boys, los economistas entrenados en Estados Unidos que manejaron la economía chilena durante el gobierno militar entre 1973 y 1990.
Tras el milagro económico
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Los fondos privados reemplazaban a un sistema de pensiones estatal que era visto como ineficiente.
Y los ahorros de jubilación de los chilenos, que en 2015 superaban los US$160.000 millones, fueron puestos a disposición de entidades financieras que los reinvertían en la economía nacional, siendo vistos en su momento como el gran combustible que alimentaba lo que se dio en llamar el «milagro chileno».
Hoy las cosas se ven distintas.
Hay 10 millones de trabajadores afiliados al sistema. Muchos de los trabajadores que confiaron sus ahorros a esos fondos están jubilándose y no están contentos con el monto de pensión que reciben.
Los empleados depositan el 10% de su sueldo en estas cuentas de ahorro pensional, más una cuota de administración que le pagan a la AFP.
En promedio, la pensión que reciben los jubilados chilenos llega hoy a alrededor de US$300 mensuales.
Esto pese a que las AFP parecen ser bastantes rentables. La prensa chilena cita un informe del investigador Gonzalo Durán de la Fundación Sol, quien asegura que en los primeros nueve meses de 2015 las ganancias de las AFP aumentaron en 71,4% comparadas con el mismo periodo el año anterior
Para aumentar la polémica, la ley que creó esos fondos eximió de participar en ellos a los integrantes de fuerzas militares y otros funcionarios estatales, que al jubilarse siguen recibiendo generosas pensiones «de las de antes», más cercanas al ingreso que tenían cuando trabajaban.
Lo que ha incrementado la furia contra el sistema y ha alimentado las exigencias de un cambio.
Impacto político
Los medios de comunicación chilenos coinciden en describir la protesta contra el sistema de AFP del domingo como una manifestación masiva.
Sus organizadores dijeron que hubo 150.000 personas en la capital, Santiago, donde vive la mayor parte de la población chilena, pero se replicó en otras ciudades del país.
«La marcha fue convocada por distintas organizaciones sociales y gremiales, sin participación de los partidos políticos», reportó desde Santiago la colaboradora de BBC Mundo, Paula Molina.
«Aunque su convocatoria no es tan grande como la que han tenido, por ejemplo, las marchas estudiantiles, la marcha contra la AFP ha tenido gran impacto político», continuó.
«El tema de las AFP ha estado en discusión permanente en Chile, y el gobierno convocó a una comisión para su reforma que ya entregó sus resultados, sin que se haya tomado ninguna medida concreta a partir de ellos. El día siguiente a la marcha, las principales autoridades y figuras políticas se refirieron a ellas».
Sin fórmula mágica
El mandatario chileno Ricardo Lagos, actual precandidato presidencial, habló de «tomar la marcha con seriedad», añadió nuestra colaboradora.
El Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, también reaccionó, asegurando que no existían «fórmulas mágicas» en esta materia.
En declaraciones a los medios chilenos, el funcionario advirtió que el gobierno «no tiene fondos para hacer un aporte sustancial al sistema», reaccionando ante los que piden que el fisco dedique recursos a garantizar que las pensiones de los chilenos estén a la medida de lo que ellos esperan.
La Asociación AFP de Chile, entidad gremial que representa a los fondos privados, se defiende e insiste en que han manejado bien el ahorro de pensiones de los chilenos.
En un boletín publicado en el primer trimestre de 2016 aseguraban que los «fondos de pensiones ganan 17,6% por año para sus afiliados en 35 años del sistema».
Y reaccionando a las manifestaciones del fin de semana, el gerente de la Asociación AFP de Chile, Fernando Larraín decía a medios de ese país: «Lo que suscribe la Asociación de AFP es que este es un sistema que requiere cambios, y lo que más nos preocupa son las pensiones de todos los chilenos y en esa línea la Asociación de AFP está disponible para dialogar, para conversar y para tratar de hacer todas las mejoras que el sistema requiera».
¿AFP estatal?
En momentos anteriores de la discusión, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet había propuesto el establecimiento de una AFP estatal que compitiese con las privadas, lo que presumiblemente redundaría en beneficio de los trabajadores.
Pero el tono de la controversia se ha acentuado, con varias organizaciones sindicales pidiendo ahora una reforma total del sistema.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP, uno de los organizadores de las protestas, indica en un comunicado sus exigencias:
«Llamamos a la presidenta a que termine de una vez con el sistema de AFP impuesto en dictadura y a restablecer un sistema de reparto solidario, financiado de manera tripartita y administrado por un organismo sin fines de lucro, como el que tienen todos los países de Europa y Norteamérica y los países de la OCDE».
Dicho de otra manera, piden que se regrese al sistema que existía antes de 1980.
Una de las características más notorias de la transición a la democracia chilena después de 1990, luego de casi dos décadas de gobierno de facto, fue que el modelo económico impuesto por Pinochet se mantuvo en sucesivos gobiernos civiles de distintos partidos políticos.
Pero las presiones para cambios más profundos están aumentando en años recientes, desde las exigencias de los estudiantes universitarios por matrículas gratuitas, hasta estas demandas por los trabajadores por regresar a un sistema de pensiones público.
El legado de los Chicago Boys, que ha perdurado desde 1990 contra viento y marea, está hoy en veremos.
Fuente: BBC Mundo
